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Ex auditor señala irregularidades en INSS y lo mandan a buscar pruebas

“Falta voluntad para investigar corrupción”

Abogado relata las veces que ha denunciado infructuosamente a Roberto Rivas por enriquecimiento ilícito.

Octavio Enríquez | 28/5/2012
@cabistan

El abogado Lulio Marenco, de 45 años, dice que ya perdió la cuenta de las veces que ha denunciado el enriquecimiento del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, desde 2009.

En todas las ocasiones, la respuesta del Estado ha sido la misma: proteger al funcionario. Marenco sostiene que la Contraloría General de la República (CGR) apaña a los funcionarios y el caso que más lo enardece es el de Rivas Reyes, a quien llama “delincuente”.

Desde hace más de una década, el funcionario electoral es uno de los principales protagonistas de las noticias por actos de corrupción en Nicaragua.

Un día se le denuncia por la compra de mansiones en todo el país y en Costa Rica; en otro su hija compra tres aviones en Estados Unidos valorados en 2.3 millones de dólares, y otras veces sus empleados bajo condición de anonimato relatan que su vida de glamour le da para pagar un chef francés que atiende finamente sus más rebuscados antojos.

“Estamos viendo el enriquecimiento ilícito de varios señores, especialmente el de Roberto Rivas Reyes. Aparecen un montón de propiedades, aviones, mansiones en Costa Rica valoradas comercialmente en seis millones de dólares. ¿Cómo este señor ganando cinco mil dólares al mes tiene tantas fastuosidades, tantos lujos, chefs que vienen de Francia, chefs que sirven comida a los perros? Es una ofensa para el pueblo”, lamenta Marenco, con amplia experiencia en administración pública y quien en el pasado se desempeñó como asesor de varios ex alcaldes de Managua.

CGR negó lista de bienes

Marenco narra que él, a nombre de la Asociación de Abogados Democráticos, solicitó la declaración de probidad del funcionario electoral y las autoridades no la entregaron lo que valió a los contralores una denuncia por encubrimiento en la Fiscalía General de la República.

 “Ni quiera Dios ir a hablar mal de Rivas, de los magistrados de facto de la Suprema de Justicia, del presidente inconstitucional (Daniel) Ortega. Desde que vas  a solicitar una información, ya estás colorado como un delincuente. ¡Qué paradójico!: al delincuente lo tratan como honrado. Estas instituciones no sirven para nada, la Contraloría no hace falta, mejor que cierre”, dice Marenco.

La Fiscalía no hizo caso tampoco a la denuncia por enriquecimiento de Rivas y argumentó que la Contraloría no había encontrado irregularidades en la gestión de éste frente al CSE.

El abogado sostiene que, ante la falta de respuesta de la CGR, metieron una solicitud de exhibición de documentos en los juzgados, para conocer finalmente la declaración de probidad de Rivas, y tampoco obtuvieron respaldo. 

Toledo y el caso de los militares

En el país, un día es Rivas, otro el Presidente y a veces el Ejército de Nicaragua. En la casa pintada en color lila en la colonia Don Bosco de Managua, a veces aparecen niños llamando en la puerta y llevando paquetes de personas sin identificar para el ex auditor Jorge Toledo Aguilar, de 68 años. Así conoció un delicado caso que tocó directamente al Ejército de Nicaragua.

Toledo Aguilar dice que ese mecanismo de denuncia se explica en el miedo heredado en la población para cuestionar al poder desde la época de la dictadura de Somoza.

A pesar de eso, uno de los paquetes con documentos que le llegaron en 2008, por su condición de experto en seguridad social y columnista de La Prensa, le descubrió todo un negocio militar financiado con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

El contenido de aquellas escrituras sirvió para introducir una denuncia en la Contraloría (02-SS-II-06-31-03-08), donde papeles en mano, el experto probó que el INSS prestó 3.65 millones de dólares para la construcción del reparto Las Delicias, a cargo de la empresa Desarrollo Xolotlán adscrita al Instituto de Previsión Social Militar(IPSM), el brazo financiero del Ejército de Nicaragua.

El presidente ejecutivo del INSS, el militar Roberto López Gómez, es parte de la junta directiva del IPSM. “No me dieron respuesta. Ni siquiera me contestaron. Lo ignoraron. Todavía estoy esperando”, se queja Toledo Aguilar.

El ex auditor sostiene que la CGR tampoco investigó otra denuncia que hizo de “un acuerdo ilegal” entre el presidente del INSS y el del CSE, Roberto Rivas, en relación al pago de las cotizaciones que el tribunal electoral no había enterado pese a deducírsela a los trabajadores.

El monto, según la denuncia, fue de 26.9 millones de córdobas y el acuerdo entre los dos funcionarios fue firmado el 28 de marzo de 2007.

“Asesoría Legal de la CGR respondió que tenía que aportar más pruebas como que si yo fuera el presidente de la Contraloría. Hice otra denuncia en la Fiscalía, igual a la de la CGR, que me respondió que le mandaba a decir a la Contraloría que le avisara de los resultados de su investigación para actuar”, se acuerda Toledo Aguilar.

Un enorme sentimiento de desilusión lo recorrió, describe ahora dos años y medio después.

