Los petrodólares de Venezuela

Desvío de más de tres mil millones de dólares de la cooperación venezolana a las arcas de Daniel Ortega

El presidente Daniel Ortega en un homenaje al fallecido exmandatario de Venezuela, Hugo Chávez. EFE/Confidencial.


Ocho años después del inicio de una fluida cooperación estatal entre Venezuela y Nicaragua, el gobierno del comandante Daniel Ortega ha “privatizado” más de 3, 047 millones de dólares de la factura petrolera sin ninguna clase de ley o escrutinio público, mientras ha fomentado con la venia de Venezuela el surgimiento del nuevo grupo económico Albanisa, con un peso decisivo en el sector energético nacional, así como el desvío de fondos millonarios a otra clase de negocios privados controlados por la familia presidencial.

Cuando el comandante Hugo Chávez acudió a Managua a la toma de posesión de Ortega, en enero de 2007, al día siguiente se suscribió un acuerdo energético que rige la cooperación y permite a Managua importar  diez millones de barriles anuales. El acuerdo fue suscrito en el marco de Petro Caribe en marzo del 2007, pero aún faltaba el acta constitutiva de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), la compañía “privada” creada en julio de ese año que serviría para importar el petróleo y cuyos socios serían dos empresas estatales: la petrolera venezolana PDVSA con el 51% de las acciones y la nicaragüense Petronic con el 49%.

El acuerdo original establecía que Nicaragua pagaría el 50% de la factura petrolera a 90 días y el otro 50% se pagaría en términos concesionales pactados a más de 23 años plazo con dos de gracia, quedando este fondo a disposición de Nicaragua para financiar obras de infraestructura y proyectos sociales. Unos meses después, a finales de abril del mismo año, los Presidentes suscribieron el acuerdo energético del ALBA, modificando el anterior en el que se establece que del 50 % del préstamo, el 25% sería cooperación no reembolsable canalizada a través del Fondo Alba, y que el restante 25% sería asumido por Nicaragua.


Una entidad privada: Alba Caruna

La mutación de lo público a un manejo privado sin ninguna clase de control o fiscalización estatal ocurrió en 2008, explica el economista Adolfo Acevedo, uno de los más acuciosos investigadores de la cooperación entre Venezuela y Nicaragua. El acuerdo energético original, avalado por los Parlamentos de ambos países, cimenta una relación de Estado a Estado, pero los suscriptores de la cooperación tenían otra idea en la cabeza.

“En enero 2008 se acordó entre ambas partes modificar el artículo IV del acuerdo de Cooperación Energética del Alba para establecer que ´corresponderá a una entidad jurídica nicaragüense seleccionada por (Petróleos de Venezuela) PDVSA recibir” una parte de la cooperación, explica Acevedo. Esa entidad jurídica, a la que se refiere el economista, es la cooperativa sandinista Caja Rural Nacional (Caruna), nacida en 1993 con un patrimonio de 23,560 córdobas, que llegó a administrar, de acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua, 599 millones de dólares solo en el período 2007--2009.

La cooperación de Venezuela se materializó en Nicaragua también a través de préstamos del Banco de Desarrollo de ese país y de donaciones que sumaron un presupuesto paralelo que nunca se había visto en la historia de Nicaragua. “Obsérvese que, desde 2010 a 2014,  los montos anuales ascienden a un promedio de 550.3 millones de dólares, un monto extraordinario para un país tan pequeño como Nicaragua. Esto ha permitido al gobierno una disponibilidad de recursos que supera con creces a la de cualquier gobierno anterior, pese a la disminución de los flujos de cooperación de fuentes tradicionales”,  señala el investigador.

La participación de Caruna, a juicio de los especialistas, nunca ha sido explicada en su totalidad. No hay claridad sobre los fondos que recibió y cómo los ha ejecutado, pero en teoría la modificación del acuerdo le permitía acceder al 50% de la factura petrolera, mientras el otro 50% Nicaragua lo tomaba para pagar en un plazo de noventa días el mismo crédito venezolano.

Administrando el 50%, Caruna asumía la deuda para el pago del 25% del crédito de PDVSA –siempre en términos concesionales-- y destinaba los recursos al “fondo Alba” como en el gobierno de Ortega describió inicialmente el flujo de recursos destinado a financiar los programas sociales asistencialistas.

62% para proyectos con fines de lucro


Ese esquema de financiamiento funcionó hasta 2010. Los informes oficiales enviados al Fondo Monetario Internacional por el gobierno señalan un cambio en las reglas del juego. “A partir de entonces, tal y como lo refleja el Informe de Cooperación Oficial Externa del año 2010 se hace otra diferencia, entre ´proyectos sociales´, que representan una donación o transferencia a los destinatarios, proyectos a los cuales se destina el 38% de los recursos de la cooperación petrolera, y ´proyectos socio-productivos´ - no se emplea el término ´proyectos con fines de lucro ´ que se utiliza para informar al FMI –, los cuales absorben el 62%”, explica Acevedo.

El diputado opositor Enrique Sáenz, miembro de la comisión económica del Parlamento, resalta el papel de Caruna, que fue usada como “una truculencia” para apropiarse de los fondos surgidos a partir del acuerdo estatal, lo que redundó en acumulación de riqueza para el boyante grupo de Albanisa.

La ex comandante sandinista Mónica Baltodano cuestiona que la verdadera cuantía de lo que va a proyectos sociales es un misterio y recuerda bien los escándalos sobre el abuso con fondos que ha hecho el clan gobernante con la cooperación.

“Es evidenteque de esos fondos se han nutrido nuevos capitales, grandes negocios, compras de bienes, compañías de televisión, hoteles que son propiedad de la familia gobernante y sus allegados, ¿cuál si no sería el propósito de esconder esa ayuda de los mecanismos de control de la Contraloría,  manejarla de manera privatizada? Las láminas de zinc, los programas de hambre cero son asignados con criterios clientelares,  pero al final algo le llega al pueblo, pero se convierten en migajas que esconden el uso corrupto que la da la pareja presidencial”, señala la ex guerrillera.

Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional de Nicaragua, reconoce la habilidad  jurídica que han tenido para hacer el negocio, pero dice que existe una debilidad clarísima que podría volver ilegal lo actuado: el acuerdo petrolero se hizo bajo la figura del Alba desde el punto de vista propagandístico, pero el único acuerdo reconocido legalmente es el de Petrocaribe.

“Hay un elemento que puede conducir a una conclusión de ilegalidad de la trama de ingeniería financiera que han hecho: todo lo que se hizo al amparo del Acuerdo ALBA del 29 de abril del 2007 podría considerarse nulo porque la interpretación conjunta de los artículos 138.12 y 150.8 de la Constitución señala que aquel Acuerdo nunca produjo efectos legales, ni dentro ni fuera de Nicaragua ya que nunca fue aprobado por la Asamblea Nacional”, explica el abogado.

La posibilidad que la cooperación se convierta en una deuda para Nicaragua es un tema que se discute aún entre juristas, aunque las fuentes cercanas al gobierno lo creen un tema superado en la agenda pública porque para ellos se trata de una deuda  privada.

¿Deuda pública, privada o contingente? 

Francisco Aguirre Sacasa, ex presidente de la comisión económica del Parlamento al momento de la firma del acuerdo energético con Venezuela, cuenta que los documentos que probaban que se trataba de una deuda privada llegaron al Parlamento y que fue el secretario de asuntos nacionales de Ortega, Paul Oquist, quien los mandó directamente.

“Después de estudiar los documentos oficiales acordados por ambos jefes de Estado, nos percatamos que no se trataban de préstamos que constituían pasivos o deudas para el Estado. Eran más bien acuerdos marcos que de una u otra manera general narraban los objetivos de la ´ayuda´ y las formas que ella podría tomar. La conclusión unánime de nuestra comisión era que el ofrecimiento de Chávez de ninguna manera se refería a préstamos o créditos (préstamos blandos) que podrían requerir la aprobación por la Asamblea Nacional como estipula el artículo 138 de la Constitución política de Nicaragua para deuda pública externa”, dice Aguirre Sacasa.

El jurista y asesor empresarial, Alejandro Aguilar, sonríe cuando la pregunta es cuál será la responsabilidad de Nicaragua en este tema. Dice que es una gran incógnita que depende de la documentación que hasta ahora no se ha revelado al público. Él encuentra razones a favor y en contra de Nicaragua en su análisis.

La principal para exculpar al país  centroamericano es que PDVSA controla el 51% de las acciones, lo que en la práctica significa que controlan las decisiones de Albanisa, junto a que fue Venezuela la que decidió el esquema de financiamiento usando el modelo de Petrocaribe.

“Estando bajo el control del Estado venezolano, y habiendo decidido libremente crear este mecanismo e incluso entregarlo a una entidad privada, no pueden responsabilizar al Estado de Nicaragua si la entidad privada no se encuentra en capacidad de pagar esa cooperación mañana”, explicó Aguilar.

