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Su Presidencia aún respira, pero apenas le llega el aire y sus últimas horas han sido de auténtico sufrimiento

La agonía de Otto Pérez Molina

Al gobierno del Partido Patriota le ha llegado el final y de la peor manera. La acusación en contra del Presidente y la exvicepresidenta de beneficiarse de forma directa y encabezar la estructura de robo en Aduanas ha supuesto un golpe fatal. El Presidente de Guatemala se resiste a dar el paso que seguramente le llevaría a prisión antes del final de su mandato

Sofía Menchú y Juan Luis Font | ContraPoder | 28/8/2015

Ciudad de Guatemala.- El presidente Otto Pérez Molina repartía plácido bolsas de alimentos en La Unión, Zacapa cuando llegaron las primeras noticias. La captura de la exvicepresidenta Roxana Baldetti era requerida. Al Centro Médico, hospital donde se encontraba recluida desde una semana atrás, giraban todas las miradas.

La crisis sería inevitable, pero el Presidente podría manejarla. Desvinculada del gobierno, Baldetti solo suponía un costo de imagen pero no crucial para su administración. Era necesario volver a la capital y poner en práctica el plan de contingencia y control de daños.

Sin embargo, antes de terminar la visita, llegó la información que hizo detonar todas las alarmas: Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), enlace entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), presentó una solicitud de antejuicio contra el Presidente de la República. El golpe también iba dirigido a él. Ofuscado, Pérez Molina ordenó el regreso inmediato a Guatemala.

Reunión urgente

Aún en ruta, el Presidente convocó a la Casa Presidencial al Consejo Nacional de Seguridad integrado por Williams Mansilla, Eunice Mendizábal y Carlos Raúl Morales, ministros de Defensa, Gobernación y Relaciones Exteriores, respectivamente. Además, por Ricardo Bustamante, secretario de Inteligencia Estratégica; Julio Godoy, subsecretario de Inteligencia Estratégica y María Eugenia Villagrán, Procuradora General de la Nación.

Pérez Molina había tenido que prescindir de todos sus cuadros de mayor confianza entre mayo y junio a causa de las evidencias de corrupción y vínculos con el narcotráfico de quienes antes ocupaban esas carteras. La presión de Washington se había hecho insoportable y el Presidente, con tal de salvar su propio mandato, entregó incluso la cabeza de su yerno, su secretario general. Por eso, el Consejo Nacional de Seguridad estaba integrado ahora, en su mayoría, por quienes no habían sido su primera opción a la hora de integrar gobierno.

Al reunirse con los miembros del Consejo, la conferencia de prensa del comisionado Iván Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, había arrojado ya más elementos sobre las acusasiones en su contra. La CICIG y el MP le ven como la cabeza de la estructura politico mafiosa que defraudaba en Aduanas, “La Línea”.

En una intensa y larga reunión, la mayoría de los consejeros le recomendó dimitir y entregar el cargo a Alejandro Maldonado Aguirre, el Vicepresidente designado por el Congreso a propuesta de Pérez Molina, tras la salida de Baldetti. Fuentes que participaron en la sesión aseguran que había consenso sobre la renuncia que era ya inevitable, pero, dos voces disentían.

“La primera fue la Procuradura General de la Nación, María Eugenia Villagrán, y a ella se sumó la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal. La dos le pidieron que no se fuera, dijeron que había otras salidas legales para él. El resto de integrantes del Consejo opinaba lo contrario. Salimos de la cita con la idea de que lo más conveniente era la renuncia”, contó una persona que estuvo presente.

El asunto estaba resuelto. Pérez Molina dimitiría al día siguiente. Pero la decisión duró poco. La misma noche del viernes, después de una gran cantidad de comunicaciones con asesores suyos dentro y fuera del país, el Presidente cambió de opinion: no se separaría del cargo. Villagrán, la exmagistrada del Tribunal Supremo Electoral, y Mendizábal, exfiscal contra la corrupción del MP, comenzaron a hacer llamadas para integrar el equipo de su defensa legal.

Por qué no irse


Un cuadro leal a Pérez Molina, que pide el anonimato, asegura que este “se sacrifica al no renunciar”. “El Presidente sabe que de hacerlo en este momento tendría aún margen de maniobra para evitar la cárcel. En cambio, al retrasar el proceso hasta después del 14 de enero, crece la animosidad en su contra”, dice.

