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Concentración mediática

La nueva Ley de Telecomunicaciones —en consonancia con lo prescrito en la carta suprema de la república— debe promover la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión digital. ¡Los nicaragüenses no pueden continuar siendo rehenes de monopolios y oligopolios mediáticos!

Guillermo Rothschuh Villanueva | 23/8/2015

¿Será posible contener la ola concentracionaria que sufre la humanidad? ¿De qué manera separar lo que las tecnologías de información y comunicación lograron integrar y hacerlos converger? ¿Qué hacer para evitar que cada día menos empresas sean dueñas de enormes emporios mediáticos? ¿Cómo contener la onda expansiva provocada por las prohibiciones que imponía la existencia de la propiedad cruzada? Desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado —el catalán Ignacio Ramonet— había advertido con suficiente antelación, que los grandes mastodontes de la comunicación se habían propuesto “convertirse en el único interlocutor del ciudadano” suministrando “a la vez noticias, ocio, cultura, servicios profesionales, informaciones financieras y económicas y ponerlos en estado de interconectividad por todos los medios de comunicación disponibles: teléfono, fax, videoclable, pantalla de televisor, red internet”. Hoy constatamos los efectos perniciosos de estos resultados. ¿Cómo torcer el rumbo? El desafío debe encararse cuanto antes. Toda dilación es atentatoria contra los intereses nacionales.

El viraje provocado por la decisión del presidente estadounidense Ronald Reagan, dejó el camino abierto para que se generaran nuevas alianzas  en el circuito de la comunicación. La propiedad cruzada supone una severa restricción al ejercicio de la libertad de expresión. Los pregoneros de la libertad de expresión comercial consiguieron legitimar este concepto. La batalla por imponer el libre flujo informativo tenía en miras copar el planeta. A partir de entonces empezaron a crecer y consolidarse los grandes conglomerados mediáticos. Las nuevas tecnologías fueron las principales propulsaras de este nuevo esquema civilizatorio. El concierto de intereses entre los dueños de medios televisivos, diarios, industria editorial, disqueras, empresas cinematográficas, compañías telefónicas, etc., aceleró el proceso de convergencia entre las industrias de comunicación y telecomunicación. El poderío económico y financiero de estas empresas les permite operar con solvencia por todo el universo. Las TICs redujeron el espacio-mundo al tamaño de un grano de maíz.

En América Latina asistimos a un proceso de lucha para evitar y reducir la concentración mediática. Un buen número de organizaciones de la sociedad civil libran la batalla. Conscientes de las severas limitaciones que impone para la existencia de la libertad de expresión que un grupo reducido controle los medios audiovisuales, plantearon la necesidad de tomar medidas legales que impongan límites en la tenencia de medios audiovisuales. La demanda elevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —durante la audiencia celebrada el 16 de marzo en Washington— establece la importancia de generar estándares internacionales encaminados a procurar la desconcentración de medios. Organismos con sede en Brasil, Estados Unidos, Centro América, Chile, México, Perú y Uruguay —incluyendo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)— afirmaron que América Latina vivía un momento propicio para establecer salvaguardas a la libertad de expresión. Mañana será tarde. Se debe actuar con premura.

Durante su intervención, el presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expuso que su organización es contraria a la existencia de monopolios públicos y privados, subrayando que “el mayor problema a su entender son los monopolios y oligopolios en manos del Estado”. Todo tipo de monopolio —público o privado— perjudica la libertad de expresión. En el caso de Nicaragua se trata de un oligopolio privado constituido por la familia gobernante y el empresario  mexicano-estadounidense, Ángel González. La particularidad de este oligopolio se debe a los réditos directos recibidos —casi por igual— de parte del gobierno presidido por el Comandante Daniel Ortega. En el Informe Anual 2014 —presentado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH— el Capítulo III fija Estándares de Libertad de Expresión para la Transición a una Televisión Digital Abierta Diversa, Plural e Inclusiva. Una contribución valiosa. Se trata de tema pendiente en la agenda nacional. El atraso en materia legal es obsceno. Constituye un hándicap para Nicaragua. 