Razones en contra de Nicaragua hay también varias, el principal es que Nicaragua aceptó la participación de la empresa pública Petronic en la operación  y no puede escudarse en que no tiene intereses, habida cuenta que posee el 49% de las acciones y su opinión por tanto es relevante.

“El Estado de Nicaragua se involucró en este esquema y por lo tanto no hace falta que te lleven el día de mañana a ningún tribunal internacional, aunque puede ser que los contratos establezcan mecanismos de arbitraje, si establecen algún tipo de aval, compromiso de Nicaragua, pues nos veremos en tribunales internacionales, intentando resolver este asunto”, dice Aguilar.

“Una caja negra: el Alba”

Para el ex directivo de PDVSA entre 1976-1979, Gustavo Coronel, un consultor independiente en temas energéticos radicado en Estados Unidos,  se trata de una deuda de Estado a Estado que no cree que sea cobrada por el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro.

Coronel dijo que el esquema empresarial de la cooperación con Nicaragua no es novedoso, pero si el tratamiento político que se le da a la compañía en Nicaragua y “los altos niveles de corrupción que existe en su funcionamiento”.

“Alba la organización es una gran caja negra cuyas realidades económicas y políticas solo son conocidos por los líderes en los países miembros”, aseguró Coronel que dice que Chávez en vida y Ortega compartieron una gran avidez por el poder y una total falta de escrúpulos.

El diputado nicaragüense Enrique Sáenz explica el sistema impuesto por Albanisa en el sector empresarial nacional.  “Ni siquiera es un esquema progresista desde el punto de vista empresarial, sino que se asienta en un esquema de acumulación primitiva. Utilización patrimonial de los instrumentos de poder político, el abuso del poder monopólico, el aprovechamiento ventajista. En todos los casos, sin visión de desarrollo del país, ni siquiera de la rentabilidad en el largo plazo de las propias inversiones que están realizando, a no ser que permanezcan en control del Estado indefinidamente”, dijo Sáenz.

La remesa petrolera enviada a Nicaragua desde 2007, es decir los más de 3, 000 millones de dólares, equivale al 27% del Producto Interno Bruto durante 2013, pero representa apenas el 0.69% del PIB de Venezuela en el mismo período, lo que convierte el acuerdo en imperceptible para muchos ciudadanos de ese país.


Coronel dice que cuando se escribe  “Alba” en Google, están relacionados con “la Duquesa de Alba” y no con el acuerdo suscrito entre Chávez y el grupo de países que apoya el modelo político venezolano.

“El único hecho jurídico duro que existe, con el status jurídico de tratado internacional - un acuerdo internacional entre dos Estados, sujetos de Derecho Internacional, suscrito por el Jefe de Estado, ratificado por la Asamblea Nacional de ambos países, y publicado en el Diario Oficial, conforme a las normas constitucionales -, es el Acuerdo Energético Petrocaribe entre Venezuela y Nicaragua, suscrito el 11 de Enero de 2007 y ratificado en peno por la Asamblea Nacional el 27 de marzo de 2007. Los tratados internacionales pasan a integrar el cuerpo jurídico de la nación”, reiteró el economista Adolfo Acevedo.

El desvío de fondos a negocios privados

Acevedo dice que se ha dado una acumulación de capital, extraordinariamente acelerada, que ha permitido el surgimiento del poderoso grupo privado Albanisa. Además de importar  el petróleo, la petrolera privada binacional participa del negocio de generación de energía en la que tiene instalada el 25.4% de la capacidad en el país, según el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), un sector en que ha invertido 800 millones de dólares desde 2007 de acuerdo con cifras del sector privado.

En total, entre 2007 y 2014, se registran 3,432.3 millones de dólares en cooperación estatal venezolana que han sido desviados a través de canales privados sin ninguna clase de control o escrutinio público. De este monto, el 89.7% corresponde a la factura petrolera, y el resto a donaciones y préstamos de entidades oficiales venezolanas (Bandes).

Según la estimación del economista Acevedo “este flujo de cooperación entre 2008 y 2013 incrementó la capacidad total de recursos del Estado en el equivalente a casi un tercio o más de los ingresos fiscales totales recaudados por el gobierno central, llegando a casi duplicar los montos anuales de recursos recibidos de las fuentes tradicionales de cooperación externa oficial del país”.

El uso de los recursos orientado hacia los negocios varió considerablemente a partir del 2010. “Desde 2010 hasta 2014 se destinaron en promedio anual US$ 302.3 Millones a proyectos de inversión "con fines de lucro", y US$ 155.3 millones promedio anual a las que el FMI denomina "operaciones cuasi-fiscales", y el gobierno denomina "proyectos sociales" o el 31.8%,” indica Acevedo.

Una parte importante de tales inversiones privadas se canalizan a través de Albanisa, sin que exista alguna evaluación de eficiencia, rentabilidad financiera o social. La mayoría de sus activos están concentrados en sus operaciones en el sector energético y las inversiones realizadas en plantas de generación térmicas y eólicas, sistemas de almacenamiento de productos terminados, importación y distribución de productos terminados en la exportación de alimentos.

Pero, además, se estima que más de 100 millones de dólares se han desviado para la creación o el financiamiento de empresas privadas que no tienen nada que ver con la meta oficial del “combate a la pobreza”.

Esta es una lista de algunas de esas inversiones privadas publicadas en investigaciones de los medios de comunicación:


Los proyectos sociales

Olga Obregón, de 76 años, comerciante del sector de artesanías del mercado Roberto Huembes en Managua. Ella es una de las que agradece al Presidente y la primera dama Rosario Murillo que la hayan tomado en cuenta en los préstamos que otorga Caruna.

Más bien se queja que, después de veinte empréstitos, le hayan dicho que buscarían cómo beneficiar a otros. Su relación de créditos con la cooperativa, que privatizó la cooperación, inició con un pequeño crédito de 2, 500 córdobas, luego fueron 5 mil y llegó hasta 10 mil con un grupo de amigas. El interés era del uno al dos por ciento anual.

Los reportes del Banco Central sobre los usos de la cooperación venezolana, no se registran ni se desglosan a niveles de proyectos, sino únicamente a través de grandes agregados. Según los registros de 2010 a 20014, del 38% destinado a proyectos sociales, el 20% se destina al “subsidio del transporte urbano y financiamiento del bono salarial”, y el resto se dedica a “programas sociales” y recursos en “disponibilidad”.

Rodrigo Obregón, ex vicegerente de Albanisa, explica que el secreto de Caruna para multiplicar sus ganancias ha sido colocar “dinero barato” como crédito. “Caruna recibió el flujo de dinero. Agarraron este capital de cero interés y lo comenzaron a colocar al 8% anual como dinero barato, ahí tenés el primer escalón de la multiplicación del capital. Ahí comienzan a crecer. Los buses rusos (para la renovación del transporte público en la capital) que eran donados, ellos luego los vendían a los transportistas a 80 mil dólares a un 8% anual”.

Sin embargo es innegable su influencia en la vida cotidiana de muchos nicaragüenses. El dinero para trabajar que Olga Obregón necesita, la energía eléctrica que paga --Caruna financió con 198.5 millones de dólares al INE para que no aumentara la tarifa en el período 2010-2013, a una tasa del 8% anual—, el combustible que pone el taxista que la lleva a casa en las gasolineras, y otros ámbitos de la vida nacional son marcados por los fondos venezolanos que se manejan a través de un presupuesto paralelo.

Desde un principio, según las minutas de las reuniones en que participaron tanto los funcionarios venezolanos como nicaragüenses, se habló de la construcción de una refinería,  la importación de petróleo, a lo que sumarían “las gasolineras  sociales”. A la refinería la llamaron “El Supremo Sueño de Bolívar”, costaría más de 4 mil millones de dólares, pero hasta ahora solo se ha realizado la etapa de construcción de tanques de almacenamiento.

“Nicaragua enfatizó que la importación del petróleo es la principal acción socioeconómica del proyecto Sandinista. PDVSA indicó la disposición a apoyar las importaciones de crudos y combustibles para el año 2008, considerando la prioridad de Nicaragua como importador”, se lee en la minuta oficial del encuentro.

Las evidencias documentales, recabadas por los diarios nacionales durante años, muestran que el control de la familia presidencial está presente en todo. La licenciada Yadira Leets, esposa del hijo mayor del mandatario Rafael Ortega, administra la red de gasolineras de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos, cuyos socios son dos empleados de la familia. En Petronic, la gerente general es Katherine Argeñal, esposa de Tino Ortega Murillo, otro de los hijos de la familia gobernante.

El vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic es el ingeniero Francisco López Centeno, tesorero del FSLN y Ortega. La primera dama Rosario Murillo, coordinadora del Consejo Nacional de Ciudadanía, es la coordinadora nacional del Alba.

II. Albanisa: el nuevo emporio

Con el desvío de los fondos venezolanos, surge un poderoso grupo privado

Carlos Herrera/Confidencial.

