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El impacto jurídico de la concesión canalera

Enfrentamos una concesión que bajo la ilusión del canal, esconde un sin fin de posibilidades, que como caja de sorpresas, funcionarán bajo los lineamientos de los intereses económicos y geopolíticos que subyacen a la iniciativa

Mónica López Baltodano | 15/6/2015

Permítanme mencionar tres premisas subyacentes en las pretensiones de validez de nuestras afirmaciones jurídico- políticas.

La primera: incubado en la historia de Nicaragua siempre ha estado latente o manifiesto un consensus omnium, una suerte de  consentimiento universal en las élites criollas del poder político y económico, para quienes la construcción de un canal interoceánico representaría la materialización del gran sueño nacional. Es ésta una imagen permanente, incrustada además, en la conciencia profunda de la cultura política de los nicaragüenses.

Ilusión o mito, el  canal alucinante ha traído siempre consigo la promesa y el mágico hechizo de que con él se pondrá fin a los problemas históricos del país. De tal manera que el ideal de su realización, ha navegado en el tiempo y convivido con todos los regímenes políticos. En casi doscientos años de historia republicana, Nicaragua ha firmado más de 30  documentos jurídicos y se han elaborado más de 70 propuestas de proyectos para su construcción.

La segunda premisa es que tal opinión general, acumulada en siglos y que hoy se impone mayoritariamente en el mercado de la opinión pública nicaragüense, no debe disociarse de la concentración absoluta de poder en manos de la pareja presidencial. Ésta subordina a su voluntad, más allá de cualquier límite, todas las instituciones y poderes del estado sin excepción. Con todas las consecuencias, en especial las jurídico-políticas, que de esta insólita excepcionalidad puedan desprenderse.

A ello habría que adicionar, el ejercicio casi monopólico en  el control  de los medios de creación de opinión, y el dominio sobre el tejido social e institucional  indispensable para la creación de conciencias, que  seduce y somete a una ciudadanía ansiosa y sedienta de la realización de tantas expectativas colectivas frustradas.

Y una tercera observación, es que comparto, si se quiere, desde la filosofía del derecho, la convicción de que la búsqueda de la Verdad, incluida la jurídica, se vuelve atrayente y eficaz, cuando tiene una finalidad y una vocación emancipadora, liberadora. Es decir, que sea capaz de realizarse socialmente. Como lo demuestra la valiente movilización de miles de campesinos y pobladores que, a la fecha, ya han protagonizado 46 marchas pacíficas de protesta, demandando la derogación de la ley canalera y la des-militarización de sus comunidades.

En fin, sostengo que la mega-concesión del canal del Presidente Ortega a Wang Jing y sus socios es, en esencia, la antítesis de las disputas emancipadoras que luchan por la armonía entre progreso, sociedad y  naturaleza; contradicciones que, por lo esencial, se evidencian en el corpus jurídico político de la concesión canalera.

Permítanme entonces, en este breve espacio de tiempo, hacer 10 afirmaciones que se desprenden del análisis y las investigaciones que durante dos años hemos realizado sobre la implicaciones jurídicas de la concesión del canal, aunque aún existan múltiples documentos que, en abierta violación a la ley de acceso a la información pública, aún se mantienen en secreto:

1. Enfrentamos una concesión abiertamente inconsulta y violatoria de derechos humanos, la que sin contar con la autorización previa de las alcaldías municipales ni el consentimiento de los pueblos indígenas, y atropellando intempestivamente la Constitución Política de Nicaragua, vergonzosamente fue aprobada en la Asamblea Nacional, por la Bancada de Gobierno, en tan solo 3 horas de debate y en expedito trámite formal que duró menos de una semana. Hecho que, ya hace dos años, cristalizó jurídicamente los acuerdos negociados completamente en secreto por el actual Gobierno, y de los cuales el pueblo nicaragüense se enteró ex-post.

2. Enfrentamos una concesión que garantiza por 116 años, derechos absolutos a favor de un inversionista privado sobre nuestros más valiosos y estratégicos recursos naturales, entre ellos, nuestro majestuoso Lago Cocibolca -principal reserva de agua dulce de toda Centroamérica-, y más de 7 áreas protegidas nacional e internacionalmente, cuya destrucción haría inviable el Corredor Biológico Mesoamericano. Todo ello, sin que existiera previamente ningún tipo de estudio de impacto ambiental y social, ni mucho menos estudios de factibilidad técnica, financiera o comercial.


La comunidad científica nicaragüense e internacional ha denunciado la gravedad y las peligrosas consecuencias de este manejo irresponsable, cuyas debilidades fundacionales no pueden ser resueltas por pretendidas publicaciones de estudios posteriores.
3. Enfrentamos una concesión que entrega propiedades públicas, privadas y comunitarias de pueblos indígenas y afro-descendientes, en cualquier de los territorios que el inversionista desee, que bien puede ser en cualquier parte del país, quedando el pueblo nicaragüense sometido a un régimen de expropiación vergonzoso, que no solo le entrega a Wang Jing gratuitamente las propiedades públicas, sino que es extremamente oneroso para más de 119,000 productores y campesinos que habitan en la ruta del proyecto. Ciudadanos que, siendo sometidos a un despojo forzoso de sus hogares, según la ley canalera recibirían un pago equivalente al valor catastral -que es ampliamente inferior al valor real de sus tierras-, y un ticket sin retorno para el viaje incierto de su reubicación.


4. Enfrentamos una concesión que vende al país por un pago directo que no será superior a los 100 millones de dólares, y que el inversionista procurará pagarnos a destajos si funciona el canal; ridículo monto que, para ilustrar, es directamente proporcional a lo que ingresa en nuestra economía nacional, en tan solo 2 meses de remesas familiares.

