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MINSA le renueva contrato por casi un millón de dólares

Sigue ventajismo a favor de DNP

Empresa vinculada a la familia presidencial maneja relación privilegiada con las instituciones del Estado.

Octavio Enríquez | 7/10/2012
@cabistan

El Ministerio de Salud (Minsa) continúa adjudicando contratos millonarios a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), una red privada de gasolineras manejada desde hace tres años por el grupo empresarial de la familia presidencial.

La ministra Sonia Castro ordenó el 26 de septiembre la adjudicación de un contrato por un monto equivalente a 965,682.67 dólares después del proceso de licitación pública número 41-07-2012.

Según la resolución ministerial, la DNP se compromete a suministrar el diesel y el búnker necesarios para las calderas de 15 hospitales que generan vapor útil para la esterilización de instrumentos médicos, secado de ropa y cocina, según la documentación interna en poder de Confidencial.

El traspaso de la DNP a una administración privada asociada con los negocios de la familia presidencial ocurrió en 2009 después que el Gobierno retiró la concesión con la que antes operaba el consorcio suizo Glencore y, a pesar de que funcionarios como el Procurador Hernán Estrada, prometieron que  la empresa volvería al Estado.

Es una compañía rentable con ingresos de 21 millones de dólares mensuales, de acuerdo con datos oficiales.

Conforme con el poder general de administración número 21, firmado en Managua el 19 de marzo de 2009 ante la notario Reyna Anais del Socorro Araica López, los socios de la compañía son el abogado José María Enríquez Moncada y el ingeniero José Mojica Mejía, ambos personajes vinculados a las empresas de los hijos del mandatario, quienes cedieron un poder general de administración a favor de Yadira Leets, esposa de Rafael Ortega Murillo,  hijo mayor del mandatario.

Confidencial solicitó por escrito una entrevista con el Procurador General de la República, Hernán Estrada,  para obtener una explicación sobre el traspaso de la propiedad de la empresa a estos personajes vinculados al Ejecutivo, pero no hubo respuesta y tampoco el funcionario respondió su celular, pese a varios intentos de consulta durante la semana anterior.

El único oferente del MINSA

La resolución ministerial dice que, a cambio del monto aprobado, DNP se compromete a proveer mensualmente  durante ocho meses 21,900 galones de búnker y 12,500 galones de diesel a 15 hospitales del país.

El documento oficial plantea que  los hidrocarburos se utilizarán en calderas para

generar vapor útil en el funcionamiento de “autoclaves,  lavadoras,  marmitas, planchadoras y secadoras (…) importantes para la esterilización de instrumentales médicos, secado de ropa y cocina”.

Según una investigación que publiqué con el colega Moisés Martínez en La Prensa en enero de 2012, la empresa fue beneficiada desde 2010 con 1.69 millones de dólares en contratos con instituciones estatales, entre ellas el mismo Minsa, el Instituto Nacional de Información (Inide) y la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), cuyos comités de licitación argumentaron que recibieron únicamente la oferta de la DNP.

En este caso, aunque no son explícitos, en la homologación el único proveedor que hace preguntas ante el comité de licitación es precisamente la empresa vinculada a la familia presidencial.

Minsa guarda silencio

Confidencial solicitó la versión del MINSA sobre la forma cómo se realizó la nueva adjudicación a la DNP, pero no hubo respuesta a nuestra solicitud por escrito, luego que la vocera de la institución, Vilma Areas, prometió buscar una versión.

Con el contrato del Minsa este año, esta institución renueva el acuerdo de años anteriores cuando, por proveer también el diesel y el bunker en los hospitales, el Estado pagó 12.784 millones de córdobas en 2010 y 17.13 millones en 2011 por una cuota menor en galones de búnker y gasolina si se compara con la actual.

En los contratos de 2010 y 2011, la nuera de Ortega compareció como directora ejecutiva de la DNP en el contrato.

Ahí se citó el poder general de administración en el que se descubrió la participación de Enríquez Moncada,  Mojica Mejía y  Aura Toruño Porras como socios, lo que desmintió la versión oficial que señaló que esta empresa había regresado a manos del Estado tras la denuncia contra el consorcio Glencore.

El poder de administración

En este poder general de administración, se cita una reunión de accionistas celebrada en el segundo piso del edificio número 8 de Ofiplaza El Retiro, la sede central de la DNP en Managua, donde se dieron cita Enríquez Moncada en su calidad de propietario de 800 acciones, Mojica Mejía propietario de cien. La tercera socia es Aura Toruño Porras, dueña de otras 100 acciones.

“Preside la sesión el señor José María Enríquez Moncada asistido del señor José Jorge Mojica Mejía, quien actúa como secretario. Segunda: autorizar al señor Enríquez Moncada para concurrir ante notario público de su elección a otorgar en nombre y representación de la sociedad a favor de la licenciada Yadira Leets Marín, quien es mayor de edad, casada, licenciada en comercio exterior (…) y otorgarle poder general de administración”, dice el documento donde se cita el acta número 43 de la junta general extraordinaria de accionistas.