La fecha que parece clave para que Pérez Molina se mantenga en el cargo es la del 6 de septiembre. Según el informante, el Presidente está decidido a garantizar que se celebren las elecciones generales. “Él está convencido de que tras su salida del cargo se provocaría un rompimiento constitucional. Alejandro Maldonado no tiene la fuerza suficiente para llevar el Ejecutivo hasta enero próximo y quienes buscan frenarlas y establecer un gobierno de transición procurarían derrocarlo. Ningún gobierno provisional va a lograr realizar los cambios indispensables en el sistema político de un momento a otro y se sucederían diferentes regímenes antes de lograr estabilidad en el país. El Presidente está convencido que su obligación es permanecer él al frente del Gobierno, garantizar que haya elecciones y apostarle a la reforma política aunque sea lenta desde dentro del sistema”, concluye.

Respecto a Alejandro Maldonado, los allegados al Presidente hablan de que refleja respeto y lealtad al gobernante.

La defensa

María Eugenia Villagrán y Eunice Mendizábal analizaron el caso y coincidieron en que podían desbaratar las acusaciones de la CICIG y del MP. “Son ilegales las escuchas presidenciales porque usted goza de inmunidad”, dijeron. (La Fiscal General explicó, sin embargo, que las conversaciones del Presidente y de la Vicepresidente fueron obtenidas al haber  interceptado los teléfonos de sospechos de integrar la red defraudadora de Aduanas. Los mandatarios llamaron a los números interceptados y por esa razón su voz quedó grabada. Se trata de escuchas inevitables).

La convicción a la que se llegó en la Presidencia es que se buscaría retardar el proceso en el Congreso hasta las elecciones del 6 de septiembre. Su esperanza es que el proceso electoral tranquilizaría los ánimos de los guatemaltecos y enfocaría a los medios de comunicación en la imagen del nuevo presidente.

Al menos dos fuentes aseguran que Pérez Molina se reunió el sábado con dos diputados oficialistas: Valentín Gramajo (secretario general y candidato a la Vicepresidencia) y Oliverio García Rodas. Ninguno de los dos respondió a los llamados de ContraPoder para confirmar esta información.

Presuntamente, a partir de esa conversación se trazó un plan para buscar respaldo entre las diferentes bancadas legislativas a modo de retrasar el antejuicio en todo lo posible.

Distintas fuentes legislativas consultadas por ContraPoder, arrojan información no concluyente respecto a estas gestiones.

Mientras un informante de la Unidad Nacional de la Esperanza asegura que el Partido Patriota ya les ha pedido apoyo bajo el argumento de que es indispensable la permanencia de Pérez Molina en el cargo para garantizar las elecciones (y  ese partido habría decidido no respaldarlo), otras fuentes niegan haber sido abordadas. Incluso integrantes del PP aseguraban hasta el martes pasado que su jefe de bancada aún no trasladaba una instrucción al respecto. Otra fuente del partido Todos asegura que “los Patriotas solo van a buscar acuerdo con Lider para retrasar todo lo posible la integración de una comisión pesquisidora, el informe de esa comisión y la sesión para votar por el desafuero del Presidente. No necesitan hacer acuerdo con nadie más”.

El antejuicio fue conocido y aprobado para su trámite por la Corte Suprema de Justicia por unanimidad, el martes 25. El Congreso aún no ha sido convocado para conocerlo y realizar el sorteo que integre la comisión.

Las renuncias

En la misma mañana del sábado 22, el Presidente empezó a conocer la renuncia de sus ministros. Sergio de la Torre y Cynthia del Águila, de Economía y Educación, respectivamente, y la de Juan Carlos Paiz, comisionado Presidencial de Competitividad. Junto con ellos dimitieron los tres viceministros de Economía.

La salida de Paiz y de De la Torre implicaba otro hecho relevante: el sector privado tradicional, el grupo más importante de industriales que orbita alrededor del poderoso Grupo Gutiérrez o Multinversiones, le retiraba su apoyo. Pocas horas después, la plana mayor del CACIF pedía la renuncia de Pérez Molina y exigía el respeto al marco constitucional y la realización de elecciones generales el 6 de septiembre.

Fuentes del gabinete sostienen que el Canciller trasladó un primer mensaje al embajador de Estados Unidos que reflejaba la incertidumbre adentro del Gobierno. La idea de resistirse al antejuicio habría perturbado al embajador Todd Robinson a quien se atribuye haber solicitado a diferentes miembros del Gabinete reconsiderar su decisión de abandonar el cargo.

La posibilidad de que Pérez Molina recapacitara, presentara su renuncia y cediera el poder a Alejandro Maldonado requería de que este contara con un equipo de gobierno capaz de mantener el orden en el país hasta el traspaso de mando el 14 de enero. Washington insiste en que Guatemala debe mantener intacto el orden constitucional.

