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Unos 25 mil adultos mayores califican para pensiones reducidas

El último deseo de los jubilados

Para quienes no cotizaron las 750 semanas que establece la Ley, obtener una pensión reducida podría ser su último deseo de vida.

Cinthia Membreño | 14/1/2013
@LaMembrete

“¡La tía Chayo es mentirosa!”, advierte Jalima Ruiz, una capitalina de 61 años, al referirse a Rosario Murillo. Su rostro moreno apenas se distingue entre un grupo de hombres ancianos y su voz chillona destaca en el lugar donde, cada quince días, se reúne la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), una asociación sin fines de lucro radicada en Managua.

En la comida radica la mentira, afirma doña Jalima, porque desde Octubre pasado los integrantes de la asociación dejaron de recibir un saco de alimentos que el gobierno de Daniel Ortega les brindó durante casi dos años, en respuesta a la demanda de pensión reducida destinada a los trabajadores que no cumplieron con las 750 semanas de cotización establecidas por la Ley de Seguridad Social.

La terraza en donde se realiza este encuentro de adultos mayores es parte de las instalaciones del centro de salud de Villa Venezuela, un barrio de clase obrera ubicado a unos 20 minutos del núcleo actual de la capital. El sitio está repleto de abuelos que se preparan para la manifestación del próximo 16 de Enero, fecha en que se plantarán frente a la Asamblea Nacional, demandando el acceso a ese tipo de pensión.

Hasta el momento, lo único que estos adultos han recibido del gobierno han sido esos sacos de alimentos, además de un “bono solidario” mensual cuyo monto varía entre los C$1,200 y los C$2,800. La realidad, sin embargo, es que este “paquete” no es la pensión que ellos exijen y su repartición no está establecida dentro de ninguna ley, lo que implica que ésta podría desaparecer sin previo aviso.

Sobrevivir con poco dinero

“La tía Chayo dijo en Octubre que no nos iba a quitar la comida, salió en el Canal 8. Y fue cuando más rápido nos la quitó”, se queja, apesarada, doña Jalima durante la segunda asamblea de la UNAM que se realiza esta mañana. Junto a ella se encuentra su nieta de cuatro años, una niña de sonrisa tímida que abre su silla plegable y se acomoda en donde sea que esté su abuela.

Doña Jalima explica que sobrevive lavando y planchando ropa. Además, limpia casas, pero las ganancias que percibe son pocas y sus empleadores no le pagan ningún tipo de seguro. Aunque en teoría sus hijas podrían ayudarle, no tiene otra que valerse por sí misma, pues una de ellas mantiene a sus pequeñas y la otra está terminando su carrera y no tiene trabajo.

La situación de esta abuela empeora cuando se enferma. Al no gozar de los beneficios de su pensión, su única alternativa es ir al centro de salud del barrio en donde vive. “Pero allí sólo te recetan Ibuprofeno”, aclara. “Yo tengo que comprar mis propias medicinas y cuando no las tienen en la farmacia del centro rompo las recetas. No le hago caso a lo que tengo”, dice doña Jalima, resignada.

El caso de esta aspirante a pensionada no es el único, pues son centenares los adultos que se congregan en las asambleas de la UNAM. El mayor problema es que algunos no cotizaron ni las 250 semanas que, según la versión de 1982 de la Ley del Seguro Social, eran suficientes para acceder a una pensión por el  monto del salario mínimo vigente. El artículo 56, donde aparecía esta disposición, fue derogado en la década de los 90.

También están otro tipo de afiliados de la asociación: aquellos que tienen más de 500 cotizaciones. Tal es el caso de Alejandro Hernández, de 72 años, originario del municipio de Mateare y quien durante más de una década trabajó como tractorista en una hacienda. Luego de tener una serie de trabajos informales, abrió su propia pulpería.