En la comunidad Los Brasiles, rumbo al occidente de Nicaragua, se ve movimiento de tierra junto al cementerio, hay una carretera de concreto hidráulico y pronto ahí estará la última planta de generación de energía de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), la compañía “privada” venezolana-nicaragüense que en el sector eléctrico tiene contratos garantizados por 350 millones de dólares en los próximos 15 años, aunque mantengan sus máquinas apagadas.

Con esta planta, Albanisa producirá 140 mega watts más de energía eléctrica, con lo que según cifras en el sector aumentará su capacidad instalada, la que el Instituto Nicaragüense de Energía sitúa en 25.4% (331 megavatios de 1,311 en el país). Todos sus contratos han sido el resultado de contrataciones directas, obviando cualquier tipo de licitación.

El ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas, ex presidente del Consejo de Operaciones del Mercado Mayorista de Nicaragua en el período 2002-2003, asegura que Nicaragua carece de una estrategia de desarrollo energético y está en una situación en que “el corrupto busca oportunidades”.

“Las plantas Che Guevara representan durante los 15 años que hicieron el contrato 350 millones de dólares de ganancia. Si nosotros observamos hoy a estas plantas, que son nueve, considerándolo en bloque tiene un factor de planta  en bloque por el 27%, hay unas que no salen despachadas nunca. ¿Dónde está el negocio? No está en la energía, sino en la potencia. Nicaragua le está pagando durante 15 años sin que la planta genere”, asegura Bárcenas.

Según el especialista, la nueva inversión en los Brasiles viene a sustituir la generación de energía de las Che Guevara, lo que significará que Nicaragua pagará por potencia a unas plantas que estarán paradas.

Han pasado ya ocho años desde la incursión del consorcio "privado" binacional en el sector, cuando fueron traídas por el gobierno las primeras plantas Hugo Chávez, para intentar superar los apagones que llegaron hasta doce horas en la última etapa de la administración del ex presidente Enrique Bolaños en 2006.

Las plantas Hugo Chávez y la “donación” Taiwán

Estas plantas producen a base de diesel, y según Bárcenas su costo  de producción es casi el doble que el búnker y tenían un rendimiento de 9 a 12 kW hora por galón de diesel, cuando en el mercado nacional la planta instalada en Corinto en 1998 --es decir ocho años atrás--  era de 19 kW hora por galón de búnker.

“La Hugo Chávez no es una planta base, es una planta tecnológicamente diseñada como planta de emergencia. El sistema nuestro no era para operar con esas plantas. Es un elefante, una planta que no sirve. Si uno analiza cuánto ha operado, ha operado poquísimas horas. Nunca llegaron a hacer contratos, el distribuidor jamás, no fueron un negocio, fue una mala inversión”, añadió Bárcenas.

Luego vendría lo trágico para el sistema.  El Estado anuló la licitación pública establecida en la ley que antes era requisito para aprobarle un contrato en el sector de la generación a cualquier distribuidor.  El gobierno de Ortega recurrió a la contratación directa, después de incluir en una ley trabajada con carácter de urgencia la obligación de contratar 100 megas a la brevedad.

Finalmente, Albanisa trajo 230 megas  de manera escalonada— sin licitación— a las que bautizaron como “Che Guevara”, una batería de plantas de 2.4 megas que generan con búnker, aunque no cumplen con las normativas de diseño establecidas en la normativa de operación según el ingeniero.

“Cuando yo tengo un sistema sin estabilidad, yo busco muletas porque estoy enfermo, entonces las máquinas viejas obsoletas, las mantengo operando, me refiero a las que instaló Somoza en el sesenta y pico. Tenemos una energía cara trabajando solo para ayudarle a las Che Guevara, a eso se llama generación obligada”, dice Bárcenas.

A las plantas de generación mencionadas habrá que agregar como parte del inventario de Albanisa las donadas por el gobierno de Taiwán al estado de Nicaragua, que generan 27 megas, y que inexplicablemente terminaron en manos del consorcio ¨privado¨. “Están en sus manos como plantas privadas, eso incidiría y todo lo que se le paga por potencia incidiría en la baja de la tarifa, y se lo está embolsando la empresa”, añadió.

Bárcenas dice que ningún privado se ve afectado por estas actuaciones. Cada uno de los actores tiene sus contratos de manera independiente en el sector, con un plazo del negocio de 15 años como ocurre con Albanisa. Les pagan y permiten que entren a abastecer el mercado según la eficiencia de su generación. Elefecto al final es que el usuario está pagando la energía más cara de Centroamérica.

La tarde del 12 de marzo de 2014, el comandante Ortega inauguró la planta eólica de Albanisa “Camilo Ortega Saavedra”, en honor a su hermano fallecido en la guerra. Con una capacidad de 36.9 megas buscaba aprovechar el viento de Rivas, al sur del país, tal como están haciendo otras empresas metidas en este giro del negocio energético.

“A estos proyectos privados inclusive les costó la inversión, porque cuando se trata de una inversión en un país que da mucho riesgo, entonces el que va a prestar el dinero cobra más intereses y estos primeros proyectos como Amayo, Blue Power y Eolo, estos tres proyectos se desarrollaron con un costo superior a este proyecto (Parque Camilo Ortega). Las condiciones financieras que tuvieron que asumir fueron mucho mayores por el factor riesgo de la inversión”, dijo Ortega que se hizo acompañar en el evento por el vicepresidente de Albanisa, Francisco López.

También la distribuidora de energía

*Disnorte y Dissur bajo la sombra de Albanisa

El ingeniero Francisco López, vicepresidente de Albanisa, es el representante del Estado de Nicaragua en la junta directiva de la distribuidora de energía Disnorte y Dissur, ahora en manos del consorcio español TSK- Melfosur (TMI), por designación del presidente Daniel Ortega.

El 12 de febrero de 2013, Gas Natural confirmó que había vendido el 83.69% de las acciones que tenía en la Distribuidora del norte S.A. y el 83.73% de la Distribuidora del Sur al nuevo consorcio por un monto de 57.8 millones de dólares, según una nota de prensa oficial.

El 16 % de la distribuidora pertenece al estado, pero según fuentes del sector privado Albanisa es el socio mayoritario de la empresa española TMI en virtud de las deudas por 85 millones que Gas Natural había contraído con el consorcio venezolano-nicaragüense.

"Al realizarse la compra-venta, Albanisa pasa a ser el dueño mayoritario. Si vos querés acordar un contrato con la distribuidora, terminas negociando con Chico López”, dijo una fuente del sector privado que lamenta el secretismo en la operación, cuyos convenios y acuerdos nunca fueron publicados ni revelados al público.

Las negociaciones duraron tres meses. Al momento de la negociación, el asesor económico presidencial Bayardo Arce dijo que uno de los objetivos gubernamentales de las negociaciones era que tuviesen un segundo asiento en la directiva de la Distribuidora. El gerente adjunto de la distribuidora es el ingeniero Gustavo Acosta, ex funcionario del Ministerio de Energía y Minas

Aunque el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) reportó la transacción de la compra venta de la distribuidora en su informe anual de ese año, en un cuestionario enviado por Confidencial al director David Castillo, el funcionario no brindó ninguna respuesta.

¿Quiénes son los socios de TSK-Melfosur?, preguntamos.  “El INE no otorga concesiones, por tanto no aplica”, se excusó Castillo.

La “recuperación” de DNP

Una red masiva de gasolineras 


Una de las primeras misiones que asumió en la dirección de Petronic el ingeniero Francisco López  fue trabajar en la ¨recuperación¨ de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, una de las mayores redes de gasolineras del país que estaba en manos del consorcio Glencore desde el gobierno de Arnoldo Alemán y a quienes estaba por vencérseles su contrato.

Después de denunciar el contrato por nulidad en la Contraloría, prometió públicamente que lo recuperaría para el Estado de Nicaragua. Sin embargo, una investigación del diario La Prensa, demostró que la empresa nunca regresó al estado sino a una empresa privada cuyos socios son José Mojica Mejía, José María Enríquez Moncada y Aura Toruño Porras, vinculados directamente a la familia presidencial.

La gerencia recayó en manos de la licenciada YadiraLeets Marín, esposa de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de Ortega. Ella recibía poderes de representación, de parte “de los socios” para entablar contratos con el Estado, entre ellos el Ministerio de Salud (Minsa).

La Distribuidora Nicaragüense de Petróleo opera 74 estaciones de gasolineras en todo el país, según su página web http//www.dnppetronic.com.ni/estraciones

El abogado José María Enríquez es también vicepresidente del canal de televisión TN8, adquirido en 2010 con fondos de Albanisa (9.7 millones de dólares) y ahora propiedad privada de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial,

La Contraloría General de la República nunca investigó porque al anularse el contrato de DNP con Glencore, las acciones nunca regresaron al Estado sino a otra empresa privada. La  Procuraduría General de la República tampoco se pronunció sobre esta pérdida patrimonial del Estado.

