23 de enero 2019
AA
Al iniciarse 2019 varios factores concurren para abrir una nueva oportunidad para el cambio político en Venezuela. Si bien es cierto que pese a todo pronóstico el gobierno sobrevivió su primer período, el contexto actual poco favorece su estabilidad para este período constitucional (2019-2025). La conversión del régimen en una dictadura, el desconocimiento a la ANC y a los resultados de la espuria elección presidencial de 2017 por parte de actores internacionales y la AN, junto al continuo agravamiento de la crisis estructural, vienen aislando a Maduro, obstaculizándole el acceso a recursos de instancias internacionales para perpetuarse en el poder.
Sanciones sobre funcionarios de Maduro, incluido él mismo y la primera dama, por parte de actores como el gobierno de EEUU, la Unión Europea y el Grupo de Lima, ejercen presiones sobre la élite gobernante para que rectifique y negocie un cambio que ponga fin a la interrupción democrática y la crisis global. En instancias como la OEA y la ONU, el Tribunal de la Haya, la Corte Interamericana de DD. HH., o la OIT, se acumulan expedientes de violación de DD. HH. e involucramiento con actividades delictivas de funcionarios militares y civiles. Estas sanciones les impiden moverse, invertir o disfrutar con seguridad de sus fortunas, adquiridas en el ejercicio patrimonial del poder en estos años.
Internamente, los actores políticos opositores han venido reconstruyendo sus vínculos y pensando estrategias unitarias más cónsonos con la realidad de sus fuerzas, muy diezmadas y desprestigiadas por fracasos pasados. En este nuevo período legislativo, cumpliendo acuerdos políticos, la AN quedó presidida por un diputado del partido Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López, un líder carismático, que tiene casa por cárcel, cumpliendo desde 2014 una sentencia de trece años, responsabilizado por el gobierno de la violencia en las protestas de ese año. Su partido, junto a Primero Justicia (PJ), ha sido severamente perseguidos y destruidos por la represión gubernamental.
El 5 de enero, el diputado Juan Guaidó, durante su juramento como presidente de la AN para el año legislativo 2019, pronunció un discurso certero. Se refirió a la usurpación de la Presidencia por parte de Maduro, y la intención de la AN de liderar, con el apoyo popular, acciones conducentes al cambio político. Guaidó, un joven de 35 años, de origen humilde, con una carrera política que se originó en el movimiento estudiantil, pareció capturar el imaginario popular. Solicitó la activación de la política de la calle, para presionar a la dictadura a entrar en razón, y presentó la estrategia política consensuada por los partidos opositores para alcanzar la transición democrática. Se resume ésta, primero en un protagonismo de la AN como el articulador de las fuerzas para el cambio, construyendo tanto el marco jurídico como un entorno de poder ciudadano que incluye a los militares y la diáspora. Segundo, unas líneas de acción que comprenderían los objetivos de: a) Hacer cesar la usurpación; b) Crear un gobierno de transición; c) Alcanzar condiciones para elecciones justas y transparentes.
Para iniciar la activación del poder ciudadano, Guaidó llamó a cabildos abiertos en todos les espacios nacionales para escuchar y alentar a la gente a organizarse y movilizarse en apoyo a la Asamblea. Fijó la fecha del 23 de enero, icónica en Venezuela por ser el día que cayó la anterior dictadura en 1958, para dar la primera manifestación de músculo sociopolítico. Los cabildos abiertos comenzaron a realizarse en todas las urbes del país.
Comentarios finales: los desafíos
El gobierno de Maduro, pese a las debilidades señaladas, sigue controlando, sin duda, todos los hilos del poder. En lo internacional, como contraparte a las alianzas internacionales de los partidos opositores, ha ido construyendo vínculos con Rusia, China, Irán y Turquía, contando con que, a cambio de condiciones favorables a sus intereses, le sirvan de aliados para neutralizar presiones de EE. UU. y otros actores de la comunidad internacional. Cuba, por otra parte, es su socio y aliado en todo lo concerniente a estrategias frente al imperialismo, y es el sostén del aparato represivo totalitario interno.
Las instituciones militares, siguen siendo el principal pilar del régimen y pese a descontentos, deserciones, amenazas y detenciones, los altos mandos siguen mostrando lealtad al dictador. Sin embargo, 2018 fue año de alzamientos, respondido por una severa represión, con denuncias de torturas y maltratos. Más de 180 militares están presos, una cifra histórica. Hay, además, un número similar de investigados, sometidos a presiones e interrogatorios. Es un sector que Maduro, bajo asesoría cubana, no ha descuidado desde 2013, cuando procedió a restructurarla para, entre otros aspectos, fortalecer a la Guardia Nacional sobre otros componentes, en su capacidad de control interno de país, y ampliar la Guardia de Honor Presidencial y otros cuerpos para protección del dictador.
Los militares son un sector privilegiado, con irrestrictos accesos al Petroestado. Tienen cuotas de poder que los ponen en control de sectores clave como el de importación y distribución de alimentos, el sistema cambiario, la petrolera PDVSA y el Arco Minero. Los privilegios se refuerzan con controles en los cuarteles y con exigencias como el de jurar lealtad personal a Maduro con cierta frecuencia. La institución ha perdido sus rasgos corporativos. Los diferentes grupos de poder necesitan la supervivencia de la élite gobernante para proteger sus intereses y salvarse de persecuciones de la justicia nacional o internacional. Los oficiales de rangos medios o bajos sufren las penurias del venezolano común y es allí donde las lealtades pudieran, con menos resistencia, romperse con las presiones nacionales e internacionales.
