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Tribunal texano suspende ejecución al identificar falso testimonio en el caso

Bernardo Tercero respira aliviado

Critican doble rasero de Ortega, pide clemencia y debido proceso a EEUU, pero no respeta ley y derechos en su país

Wilfredo Miranda Aburto | 30/8/2015
@PiruloAr

La suspensión de la ejecución de Bernardo Tercero anunciada por el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas, en Estados Unidos, trajo alivio incalculable a su familia en Posoltega, y abrió otra esperanza de vida para el reo nicaragüense encerrado en la cárcel Polunsky, Hosuton, que alberga el temido Corredor de la Muerte, donde el pasado miércoles estaba programado aplicarle la inyección letal.

El recurso presentado por el abogado defensor Walter C. Long a las autoridades texanas, alegando un falso testimonio de la mexicana Sylvia Cotera, obligó que el caso de Tercero volviera a un tribunal de primera instancia para analizarlo nuevamente, así también como la concesión de un recurso de hábeas corpus, informó el jurista.

“No hay manera de decir cuando vaya a suceder, pero por ahora no tiene fecha de ejecución y tiene que volver a la corte más abajo para que revise este nuevo argumento”, explicó una de las defensoras que trabaja junto a Long.

El caso de Tercero ha puesto sobre el tapete de la comunidad internacional la discusión sobre la pena de muerte, y las violaciones al Debido Proceso que, según La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estados Unidos y Texas violaron. La activista nicaragüense y embajadora de buena voluntad del Consejo de Europa para la Abolición de la Pena de Muerte, Bianca Jagger, emitió un contundente llamamiento en el que aseguró que el caso de Tercero estaba “lleno de errores”.

“El caso ha contado con una representación legal penosa y nunca ha tenido verdadera oportunidad de presentar pruebas de factores atenuantes para evitar la condena a muerte”, fustigó Jagger. Pese a las numerosas exigencias de suspender la ejecución de Tercero, el portavoz del gobernador de Texas, Greg Abbott, fue claro al sostener que “cuando alguien comete un crimen en Texas, queda sujeto a la ley de Texas”. De esa manera no rechazaban explícitamente las peticiones, pero daba a entender que no emitirán un indulto en favor del reo.

La declaración suscrita por Abbott debilitó las esperanzas de la familia de Tercero, pero no las mató. La intensa fe cristiana que profesan les decía que “la última palabra” sobre su familiar la “tendría Dios”. Y a eso se aferraban los tíos, la abuela materna, la madre y el hijo de Tercero 24 horas antes de que la ejecución fuera consumada. “Nos han quitado una gran pesadilla”, dijo la abuela Luisa Amanda Huete Torres tras escuchar, 15 minutos antes del mediodía del martes 25 de agosto, la última hora de que el tribunal texano suspendía la ejecución del hombre que de niño crió, hasta que él tuvo que marcharse a Estados Unidos “a buscar mejor vida”. 

“Ay mi amor, Dios escuchó todas las peticiones de nosotros”, decía la abuela de 80 años a Franklin, el hijo de Tercero, quien hablaba muy poco. “Ante este caso de frustración, esta ha sido la mejor noticia del mundo para mí. Estoy súper contento”, afirmó el hijo del reo.

A esa hora la familia de Tercero obviaba que la suspensión de la ejecución respondía al falso testimonio de Cotera, quien dio una nueva declaracióna los abogados defensores del reo el 23 de agosto de 2015, en la que aseguró que durante el juicio celebrado en el año dos mil mintió impulsada por sentimientos como la “furia”, el “dolor” y el “miedo” a meterse en problemas.

El testimonio clave

El testimonio de Cotera – en poder de Confidencial– da entender que mantenía algún tipo de relación con Tercero. Una noche, cuando estaban “solos en el cuarto” de la mexicana, el nicaragüense le contó a la mujer cómo sucedió el atraco de la lavandería en Houston, en el año 1997. La idea inicial era solo robar, pero el cliente Robert Berger intentó quitarle la pistola al ladrón. Durante el forcejeo “la pistola se disparó y el señor se murió”. “Él estaba muy traumatizado y asustado. Se sentía horrible (…) Me dijo que fue un accidente muy triste”, dice el documento presentado por los juristas al tribunal texano.

La mexicana dijo que no denunció a Tercero por miedo a que su contacto con las autoridades le causara prejuicio al ser indocumentada en Estados Unidos. Unos años después, mientras Cotera “estaba saliendo con otro nicaragüense”, unos detectives llegaron a interrogarla. Ya habían capturado a Tercero y la pena de muerte le había sido declarada. Según la mexicana, los oficiales le dijeron que Tercero la había involucrado en el robo afirmando que ella se había quedado con el dinero y la pistola homicida.

“Sentía mucho miedo, sentía que me iban a poner cargos, mandarme a la cárcel, y después deportarme, dejando a mis hijos solos”, dice Cotera, quien agrega que deseaba hacerle daño a Tercero por haber mentido por el robo de la pistola y el dinero. Al revisar su testimonio, la mexicana admitió que mintió: “Bernardo no me habló de la cantidad de dinero que robó ni que estaba enojado porque el señor tenía mucho dinero (Berger). Lo que dije sobre esas cosas en mi testimonio no era verdad”.

El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, aseguró que la información que ha obtenido es que algunos operadores de justicia estadounidenses cometieron delitos,“porque tanto allá como acá, es delito coaccionar a un testigo para que diga lo que no vio”.

La atención consular

Mientras el caso de Tercero adquiría preponderancia internacional, el cónsul de Nicaragua en Houston, Samuel Trejos, dijo que realizaron todas las gestiones para evitar la ejecución.

Berenanda Tercero Huete, tía del condenado, dijo que al menos como familiares en Nicaragua solo tuvieron contactos con abogados estadounidenses desde que se decretó la pena de muerte en 2001. Tampoco, dijo, han tenido ayuda para solicitar una visa humanitaria para que el hijo del reo pueda visitarlo.

“Este caso pone en la palestra pública la débil protección que tienen nuestros connacionales en distintos Estados (…) porque la asistencia y la protección consular está establecida en la Constitución Política, y es lo menos a lo que podría aspirar un nacional en territorio extranjero”, observó Ramón Rodríguez, abogado especialista en derechos humanos.

 

El doble rasero del comandante Ortega

El gobierno del comandante Daniel Ortega se mostró atento al caso de Bernardo Tercero, al punto que el mandatario sandinista envió una solicitud de clemencia a su homologo Barack Obama. La primera dama Rosario Murillo ha mencionado en sus informes diarios la suspensión de la ejecución y ha dado gracias a Dios.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENDIH) vio con buenos ojos la intervención de Ortega por Tercero, pero lo invitó a ser consecuente. “Mientras evita pronunciarse sobre las graves situaciones de violaciones de derechos humanos y de otra naturaleza que existen en el país, se solidariza con lo que sucede en otro lado. Lo escuchamos a él utilizar ese doble rasero que tiene para analizar las realidades en sus discursos políticos”, aseguró Núñez, quien aclaró que está contra la pena de muerte, pero que no pide impunidad para el reo “como muchos han dicho”.

La constitucionalista Azalea Solís explicó que Ortega hizo su petición de clemencia indebidamente, porque le correspondía al gobernador de Texas y no a Obama.

“El Debido Proceso no es solo para los que me caen bien, es incluso para el criminal que más mal me caiga, porque es un asunto de derechos humanos, y en Nicaragua es inexistente el Debido Proceso”, cuestionó Solís, acotando que no existe garantías judiciales ni para victimarios ni para víctimas. 

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