Confidencial » Nación » Leer artículo

Jueza repartió bienes de Fariñas, pero desde el 2006 suman $40 millones

¿Quién se quedó con el resto del botín narco?

Jueza Cardoza incluyó a PGR aunque ley no la contemplaba; política de Estado se enrumba a centralizar repartición en el Ejecutivo.

Octavio Enríquez | 23/10/2012
@cabistan

La asignación de mansiones y fincas que pertenecieron a la banda de Henry Fariñas se convirtió en un caso inusual en el que al menos se sabe públicamente el destino de bienes incautados a los narcos, aunque se trata de un acto ilegal de la jueza Adela Cardoza, a criterio de expertos consultados por Confidencial.

José Pallais, ex presidente de la comisión de justicia en el Parlamento, insiste en que estos fondos se han manejado como  un asunto de carácter privado, en el que buscar el rastro documental del dinero parece imposible.

“No hay seguimiento, no se sabe quién los administró, en qué se gastaron. No se metieron en el Presupuesto de la República. Lo manejaron como dinero privado; si vos te metés a buscar información, vas a encontrar solo información periodística que habla de las incautaciones”, dice Pallais.

Ese manejo discrecional es una ventana a la corrupción, según el exlegislador, un llamado preocupante tratándose de una fortuna que, además del dinero incautado, cuenta propiedades y fincas distribuidas a lo largo y ancho del país, tal como evidencia el reciente caso de Fariñas donde se contaban bienes en repartos exclusivos de Managua, además de vehículos de lujo.

U$40 millones incautados desde 2006

Según los datos que la primera comisionada Aminta Granera presentó en Washington en junio pasado, los investigadores se habían incautado en el país en su lucha contra el crimen organizado 31.7 millones de dólares y 7.5 millones de córdobas en apenas cinco años (2006-11).

Además la Policía Nacional confiscó 1, 417 armas de fuego, 1,234 medios de transporte terrestre, 18 medios aéreos y 168 medios marítimos según el informe oficial.

A la fecha la fortuna confiscada al narco, sólo en moneda, se habría elevado hasta más de 40.9 millones de dólares, después que en agosto se incautó 9.2 millones de dólares a 18 mexicanos que se hacían pasar como periodistas de Televisa.

El Presidente Daniel Ortega ordenó, sobre el dinero incautado a los falsos periodistas, que fueran utilizados para  la construcción de cárceles en el país. El 18 de octubre pasado, las autoridades informaron también de la captura de un hondureño que llevaba desde Nicaragua 1.9 millones de dólares, cuando se dirigía a Costa Rica, con lo que crece el botín narco sin que haya un asomo de rendición de cuentas.

“Los recursos en efectivo no han entrado al Ministerio de Hacienda, la primera decisión de responsabilizarse fue cuando anunció en que se iban a invertir los nueve millones de dólares (caso de falsos Televisa). Detrás de esos millones, hay muchísimos más. Esa fue una expresión de voluntad decir yo me hago responsable”, valoró Pallais.

Para el analista en temas de seguridad, Roberto Orozco, que el mandatario haya decidido la repartición, antes que la jueza haya empezado el proceso-- inicia el nueve de noviembre-- es una clara evidencia de que está actuando como juez y parte en las reparticiones, demostrando su injerencia en los tribunales.

“Parece que es una política del gobierno establecida al más alto nivel cómo se va repartir el dinero. Acordate que el Presidente ha venido actuando como juez y parte, decide al margen de lo estipulado por la ley, decide al final, lo nuevo es que esta gente (Fiscalía- Policía) no está peleando, ahora todo mundo recibió”, explica Orozco.

Los bienes de la banda de Fariñas

Los expertos criticaron la facultad legal que se atribuyó la jueza Adela Cardoza, del tribunal segundo de juicio de Managua, para distribuir los bienes decomisados a la banda de Fariñas, quien dijo incluso que hacía la repartición porque no se había creado la Unidad Administradora de bienes incautados.