Corrupción enraizada

Según el índice de Transparencia Internacional, presentado a finales de 2011 y publicado todos los años, Nicaragua se ubicó entre los países más corruptos de la región Centroamericana con un índice de 2.5. En esa escala,  cero indica altos niveles de corrupción y diez lo contrario.

El diputado opositor Pablo Ortez, presidente de la comisión de probidad, considera que la corrupción en el país tiene mucha historia. “Yo lo que veo es que en los últimos años se ha incrementado el nivel de corrupción en muchos aspectos en el país”, declaró.

Ortez comentó que los funcionarios públicos no pueden ser interpelados en la Asamblea ante las comisiones o el Plenario porque la secretaria del Parlamento, la sandinista Alba Palacios, les ha orientado que para hacerlo debe haber consenso entre los miembros de la comisión.

“¿Cómo vamos a tener consenso si los diputados de la Alianza (Partido Liberal Independiente) son tres o cuatro y los sandinistas son ocho o diez? Jamás vamos a tener consenso y la ley no dice eso. Es a petición de cualquier diputado que tiene que comparecer un funcionario público si es necesario al plenario de la Asamblea. Ella nos quiso decir que aquí no se puede llamar a ningún funcionario público”, se quejó Ortez.

La CGR en números

*El presupuesto de la Contraloría en 2011  fue de 153.3 millones de córdobas, poco más de seis millones de córdobas menos de lo solicitado.

*Se recibieron 50 denuncias ciudadanas, solo nueve fueron objeto de auditoría, pero todas fueron tramitadas.

*Antes de que la Contraloría renunciara al control previo, establecido en la Constitución, en relación a los contratos en el Estado, recibió 26 solicitudes del gobierno para contratar sin licitación. Todas fueran aprobadas. El monto de las contrataciones sumó 166 millones 480 mil 981 córdobas y poco más de diez millones de dólares.

*La Contraloría cubrió apenas con auditorías el 45 por ciento de las instituciones existentes y el 31 por ciento de las municipalidades

* Se realizaron 73 auditorías en el nivel central y delegaciones-CGR, 34 delegadas a firmas privadas de contadores públicos, 614 realizadas por  unidades de  auditoría interna, 45 con recursos parcial de la cooperación internacional.

*La Contraloría impuso responsabilidad penal a 65 funcionarios públicos por un monto de 9.51 millones de córdobas.

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Colegiados en silencio

Para conocer la versión del órgano colegiado sobre el trabajo de la Contraloría, Confidencial llamó a todos los miembros propietarios de la CGR y únicamente el presidente, Guillermo Argüello Poessy, ofreció una entrevista. En el caso del sandinista José Pasos Marciaq y el liberal Fulvio Palma sus asistentes dijeron que no tenían tiempo para atender periodistas. Lino Hernández prefirió no hablar sobre el tema.

Comentarios

4
alberto

Este hombre tiene una visión fuera de série. A él no se le ocurre que alguien lo haga pasar verguenza, no le importa que a sus funcionarios los descalifiquen por ignorantes, ineptos, incompetentes o se les llame corruptos. Que todos esos viejos decrepitos, cojos o sinverguenzas que tiene al comando de los poderes del Estado (ó de él mismo para ser más directo) salgan embarrados en cuanto atraco sea, encuanto desfalque aparezca, no le importa deshonrar y desnaturalizar la función natural de la policía y del ejercito. A éste sujeto no le importa deturpar cada una de las 8 lineas del himno nacional de pé a pá! Éste sujeto se jacta de hacer todo lo que piensa y realiza! De matar, violar y utilizar el poder del engaño en su máxima elaboración. Éste sujeto todos y cada uno de nosotros lo soportamos o porque somos suficientemente fuertes o demasiado estupidos y faltos de sangre en las venas. En cuanto el viva no se importará ser un Ser despreciado, ser llamado de corrupto, o enfermo mental y asesino, mientras nadie le tiré su poder... Todo bien para él! PERFECTO!

3
MANUEL gARCÍA

Doctor Marenco,le animo a continuar en la denuncia de tanta corrupción;es cierto que la indiferencia y el "yoquepierdismo" cansan,desgastan,sinembargo su trabajo tesonero y valiente va a rendir sus frutos,que la Patria y los Nicaragüenses honestos y militantes de la democracia reconoceremos ante la historia su gran valía y gallarda misión.Adelante abogado Marenco!!!

2
mauricio

A nadie le intereza en Nicaragua investigar corrupcion. La corrupcion se maneja a nivel presidencial y este lo quiere asi. Es a base de corrupcion que se logran los objetivos politicos y las conciencias. El dinero mueve montanas y no la fe, esa es la realidad de NIcaragua. Todos sabemos quien manda y el que manda sabe que manda y que tiene todo el dinero del mundo para lograr todo lo que se propone. Esa voluntad no existe porque no tiene que existir. No hay nada que se pueda hacer cuando un estado es una familia. Desgraciadamente es asi como se han manejado las cosas en NIcaragua desde siempre, tanto asi que es parte de nuestra idiosincracia. El que manda manda, no sirve, lo sirven y entonces tiene que aprovechar.

1
M. Adilia Zambrano R.

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