Actualmente, Nicaragua ostenta tan solo el 1% de las acciones totales del proyecto, monto que se acrecentaría a posteriori sobre la base de unos acuerdos entre accionistas que jamás han salido a la luz pública. Mientras tanto, la Policía y el Ejército han sido designados como garantes de la seguridad del proyecto.

5. Enfrentamos una concesión que generosamente exime al inversionista, sus socios y aliados, del pago de cualquier tipo de impuestos durante 116 años para todos los proyectos incluidos en el gran-combo de la concesión, dígase canal húmedo, canal seco, oleoducto, puertos de aguas profundas, zonas de libre comercio, aeropuertos, y la gran caja de sorpresas de los nuevos sub-proyectos que Wang Jing puede ir agregando ad infinitum, bajo su libre albedrío y sin pagar un centavo.

Artilugio jurídico que, a dos años de aprobada la concesión, le ha permitido adicionar la construcción de ciudadelas, centros turísticos, hidroeléctricas, fábricas de explosivos, de acero y de cemento e incluso, la inundación de 400 kilómetros cuadrados del territorio nacional para construir un embalse artificial. Es un régimen tributario excepcional que verdaderamente supera todos los sueños de los grandes capitales.

6.  Enfrentamos una concesión que, en palabras del Presidente, prometía generar un millón de empleos, pero que ahora, en palabras del inversionista chino, teóricamente tan solo aseguraría 25,000 empleos para nicaragüenses en condiciones de enclave y jornadas extenuantes.

Una, como ciudadana, se pregunta, ¿qué sentido tiene despojar a 119,000 personas de sus tierras y actividades productivas, y afectar a más de 200,000 personas que actualmente beben agua del Gran Lago - y a las futuras generaciones que también beberán de él-, por 25,000 empleos temporales para la construcción de un proyecto de enclave que viene a competir con las actividades productivas tradicionales de Nicaragua? Esto es así, porque no escatimaron en establecer en la concesión, que el agua y la energía del país serán de uso prioritario para el proyecto canalero. No puedo dejar de preguntarme, ¿cómo estimar las afectaciones socio-productivas que generará este desplazamiento forzoso, los incrementos en el costo de vida en mi país, los costos de los daños ambientales y el drama social que el proyecto generará?

7. Enfrentamos una concesión que inventó un mega-ministerio llamado “Comisión del Canal”, que no solo se erige como autoridad todopoderosa –bajo designio presidencial-, sino que paradójicamente hoy, 2 años después de establecida, nadie sabe dónde se reúnen, cuando se reúnen, quienes integran su personal técnico, cuales son sus normativas internas, y peor aún, no sabemos qué deciden -en nombre de los nicaragüenses- pues sus resoluciones nunca han sido publicadas.

Uno de sus miembros recientemente se atrevió a decir que hace medio año que no se reúnen. Otro de ellos dijo, sin el menor decoro, que 1 mes era tiempo suficiente para revisar los estudios de impacto ambiental y social del proyecto -elaborados por la propia empresa concesionaria-, y sin estudios propios del Estado nicaragüense, cuando nuestra legislación ambiental ordinaria claramente establece que disponen de un máximo de 8 meses para analizarlos, y que, irrefutablemente, dichos estudios debían haberse realizado antes de entregar la concesión, y no después. Una se pregunta, ¿en estas manos reside el destino nacional?

8. Enfrentamos una concesión entregada arbitrariamente y sin licitación a un ciudadano chino, llamado Wang Jing, quien hemos descubierto, ha constituido una red de más 16 empresas de maletín, fantasmas jurídicos inventados para este proyecto, sin antecedentes técnicos, ni experiencia, y que están “respaldadas” -según documentos de registro- por capitales sociales que oscilan entre $400 y $1,200 dólares.

Nadie sabe hoy de dónde saldrán los 50 mil millones de dólares que hipotéticamente cuesta el proyecto. Sin embargo, sí hemos podido demostrar que la empresa concesionaria responsable de la obra de infraestructura más grande de la historia de la humanidad en materia de remoción de tierra, fue creada tan solo 15 días antes que se firmara el primer documento que le otorga derechos sobre este mega-millonario negocio; derechos que -por cierto- puede ceder, transferir y negociar con terceros a su libre y espontánea voluntad.

9. Enfrentamos una concesión que abusivamente sustrae al inversionista del cumplimiento de la ley nacional, estableciendo que no se le podrán aplicar sanciones ni civiles, ni penales, ni administrativas, obligando a trasladar la seguridad jurídica de nuestras reservas del tesoro nacional, a las resoluciones de tribunales de arbitraje que operan en Londres, pues en caso de conflictos, ningún juicio será tramitado en Nicaragua.

Situación atropellante que aún va más allá, pues el Presidente Ortega, ofertando el último candado jurídico posible, pasando por encima de sus atribuciones y superando lo inimaginable, se comprometió con Wang Jing a reformar la Carta Magna de la nación entera, ajustándola a los intereses corporativos del gran capital, como en efecto -y de manera vergonzosa- lo hicieron en enero de 2014, pretendiendo dar  una apariencia de legalidad a una concesión abiertamente inconstitucional.

10. Finalmente, enfrentamos una concesión que bajo la ilusión del canal, esconde un sin fin de posibilidades, que como caja de sorpresas, funcionarán bajo los lineamientos de los intereses económicos y geopolíticos que subyacen a la iniciativa, y en los que se incluye la posibilidad de que el mismo canal húmedo nunca sea construido, mientras que la concesión continuaría igualmente vigente para todos los demás proyectos, con todos los privilegios y beneficios necesarios para la apropiación privada del país, sus tierras y sus recursos.

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* Ponencia en Encuentro Académico y Foro Humboldt Binacional Costa Rica - Nicaragua

Universidad de Costa Rica (UCR)

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