Empresarios privados ponderan “racionalidad del gobierno”

César Zamora, gerente general de país de la generadora IC Power, considera que la actuación de Albanisa ha sido racional y no han avasallado a nadie.

“Lo que hemos visto en el actuar del gobierno es mucha racionalidad. No los veo avasallando a nadie. Creo que ahora tiene que administrar abundancia, hay suficiente energía en el país y hay energía que hoy es más barata de lo que era hace seis meses y eso genera nuevos conflictos. Creo que están en situación de repensar su estrategia”.

Según Zamora, Albanisa trae el petróleo, se lo  entrega a la refinería y es ésta la que tiene contratos con los empresarios. “Yo tengo una relación con Puma para que me abastezca mis dos contratos en Tipitapa y Corinto.  Eso no ha cambiado”.

El empresario no mira a Albanisa creciendo en Nicaragua, sino expandiéndose en Centroamérica, en lo que luce como una réplica del modelo de negocios de la familia Nasser de Honduras, los propietarios de las  gasolineras Uno en el país.

“No los veo ingresar en el mercado centroamericano, pero van a tener capacidad para hacerlo. Si van a crecer ya no van a hacerlo en Nicaragua, sino en Centroamérica. Es como la familia Nasser, tienen el mismo plan de Albanisa. Están en generación, traen combustible en Honduras, ya no pueden crecer, entonces comienzan a comprar plantas en Centroamérica”, explica.

Desde su experiencia, el tema de la energía es manejado directamente por el presidente Daniel Ortega, aunque la mayoría de veces hablan con Francisco López Centeno sobre la situación macro del sector. A él lo describe como disciplinado y reservado.

Zamora rechaza a quienes ven en Ortega a otro Somoza. Dice que en “la opinocracia” del país existe la obsesión de hacer esta comparación, enfatizando en que los intereses empresariales de Albanisa podrían absorber al sector privado nacional. El empresario asegura que el país actualmente está administrando abundancia. Con una inversión de dos mil millones de dólares en los últimos siete u ocho años, Zamora dice que Albanisa ha invertido al menos 800, es decir el 40%. No ve esta vez al FSLN  “quemando el dinero” como hicieron en los años ochenta del siglo pasado, cuando subieron al poder tras el derrocamiento de la dictadura en 1979.

El Supremo Sueño de Bolívar

La refinería que no fue

En el plano original de la refinería El Supremo Sueño de Bolívar nunca se le llamó como tal, sino como un centro de recepción, almacenaje, almacenaje y distribución de combustible: “la planta de distribución de combustibles Miramar”.

A un costo proyectado de 4 mil millones de dólares, con una capacidad de almacenamiento de 150 mil barriles de petróleo diarios, la refinería fue una promesa cuya primera piedra pusieron los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega el 21 de julio de 2007. Según la promesa original estaría concluida en cinco años.

El plano elaborado en noviembre de 2009, por ingenieros Consultores S.A., señala la instalación de una docena de tanques en las zonas aledañas a la playa de Miramar, Puerto Sandino, al occidente de Nicaragua. A finales de mayo de 2013, la empresa constructora Lacayo Fiallos informó a Confidencial de la construcción de 16 tanques en la zona.

Según registros del Banco Central de Nicaragua, la inversión de PDVSA en la refinería hasta ahora ha sido de 312.7 millones de dólares, menos del 8% de lo proyectado hace siete años. El grupo chino CAM Engineering Co, Ltd. está llevando a cabo la primera fase. El proyecto original, incluía una segunda fase (2016) donde se haría una segunda etapa en la cual se construiría la refinería y la Petroquímica.

La tercera etapa estaba planificada para 2021 y sería para aumentar la capacidad de almacenamiento. Las proyecciones de los ejecutivos de Albanisa indicaban que, concluida la primera frase, traficarían en la zona de Miramar  90, 522 cisternas con capacidad cada una de 7,500 galones y en las otras frases circularían el mismo número de cisternas, pero agregaría  2,300 TEUS (unidad de medida contenedores) al año en la segunda etapa  hasta llegar a 24,060 TEUS en 2021.

Gustavo Coronel, ex directivo de PDVSA, dice queel proyecto no es realista.“Esta refinería es ciencia ficción. No se hará nunca.  Está sobredimensionada para los requerimientos de la región. Su ejecución está estancada.  A estas alturas el costo se habrá disparado por lo menos al doble del estimado original, algo similar a lo sucedido con la refinería de Pernambuco, en Brasil, la cual terminó en un gran escándalo.  Lo que se ha invertido en este “Gran Sueño de Bolívar” probablemente se perderá. Han comenzado la construcción por el final, por lo que en la industria petrolera se llama “la casa del perro”, es decir, los anexos secundarios a la refinería, pero no han comenzado la refinería como tal”.  

Confidencial viajó hasta la zona para conocer in situ la obra y constató el avance en la construcción de los tanques de almacenamiento. Hay movimientos de obreros nicaragüenses que andan a pie  en el sitio de un lado a otro. Un grupo de chinos también es visible en el lugar.

La seguridad es extrema. La empresa es la única que tiene acceso a lugares aledaños. Solo cruzando la carretera el visitante puede divisar el plantel. Ahí haybanderas de Nicaragua y Venezuela. Buscando el mar, hay grandes mangueras que formarán parte del oleoducto con el que trasladaránen algún momento el producto terminado hasta los tanques.

Fuentes vinculadas al sector privado, dudan de que alguna vez vaya a construirse la refinería y más bien le atribuyen otra racionalidad económica a la construcción de los tanques. ¨Con esa inversión Albanisa tiene capacidad para convertirse en el gran importador y luego revendedor de productos terminados, y puede competir de manera más eficiente con la antigua refinería de la Esso ahora en manos de Puma Energy¨, indicó la fuente.

Confidencial solicitó una entrevista a Alfredo Cuadra, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Petroleras, pero su respuesta fue que las petroleras, Puma y Uno, no le autorizaron a brindar ningún comentario sobre la expansión de Albanisa en el mercado de hidrocarburos.

Las irregularidades de Albanisa

Ex vicegerente de Albanisa revela cómo funciona ¨el feudo de Chico López”. “El dinero lo mandaban en sacos”.

Al ingeniero Rodrigo Obregón lo unió una amistad de años con Francisco López Centeno, el vicepresidente de Albanisa y poderoso funcionario del gobierno de Daniel Ortega. Se conocieron en el gobierno, eran del bloque de empresarios del FSLN y, cuando el caudillo subió al poder, se encontraron en puestos de gobierno.

Obregón trabajaba como gerente general de la Empresa Portuaria Nacional cuando López llegó y le dijo que era el hombre que necesitaba para construir la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, una obra que se haría a un costo de 4 mil millones de dólares.

Se lo llevó a trabajar con él, fue vicegerente del consorcio petrolero, lo envió a Petronic donde fue vicegerente general y finalmente lo llevó a la ¨Corporación López¨como los empleados del círculo del tesorero del FSLN conocen las empresas de su jefe.

En 2010, Confidencial publicó una extensa investigación donde accedió a los estados financieros de la compañía en el período 2007 y 2008. Los documentos de Albaleaks, como se conoció el caso, demostraron que la empresa petrolera arrojó pérdidas por el orden de los veinte millones de dólares.

“Albanisa tiene liquidez, es una empresa que mueve muchísimo dinero, y está apalancada, pero tiene deudas crecientes, pareciera que no estamos ante una empresa normal, sino ante un esquema de endeudamiento para transferir fondos a terceros”, dijo entonces un experto consultado por este periódico.

El testimonio de Obregón ayuda a entender cómo funcionaba el mecanismo de desvío de fondos de la cooperación.  No sólo estaba claro que la refinería era una fantasía, sino que empezó a notar episodios extraños como inversiones irregulares, el hecho que guardaban enormes sumas de dinero en las casas del tesorero, el envío de pagos a ciertos acreedores a los que les pagaban con dinero en efectivo metidos en sacos.

Obregón recuerda el desorden financiero que imperaba en la empresa, donde se hacían los trabajos y después se firmaban los contratos. Los beneficiados eran empresas del tesorero del FSLN, aunque desde 2007 las investigaciones periodísticas han arrojado luz sobre el oscuro destino de 97 millones de dólares a través de operaciones irregulares que hasta ahora el gobierno no ha querido explicar.

Del manejo de la cooperación venezolana surgió una nueva clase social alrededor de Ortega que se fue nutriendo de millones de dólares de la cooperación. “Era imposible tapar el sol con un dedo. Inmediatamente vino el cambio de estilo de vida de Chico López, hasta la familia presidencial, lo que estábamos ahí lo mirábamos”, recuerda Obregón.

A manos llenas, cambiaron sus viejos carros por vehículos de lujo, mientras Albanisa se expandía ruidosamente en distintos sectores económicos del país. “Todos los rubros de la economía han sido objeto de su atención. Si no hay mucha rentabilidad, ahí no se meten. Por eso no se meten al rubro de los frijoles, prefieren comprarlo al productor. No se meten a rubros de la economía donde hay riesgos”, explica el ex vicegerente.