Enríquez Moncada se molestó cuando fue contactado vía telefónica para consultarlo y después de insultos dijo en son de burla: “No te voy a dar ninguna declaración, no me importa”. Así terminó una primera llamada telefónica.

En un segundo intento, después de plantear que escucharía por educación el planteamiento, reiteró: “No te voy a decir nada, no insistás en eso y ya está”.

José Mojica Mejía y José María Enríquez Moncada son también  los socios nicaragüenses de Yota de Nicaragua S.A, la telefónica rusa que se alzó en octubre de 2009 con la licencia para operar servicio de telefonía en banda ancha y acceso a internet.

Según publicaciones periodísticas, Mojica Mejía es el apoderado legal de Canal 8, mientras  Enríquez Moncada es el presidente de la Fundación TN8. El representante legal de Canal 13, dirigido por tres hijos del mandatario, es Enríquez Moncada.

Tanto Enríquez Moncada como Mojica Mejía y Aura Toruño Porras son socios también de  DNP Internacional S.A.,  Nicapetrol S.A. y DNP Internacional de Nicaragua S.A., vinculadas al negocio petrolero.

García Quintero analiza danza de contratos

“Todos estuvieran presos si hubieran instituciones fuertes”

El penalista Sergio García Quintero siempre recuerda que hay un artículo en el Código Penal (el 448) que nunca se ha usado, aquel mediante el que un funcionario público puede ser enjuiciado por enriquecimiento público.

En enero García Quintero cuestionó que la concesión de los contratos a favor de DNP quedaron en manos de la familia presidencial, entonces recordó que si hubiese beligerancia de la Contraloría, igual de la Fiscalía, el escenario de impunidad sería distinto. Ahora en entrevista con Confidencial, nuevamente vuelve sobre este tema tantos meses después cuando no ha pasado nada pese las denuncias.

¿Qué puede decir de que continúe este patrón en el Estado de ofrecer contratos a la DNP?

Desgraciadamente esta actitud de la Contraloría deja mucho que desear porque es prácticamente un punto focal para permitir e impulsar la corrupción nacional en el país y desgraciadamente en ese aspecto la Fiscalía General del Estado actúa posiblemente como la más corrupta de las instituciones, puesto que la CGR si no cumple lo señalado en las leyes, la Fiscalía debería estar cumpliendo.

No podrían ser que ninguna transacción de parte del Estado, en que esté en juego dinero estatal, si no es previa actuación de la CGR.

Ahí se queda en un punto ciego, porque se hace imposible lograr establecer el enriquecimiento en un capítulo inexistente y lo digo en el sentido de que nunca hemos visto un solo proceso contra un funcionario que se ha enriquecido. Hay miles de formas: peculado, fraude o en este caso con contratación dolosa en beneficio de funcionarios y de los que estén implicados en este asunto.

La cuestión debe ser primero con la Contraloría y después acudir a la Fiscalía para entablar acusación correspondiente.

Jugando al abogado del diablo, ¿qué diría usted si un funcionario dijera: nadie prohíbe que mis parientes contraten con el Estado, en este caso mi nuera, si hablamos del Presidente?

Sería una defensa disparatada, porque no nos estamos refiriendo a su pariente ni a él mismo, nos  estamos refiriendo de que toda contratación de parte del Estado debe ser controlada por los órganos contables señalados sobre esa materia, independientemente quién sea el que actúa, el protector o los parientes, o los que sean, no importa, porque lo que tiene que haber primero es una subordinación a la ley de contrataciones del Estado para ver cómo se está llevando este asunto que es lo que ocurre también con las licitaciones, es una figura muy cercana y parecida a este caso.

¿Qué prohibiciones tienen los funcionarios para contratar?

En cuanto a la integridad moral de los funcionarios públicos, el funcionario público debe abstenerse en esa contratación dentro del cuatro grado de consanguinidad o segundo de afinidad e inclusive antes  en la ley anterior a esta qué fue modificada desgraciadamente supuestamente para modernizarla, estaba señalado de terceras personas que, aunque no fueran parientes, que fueran interpósitas personas que sirviera para los fines de la defraudación, todo eso lleva al punto focal de la CGR.

¿Qué hubiera pasado con este caso si este país tuviera instituciones fuertes?

Estaría en la cárcel, porque  el solo hecho de que los ingresos y egresos no cuadren de manera legal, se operaría la figura del enriquecimiento ilícito que es un delito autónomo y cuando se encuentre con que alguien ha acumulado bienes o fortunas que no cuadran con los ingresos que recibe como funcionario público, por solo eso hecho y sin investigar a fondo cuáles son los delitos que se han cometido, por no poder justificar los bienes que tiene, se comete el delito de enriquecimiento.

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