Las características desprofesionalizadas de los componentes militares refuerzan la importancia y centralidad de estrategias y tácticas dirigidas por la sociedad civil y política nacional, apoyada y articulada a la comunidad internacional para interrumpir la marcha hacia la consolidación del régimen autoritario. Si bien son necesarias fracturas en el apoyo del sector militar a Maduro, son los civiles quienes tienen el reto de liderar la lucha ante unos sectores militares profundamente desinstitucionalizados, autoritarios y corrompidos. En este orden de ideas, la esperanza que se despertó este enero con la AN y Guaidó, es apenas un embrión necesitado de cuidados intensivos diarios para evolucionar hacia un movimiento nacional capaz de llevar a la dictadura a ceder en sus objetivos y negociar la transición.
La batuta de la compleja trama de alianzas y redes a vincularse entre sí, con un propósito y estrategia comunes es del parlamento venezolano, como poder público plural, legal y legítimamente electo en 2015, que terminará su mandato en 2021. Es una responsabilidad suprema que los diputados doblen su vocación de servicio y encuentren la madurez política para manejar, con consensos y mediante decisiones políticas y legales bien pensadas, la nave que ha de llegar al puerto. Las leyes de Transición y de Amnistía, introducidas a mediados de enero a la AN, van en la dirección correcta. Ellas someten a discusión pública los términos para que la transición que se inicie sea consensuada. Allí se dan incentivos a tirios y troyanos para incorporarse a esta causa. El espacio para dirimir diferencias dentro de un propósito común es el parlamento, y votar es lo justo. La ciudadanía y la comunidad internacional, por su parte, exigen disposición de los partidos a deponer anteriores muestras de ambiciones e intereses personales o partidistas, en pro de la acumulación de fuerzas necesaria para forzar a la cúpula gobernante a aceptar el cambio democrático. Los fracasos anteriores deben servir de referencias para no cometer errores, que podrían ser fatales.
2018 pudo parecer un año letárgico, pero fue en él donde comenzaron acciones soterradas por parte de organizaciones y personalidades civiles, muchas ni políticas ni partidistas, para restañar heridas entre partidos y dirigentes. También se activaron y crearon asociaciones civiles para registrar y denunciar la violación de DDHH en las instancias internacionales y crear estructuras colectivas de solidaridad, dentro y fuera del país para asistir a una población huérfana de derechos. En marzo se constituyó la plataforma Frente Amplio para la Venezuela Libre (FAVL), con el propósito de encontrar espacios articuladores para el diálogo y la acción de actores políticos y sociales. Estas iniciativas deben continuar, expandirse y fortalecerse, porque un tejido social denso y sólido es imprescindible para sostener la ruta de la transición y, sobre todo, para garantizar la consolidación democrática, después de la devastación extrema padecida. Será, sin duda, un proceso largo, difícil, lleno de obstáculos.
En Venezuela necesitamos como parte de ese tejido social, un sector económico nuevo, organizado, productivo, empresarial y financiero, que esté convencido de las bondades de un régimen democrático y dispuesto a apoyarlo con sus bienes y trabajo, sabiendo que entraña sacrificios como deponer intereses individuales, ganancias temporales en pro del bien común. La mentalidad del rentismo, del dinero fácil, del enchufe, del tráfico de influencias, haría naufragar el proceso. Con los sindicatos y los gremios también hará falta otra concepción de la lucha laboral, donde superar la mentalidad de exigir derechos sin deberes es obligatorio. En Venezuela, los intereses individuales y forajidos antes y con el chavismo han sido muy fuertes, penetraron el Petroestado y el sistema social hasta la médula y no será pronto, ni fácil, que puedan ser erradicados. La experiencia en América Latina señala que, los pasajes más exitosos a la democracia se han dado cuando las élites económicas, sociales y políticas asumen un genuino interés por la democracia y están dispuestos a sacrificarse por ella. Se trataría entonces de construir las bases de una nación ancha, donde todos compartamos intereses, asumamos deberes y nos reconozcamos con los mismos derechos.
El año parece decisivo para quienes propugnan el cambio democrático. De darse un vigoroso movimiento sociopolítico, seguramente un proceso de negociación entre gobierno y oposición volverá a surgir. Es inevitable, si la vocación política es por una solución pacífica y democrática a la crisis estructural de la nación. Entendamos que, reconstruir la república pasa por reconocer sus profundos déficits democráticos, de desigualdad social y de exclusiones culturales, que trajeron estos desarrollos nefastos. Por ello, 2019 es un año que nos exige a cada ciudadano, organización, partido, activista y dirigente político responsabilidad, cabeza fría, el deber de estar informados, crecerse en la adversidad y actuar sin extremismos ni búsqueda de líderes mesiánicos. Hoy, más que nunca se tiene la posibilidad de construir una democracia más robusta que la anterior, aprendiendo de sus gazapos y entendiendo las oscuras corrientes nepóticas, caudillistas, intolerantes y primitivas del alma nacional, que sirvieron de sustrato a la tragedia chavista que hoy agoniza. Contribuyamos todos para que la AN, la nave que guía esta nueva estrategia, no se hunda en los torbellinos y peñascos que amenazan desde adentro y desde afuera y desde todas direcciones.
Politóloga venezolana. Fragmento de una ponencia publicada en ProDavinci