La cooperación venezolana costeó la renovación del parque vehicular, al servicio del FSLN, unas 25 camionetas que fueron a parar a la casa de Ortega, que funciona como instalación partidaria, su casa y en estos años de gobierno como la Presidencia.

La auditoría de Albanisa

A petición de la propia Albanisa, laContraloría General de la República realizó una auditoría con alcances limitados en el área financiera y al concluir en noviembre pasado no encontraron ningún mal manejo en la compañía.

En la resolución, del siete de noviembre de 2014, los funcionarios resolvieron: “En cuanto al cumplimiento legal, los resultados de las pruebas revelaron que las transacciones examinadas, Albanisa cumplió en todos los aspectos importantes con las leyes, normas y regulaciones que le son aplicables”.

Hay dos observaciones que los contralores pasaron por alto: que la caja chica no se ajustaba a las normas de procedimiento y finanzas y que la empresa solía pagar fuera de tiempo sus compromisos con la distribuidora de energía.

El abogado Alejandro  Aguilar cuestiona el papel de la Asamblea Nacional y la Contraloría, que no han preguntado sobre Albanisa.  Para él, se ha instalado en el país una cultura de no rendir cuentas de parte de las autoridades.

El abogado hace énfasis en que, al tratarse Albanisa de una empresa pública binacional, tienen la obligación de regirse por altos criterios de transparencia frente a la población y dar explicaciones.

Venezuela tampoco rinde cuentas.  Bajo la lupa política, el actual embajador venezolano Javier Arrúe dijo a Confidencial en mayo que muchas veces la corrupción se magnifica y que no podía hablar sobre casos concretos que podían ser “verdad o mentira” descubierto por la prensa nicaragüense.

“Yo no me atrevería a juzgar porque eso tiene sus rutas regulares, sus tribunales, sus mecanismos de control, de sanción, etc.”, dijo Arrúe para agregar que en Albanisa tienen un mutuo control tanto Nicaragua como su país.

INE no responde, “no aplica”

Confidencial preguntó al presidente del INE, David Castillo Sánchez sobre las interrogantes que existen en el país sobre la participación de Albanisa, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, y el contrato con la distribuidora de energía TSK-Melfosur

A través de un correo electrónico, Castillo Sánchez se negó a responder, alegando que se trata de preguntas que están fuera de su ámbito de competencia. “En aquellas que no nos competen por ley, y corresponden a otras entidades del Estado estamos notando no aplica para que usted busque la fuente correspondiente”, sugirió.

Castillo no quiso hablar sobre el peso actual de Albanisa en el mercado de hidrocarburos, ni del contrato firmado con Venezuela, y dijo que le compete al Ministerio de Energía y Minas abordar estos temas. No ahondó sobre los propietarios de Albanisa porque no otorga concesiones.

Tampoco quiso comentar nada sobre las plantas de energía que fueron donadas por Taiwán y terminaron como parte del negocio de Albanisa. “INE no administra las donaciones al país, no aplica”, respondió.

Le preguntamos sobre la situación de la DNP, en manos de la familia presidencial,  y Castillo dijo que tampoco aplicaba. ¿Las ganancias de las petroleras? Y respondió que no acceden a los estados financieros de los  agentes del mercado.

III. El "boom" exportador a Venezuela

Exportaciones de grandes empresas crecieron casi 5,000% en siete años

Las exportaciones a Venezuela crecieron 4,946.7% entre el 2007 y el 2014, al pasar de US$7.6 a US$375.95 millones en el periodo, según datos oficiales del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). El porcentaje sería mayor (5,760.5%) si se calculara contra el 2012, que fue el año más alto del periodo en que sumaron US$ 444.02 millones.

Antes de eso, más allá del petróleo que le compraba Nicaragua, la relación comercial con Venezuela era apenas simbólica. Los US$2 millones exportados a ese país sudamericano en el 2006 muestran que en ese momento, los mercados de Haití (US$4.3 millones) o Belice (US$3.6 millones) eran más atractivos para colocar nuestras mercancías.

El intercambio comercial comenzó a crecer exponencialmente a partir del 2007, luego de la firma del Acuerdo de PETROCARIBE, que incluyó la base legal para crear un ‘mecanismo de compensación’. “Para el pago diferido, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, podrá aceptar que parte del mismo se realice con productos, bienes o servicios establecidos mutuamente”, cita el texto.

Ese mecanismo de compensación, operado por Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa), una subsidiaria de Alba de Nicaragua (Albanisa), permitió no sólo ese crecimiento de las exportaciones, sino que dio pie también a la creación de lo que fue, en 2014, el segundo mayor exportador del país, como lo muestra el siguiente gráfico.

Aunque la disminución de las ventas al mercado venezolano observadas en 2013 y 2014 se interpretan como ‘variaciones normales’ en el contexto del comercio internacional con cualquier país, la caída de los precios del petróleo, permite prever que este año también disminuirá el monto de lo que el país podrá vender al cliente sudamericano.

Aunque no es necesariamente una buena noticia, la perspectiva de tener menores ventas no será una catástrofe para las empresas e industrias que se quedan con la mayor parte del ‘pastel’ exportador.

El sector azucarero, por ejemplo, que casi triplicó sus exportaciones a Venezuela entre 2012 (US$34.2 millones) y el 2014 (US$98.5 millones), no se angustia ante la posibilidad de que haya un descenso en la venta de azúcar a Venezuela, porque se trata de un producto con alta demanda, que puede redirigirse hacia otros mercados.

La industria láctea –que ha llegado a colocar hasta el 44% de sus exportaciones en esa nación sudamericana- sí sufriría, afectando a toda la cadena, al requerir por un tiempo, menos producto para transformar, aunque a la larga terminarían regresando a alcanzar los mismos niveles de comercialización internacional de sus productos.

En el caso del café, “si por alguna razón no pudiéramos venderle a Venezuela, eso no sería un problema para el sector, porque la demanda del café nicaragüense es muy alta. El sector tiene contratos tanto con Europa como con Estados Unidos y Asia, y tenemos que cumplirlos porque han sido clientes de Nicaragua, por muchos años”, explica Juan Ramón Obregón, Secretario Ejecutivo de la Comisión nacional del Café (Conacafe).

La industria cárnica, que tiene dificultad para vender toda la carne que le piden sus compradores, tampoco sufriría sobremanera si tuviera que vender menos producto a este cliente en particular. En el pasado, la industria ha dejado de colocar carne en Venezuela, y la ha enviado a otros países porque consiguió mejores precios en otras partes del mundo, reveló José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Nada para los pequeños


Si bien la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), pretende ser un instrumento de cooperación solidaria que toma en cuenta criterios de complementariedad y asimetría, que pretende ayudar al desarrollo de los países, ni las pymes ni las cooperativas agrícolas se han beneficiado mayormente de la existencia y vigor de ese acuerdo.

Como muestran los expertos, hay un marcado contraste entre los grandes grupos económicos que se beneficiaron de la apertura de ese mercado, y los pequeños productores del campo y la ciudad, cooperados o no, que se quedaron al margen de tan jugoso pastel.

Consultado para la elaboración de este especial, el economista Adolfo Acevedo señala cómo “los principales productos que gozan de acceso preferencial al mercado venezolano -con excepción del frijol negro- se encuentran en manos del gran capital nacional. Para la Comisión Nacional de Productores de Azúcar, para las plantas industriales de procesamiento de productos lácteos como Centrolac y Parmalat, para el Matadero San Martín, entre otros, el mercado de Venezuela ha sido un excelente negocio”.

“El sector privado tradicional ha sido el mayor ganador con este esquema”, señala. “Esta asociación entre Albalinisa y los grandes procesadores y exportadores privados, habría cimentado aún más la estrecha asociación que existe con los grandes grupos económicos del país”, añade.

Por su parte, la economista Gloria María Carrión Fonseca, experta en medio ambiente y desarrollo, señala en un escrito publicado en la Revista Envío, los acuerdos firmados al amparo del ALBA tienen, cuando menos “claroscuros”. Los principales, en la forma en que se dejó por fuera a las cooperativas.

Carrión cita a Sinforiano Cáceres, directivo de la Federación Nacional de Cooperativas (Fenacoop), explicando cómo sus asociados quedaron esperando tener acceso a la urea (fertilizante) que ofreció el gobierno venezolano en condiciones de pago accesibles, para ayudar a los pequeños productores.

“Según Cáceres, la distribución de la urea venezolana se canalizó únicamente a través de la cooperativa Nicaraocoop, cuya legitimidad ha sido cuestionada por varias cooperativas. Cuando la Fenacoop preguntó al gobierno sobre los mecanismos de distribución de la urea, éste respondió que “la urea sería distribuida en base a la urgencia”. Sin embargo, según Cáceres, en la práctica la urea se vendió a tres precios diferentes: “el precio para miembros del partido, el precio para los líderes de algunas asociaciones y el precio para los que no se encuentran en ninguno de estos dos grupos”.