“Ninguna ley faculta al judicial, al poder judicial, a cualquier juez en  ejercicio a distribuir bienes decomisados por la comisión de delito de crimen organizado. Quién debe hacer la distribución es el poder ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, del cual depende y debe crearse la unidad administradora de bienes incautados”, dijo Pallais

Cardoza decidió entregar a la Procuraduría General de la República la mansión, estimada en 250 mil dólares, que Fariñas tenía en el sector de Serranía de Carretera Sur, e igual pasó con los bienes del testaferro de éste, Hugo Jáenz, quien moraba en las Colinas.

Al mismo beneficiario, la PGR,  la jueza decidió asignarle propiedades que la banda tenía en carretera a Masaya, Boaco, Nueva Guinea, Villa Tipitapa.

Pallais cuestiona que la PGR sea beneficiada con la repartición porque en la ley de crimen organizado no se le contempla. “La ley no dispone que la PGR juegue ningún rol en la distribución, ni como receptor. El reglamento trasladó la distribución de los bienes a la PGR, lo cual no está facultado para ello en la ley de rango superior. La juez le está dando reconocimiento, fuera de sus atribuciones, a un reglamento ilegal, que contradice la ley aprobada por Asamblea Nacional, promulgado por el Presidente”, explicó el abogado.

La jueza cedió también el armamento decomisado a la Corte Suprema de Justicia. Se destacan una pistola marca Mitchell 9 mm, color negro niquelado, pero también hay escopetas y otras pistolas marca Glock. A la Dirección de Seguridad Personal, Cardoza asignó los teléfonos celulares de la organización, y ordenó subasta pública en el caso de las joyas.

Tres botes de la organización serán ahora del Ejército. El exlegislador recalcó que en la ley se establece que en el caso de medios marítimos sean entregados a los militares, pero nuevamente resaltó que  la Unidad Administradora de Bienes incautados debe encargarse de la distribución.

Pero la realidad, más allá de las palabras de Pallais, es que la Unidad Administradora existe hasta ahora solo en papel y  hasta este año se le asignó un presupuesto de 2.6 millones de córdobas para 2013; de los cuales 1.15 millones serán empleados en salarios.

Solís justifica a jueces

“Como no se  ha creado la Unidad, por eso los jueces siguen disponiendo cómo entregan los bienes”, dice Rafael Solís, uno de los operadores políticos de mayor confianza de Ortega dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Solís defiende que Ortega disponga de cómo se distribuirán los bienes, aunque sostiene que habría que esperar que termine el juicio, que vaya a Apelación y después a casación para resolver el destino.

“A través del Ministro de hacienda, el presidente sí tiene la facultad de construir cárceles pues”, añadió Solís en entrevista telefónica con Confidencial, donde negó que el Presidente esté transmitiendo su control del poder judicial al anunciar sentencias de procesos judiciales que aún no arrancan su etapa de juicio como ocurre con los mexicanos de Televisa.

Pallais insiste en que el manejo discrecional fomentado por Ortega favorece la corrupción.

“Significa favorecer la corrupción, dejar que metan la mano en arca abierta para que pequen, porque ha habido falta de voluntad política porque la ley señalaba un camino y el Ejecutivo no ha tenido voluntad política para cumplir con la ley y empezar a controlar” dice Pallais sobre las actuaciones del mandatario.

“Parece que hay ahorita un cambio en las intenciones, en la expresión de las intenciones, pero el descontrol y desapego a la ley continúa”, advierte el legislador valorando el anuncio presidencial en relación con los mexicanos de Televisa.

Jueza no se pronunció sobre vehículos

 A lo largo de su sentencia, la jueza se pronunció sobre el decomiso de los bienes a la banda de Fariñas, pero no mencionó nada del destino de los vehículos de lujo incautados a la organización en el documento de la sentencia, dictada a la lo largo de 288 páginas.

 

El récord de los narcobienes

En los últimos años, el manejo de los narcodólares ha dado mucho de que hablar en el país por escándalos vinculados al partido de gobierno, que van desde marrullerías que permitieron la salida de dinero de las cuentas de la CSJ hasta el reparto de bienes con fines partidarios.

