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Policía lo señaló como peligroso jefe de banda delincuencial

Cae autonombrado "alzado" contra Ortega

Autoridades acusan a Francisco Reyes Méndez, alias “Cinco Pinos”, de ser el asesino del exsecretario político del FSLN en Agua Roja, Wiwilí. Cenidh pide investigación objetiva

Octavio Enríquez | 21/8/2015
@cabistan

Oficiales de la Policía Nacional abatieron a Francisco Reyes Méndez alias “Cinco Pinos”, a quien identificaron como el líder de una peligrosa banda criminal dedicada al asesinato, secuestro y extorsión que ocho días antes se había declarado públicamente en un vídeo como alzado en armas contra el gobierno de Daniel Ortega.

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En una nota de prensa, la Policía lo señaló explícitamente de ser el asesino de Nahúm González Centeno, el ex secretario político del FSLN en la comunidad de Agua Roja en Wiwilí, al norte del país.

Las autoridades dijeron que Reyes cayó junto con otro acompañante que no ha sido identificado. Un tercero huyó después del enfrentamiento, que ocurrió a las cinco de la mañana del jueves cuando una patrulla se encontró con ellos, mientras circulaba en los alrededores de la comunidad Cabecera del Toro, al sureste del municipio de San José de Bocay, en Jinotega.

Agua Roja es una comunidad ubicada en el interior, a seis horas al norte de Managua. De ahí es originario Gerardo Gutiérrez alias “El Flaco”, uno de los líderes de los grupos que se alzaron supuestamente en armas contra el gobierno de Daniel Ortega, a quienes el Ejército y la Policía señalan como bandas delincuenciales.

Fuentes locales, que pidieron el anonimato, dijeron a Confidencial que “Cinco Pinos” es uno de los dirigentes de los supuestos grupos armados con motivaciones políticas que el Estado se niega a aceptar. El 12 de agosto pasado fue publicado en internet un vídeo que se ha difundido con más vehemencia tras el comunicado de la Policía. En ese documento, las “llamadas Fuerzas Democráticas Comandante 3-80” muestran una conversación con Reyes, a quien le llaman “comandante Cinco Pinos”. Luce una chaqueta verde olivo y porta una pistola al cinto, acompañado de dos supuestos guardaespaldas.

“Se nos ha llegado el momento de contrarrestar a este gobierno. En este tiempo ya es un dictador el que tenemos en nuestro país. Estamos dispuestos a dejar nuestros huesos pero recordamos que cuando la patria está en peligro, los patriotas se levantan para defenderla. No nos andamos escondiendo, somos los comandos que en aquel tiempo nos levantamos contra Daniel Ortega”, dice Reyes.

La acusación oficial

Sin embargo, la Policía lo acusa del asesinato  de cuatro personas, el secuestro de otra persona y la extorsión a campesinos de las comunidades Yahoska, Santa María de Tasuá, Kaysiwás, Zapote Kum, Wina Central, Arenales, El Naranjo y otros.

“La banda Cinco Pinos opera en la zona de Amaka, Amakon, Winay San Martin de Daka (micro-región de Ayapal, Municipio de San José Bocay). Se dedica a la seguridad y trasiego de droga desde Amakon hasta Waslala; abigeato; robo con intimidación; extorsiones y asesinatos”, acusó la Policía.

Sin embargo, Juan Carlos Arce, coordinador de la filial del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Matagalpa, dijo que la Policía está obligada a ofrecer mayor información sobre las circunstancias de este hecho.

“La vida, el debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad son derechos humanos a la que toda persona tiene derecho sin importar su condición. En el marco de los derechos humanos sería inaceptable el planteamiento de aniquilación de personas vinculadas a bandas delincuenciales como mecanismos de contención del delito ya que ello violenta flagrantemente los derechos humanos y compromisos internacionales del Estado de Nicaragua. Llama la atención la confirmación categórica de la comisión de delitos graves como asesinatos, secuestros y extorciones,  así como su vinculación a delitos referidos al narcotráfico considerando que ello es potestad exclusiva de un juez en el marco de un proceso penal”, sostuvo Arce.

Según el activista de derechos humanos, la declaración de la Policía descalifica a los fallecidos y justifica la actuación de sus oficiales. “Este caso evidencia, una vez más, la creciente ola de inseguridad en Nicaragua especialmente en zonas rurales donde las muertes violentas se ha vuelto una situación recurrente. En virtud de ello demandamos una investigación objetiva e imparcial de este hecho”, añadió. 

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