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Encuesta de opinión de M&R

Fernando Bárcenas | 25/4/2015

Una encuesta de opinión no refleja la realidad que vive el país. No es esa su función. En una encuesta de opinión no bastan los conocimientos estadísticos. Habrá que evaluar la validez del muestreo, y el contenido de las preguntas, para desentrañar si la encuesta pretende poner a luz el nivel de conciencia sobre las circunstancias sociales, políticas y económicas en que el entrevistado emite su opinión, o si la encuesta intenta cubrir dicha conciencia con preguntas que distorsionan ideológicamente la realidad.

En su encuesta, calculadamente superficial, M&R pregunta:

  • ¿Tiene cédula? ¿Está vigente?

Y concluye que el 48.5 % no tiene cédula o la tiene vencida. Pero, lo importante, ante ese pésimo resultado, respecto a un documento básico para la identificación ciudadana, es evaluar si la población considera que las autoridades responsables actúan correctamente para que se desarrolle un proceso de cedulación con óptimos resultados. M&R debió preguntar:

  • ¿Cumple con la ley el CSE, y facilita un trámite ordenado y expedito (sin filas) para que todos los ciudadanos obtengan su cédula al precio acordado en el parlamento?

Pero, el gobierno absolutista habría censurado esta pregunta elemental, que indaga sobre la eficiencia y la responsabilidad de una institución seriamente cuestionada. M&R descubriría, de pronto, si hay o no democracia en el país.

Respecto al canal interoceánico, cuya concesión abusiva amenaza la soberanía y la integridad nacional como ningún otro acontecimiento de nuestra historia, M&R pregunta, con inocente naturalidad:

  • ¿El canal es un proyecto serio, le trae beneficios, usted lo aprueba?

Y M&R sabe que el ciudadano común no está capacitado para discernir por si solo si, técnica y financieramente, tras la concesión a Wang Jing hay un proyecto serio. Precisamente, porque la concesión a Wang Jing fue aprobada de prisa por el gobierno, sin una evaluación seria ante la población.

Antes que un financiero se empeñe en proveer la inversión, hay parámetros especializados para evaluar la seriedad de un proyecto. Habrá que ver si –una vez que el proyecto ha iniciado el 22 de diciembre pasado- los financieros lo consideran serio. Antes que un proyecto serio comience obras, hay procesos públicos de licitación que, en este caso, brillan por su ausencia. La falta de información pertinente es un indicio alarmante que el proyecto no goza de buena salud. A dos años de su aprobación, el proyecto no está, siquiera, en la etapa de formulación técnica inicial. Nadie sabe cómo se fracturará el lecho lacustre a lo largo de 89 kilómetros de largo por 520 metros de ancho, a 27.6 metros de profundidad.

¿Para qué pregunta al encuestado, ahora, si aprueba, dos años después, un proyecto insensato que apresuradamente fue convertido en ley de la república, de espaldas a la nación. M&R sabe que un proyecto de ingeniería como éste, se debió discutir en un proceso de análisis técnico multidisciplinario, con información científica, contrastada en foros de debate público frente a la nación, como hicieron con la ampliación del canal de Panamá. M&R, para no actuar como cómplice de la demagogia debió preguntar un abanico inmenso de aspectos objetivamente amenazantes que presenta el proyecto. Para empezar:

  • ¿Cree usted que se debió realizar un referendo nacional sobre la concesión para construir un canal interoceánico por el lago Cocibolca?

Respecto al aspecto entreguista de la soberanía, que violenta la Constitución, para no ser cómplice de la demagogia M&R debió preguntar:

  • ¿Está de acuerdo que las tierras para beneficio de cualquier subproyecto del concesionario (para construir hoteles, casinos, campos de golf, proyectos habitacionales, etc.), sean expropiadas en cualquier momento (ahora, y dentro de diez o cincuenta años) a discreción del concesionario, y se paguen a un valor igual o menor al precio catastral, como lo estipula la ley 840?
  • ¿Está de acuerdo que se modifique cualquier ley, incluida la Constitución, si el inversionista lo considera necesario para el éxito de cualquier subproyecto?
  • ¿Aprueba usted que el inversionista de cualquier subproyecto no esté sujeto a las acciones civiles o penales, ni a sanciones administrativas o económicas, como resultado que tal inversionista omita o incumpla las obligaciones adquiridas en la ley de concesión 840?
  • ¿Está de acuerdo que si el inversionista requiere cualquier acción u omisión que violente la Constitución de la república, el Estado de Nicaragua le compense?
  • ¿Aprueba usted que como contraprestación por los derechos concedidos, el inversionista únicamente procure entregar sólo hasta 10 millones de dólares anuales durante diez años?
  • ¿Le crea esperanzas a usted este beneficio de la concesión canalera –de 10 millones de dólares al año- si lo compara con las remesas de nuestros emigrantes, que recibe el 80 % de las familias nicaragüenses, y que alcanzan 1,200 millones de dólares al año (a cambio de nada)?
  • ¿De junio de 2013 a marzo de 2015, ha percibido usted que la concesión canalera ha generado empleos en Nicaragua, de los 50 mil que aseguró el gobierno?

El gobierno habría censurado estas preguntas elementales, extraídas de la ley 840. El señor Obregón, gerente de M&R, con relación al canal afirma: “No hay que robarle las esperanzas al pueblo”. ¿Ello significa ocultar la realidad tras preguntas superficiales?

La ley 840 es tan particular que retrocede antes del código Hammurabi, 1750 años antes de Cristo. Por ella, un concesionario oscuro y sus asociados resultan inmunes a las leyes del país. El absolutismo les concede a Wang Jing y a sus socios el derecho de anular o de modificar a conveniencia el sistema jurídico del país. Es una forma de ocupación colonialista extrema, de carácter pirata (fuera, incluso, del orden legal de la metrópoli), y que anula el concepto de nación.