La investigadora Carrión también cita cómo una asignación de US$10 millones efectuada por el finado presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para financiar préstamos dirigidos a pequeños y medianos productores, terminó distribuida “en sólo cinco empresas. Cuando los miembros de Fenacoop preguntaron por el criterio que se usaría para acceder a los préstamos, el gobierno les informó que los criterios ya habían sido establecidos y los recursos distribuidos”, aseguró.

La llave de Albalinisa

Muchas cosas cambiaron a partir del 2007, al implementarse el convenio petrolero por el que Caracas acordó que proveería a Managua 3.65 millones de barriles de hidrocarburos al año, (que después se amplió a 10 millones), ofreciendo condiciones blandas de pago, entre las cuales, el ‘pago en especies’ se convirtió en una buena oportunidad de negocios para varias empresas nacionales.

Esa cláusula dio pie a la creación de Albalinisa, una de las más activas empresas del Grupo ALBA, que no produce ningún tipo de alimentos, pero pasó de ser inexistente en el 2007, a instalarse como el exportador número 48 en el 2009, cuando exportó US$6.1 millones a Venezuela.

La intermediaria fue creciendo, a tal punto que ocupó el quinto lugar (US$99.3 millones) en el 2013, y se consolidó como el segundo mayor exportador en el 2014, con US$154.2 millones, según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones, (Cetrex).

La llave de Albalinisa para exportar a Venezuela la tiene el Ingeniero Francisco López, vicepresidente de Albanisa. “Él es quien decide en última instancia”, coincidieron varias fuentes consultadas. Y aunque hay funcionarios intermedios con los que pueden revisar algunos detalles operativos, López, hombre de confianza de Daniel Ortega, Tesorero del FSLN y Vicepresidente de Albanisa, es el hombre fuerte con el que hay que firmar las negociaciones y acuerdos.

La clave es precisamente ese mandato que le permite pagar con productos (en su mayoría carne, café, aceites y grasas, leche y frijoles), aunado a una debilidad estructural de Venezuela: ese país de más de 31 millones de habitantes, importa cerca del 75% de los alimentos que consume, lo que abrió la puerta para aumentar el precio y volumen de las exportaciones nicaragüenses a ese mercado.

“Las empresas exportadoras se beneficiaron del nicho que representa Venezuela para colocar parte de su producción, pero lo mejor para ellas fue que pudieron hacerlo en un momento oportuno: cuando estaba la crisis”, explica el economista Alejandro Aráuz.

“Si Venezuela no le compra más alimentos a Nicaragua, es porque Albalinisa se ve limitada por ese tope del 25% de la factura petrolera que puede pagar con productos, pero si por Venezuela fuera, importara cantidades mucho mayores desde nuestro país”, dijo a Confidencial una fuente empresarial.

“Las cantidades que le vendemos cada año depende de contratos anuales, y está en función del porcentaje [de la factura petrolera] que se puede pagar con alimentos. Depende de cuánto espacio tenga Venezuela para comprarle a Nicaragua, con base en esa factura petrolera”, explica Alfredo Lacayo.

En el caso del sector azucarero, Mario Amador detalla que “todos los ingenios exportan a Venezuela. No es una regla. Algunos años van todos, otros años van unos cuantos; unos venden mayor cantidad, otros menor cantidad… eso depende de la negociación que cada uno realiza. Albanisa nos dice: necesitamos equis cantidad de azúcar. Los ingenios dicen: ‘yo tengo tanto, tengo compromisos por tanto, puedo darte tanto; este es mi plan de exportación o no tengo nada este año’. Cada ingenio es libre de exportar o no”.

Dificultades para exportar a Venezuela

El incremento exponencial en el valor de las exportaciones a Venezuela, (que pasó de representar el 0.6% de nuestras ventas totales en el 2007, al 13.7% en el 2014), permitió que seis rubros cimentaron su posición como productores y exportadores, y por consiguiente como generadores de divisas.

En algunos casos (carne, azúcar y café), se trata de grandes empresas que simplemente incluyeron (o consolidaron) a un viejo cliente, que de pronto pasó a comprarles en mayores cantidades y a pagarles prontamente y con certeza. En otros (grasas y aceites, leche y frijoles), poder vender a la siempre voraz Venezuela, les dio acceso a un mercado y a unas divisas que les permitieron mejorar su posición frente a la competencia.

Pero sin importar el tamaño de la empresa exportadora –y a pesar de contar con la ‘bendición’ política de quienes administran el esquema de compensación que maneja Albanisa- exportar a Venezuela requiere, de inicio, satisfacer un papeleo complejo en el que no sirven de mucho los padrinazgos.

“Exportar leche a Venezuela es igual de fácil o complicado que hacerlo a Costa Rica, Guatemala o El Salvador. No es ni más ni menos complicado”, explica Alfredo Lacayo, gerente General de Centrolac, cuya marca se comercializa en Venezuela.

“Desde el primer día fue difícil comenzar a venderles leche -aún a través del mecanismo de Albanisa- pero fue haciéndose más difícil con el paso de los años, porque todo camina lento en Venezuela: las certificaciones, las inspecciones. El que se exportara a través de Albanisa, no significa que se obviaban los requisitos para importar alimentos”, añade.

El gerente explica que “ese es uno de los problemas de Venezuela. A pesar de ser un país que importa todo lo que consume, los requisitos para importar son sumamente engorrosos, y la burocracia que vive de eso es enorme, poderosa e independiente… es un ‘animal’ que tiene vida propia”.

Lacayo consigna que “conseguir un registro sanitario en Venezuela te toma más de un año. Aunque el presidente diga: ‘dénle mañana el registro sanitario”, igual tarda un año. Y hay que tener alguien en el lugar que llegue, recoja el papel y lo lleve a tal lado, porque el papeleo que hay que llenar es bien complicado”.

La ventaja es que, “una vez que llenas todo ese papeleo, las cosas marchan bastante bien”.

Reclamos de Venezuela

Ese ‘bastante bien’, no significa que la actividad exportadora esté exenta de dificultades y reclamos por parte de un cliente cuya burocracia dificulta no sólo el conseguir la documentación, sino también la recepción de los productos. Aunque ya hayan pagado por ellos.

Mario Amador, Gerente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar (CNPA), recuerda una vez que el gremio recibió un reclamo de Albalinisa por un embarque de azúcar. Su contraparte venezolana rechazaba el producto recibido porque decían que se les había enviado azúcar sólida, petrificada, “pero era mentira. Era un problema de descarga que ellos tenían en Venezuela”, desmiente.

“Decían que el azúcar había llegado hecha piedra y que no se podía ni descargar… mandamos los técnicos, y al final de cuentas no era tal. Al exportar azúcar a granel, en barcos grandes, el producto tiende a solidificarse por la humedad y por el mismo peso que soporta. En una bodega con 2,000 toneladas de azúcar, el mismo peso compacta el producto”, señala.

“Aparentemente había ocurrido un problema con el barco, pero no era culpa nuestra. Nosotros entregamos el azúcar en Corinto, ellos hicieron la revisión de calidad y todo, pero aun así querían decir que el azúcar era mala, que la habíamos cambiado, pero luego se comprobó que no era así. Enviamos nuestros técnicos a Venezuela, y ellos los convencieron”, refiere.

El sector lácteo ha tenido problemas similares. Lacayo, el gerente de Centrolac, recuerda un caso en que su contraparte venezolana dejó varado por tres meses un contenedor en Puerto Cabello, “y la leche no está supuesta para permanecer en un contenedor a 80 grados Farenheit (26.70 Celsius) por todo ese tiempo”.

Recuerda que dijeron a sus clientes: “tienen que sacarla del puerto. Pero es que sacar un contenedor de Puerto Cabello también es engorroso. Ese es parte del problema económico del Venezuela, que la burocracia ha crecido a tal grado, que los trámites son tan difíciles, que baja la actividad económica. Un privado no puede tener un contenedor atascado tres meses: son tres meses de capital de trabajo ‘amarrado’ ahí. No se puede, pero sacar un contenedor de ese puerto es muy difícil”, insiste.

Buenos precios y mejores pagadores

Poder vender a Venezuela es bueno, porque es un cliente que siempre vuelve por más, además de ser buen pagador. Tan bueno, que había mejores tiempos (cuando el precio del barril de petróleo coqueteaba con la barrera mágica de los cien dólares), en los que se daba el lujo de pagar por adelantado. De paso, tener a ese cliente en la lista de compradores, contribuye con la estrategia de diversificación de las empresas que le proveen de alimentos.

Alfredo Lacayo, de Centrolac, asegura que “prefiero a Venezuela, no por razones de precio, sino porque paga rápido, mientras que los otros me piden financiamiento. Más que por precio, es por la liquidez que me da Venezuela. El precio es sumamente competitivo, pero en la medida en que han subido el precio de la materia prima y los precios al consumidor en Centroamérica en los últimos cinco años, ese ‘muy competitivo’, ha perdido el adverbio ‘muy’. De todos modos, sigue siendo mejor precio que el de Nicaragua”.

