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Transparencia cero en Nicaragua

El millonario desvío de los petrodólares venezolanos y la opacidad de la concesión del canal interoceánico

Carlos F. Chamorro | 15/6/2015
@cefeche

La Nicaragua de Daniel Ortega debería ser analizada como un estudio de caso sobre el desmontaje del Estado de Derecho y sus efectos perniciosos en la corrupción y la impunidad. Irónicamente, bajo este gobierno autoritario también florecen las oportunidades de negocios para el sector privado, pese a las dudas monumentales que pesan sobre la sostenibilidad del modelo. Un fuerte empresario recurrió a esta metáfora para explicar el dilema: “vamos en un tren de alta velocidad, sabemos que al final del túnel hay una pared y que podemos estrellarnos, quizás en una semana, en un año, o en cinco, pero mientras el rey nos permita hacer negocios e inversiones, vamos bien…”.

Cómo llegamos a este punto que cada vez nos recuerda más la época de Somoza, se explica en buena medida por el fracaso de la transición democrática. Después de la derrota electoral del modelo revolucionario en 1990, se promovieron ambiciosas reformas políticas y de mercado con el respaldo de la comunidad internacional. Sin embargo, el nuevo proyecto democrático encarnando la separación de poderes y la modernización de las leyes y las instituciones, no logró echar raíces políticas propias y a la larga fue revertido por la contrarreforma de los caudillos tradicionales. En el año 2,000, un pacto fraguado entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y el líder de la oposición sandinista Daniel Ortega, sometió a todas las instituciones al control partidario. En la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía y en la Contraloría, surgieron bancadas partidarias, sepultando la embrionaria autonomía institucional. En realidad, lo que falló no fue el diseño de las leyes sino la política, los partidos y sus líderes, mientras la economía se quedó a la zaga con una lenta recuperación sin lograr un impacto significativo en la pobreza masiva y el desempleo.

Hubo un momento esperanzador a finales del 2001cuando el gobierno de Enrique Bolaños abrió un proceso por corrupción contra Arnoldo Alemán y lo mandó a prisión. Alemán fue condenado a 20 años de cárcel, pero gracias a su influencia en la Corte Suprema de Justicia, Ortega hizo de Alemán un rehén para negociar cuotas de poder a su favor.

En 2007 Ortega regresó al poder, al ganar la Presidencia en primera vuelta con el 38% de los votos (una regla sui generis nacida del pacto con Alemán), e instauró su política de centralización de los poderes del estado con cero transparencia pública. El proceso anticorrupción contra Alemán llegó a su punto final por medio de una infausta negociación en la Corte Suprema. En un ostentoso “dando y dando’, los magistrados leales a Alemán lo absolvieron de todos los cargos, y los magistrados partidarios de Ortega aprobaron una resolución que permitió su ilegal reelección presidencial, evadiendo la obligación de hacer una reforma constitucional.  

El desmontaje del Estado de Derecho bajo Ortega también provocó el derrumbe del sistema electoral y la cooptación política del ejército y la policía.  En las elecciones municipales de 2008 se produjo uno de los fraudes electorales mejor documentados en la historia de América Latina, cuando el FSLN revirtió las votaciones en un tercio de los municipios, incluida la capital. El gobierno de Ortega fue incluso objeto de sanciones internacionales, como la suspensión de la Cuenta del Milenio de USAID, pero logró sortearlas con la asistencia de los petrodólares venezolanos y la alianza con el gran capital, inaugurando el régimen corporativista que perdura hasta hoy.

En los comicios de 2011, los observadores documentaron otro fraude que le otorgó al FSLN más de quince diputados adicionales en la elección legislativa, permitiéndole a Ortega tener mayoría calificada en el Congreso, con lo que selló el control total de las instituciones. El otrora pacto entre dos caudillos, pasó a ser el monopolio del poder de una persona, una pareja, o a lo sumo de una familia.

Desde el 2007, en Nicaragua se han producido abundantes casos de corrupción que han quedado en la impunidad, pero ninguno ejemplifica mejor sus consecuencias a largo plazo que la ley del canal interoceánico y los petrodólares venezolanos.   

El desvío de los petrodólares

Al amparo de Petrocaribe y el Alba, el presidente Hugo Chávez acordó con  Ortega un generoso convenio estatal de colaboración petrolera que le permite al país pagar el 50% del petróleo a 90 días, y el otro 50% se convierte en un crédito concesional a 25 años de plazo. Venezuela decidió que el deudor del crédito fuera la entidad privada Alba Caruna, una cooperativa controlada en última instancia por el presidente Ortega.

