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Líderes anti-Canal de Punta Gorda denuncian asedio de Policía y Ejército

"Intentan vincularnos a asesinato de Policías"

Aseguran que oficiales del Ejército y la Policía rodean sus casas y fincas. "No somos delincuentes, nuestra lucha es por la defensa de nuestros derechos y tierras", dicen los campesinos

Wilfredo Miranda Aburto | 24/8/2015
@PiruloAr

Campesinos de Punta Gorda y La Fonseca, en Nueva Guinea, denunciaron este lunes ante la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) que la Policía Nacional “intenta vincularlos” al asesinato de cinco policías en esa remota región a manos de una banda identificada como “El chófer”.

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Los líderes del movimiento anti Canal en esa zona productora del país dijeron que oficiales de la Policía y del Ejército han rodeado sus fincas y casas. “Nuestros nombres aparecen en una lista”, dijo Nemesio Mejía, coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía.

“Nos están queriendo involucrar en la muerte de esos cinco hermanos policías, y nosotros no somos delincuentes…nuestra lucha es por la defensa de nuestros derechos y tierras”, protestó Mejía. Narró que la policía llegó a su finca en Punta Gorda y preguntó al administrador de su propiedad que dónde se encontraba él, “que si tenía armas, que cuántos hijos tenía”, agregó.

Pedro Mena, habitante de La Fonseca y dirigente campesino contra las expropiaciones al amparo de la ley canalera, aseguró que oficiales del Ejército y la Policía también rodearon su casa, y le enseñaron al cuidador de su finca su nombre en la lista.

“Nosotros no nos mantenemos en nuestras propiedades porque andamos en esta lucha diaria de enseñar en todas las comunidades la ley 840, que debería ser una responsabilidad del gobierno”, dijo Mena.

Medardo Mairena, quien posee una propiedad en Punta Gorda, dijo que los oficiales golpearon la puerta de su casa, pero al no encontrarlo, le dejaron a un familiar un número para que llamara. El productor llamó al “89141743”. Pretendía hablar con el teniente que le dejó el número de celular a su sobrino.

“Yo no soy delincuente para que me anden en esa lista, ni tengo nada que esconder, porque la lucha contra el Canal ha sido cívica y pacífica, pero rechazo que me involucren en esos asesinatos porque no soy delincuente”, sostuvo el campesino.

De acuerdo a estos productores, la zona de Punta Gorda ha sido militarizada. La primera comisionada Aminta Granera desplegó un dispositivo investigativo en esta región, situada en el Caribe Sur de Nicaragua, para esclarecer el asesinato de los cinco oficiales.

El Coronel Guevara Mena, vocero del Ejército, dijo que lo “llamáramos más tarde” para hablar sobre el tema, mientras que el comisionado Fernando Borge, divulgador de la Policía, no contestó su celular.

Mejía dijo que los vecinos le narraron que los policías preguntan “dónde viven los de la directivas de los no canaleros” para poder ubicar sus casas. Mairena aseguró que aunque todavía no se reportan detenidos, “sí han torturado y golpeado personas para sacarles información”.

“Sabemos que es muy grave lo que pasó y condenamos ese asesinato. De hecho nos preocupa porque hace años en Punta Gorda no hay un robo o un secuestro, y porque es una zona productiva donde una vez a la semana ingresan muchas personas a comprar nuestra producción y ganado”, aseguró Mairena.

Estos campesinos se extrañaron del asesinato de los policías y se sintieron sorprendidos por la existencia de esta banda delincuencial. “Nunca habíamos oído de que esa banda o alguna otra operara allá”, refirió Mejía.

El director jurídico del CENIDH, Gonzalo Carrión, dijo que relacionar a estos dirigentes anti canal con el asesinato de los policías no tiene razón de ser. “Las expresiones de estos campesinos ha sido siempre pacífica y la violencia en torno a sus marchas ha sido la que la policía empleó en diciembre pasado”, dijo el defensor de derechos humanos.

Carrión alentó a la policía a esclarecer el asesinato para que no quede en la impunidad, pero a la vez recomendó que todo allanamiento debe realizarse con la orden competente de un juez y toda captura debe ejecutarla estrictamente la Policía y no el Ejército. “El contexto de este crimen atroz tampoco justifica la militarización de la zona por la resistencia al Canal”, aseguró Carrión.

“Yo hago responsable al gobierno si nos pasa algo”, dijo Mairena. “Nosotros somos responsables de nuestra lucha y no somos delincuentes”, remarcó.

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