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Basta de torturas e impunidad

La discrecionalidad abusiva, la pérdida total de institucionalidad, que, en apariencia, eleva al absolutismo a su máxima expresión de poder, se vuelve, en realidad, contra el mismo orteguismo

Fernando Bárcenas | 12/5/2015

Quien sabe de dolor, todo lo sabe.

Dante Alighieri

Grupos encapuchados de la policía orteguista han suscitado el terror en la comunidad de Rivas con capturas sin orden judicial y sin que medie la ejecución de flagrante delito, ya que los ciudadanos vienen detenidos en sus casas o mientras realizan sus labores cotidianas.

Vestidos de civil, cubiertos con pasamontañas, los policías de Ortega secuestran a los ciudadanos violentando en su totalidad el debido proceso. Todo lo cual, en el orden jurídico vigente tiene, por supuesto, responsabilidades penales de hasta cuatro años de prisión. Y violenta, además, los principios que protegen a las personas sometidas a cualquier forma de detención o de prisión, conforme a resolución 43/173 de las Naciones Unidas.

En este caso, al cabo de las 48 horas de detención arbitraria, la policía no sólo no puso a la orden del juez a las 6 personas capturadas en Rivas, con cargos específicos, de acuerdo a las pruebas que –sin torturas- deberían recabar durante la detención preventiva, conforme lo establece el artículo 33 de la Constitución Política y al artículo 166 del Código Procesal Penal, sino, que los capturados permanecieron desaparecidos como si hubiesen caído, efectivamente, en manos de una banda de malhechores. La policía durante un lapso de cinco a siete días se niega a dar a conocer el paradero de los detenidos, incluso ante el Juez Ejecutor del habeas corpus nombrado por el Tribunal de Apelaciones de Managua.

Durante los juicos a los nazis por crímenes contra la humanidad y, luego, en el juicio a Adolf Eichmann, vemos que los acusados repetían: “Solamente obedecíamos órdenes superiores”. Quizás comprendieron, al pie de la horca, que sí importaba, evidentemente, que las órdenes que obedecían fuesen crímenes contra la humanidad.

Cinco días después de la captura, el domingo 3 de mayo, el señor Francisco Javier Ponce, uno de los prisioneros desaparecidos, aparece de pronto muerto en las celdas de la tenebrosa prisión del Chipote de la Dirección de Auxilio Judicial de la policía de Managua, donde se tortura a los reos, según lo denuncian quienes han pasado por experiencias similares en dichas instalaciones.

Si la policía violenta las normas que limitan el proceder de la policía (véase el Manual de Procedimientos de investigación policial en delitos y faltas penales), y si violenta simultáneamente las normas que protegen a los detenidos (léase el artículo 45 de la Constitución y el artículo 64 de la Ley de Amparo), y si en ese proceso abusivo y anómalo el reo muere, el Estado estaría obligado a abrir un proceso de investigación independiente.

El riesgo mayor, para la institucionalidad, es que intervenga intempestivamente Asuntos Internos de la policía y se incrimine, en un intento de encubrir el crimen. Entonces, toda la policía, hasta el mando superior, estaría comprometida.

Asuntos Internos de la policía declara el 6 de mayo que el reo se ha suicidado con una camisa manga larga a cuadros, que habría usado como cuerda para ahorcarse.

Para meterse en esa trampa estúpida, el mando superior de la policía (comprometido ya en el proceder investigativo al margen de la ley) tiene la seguridad que el Estado ha degenerado políticamente por encima de la Constitución. Es decir, sólo una dictadura, policíaca y militar, hace coherente ese comportamiento delictivo de las instituciones estatales.

La mentira oficial no es el acto simple de ocultar ocasionalmente la verdad. Ha llegado a ser una forma de vida en la sociedad nicaragüense, que se corresponde con la pérdida de la libertad.

La policía presenta a un forense en lugar de entregar una autopsia independiente ante un tribunal especial, similar al de Núremberg (para conocer violaciones institucionales a los derechos humanos, que implican al Estado).

No hay lesiones defensivas, argumenta el forense, como si se sospechara de un agresor imprevisto. Los torturadores no conceden a las víctimas la posibilidad de defenderse. ¿Qué lesiones defensivas espera encontrar en un hombre que ha sido secuestrado, amarrado, encapuchado, incomunicado en un subterráneo, e interrogado por cinco días en instalaciones de tortura?

La autopsia forense, en este caso, no sólo debe buscar realmente la causa de la muerte, sino, que debe buscar las pruebas de un homicidio. Del resto, sería importante determinar qué puede llevar a un hombre sin tendencias suicidas (que la policía describe como de armas tomar), a suicidarse durante su secuestro policial al margen de la ley. ¿Cuál es el trato en las mazmorras de la policía que pueden inducir un suicidio? ¿Cuáles condiciones en las cárceles pueden convertir a la muerte en la mejor amiga? La prisión clandestina debe abrirse a una inspección de los organismos de derechos humanos.

Todos los golpes y heridas –dice sin sonrojo el doctor Medina- se los hizo el mismo reo o son producto de la autopsia. El palabrerío superficial de un médico se trueca en evidencia, como si fuese una prueba científica forense.