En consecuencia, en los últimos ocho años se ha producido el desvío de 3,400 millones de dólares, originados en la cooperación estatal venezolana, hacia canales privados. Una especie de privatización anómala sin ninguna clase de ley, control público o rendición de cuentas sobre un fondo equivalente a un tercio de los ingresos fiscales, que se maneja como un presupuesto paralelo al margen de toda supervisión estatal. Un porcentaje de estos fondos se destinan al clientelismo social y partidario, con gran rentabilidad política, pero la mayor cantidad desemboca en negocios privados. De hecho en 2010,  Nicaragua le informo al FMI que el 62 % de estos fondos se destinarían a proyectos con fines de lucro y solo el 38% a subsidios o donaciones sociales.

Del matrimonio de las empresas estatales PDVSA de Venezuela y Petronic de Nicaragua, nació la compañía “privada” Albanisa, que se ha convertido en uno de los grandes capitales emergentes del país. Albanisa produce el 25% de la generación de energía, controla las operaciones de la empresa española (TMI) distribuidora de energía, y ya es la segunda empresa exportadora del país. En torno a Albanisa se ha tejido una amplia red de negocios controlados por la familia presidencial que incluye canales de televisión, redes de gasolineras, hoteles, proyectos agropecuarios y bancos, que no tienen nada que ver con el combate a la pobreza o la creación de infraestructura para el desarrollo. Mientras tanto, el gran sector privado también se beneficia del pastel de los petrodólares gracias al incremento exponencial de sus exportaciones a Venezuela.

En cualquier país donde funcione a medias el Estado de Derecho, una entidad de control estatal investigaría de oficio la apropiación privada de estos millonarios fondos estatales por la familia presidencial. Pero en Nicaragua. el presidente de la Contraloría, Luis Angel Montenegro, se dio por ofendido cuando la prensa independiente le reclamó por su inacción: “no somos una unidad de delitos económicos, ni policía, ni FBI, nosotros velamos por las entradas y salidas del presupuesto, vaya usted a preguntarle al Presidente”, respondió airado el funcionario.

La opacidad del proyecto canalero

En el caso del canal interoceánico, la situación es todavía peor en materia de opacidad y falta de transparencia. Hace dos años, el parlamento otorgó una concesión canalera al misterioso empresario chino Wang Jing, sin pasar por ninguna licitación. La ley más importante de la historia de Nicaragua, fue aprobada por la bancada oficial en un trámite de siete días, con una consulta limitada de dos días y con tres horas de debate parlamentario.

Esta ley otorga derechos irrestrictos al concesionario, en detrimento del Estado y la soberanía nacional, creando una especie de enclave en el territorio nacional por más de cincuenta años prorrogables a cien. Nicaragua incluso renunció a la inmunidad soberana del Banco Central y sus reservas quedaron en riesgo ante cualquier proceso de arbitraje internacional. Y aunque la promesa de empleos e inversiones ciertamente ha generado expectativas entre la población y en la clase empresarial, la ley canalera ha generado tres preocupaciones fundamentales:

El derecho de propiedad. La ley permite al concesionario expropiar propiedades privadas, comunales y públicas, a través de un mecanismo expedito, ofreciendo como compensación un pago por el valor catastral de la tierra y no por su valor de mercado. Más de 23 mil familias, unas 120 mil personas, serían afectadas y desplazadas de forma forzosa en la ruta canalera, lo cual ha provocado ya una rebelión que suma 47 movilizaciones campesinas de protesta.

El impacto ambiental. El proyecto de 278 kilómetros de largo, cruza el lago de Nicaragua a lo largo de 105 kilómetros y requeriría de un dragado masivo para que éste tenga la profundidad requerida de 30 metros. La comunidad científica nacional e internacional teme que esto puede causar un daño irreversible a la mayor reserva hídrica de Nicaragua y Centroamérica. Hace dos semanas, la empresa Environmental Resources Management entregó al gobierno el estudio de impacto ambiental del canal, pero hasta ahora se mantiene en secreto y no hay planes de someterlo a un escrutinio independiente.

Los sub proyectos. La ley canalera contempla además la construcción de diez sub proyectos que gozan de las mismas ventajas que el canal. Incluye dos puertos, aeropuertos, zonas de libre comercio, proyectos turísticos, oleoductos, ferrocarriles, y cualquier otro proyecto que pueda surgir en el futuro de acuerdo al interés del concesionario.

Tomando en cuenta la dudosa viabilidad del proyecto canalero --una obra de 50 mil millones de dólares que carece de financiamiento, y que tampoco tiene un plan de negocios que demuestre su viabilidad comercial-- lo más probable es que el canal nunca se llegará a construir. Sin embargo, a través de la ley 840 Nicaragua está atada ad infinitum a una oscura red especulativa de negocios en torno a los sub proyectos del canal que, por su magnitud, podría derivar en una operación de corrupción aún mayor que el desvío millonario de la cooperación venezolana. Todo dependerá, a final de cuentas, de lo que estén dispuestos a tolerar los nicaragüenses.

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Texto para la discusión en el Foro del Programa Latinoamericano del Wilson Center: “Combatting Corruption and Building The Rule of Law”. Washington DC.

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