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Energía: un acuerdo, y pronto

No estoy sugiriendo una curiosidad anecdótica, sino algo de una gran trascendencia institucional: los gobernantes autoritarios, como Ortega, y como los Somoza, frecuentemente establecen para sus funcionarios inmediatos bajos sueldos legales.

Edmundo Jarquín | 28/10/2012
@mundoj1

A nadie le cabe la menor duda que uno de los principales obstáculos que lastran las posibilidades de nuestro desarrollo es el costo de la energía. En este sentido, y aunque el gobierno nunca ha dejado claro cuál será el impacto positivo en la tarifa eléctrica, en varias ocasiones hemos reconocido los esfuerzos que realiza para cambiar la matriz energética, actualmente tan dependiente del petróleo, que importamos en su totalidad y cuyo precio no controlamos.

Pero en los últimos días ha cobrado intensidad el debate sobre otro ángulo del problema: la distribución. Mientras los costos de distribución sean tan altos, los esfuerzos que se hagan para cambiar la matriz energética quedarán muy limitados en sus resultados.

Debemos estar claros que con el alto costo de la energía eléctrica todos perdemos. Sin la bonanza extraordinaria que hay en los precios de todos los productos de exportación, que tampoco controlamos, la gran mayoría de productores, con niveles relativamente bajos de productividad, tendrían serios problemas para absorber los costos de la energía. Muchas inversiones dejarían de ser rentables, afectándose negativamente las perspectivas del empleo. A su vez, los comerciantes y prestadores de servicios trasladan al precio de lo que venden esos altos costos de la electricidad, con lo cual se afecta el costo de la vida, y por tanto pierden los consumidores, pero también pierden productores y comerciantes porque se reduce la demanda. Y sin agotar todos los ángulos del problema, las altas tarifas incentivan el fraude energético, afectando los costos de la distribución y por tanto la tarifa, cerrándose así un círculo perverso.   

Es, entonces, de interés nacional que gobierno y empresa distribuidora de energía eléctrica alcancen un acuerdo, y pronto, que de solución a las causas de los problemas que encarecen los costos de la distribución y por tanto la tarifa, y que desestimulan la inversión en ese sector. Las pérdidas en la transmisión, casi el doble del promedio latinoamericano, están en el corazón de esas causas. Tanto la empresa distribuidora como el gobierno tienen responsabilidad. Hay pérdidas en la transmisión por causas técnicas asociadas a obsolescencia de estaciones y subestaciones de transmisión, así como del tendido de distribución. Estas causas no se eliminarán sin inversiones de la empresa distribuidora. Pero también hay pérdidas por fraude   -y es un error pensar que del mismo solamente son responsables sectores populares que se “pegan” a las líneas de distribución-  que sin una acción enérgica del gobierno no se van a reducir, y por tanto las inversiones no se realizarán.

Que no haya acuerdo, en un momento en que han trascendido los problemas de financiamiento y de otra índole que enfrenta el buque insignia del cambio de matriz energética, como es el proyecto hidroeléctrico Tumarín, pese a que la ley al respecto ha sido modificada recientemente para darle más y más exoneraciones, puede asestar un severo golpe a la solución de uno de los problemas que más entraban nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo. Todos saldríamos perdiendo, el gobierno incluso, aunque se pudieran beneficiar de semejante tragedia pequeños grupos de interés.

El problema de esas negociaciones no es técnico. Si el gobierno es capaz de sobreponerse a cálculos políticos de corto plazo, y a conflictos de interés, tiene solución. ¡Ojalá! 

Reconocimiento

Que la Jefa de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera, haya públicamente pedido perdón, en nombre de la institución, a los familiares de un motociclista que fue ultimado por la espalda por dos oficiales, es un hecho que merece reconocimiento y que no debemos dejar que se pierda en medio de las pasiones derivadas de los agravios institucionales y políticos que el gobierno de Ortega ha ocasionado al país, a la Policía Nacional, incluso.

Esa actitud se corresponde con la naturaleza de una institución que, como producto de los acuerdos con los cuales se puso fin a la guerra civil de los años ochenta, evolucionó a reconocibles niveles de profesionalización y despolitización. Y qué duda cabe, lamentablemente, que esa saludable evolución ha sido interrumpida y hasta revertida.

Hubiese sido ennoblecedor de la institución policial, y sensiblemente educativo para toda la sociedad, que las mismas disculpas se hubiesen ofrecido a los familiares de las víctimas de la matanza de El Carrizo, en San José de Cusmapa, poco después de las últimas elecciones. Pero ahí, y muy probablemente a pesar de las convicciones más íntimas de los mandos policiales, se alzó el muro político de la insensibilidad y arrogancia gubernamental.

Sobre el debate presupuestario

Se ha iniciado en la Asamblea Nacional la consideración del proyecto de Presupuesto Nacional del próximo año.

Quedamos a la espera de las consideraciones que los especialistas hagan sobre ese proyecto para conocer sus implicancias en términos del desarrollo nacional. Por lo pronto, ha trascendido que la asignación para educación básica, la más importante, apenas llega al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, menos de la mitad de lo que los Ministros de Educación de América Latina y los expertos consideran es el mínimo (7%), si se quiere establecer sólidas bases para el desarrollo y la eliminación de la pobreza.

Pero dejando al lado esa incongruencia del gobierno de Ortega, prestemos atención a otro hecho. Se ha informado que el proyecto de presupuesto contempla un modesto incremento, el 7% en promedio, en los sueldos del sector público. Sería bueno que los diputados hicieran una rápida investigación para conocer la veracidad de los sueldos reales de los altos cargos en el Estado (Presidente, Vicepresidente, Ministros, Viceministros y Magistrados del Poder Judicial y Poder Electoral). Como se recordará, entre las primeras medidas que Ortega anunció cuando se inició su ininterrumpido gobierno, hace casi 6 años, fue demagógicamente establecer un relativamente bajo tope nominal a su sueldo y el de los altos cargos.

Pues bien, los diputados podrían darse una vuelta por algunas de las casas de esos altos cargos, y a ojo de “buen cubero” como se dice popularmente, estimar si acaso se puede vivir, como muchos de ellos viven, con los sueldos establecidos en el presupuesto.

No estoy sugiriendo una curiosidad anecdótica, sino algo de una gran trascendencia institucional: los gobernantes autoritarios, como Ortega, y como los Somoza lo hicieron en su oportunidad, frecuentemente establecen para sus funcionarios inmediatos bajos sueldos legales, para que sean más leales al gobernante, que maneja una amplia red de remuneraciones de otras fuentes, que a la ley.

Algo parecido al pequeño “bono solidario” que se da a la generalidad de empleados públicos, pero bastante….bastante más grande.

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