Llamada urgente


El sábado por la noche, los ministros y secretarios fueron convocados por Verónica García, secretaria privada del presidente, para acudir al día siguiente a sesión de gabinete.

Al final de la tarde, Pérez Molina grabó el mensaje que se transmitió por la noche en todos los medios de comunicación donde reiteró que seguiría en el cargo. Esa misma noche con dos horas de retraso comenzó la sesión de gabinete.

Una fuente del Ejecutivo que pide omitir su nombre narró a ContraPoder lo sucedido: el presidente tomó la palabra y explicó que había sido asesorado para enfrentar la crisis, que recibió recomendaciones de continuar y también de dimitir y que, confiado en retardar el antejuicio, podía mantenerse en funciones. “He estado haciendo consultas y no tienen (CICIG y MP) las suficientes evidencias para acusarme, así que voy a pelear el antejuicio y los diputados me van a apoyar”, dijo el presidente, según afirmó la fuente.

Al concluir su intervención, uno a uno los funcionarios tomaron la palabra, unos para manifestar su apoyo incondicional, otros para pedir explicaciones sobre los señalamientos contra el presidente, otros para comentar que estaban analizando continuar en el cargo. En la reunión Luis Enrique Monterroso, entonces ministro de Salud, Ricardo Bustamante y Julio Godoy renunciaron a viva voz.

El presidente comenzó a quedarse solo, ya había perdido hasta ese momento tres ministros y cinco funcionarios más. En esa sesión Villagrán y Mendizábal manifestaron su lealtad y expresaron su descontento con los desertores.

A pesar de todos los testimonios que dan cuenta de la fidelidad y asesoría de la procuradora con el mandatario, el miércoles 26  Villagrán publicó en un medio escrito: “En ningún momento he tratado de persuadir al señor presidente de la República y mucho menos recomendarle que deba continuar en el cargo”, como cita el campo pagado.

En las siguientes horas el Gobierno de Pérez Molina continúo su debacle. La noche del lunes Víctor Corado y Dorval Carias, ministros de Comunicaciones y Finanzas, respectivamente, dimitieron. Con ellos dos viceministros de Finanzas y Ekaterina Parrilla, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, presentaron su renuncia.

El Presidente, que hasta entonces se había resistido a aceptar la dimisión de sus funcionarios, súbitamente montó en cólera. Y empezó a ordenar que se sustituyera de inmediato a los ministros dimitentes por viceministros.

Además, envió un mensaje directo al capital tradicional de Guatemala y en concreto, al grupo Gutiérrez: al abandonar ellos una posición de poder en el gabinete de Gobierno, otro sector con intereses que compiten con los suyos puede ocuparlo.

Pérez Molina nombró a un alto cargo de la compañía de teléfonos Tigo, Acisclo Valladares Urruela, como el nuevo comisionado de Competitividad. Los Guitérrez son los principales inversionistas regionales de la compañía española Telefónica que compite directamente con Tigo.

Pero de esta ni de ninguna de sus acciones desesperadas para conservar el poder hay explicación alguna de parte del gobernante. La Casa Presidencial se convirtió en un refugio para el Presidentey de ella no salen declaraciones ni se realiza actos públicos. Él está resguardado retardando su agonía.

 

La Guatemala profunda del presidente

A favor

Las organizaciones sociales a las que el presidente Otto Pérez Molina exigió que defendieran “nuestra incipiente democracia” en su mensaje de cadena nacional del domingo, salieron a las calles el lunes 24 de agosto. La Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), el Frente Nacional de Lucha (FNL), la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), son las fuerzas a las que se aferra Otto Pérez Molina.

Los dirigentes César Bol, Luis Lara, Joviel Acevedo y Nery Barrios, de Conic, FNL, STEG y UASP, respectivamente, manifestaron que “no defendían al presidente”, que su llamado era “una casualidad” y que buscaban proteger “la Constitución y los derechos sindicales”, “los comicios el próximo 6 de septiembre”, “el respeto a los procesos judiciales (en los casos de corrupción)” y “pedir que el Tribunal Supremo Electoral no suspenda a ningún partido porque puede haber una revuelta”.

En contra

Mientras, el movimiento ciudadano que ha salido a las calles desde abril vuelve a encenderse, y esta vez busca paralizar el país.  La Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala (CEUG), conformada por estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac), de la Universidad Rafael Landívar (URL), de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) piden“la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos” y  “dar trámite al antejuicio del mandatario”.

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) junto con otras organizaciones también buscan que se continúe el movimiento ciudadano y así propiciar la renuncia del mandatario debido al clamor popular. Este colectivo convoca a la “toma del país” el martes 1 de septiembre a través de diversas actividades como marchas y manifestaciones.

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