Si por alguna razón se le cerrara ese mercado, Lacayo considera que “sería fácil redirigir al menos la mitad de esa leche a otros mercados. Para la otra mitad, compraría menos leche a los productores. Habría un reacomodo, pero todos saldríamos perdiendo, porque entrarían menos dólares a Nicaragua, menos dinero al campo, y esta empresa sería menos rentable. Necesitaríamos unos dos años para recuperar las ventas”.

La industria cárnica tiene una visión similar. Raúl Barrios, Presidente de la Cámara Nicaragüense de la Carne (Canicarne), refiere que “en los últimos cinco años, Venezuela representó el 40% de nuestras exportaciones de carne y ganado en pie”. Ese porcentaje disminuyó a “entre 25% a 30% en el 2014”, lo que Barrios atribuye a una mayor diversificación de mercados por parte de la industria nacional.

En referencia a los precios, reconoce que éstos son “competitivos. Si no fuera así, no le estaríamos vendiendo a ese país”. De todos modos, reconoce que la principal ventaja de contar con el cliente venezolano es que se trata de un comprador que adquiere altos volúmenes del producto, que paga bien, y lo hace en dólares.

Todo ello le ha dado mucha estabilidad a la industria, porque pudo negociar buenos precios por largos periodos de tiempo, lo que “elimina la incertidumbre, y genera mayor racionalidad para los precios de la carne y la leche”.

La historia es similar para los proveedores del azúcar que se exporta a ese país. Mario Amador, de la CNPA, dice en referencia a los precios que son mejores que los que obtienen en otros mercados, lo que no significa que sea el mejor. Ese lugar lo ocupa el mercado estadounidense, “que tiene un precio súper preferencial. Ese es el mejor. Después estaría el de Taiwán. El venezolano es bueno, pero no mejor que los otros”.

Las empresas de todos los rubros que exportan a Venezuela están claros de que la caída del precio internacional del crudo y sus derivados, hará que se reduzca el monto de la deuda que Nicaragua tiene que pagar a Venezuela con productos alimenticios a través del ‘mecanismo de compensación’, y se están preparando para ello.

Una fuente del sector privado explicó que el impacto de la reducción es diferenciado, según el tipo de industria. Si bien, los exportadores de carne, los de café y los de azúcar, en realidad necesitan más productos para colocar en los mercados internacionales porque la demanda que tienen es muy alta, la industria de aceites será la primera gran afectada de las disminución de la demanda venezolana.

IV. "Los delitos de corrupción no prescriben"

Venezuela podría exigir la recuperación de los bienes desviados por Ortega

El presidente Daniel Ortega, su esposa, Rosario Murillo, y el presidente de Venezuel, Nicolás Maduro. EFE/Confidencial.

El desvío de 3 mil millones de dólares de la cooperación venezolana con Nicaragua las arcas del presidente Daniel Ortega, manejadas como un asunto privado, corresponden a casi una sexta parte de los 17 mil millones de dólares de las reservas internacionales de Venezuela y casi la totalidad de la deuda del gobierno con las aerolíneas internacionales.

Pero en la tierra de Simón Bolívar y de la “revolución” chavista eso no parece encender las alarmas de las autoridades, quienes voltean la mirada y cierran la boca ante presuntos delitos de corrupción que, como lo establece la constitución de Venezuela, no prescriben, y que incluso pudieran dar origen a exigir la recuperación de los bienes desviados por Ortega.

El abogado experto en legislación sobre derechos humanos, Jesús Ollarves, asegura que la corrupción, por ser un delito que afecta derechos fundamentales, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un delito que no prescribe, por lo que sus responsables pueden ser llevados a juicio en cualquier momento. Además, las autoridades venezolanas están en el derecho de exigir la repatriación de los recursos generados por la corrupción.

Aclara que la constitución no prohíbe expresamente la cooperación entre el Estado y una entidad privada, pero Ollarves enfatiza que en esa relación se debe velar por cumplir las normas del buen gobierno: la aplicación de la justicia, la no impunidad, la lucha contra la corrupción, la transparencia en el manejo de fondos públicos, lo que incluye la rendición de cuentas, y el respeto a los  derechos humanos.

“La cooperación está dirigida a promover y fortalecer la democracia y el bienestar de los pueblos. No al enriquecimiento de una individualidad o un grupo de personas”, afirma.

Opacidad en el poder

El fallecido Hugo Chávez junto a Daniel Ortega tres una visita oficial a Managua.


Para el economista Orlando Ochoa lo ocurrido con Nicaragua es una práctica común del gobierno de Hugo Chávez. “Canalizaban recursos por proyectos comerciales o afinidad ideológica para lograr apoyo internacional, pero las evidencias indican que favorecían a familias y amigos relacionados con el poder en esas naciones. Todo esto ocurría bajo la opacidad deliberada”, sostiene.

El ex diputado y coautor del libro El Estado delincuente, Carlos Tablante, resalta que las autoridades venezolanas no pueden seguir ignorando lo que pasó con el dinero de todos los venezolanos. Asegura que los próximos días se dirigirá a la Fiscalía General de la República y a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para solicitar la apertura de una investigación al actual ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, y a Albanisa, una empresa donde Pdvsa tiene 51% de las acciones, y  en la que Chávez es la máxima autoridad según los estatutos, debido a que los recursos de todos los venezolanos  han servido para crear la “sandinoburguesía”, el equivalente, dice, a la boliburguesía venezolana.

“Si las actuales autoridades no investigan, vendrán otras que sí lo harán, porque estos delitos de corrupción, que afectan los derechos humanos, no prescriben jamás”, puntualiza Tablante.

Como ejemplo, el exdiputado pregunta si algún venezolano usó uno de los 19.397 pantalones con los que Nicaragua compensó a Venezuela, según datos oficiales de 2011.

Señala Ollarves que como Venezuela y Nicaragua son naciones firmantes de la Convención Interamericana contra la corrupción, las autoridades centrales de ambos países, que deben activarse para iniciar la investigación sobre el uso  de recursos de la cooperación, son el Consejo Moral Republicano venezolano y la Oficina de Ética Pública del gobierno nicaragüense.

El Consejo Moral Republicano está conformado por la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; el contralor General de la República, Manuel Galindo; y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, todos de conocidos vínculos con el chavismo. Por su parte, la Oficina de Ética Pública de Nicaragua fue creada en 2002 y la designación de su representante corresponde al gobierno central.

Sin embargo Ollarves  manifiesta que corresponde a ambos organismos establecer el intercambio de información para conocer el destino final que se le ha dado a la cooperación venezolana. Luego el Estado venezolano puede exigir la recuperación de un bien que pertenece a todos los connacionales.

El abogado considera que la Fiscalía General de la República debería designar un fiscal especial que se traslade a Managua, dirija una auditoría, redacte el expediente, tipifique el acto de corrupción y verifique cuáles hechos son considerados en el artículo 6 de la Convención interamericana contra la corrupción.

V. "Cooperación tuvo que destinarse al desarrollo"

Economista Acevedo: 3,400 millones de dólares "desperdiciados"

Los 3,400 millones de dólares que ha recibido el país en concepto de cooperación venezolana durante la administración de Daniel Ortega representaron “una oportunidad extraordinaria” para “cambiar por completo el rostro del país”. En vez de eso, sirvieron para cimentar un conglomerado de empresas, cuya propiedad y rentabilidad es desconocida para los ciudadanos que eran, en última instancia, los destinatarios de esa cooperación estatal.

El economista Adolfo Acevedo. Diana Ulloa/Confidencial.

“Son recursos concesionales y de libre disponibilidad, de modo que el país podía destinarlos a su propio desarrollo”, añade el economista Adolfo Acevedo, en declaraciones al programa de televisión ‘Esta Noche’, que conduce el periodista Carlos Fernando Chamorro (también director de este Confidencial).

Acevedo opina que muchas cosas serían distintas si esos recursos “se hubieran invertido en proyectos de alta rentabilidad económica y social, y de alto impacto de desarrollo en materia de reestructuración del aparato productivo que en lo fundamental es de bajísima productividad, y requiere una enorme inversión. O para el desarrollo de la infraestructura económica y social, donde el país tiene enormes necesidades”.

No se trata de una declaración antojadiza, en especial si se toma en cuenta que esos 3,400 millones de dólares aumentaron la disponibilidad global de recursos del gobierno, que pasaron de un promedio de 20% del PIB (incluyendo ingresos fiscales y cooperación tradicional) a entre 25% y 26% del PIB. “Este gobierno ha contado con una disponibilidad de recursos como ningún otro la ha tenido”, asevera.

El economista también explica que el flujo de la cooperación petrolera venezolana ha representado alrededor de un tercio de los ingresos fiscales, y en los últimos años, casi llegó a duplicar el monto de la cooperación externa tradicional. “En promedio, entre el 2010 y el 2014, representó US$550 millones, lo que es un monto extraordinario para una economía tan pequeña como la nuestra”, recordó.