Ante el retraso gubernamental de emitir una nueva Ley de Telecomunicaciones, la firma Claro ha logrado posicionarse con enorme ventaja. La carrera desenfrenada que viven las compañías telefónicas, los operadores de la televisión por cable y satelital, y las empresas que prestan servicios de Internet, culminó exitosamente en Nicaragua a favor de Claro. El dominio que ejerce en el mercado es absoluto. Las autoridades de Telcor nunca se han puesto a considerar las consecuencias adversas que esto supone para los usuarios como para el Estado. El avance logrado hasta ahora pareciera irreversible. El contexto tecnológico en que se desenvuelve Claro le permite sacar máximo provecho a los procesos de integración y convergencia. Las ocho recomendaciones formuladas por la CIDH —orientadas hacia el cambio digital— resultan justas y oportunas. Tratan de proteger la libertad de expresión. Todo dependerá si el gobierno adopta estas medidas beneficiosas para el país. Obviarlas sería un grave error. Un total contrasentido. Se necesita garantizar espacio a la televisión pública y comunitaria.

Las ocho prescripciones  aportan luces necesarias para que en Nicaragua no se continúen reduciendo los márgenes de la libertad de expresión. La televisión seguirá siendo por un buen tiempo el dispositivo de comunicación social más importante, aún con las mudanzas de hábitos de consumo generadas por Neflix e Internet. El retardo en la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones no significa que el gobierno no esté trabajando una nueva ley. El acaparamiento televisivo convierte en un asunto de extrema importancia, la promulgación de una ley que proteja los intereses mediáticos de los nicaragüenses. No solo los intereses propios y los de Ángel González. Esta circunstancia impone una especie de alerta para los diputados e impedir que Telcor siga precipitándose por los senderos de la liviandad. El nuevo estatuto jurídico debe también considerar la necesidad que el ente regulador funcione como un instituto ajeno a las intervenciones parcializadas del gobierno. Una decisión crucial para evitar injerencias contraproducentes. Telcor ha sido presa fácil de todos los gobiernos.

¡La concentración mediática debe ser frenada por la nueva Ley de Telecomunicaciones! ¿Para quién legislar? ¿Para los intereses de unos pocos o para la inmensa mayoría de los nicaragüenses? La parrilla televisiva no puede continuar siendo acaparada por dos grandes propietarios mediáticos. Se requiere multiplicidad de medios y multiplicidad de voces. Para hacer efectiva esta premisa se requiere de una distribución equitativa de las licencias. Su propiedad no puede continuar siendo enmascarada. La nueva ley debe contener disposiciones explícitas que prescriban de forma obligatoria que quienes recurran a prestanombres perderán las licencias de manera inmediata. La diligencia con que trabaja la Dirección General de Ingresos (DGI) para amedrentar a los dueños de medios que alientan otras voces, debe operar con la misma efectividad para informarse cuál el destino de las grandes ganancias que generan los medios audiovisuales. ¿Se quedan en el país o viajan hacia el exterior a enriquecer las arcas del omnipresente Ángel González? Una interrogante fácil de responder.

La nueva ley debe estar en correspondencia con el Artículo 68 de la Constitución Política. La prohibición de constituir monopolios debe ser respetada. El nuevo instrumento jurídico debe ajustarse a la norma constitucional. Las autoridades nacional han actuado hasta ahora contra ley expresa. Ninguna actuación puede estar por encima de lo establecido en nuestra Constitución Política. Los constituyentes previeron lo lesivo que sería para la ciudadanía, la presencia ilimitada de actores supranacionales, así como la concentración mediática. La integración y convergencia no supone que los nicaragüenses —debido a leyes y políticas de comunicación inadecuadas— tengan un oferente que controla más del 60% del mercado televisivo por cable, más del 65% los servicios de telefonía móvil, fija y satelital. La nueva ley —en consonancia con lo prescrito en la carta suprema de la república— debe promover la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión digital. ¡Los nicaragüenses no pueden continuar siendo rehenes de monopolios y oligopolios mediáticos!

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