Eduardo Galeano, el más formidable acusador del saqueo de América Latina, con tres preguntas, denuncia que se le ha abierto la yugular a Nicaragua.

¿Alguien duda que los servicios de inteligencia del orteguismo han orientado a sus militantes, que en lugar de reprimir a los encuestadores se infiltren como entrevistados? La muestra estadística tiene, entonces, una sobrerrepresentación política, que la invalida completamente. En estadística, se pueden hacer observaciones probabilísticas sobre una población, sólo cuando se han seleccionado correctamente muestras representativas de dicha población, respecto al tema en estudio.

La encuestadora debe explicar cómo logra vencer esta infiltración estructural, para no caer en complicidad. ¿Cómo ha procedido M&R para seleccionar un muestreo representativo para deducir qué porcentaje de la población adversa un régimen absolutista? Y explicarnos si este método se puede replicar en Corea del Norte.

Decía Mark Twain: "Existen tres tipos de mentiras: la mentira, las grandes mentiras y las estadísticas".

M&R pregunta con una demagogia implícita: ¿Está satisfecho con el funcionamiento de la democracia? ¿Se ha fortalecido la democracia?

La democracia formal no radica en el apoyo mayoritario que un dictador pueda obtener de los oprimidos, sino, en la existencia de un Estado de Derecho.

¿Qué es un Estado de Derecho?

En síntesis, es la capacidad de la población de movilizarse por sus reivindicaciones insatisfechas, y de cambiar a las autoridades que considere menester. Es decir, la democracia radica en la tolerancia institucional a la rebelión cívica de quienes se ven marginados por el sistema.

Para indagar sobre la democracia formal, bastaba que M&R preguntara al entrevistado si pensaba que podía organizar un reclamo público contra las políticas de Ortega o contra la inoperancia del Estado para resolver los problemas de los ciudadanos, sin enfrentar la represión de las fuerzas orteguistas.

M&R pudo preguntar: ¿Cree usted que la represión ha crecido en la medida que la policía y el ejército adquieren carácter partidario?

Pero, M&R pregunta: ¿Aprueba la gestión del gobierno? ¿Nicaragua ha progresado?

En otra parte de la encuesta, el 85.7 % considera que el gobierno no ha hecho nada por su familia. El 60.1 % piensa que está peor que el año pasado. El 80 % responde que no le alcanzan sus ingresos para satisfacer sus necesidades. El 78.1 % piensa que la situación económica del país es mala.

El 80 % de la PEA es trabajo informal, con una disminución del poder adquisitivo real. Es un sector saturado: el 50 % no alcanza a cubrir media canasta básica. Esta situación objetiva empuja a emigrar del país a casi el 50 % de la población.

¿Qué pasaría si el 80 % de las familias no recibieran los 1,200 millones de dólares de las remesas? M&R pregunta: ¿Simpatiza con el partido en el gobierno?

Debió indagar qué tan efectivo ha sido el partido en el gobierno en reducir el desempleo, en reducir el costo de la canasta básica y los servicios, en reducir la pobreza, en contrarrestar los efectos del cambio climático, en reducir los costos energéticos, en reducir la emigración.

El 47.4 % de la población está dispuesto a emigrar. Ello indica que objetivamente no tienen esperanzas o, más exactamente, oportunidades.

M&R pregunta: ¿Confía que las elecciones serán justas y limpias?

El 45 % de la población adversa al orteguismo, pese al control absoluto de los poderes del Estado y de la tremenda coacción sobre 176 mil empleados públicos. Desde diciembre de 2011 el orteguismo no consigue avanzar en simpatías partidarias, a pesar que sea obligatorio inscribirse en el partido para trabajar en el Estado. Si Ortega pierde 5 % del electorado, hay un empate teórico. ¿Se arriesgaría Ortega a perder el poder en un proceso justo y limpio? Solamente que ese escenario sea para él un mal menor. Nada, por ahora, le obliga a cambiar algo para que todo siga igual.

La pregunta debió ser: ¿Cree usted que Ortega perdería el poder si, en los hechos, perdiese las elecciones? O bien. ¿Cree usted que Ortega ganaría las elecciones, aunque las perdiese?

A nivel nacional, sólo un error represivo de Ortega o un robo descarado en una situación de emergencia, podría crear una dinámica política de cambio. Sin embargo, no es una mala elección confiar en los errores de Ortega, ya que su proyecto se estrella contra el interés nacional. Una buena dosis de la estrategia se basa en prepararse, por medio de un análisis probabilístico, para aprovechar el error del adversario, por acción u omisión.

Ante ello, pregunta intencionalmente M&R: ¿El diálogo es el método de resolver conflictos?

El CSE tiene un 37 % de desconfianza; la Corte Suprema de Justicia, el 35.2 %; la Asamblea Nacional, el 34.4 %. En estas instituciones confía el mismo porcentaje de los simpatizantes orteguistas. ¡Es lógico! No hay, pues, espacios de diálogo con el absolutismo.

El diálogo como método de resolver conflictos no es posible si no existe una institucionalidad que se imponga de manera creíble a las partes. En consecuencia, el conflicto entre el orteguismo y la nación tiene una naturaleza excluyente, y se resuelve por medio de una lucha directa, basada en la transformación de la correlación de fuerzas. El diálogo sería, entonces, si acaso, sólo una forma auxiliar de acortar la victoria del pueblo.

*Ingeniero eléctrico

 

 

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