Acevedo conoce las conclusiones de un think tank local según el cual, los montos de la cooperación venezolana que han entrado a la economía nacional son responsables de un crecimiento de dos puntos del PIB. “Puede ser… por el lado del consumo”, admite.

Recuerda que en promedio se destinó un poco más de US$150 millones a subsidiar consumo (US$75 millones al subsidio del transporte urbano colectivo de Managua, y US$80 millones a los llamados ‘programas sociales’), “y esto puede haber sostenido niveles de consumo que hayan contribuido un poco al crecimiento del PIB”.

Sin embargo, “la mayor parte de la cooperación venezolana -un promedio anual de US$300 millones- se destinó a lo que al FMI se le informó que eran ‘proyectos con fines lucrativos’, que no están vinculados a la reestructuración productiva del país ni al desarrollo de la infraestructura, sino a proyectos que debían generar rentabilidad, presumiblemente para poder pagar la deuda acumulada. Pero esa deuda se ha venido pagando principalmente con exportaciones, que superaron los US$437 millones en el 2012”, señaló.

Una opacidad increíble

Como estudioso, Acevedo no puede entender que una entidad privada se haya hecho cargo del manejo de una cooperación tan cuantiosa, sin que los administradores de esos recursos entreguen cuentas a los ciudadanos, y sin que esos ciudadanos las exijan.

“Queremos saber, pero no aspiro a que actores externos resuelvan este problema. Quisiera que la ciudadanía demandara su derecho a conocer. Hay cosas que no están nada claras: el tema jurídico de esta cooperación; la estructura de propiedad de estos activos ¿es mixta, privada, exclusiva?”, cuestionó.

“De forma deliberada no hay detalle de cuáles son los proyectos con fines de lucro. No hay ningún detalle, pese a que se acordó con el FMI que iba a haber mayor transparencia en el uso de la cooperación que aparece en los informes del Banco Central”, detalla.

Tampoco se sabe quién es el dueño de ese millonario conglomerado empresarial.

A pesar que públicamente se asegura que el 49% de Albanisa es propiedad de la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), y el 51% restante pertenece a la también estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Acevedo recuerda que cuando la Contraloría General de la República auditó a Albanisa, dijo que las acciones que son propiedad de Nicaragua, estaban en poder Asdrúbal Chávez en Venezuela, “lo cual no me parece correcto”.

Lo que se sabe hasta ahora es que Albanisa importa el petróleo y lo comercializa en el país, pero no está claro a quién pertenece “todo el grupo de empresas que uno supone vinculadas a Albanisa. ¿A quién le pertenece y cuál es la estructura accionaria del Hotel Seminole, el Canal 8, o la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, que tiene una de las mayores redes de distribución de combustible del país?”, se preguntó.

“Si Nicaragua tiene el 49% de las acciones, los nicaragüenses tenemos derecho a saber cuál es la estructura de propiedad de estas empresas. El tema es que no se sabe si son privadas, y deberían darnos una explicación muy clara al respecto. Si acaso Alba Caruna financió la adquisición de esas empresas, ¿Alba Caruna es la dueña? Por transparencia, los ciudadanos tienen derecho a saber, pero también porque esta cooperación estaba destinada a solventar las necesidades de desarrollo de este país que son enormes”, reclamó.

Al abundar en el tema, Acevedo menciona el caso de las plantas generadoras de energía que vinieron para ENEL, “y dos años después de estar operando y generando ingresos para ENEL, -incluyendo las plantas donadas por Taiwan- el presidente (se refiere a Daniel Ortega) toma la decisión de trasladarla a Albanisa. Esto significó para ENEL la pérdida de unos US$35 millones en ingresos, y a partir de ese momento comienza a presentar déficits”.

Las plantas de Taiwan fueron donadas por ese Estado a Nicaragua. Las plantas de Venezuela, están siendo financiadas por crédito que pagamos los consumidores, un crédito que se dijo que se iba a pagar con un precio fijo por kilovatio hora a 17 años de plazo, con una tasa de interés del 6%, lo que implica US$655 millones.

“Si estas plantas las trajo el Estado nicaragüense, entraron a ENEL, y las estamos pagando nosotros, ¿por qué se trasladan a un grupo privado, que se está lucrando con ellas? La Contraloría debió haber revisado los temas legales y financieros cuando auditó a Albanisa”.

¿Deuda pública o privada?

Además de saber quién es el dueño de Albanisa, la nación requiere saber si la deuda es pública o privada. Si bien el oficialismo insiste en que se trata de deuda de una empresa privada, Acevedo cita al FMI diciendo que si Alba Caruna “no estuviera en condiciones, por cualquier razón, de hacerle frente a esta deuda, tendría que ser asumida por el gobierno de Nicaragua, lo cual representa un riesgo para la sostenibilidad de la deuda”.

Añade que “si tenemos en cuenta que lo único que existe es un tratado internacional, donde Nicaragua recibe el suministro de petróleo gracias a un crédito con condiciones financieras específicas, uno puede pensar que este riesgo es muy real”.

Acevedo también recuerda que hay dudas acerca de la base legal sobre la cual se sustenta el acuerdo. “El único documento que está vigente -con estatus de tratado internacional, porque fue suscrito por los jefes de dos estados que son sujetos de derecho internacional, ratificados por las asambleas nacionales y publicado en las gacetas de los dos países- es el Acuerdo Energético Petrocaribe, entre las repúblicas de Venezuela y la de Nicaragua”.

Ese acuerdo, que regula la cooperación petrolera de Venezuela, fue suscrito el 11 de enero del 2007, y ratificado por la Asamblea Nacional de Nicaragua el 27 de marzo del 2007. El mismo establece que Venezuela entregará a Nicaragua, a precio del mercado internacional, hasta 9.85 millones de barriles petróleo y derivados, y que una parte sería pagada a los 90 días de recibido el embarque. El resto asumiría la forma de un crédito a 25 años de plazo, con dos de gracia, a una tasa de interés concesional.

Acevedo también recuerda que existe el Acuerdo Energético del ALBA entre Nicaragua y Venezuela, pero éste jamás fue presentado a la Asamblea, ni ratificado por ésta, así que “no tiene ninguna validez porque nunca entró en vigencia. Lo que se acordó en enero del 2008 fue modificarlo, para que dijera exactamente que una entidad jurídica nicaragüense iba a asumir ese crédito”.

“Posteriormente, el gobierno de Nicaragua le informa al FMI que no hay ningún porcentaje que sea ‘no reembolsable’, que todo es crédito, y en los informes de cooperación aparece oficialmente, que la cooperación petrolera se produce en el marco de Petrocaribe, que es el único que fue ratificado por ambas asambleas nacionales”.

Acevedo asegura que “se dice que hay otro documento”. Un tercero cuyo estatus jurídico se desconoce porque es secreto, y no tiene estatus de tratado internacional. Supuestamente, en ese texto “Venezuela autoriza al gobierno de Nicaragua a trasladarle el crédito a una entidad privada nicaragüense, así que estaríamos en presencia de una cooperación oficial, establecida en un tratado internacional, que se privatiza por un mecanismo que no está claro jurídicamente, porque el documento que lo establece es totalmente secreto. Nunca se ha publicado, ni en Nicaragua ni en Venezuela. No está registrado en ninguna parte”.

El gran negocio de las exportaciones

En el quinquenio 2010 – 2014, Nicaragua exportó a Venezuela mercancías por US$1,775.2 millones, basado en el mecanismo de compensación que establece el acuerdo entre ambos países. No queda claro si el intermediario –Albanisa- coloca los productos al mismo precio al que los compra, o si lo hace a un sobreprecio. Acevedo recuerda que el texto legal sólo dice que “la parte nicaragüense le podrá ofrecer precios preferenciales a Venezuela, pero no tengo información sobre el tema de los precios”.

Al economista le llama la atención que entre 2013 y 2014, Venezuela absorbió el 48% de nuestras exportaciones de azúcar; el 42.5% de las exportaciones de carne del periodo 2010 - 2013, y el 44% de los lácteos. “Como dice la investigadora Gloria Carrión, el gran capital y los grandes grupos económicos vinculados a la exportación de estos productos es el que se ha visto más beneficiado”.

Si bien se supone que estas exportaciones se utilizan para cubrir el pago de la deuda acumulada, al revisar los montos exportados del 2012 al 2014, o sea US$1,219.6 millones, se concluye que han más que cubierto el pago de la deuda, y que posiblemente también han cubierto la cuota que se debe enterar a los 90 días.

Existe el temor entre las empresas involucradas de que una Venezuela en problemas, genere una crisis para el sector exportador, y se afecten sectores como la carne, azúcar, (que ya está afectada por la caída de los precios), más los productos lácteos y las aceiteras.

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Este trabajo es producto de un proyecto conjunto entre armando.info (Venezuela) y Confidencial, que contó con el apoyo de Open Society Foundation. Contó con el asesoramiento del economista Adolfo Acevedo.

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