Confidencial » Opinión » Leer artículo

Ni representación, ni participación

Edmundo Jarquín | 13/5/2012
@mundoj1

Con la progresiva generalización de regímenes políticos democráticos en América Latina a partir de los años 80 (el fin de la dictadura argentina en 1983, y posteriormente las de Uruguay, Brasil y Perú en 1985, y así sucesivamente), en muchas instancias nacionales e internacionales se intensificó el debate sobre democracia representativa y democracia participativa.

Frente a quienes tenían una visión contradictoria y excluyente entre democracia representativa y democracia participativa,  ese debate en general se saldó admitiendo, y con frecuencia normando y hasta constitucionalizando, que eran complementarias.

El tema viene a colación porque el inconstitucional Presidente Ortega, y sus voceros, han estado justificando la propuesta de multiplicación del número de concejales a título de fortalecer la democracia participativa. ¿Qué credibilidad puede tener ese intento de justificación si instancias amplias y plurales de participación, que venían funcionando bastante bien, como los Consejos de Desarrollo Departamental (CDD) y los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM), ha sido sustituidas por instancias partidarias y verticales, que solamente reciben órdenes, como son los CPC?

Por si lo anterior fuese poco, quisiera hacer una reflexión complementaria. En el contexto del debate mencionado al principio, sobre democracia representativa y democracia participativa, en la región quedó establecido que el acceso a la información gubernamental era la puerta de entrada de la participación. Esta fue una de las razones por las cuales se generalizó la aprobación de Leyes de Acceso a la Información. Es nuestro caso, que tenemos una Ley semejante pero que el gobierno de Ortega no ha cumplido en ningún caso. ¿Cómo puede haber participación si ni siquiera se tiene acceso a la información en la mayoría de las instituciones del gobierno?

En Nicaragua, en verdad, no tenemos ni participación, ni representación, porque los votos no se cuentan bien, las instituciones gubernamentales no rinden cuentas y ha desaparecido la independencia de los poderes del Estado, que son los rasgos esenciales de la democracia representativa.

Ese es el contexto desde el cual hay que hacer oposición en la Asamblea Nacional. Las propuestas de reforma electoral que envió Ortega son un remedo, y por tanto consensuar uno u otro aspecto de las mismas no hace mayor sentido. Como lo han señalado muchas voces, y tan solo hace pocos días lo reiteró el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), las reformas deben considerar las propuestas más amplias y de más calado que han formulado las misiones de observación electoral y otras organizaciones especializadas en temas electorales, y sobre todo deben ir acompañadas de nuevas autoridades electorales, imparciales, creíbles y confiables.

Porque podemos tener una ley electoral perfecta, pero a la vez perfectamente inútil si las autoridades electorales se roban los votos. Y en esta materia, lamentablemente, no hay la menor señal de avance.

A propósito de información

A propósito de acceso a la información, el gobierno de Ortega que abiertamente incumple la ley que permitiría acceder a mucha información gubernamental y por tanto de interés general, al mismo tiempo pretende, a través de la ley que establece la Unidad de Análisis Financiero (UAF), acceder de manera absolutamente discrecional y arbitraria a la información bancaria de particulares y empresas sin que previamente se establezca una fundada sospecha de que están incursionando en los delitos  -lavado de dinero, principalmente-  que con esa Unidad de pretende combatir.

Hasta el momento, esa pretensión del gobierno ha sido rechazada por el riesgo de violación de garantías individuales, que ciertamente lo hay. Es decir, una suerte de espionaje que está constitucionalmente prohibido. Pero hay otro ángulo. Con este gobierno, en que muchos de sus dirigentes se han apalancado en las posiciones gubernamentales y el poder político para convertirse en empresarios, semejante discrecionalidad en la ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) puede ser utilizada para competir ilegalmente con otros empresarios.

Un caso más que demuestra que no es posible separar la economía de la política.

Para sentirnos orgullosos

Ya no pudimos, el fin de semana pasada, comentar dos hechos que deberían llenarnos de orgullo.

Primero, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, otorgado al Padre Ernesto Cardenal. Sin menoscabo del mérito estrictamente personal del Padre Cardenal, en ese premio deberíamos vernos todos los nicaragüenses, porque si bien una parte de su obra poética es profundamente intimista, la mayor parte de la misma está estrechamente vinculada a la historia de Nicaragua, a todos los nicaragüenses con sus sueños y penalidades, y sobre todo es una obra, con su aliento evangélico, profundamente profética, y por tanto alentadora de la esperanza, sin la cual no hay futuro, porque sin esperanza no se lucha, y si no se lucha no hay futuro.

Y pocos días antes, presenciamos ese desborde de generosidad que fue el  Teletón. Generosidad de sus organizadores, de los artistas que participaron en el mismo, de los jóvenes que se apostaron en las calles a recaudar dinero, de los medios de comunicación que le dieron espacio, y de los miles y miles de nicaragüenses que hicieron sus aportes.

En una esquina presencié una escena conmovedora. Un inválido que en ese lugar todos los días clama por una limosna, lo vi penosamente moverse hacia dónde estaba una joven recolectando para el Teletón y depositarle parte de las limosnas que ese día había recibido.

El Teletón fue una oportunidad para sacar de los nicaragüenses lo mejor de los mismos. Y esto también alienta la esperanza de que mejores días, como sociedad, y no solamente como personas, aguardan a los nicaragüenses.

Más en: Política

Otros artículos del mismo autor