El escándalo de los U$ 609 mil: El ex magistrado sandinista Rogers Camilo Argüello, quien habría sido destituido poco tiempo después por el FSLN, admitió que había hecho una jugada legal para liberar esta fortuna que había sido incautada al narcotraficante José González Largo y que se encontraba depositada en la Suprema. “Si te das cuenta que yo tengo una sentencia a favor tuya, esta jugada la podés hacer y es legal. Llevás cuatro firmas y hay dos firmas que están gallo-gallina que quieren y no quieren. Pueden recibir una orden y retiran la firma. Aquí todo el mundo viene a cabildear”, dijo en 2005 en entrevista con La Prensa.

Repartición UNA: El rector de la Universidad Nacional Agraria reconoció que estaban administrando con fines académicos, un hotel que había sido decomisado a los narcos de una operación que las autoridades bautizaron como Dominó. “Es un pequeño hotel y está siendo utilizado para fortalecer el intercambio académico a nivel internacional de las universidades del CNU y de otras instituciones públicas que así lo requieran”, dijo Telémaco Talavera, rector y asesor del Presidente Ortega.

Las tierras de Sinaloa: Con el fin de hacer proselitismo político, la PGR repartió la finca La Ceiba que pertenecía a la célula de Sinaloa que quiso instalarse en el país. Esa propiedad, ubicada en el kilómetro 66 carretera norte, valía 150 mil dólares. “Lo importante es que se está beneficiando a los ex desmovilizados con esta titulación y que no las está tomando ningún particular, como en tiempos de doña Violeta, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños”, sostuvo entonces la PGR.

Fuentes: Diarios Nacionales/La Prensa y End.

Comentarios

5
Juan J Jiron

En ese relajo quienes están quedando con la mayor y mejor tajada son los funcionarios del gobierno chamuco. Que puedde hacer la UNA con tantas fincas si hace poco le estabn exigiendo la evolución de una propiedad que tenía mucho ganado y los dueños que la reclaman estna inconformes por que todo el ganado lo vendió Telémaco Talavera. Qué se hizo ese dinero?? Se la dieron a Administrar o se la dieron para que vendiera?? Eee ganado bien pudo ir a parar ala finca que el señor Talavera tiene en Boaco.
Quién le dá seguimiento al manejo de esos recursos??
En río revuleto gananciaa de rectores, procuradores, jueces, magistrados y comisionados.

4
La verdad duele

Por desgracia, todos los propietarios de cualquier cosa baliosa, deben ponerse a pensar... Pues resulta que los funcionarios judiciales, policiales y de gobierno ahora tienen una forma de hacer decomizos, expropiaciones y despojos, de una manera que hasta les hace parecer héroes. Pero si estan lucrandose con esos bienes nadie garantiza que actuen apegados a derecho, y las personas que estan siendo ejuiciadas pueden ser en su mayoría inocentes. El peligro es para cada nicaraguense o extrajero radicado a quí y con bienes importantes, fíjense!, en cualquier momento los acusan de narcotrafico y ya saben que tienen la condena asegurada, de otra manera no puedrían apropiarse de sus bienes!

3
Diyito

Ya ni hablar vale la pena!!! Es demas... Ya todos sabemos la historia!

2
Jaime Jose

Como dice el dicho, nadie sabe para quien trabaja. Mientras unos traficantes "Trabajan" para mover droga y plata, otros la reciben y se la reparten sin mover un dedo. Cada año se sacan la loteria con estos quiebres.

1
sierra dos

Estos quiebres (Millones de US$, bienes, autos, motos, lanchas, fincas, drogas,etc,etc) son convenientes para estas entidades, ya que de esllas se lucran y se benefician algunos de sus funcionarios, y mas aun, nadie da razon o cuenta como la distribuyen o en que o quien utiliza esos medios o bienes. Por ejemplo, los bienes incautados, nadie sabe en que utilizan una finca, una casa, en manos de quien queda o para beneficio de que se encuentra., al menos deberian de crear CDI o clinicas o puestos de salud en alguna comunidad que no la tenga, segun donde se situe el bien, o repartir las tierras de las fincas confiscadas a tantos ex eps. ex mingob o actuales necesitados de tierras para vivir y/o trabajarlas, en vez que anden la gente tomandose propiedades privadas.

Más en: Nación

Otros artículos del mismo autor