El inconveniente que tiene ahora don Alejandro es que su único jefe nunca le brindó el comprobante de sus cotizaciones, así que cuando pidió su estado de cuenta en el INSS y los cálculos no cuadraron, no tenía manera de respaldar su reclamo. Según él, deberían aparecer más de 600 cotizaciones en su estado, pero sólo posee 532.

La historia es la misma para muchos otros de los que se congregan esta mañana en la sede de la UNAM. Sus estados de cuenta aparecen reflejados en trozos de papel arrugados, un poco sucios y otros tanto rotos. A medida que los abren de par en par, se pueden ver muchas columnas vacías en años que, según ellos, sí laboraron.

Entre el murmullo que poco a poco se apodera del ambiente, un señor de gorra, blusa y tennis blancos se pone de pie. Detrás de sus lentes de sol se esconde un ceño fruncido, él levanta el bastón de madera con su mano derecha e inmediatamente vocifera: “Tengo 93 años, soy de El Rama, ¡No es justo que me quieran pagar una mierda!”

El lugar se llena de reclamos.

Una posible solución

A unos pocos metros de esa terraza, Porfirio García descansa entre las cuatro paredes que conforman su oficina. Está visiblemente cansado, le cuesta respirar y habla bajito. Con parsimonia, el presidente de la UNAM explica que el gobierno de Ortega organizó una comisión de negociación para abordar el tema de las pensiones reducidas, pero de Octubre pasado hasta ahora no se ha hecho nada significativo, indica.

“De no otorgarse las pensiones, exigimos que se nos regrese el dinero invertido durante nuestros años laborales. Si no se logra eso, demandamos que se nos dé un bono equivalente, una ayuda técnica u otros beneficios que sí reciben los pensionados”, recalca García.

A cinco años de su fundación, los integrantes de la asociación han tenido sus logros. De acuerdo a García, el “bono solidario” que reciben es uno de ellos y el incremento de los montos que lo conforman fue otro. Los lentes, sillas de ruedas, audífonos y bastones que consiguieron con el INSS, además de la atención mejorada por parte del MINSA son grandes victorias.

No obstante, los adultos mayores apuestan a la pensión. La receta de problemas aumenta cuando se toma en cuenta que, según García, el INSS no posee un registro actualizado de personas que deberían recibir la pensión reducida. “Ellos dicen que son 53 mil, nosotros que 25 mil. ¿Por qué lo aumentan? Porque después de sacar cuentas dicen que es mucha plata y que el Estado no puede pagar”, concluye.

La propuesta de reforma

Jalima Ruiz, Alejandro Hernández, Porfirio Díaz y el resto de adultos mayores que discuten la logística de la próxima manifestación tienen una sola idea en mente: la Propuesta de Fortalecimiento del Sistema de Pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social debe ser discutida a profundidad, especialmente el apartado que aborda el tema de las pensiones reducidas.

Al menos la versión que se publicó en 2010, disponible en el sitio web del instituto, hace referencia al artículo 56 de la Ley de Seguridad Social que se derogó en los 90. Esa es la meta por la que este grupo de adultos mayores está apostando y no por las disposiciones actuales de esta misma ley, que solamente otorgan pensiones a los que tienen más de 500 cotizaciones.

En este mismo documento se propone aumentar de 750 a 1,500 las semanas de cotizaciones necesarias para jubilarse. La edad para hacerlo también incrementará. Si ahora es a los 60, de aprobarse será a los 65 años. Pero UNAM no cree que sea lo mejor.

“Nosotros estamos de acuerdo con la aplicación de reformas, pero que sean para mejorar las pensiones, la asistencia médica y las medicinas que el pensionado necesite. Se requieren reformas, sí, pero que beneficien a los trabajadores”, asegura García.

Al acabar la segunda asamblea de la UNAM, don Porfirio ya no está en su oficina. Uno de los líderes de la asociación informa a los afiliados que se ha tenido que marchar a un hospital, a pesar de no ser pensionado, para que lo atiendan.

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