El forense debe explicar en detalle las lesiones internas en el cuello, y demostrar que son coherentes con el lazo imperfecto de la camisa (ampliamente abierto en el costado izquierdo del cuello, sin presión sobre la carótida y la yugular). Más que una estrangulación, lo que se observa es que el cadáver pende de la mandíbula y del occipital, con el rostro hacia arriba, ya que no hay lazo corredizo por la forma que ha sido anudada la camisa manga larga (que alguien le habrá prestado en la celda al reo, después que ha muerto, puesto que no era suya).

Debe demostrar que con la pérdida de la conciencia, cuando se producen los movimientos peristálticos, el relajamiento muscular y la pérdida de reflejos, el supuesto suicida continuaría sosteniendo la camisa con los dientes, aparentemente usada para ahorcarse (con mayor razón, si consideramos que físicamente, en tal caso, buena parte de la tensión dinámica del tiro de la camisa la recibirían los dientes, si es que la mordida cumple alguna función mecánica de sostén).

Seguramente, el doctor Medina tampoco recuerda la física, de modo, que puede permitirse pensar, de forma absurda, que el reo sostiene el lazo simple con los dientes en un ahorcamiento por caída corta, sin experimentar en los incisivos un tirón terrible por el cuerpo de más de 230 libras abandonado a la aceleración de la gravedad por 50 centímetros de caída libre (el largo de la camisa entre ambos nudos), desde la altura de las barras en el techo de la celda.

No es extraordinariamente difícil calcular la fuerza que experimentarían los dientes y el torque –o fuerza rotacional- que sufriría el cuello, si el lazo imperfecto viene detenido por los dientes. La autopsia debería revelar el daño en los tejidos y en los huesos del cuello por la fuerza rotacional. Las petequias a las que hace referencia el forense son indicios de asfixia, pero, en un ahorcamiento por caída corta deben aparecer daños mecánicos graves… La ruptura del arco neural del hueso axis, fractura del hioides y enfisema cervical, las lesiones en la médula espinal, la apertura violenta de la base craneal por el apalancamiento sobre el hueso temporal…

Vemos que los brazos del cadáver vienen flexionados y extendidos sin dificultad sobre la mesa del forense, sin presencia aún de rigidez cadavérica. Y se sabe que la rigidez empieza más pronto en las extremidades de los miembros. De modo, que la rigidez de la mandíbula, si fuese cierta, podría producirse artificialmente inyectando agua con cal, o cloroformo o vinagre, a fin de sostener con suma prudencia el puño de la camisa entre los dientes, mientras se suspende con sumo cuidado el cadáver para tomar la foto.

Con especial cuidado, el forense debió evitar que su intervención sirva de coartada para encubrir lesiones en los huesos y en los órganos internos, como si tales lesiones fuesen producto de la autopsia. Para ello, debió filmar y grabar la autopsia, y recurrir a la presencia de testigos idóneos, bajo juramento judicial, independientes de la policía.

Explica el doctor Medina:

“En el caso de los privados de libertad u otras personas que estén bajo custodia, medicina legal debe realizar otras incisiones además de las convencionales para buscar posibles lesiones internas”.

Esto es un disparate sospechoso. Cuando se presume un homicidio no hay incisiones convencionales. El forense debe investigar todas las huellas o señales de maltrato, externas e internas, que aclaren las causas y las circunstancias específicas de la muerte, y de la agonía, con independencia que la víctima esté privada de libertad o menos. El forense debe realizar una investigación científica, concreta, con auxilio del laboratorio de patología para determinar la cronología de las lesiones, no oficiar misa. Porque las señales microscópicas post mortem se ven influidas por las causas, por la posición y por las circunstancias de la muerte. El forense debió usar, además, estudios radiológicos para comprobar los daños que se corresponden con el método de ahorcamiento supuestamente utilizado, y estudios histológicos en las heridas y en los órganos internos.

En su informe, un forense descubre su profesionalismo o menos por la forma que ha conducido y recabado la información pertinente.

El informe forense, cuando las circunstancias indican que ha habido un homicidio, jamás puede concluir que la muerte se deba a suicidio. Esta es la conclusión a la que llegará el tribunal de jurado. Si bien el forense puede llegar a probar si hubo mano criminal, no puede demostrar que no la hubo (aunque no la hubiese encontrado). A menudo, una autopsia escrupulosa no puede determinar la secuencia de las lesiones, de modo, que no siempre puede pronunciarse tajantemente entre dos o más causas de muerte. Por ello, un forense serio se debe limitar a señalar lo que ha encontrado, sin descartar nada que resulte probable.

No obstante, una verdadera autopsia en cualquier tiempo futuro podrá arrojar luz sobre los huesos cortados limpiamente con la sierra del forense, y aquellos fracturados por golpes de tortura. Una autopsia incompleta o mal hecha deja mil trazas que ponen al descubierto al forense sospechosamente negligente.

La discrecionalidad abusiva, la pérdida total de institucionalidad, que, en apariencia, eleva al absolutismo a su máxima expresión de poder, se vuelve, en realidad, contra el mismo orteguismo. La falta de confianza en las autoridades se convierte en temor, y el temor no necesariamente paraliza permanentemente, sino, que es el inicio de una conciencia política que hace del cambio radical una necesidad urgente de sobrevivencia.

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El autor es ingeniero eléctrico

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