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La ironía oficial con un programa del Banco Mundial para modernizar gestión pública

Proyecto de transparencia BM se maneja 'en secreto'

Ministro de Hacienda se rehúsa a brindar información sobre programa pro transparencia de US$35 millones. Los principales usuarios del programa -diputados, empresarios economistas e investigadores- no lo conocen

Iván Olivares | 20/4/2015
@IvanOlivares66

Un programa impulsado por el Banco Mundial para promover la transparencia en el uso de los fondos públicos, se maneja con extremo secretismo entre la administración pública y es prácticamente desconocido por quienes están llamados a ser sus principales usuarios: ciudadanos, diputados, empresarios e investigadores.

El Proyecto de Modernización del Sistema de Administración Financiera del sector público (PMSAF), comenzó en 1996, cuando resultó evidente que se podía aprovechar la tecnología para manejar la contabilidad y las finanzas del Estado, soñando con dejar atrás el papel. Sin embargo, al comenzar la segunda década del presente siglo, la administración comprobó que el mismo estaba lejos de cumplir los objetivos que se había impuesto.

Con eso a la vista, el país solicitó –y obtuvo- US$35 millones para modernizar el Sistema de Información para la Gestión Financiera y de Auditoría (SIGFA), que permite observar en tiempo real la ejecución del Presupuesto General de la República. De paso, se decidió que la información que generara el sistema estaría disponible para los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil para, entre otras cosas, aumentar la transparencia con que se maneja la cosa pública.

Lo irónico es que nadie, fuera del gobierno, conoce los alcances y los detalles del programa, y el gobierno mismo se rehúsa a brindar información sobre el PMSAF.

En el documento presentado al Banco Mundial en 2010 para conseguir US$10 millones, se establecía que el proyecto permitiría “ejercer mayor vigilancia de la ejecución del presupuesto público por parte de grupos cívicos que resultará en una gestión pública más transparente y orientada a los resultados”. Además, se proponía “lograr mayor transparencia y acceso a la información pública que permitirá a los ciudadanos dar seguimiento a los procesos de administración pública”.

Aunque estaba previsto alcanzar esas y otras metas al 31 de diciembre del 2015, fue necesario conseguir un financiamiento adicional por US$25 millones (de los cuales, US$10 millones fueron aportados por el BM; con igual cifra otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), y el monto restante saliendo de las arcas de la Unión Europea), para cumplir los objetivos propuestos, sólo que ahora, el 31 de diciembre del 2017.

Confidencial solicitó una entrevista con el Ministro de Hacienda, Iván Acosta, para hablar sobre el programa de transparencia, pero no tuvimos ninguna respuesta. Llamamos también a Milton Sandoval, Director de la Oficina de Acceso a la Información Pública, para solicitar una entrevista con Acosta, su vice, o los miembros del equipo técnico de Hacienda que se encargan de la ejecución de este proyecto de transparencia. Tampoco hubo respuesta.

Confidencial también consultó con empresarios, diputados, ex funcionarios del Ministerio de Hacienda, así como con economistas que dependen de esa información para realizar estudios y análisis sobre el desempeño del sector público. En general, la respuesta fue “no lo conozco”, o “he oído decir, pero sé muy poco al respecto”. Los economistas criticaron con dureza la falta de transparencia y el secretismo con que se maneja la administración Ortega.

Paciencia

Aunque ninguna autoridad gubernamental contestó nuestra solicitud de información sobre este proyecto relacionado con el manejo de los recursos públicos, Alberto Leytón, el Especialista Senior que el Banco Mundial nombró como gerente de este proyecto, confía en que los objetivos planteados se harán realidad al culminar el proyecto. Dentro de (casi) 33 meses.

“Tenemos un acuerdo para desarrollar y poner en operación este sistema, y que la información será accesible. Ya la pregunta de si creemos que esto será posible o no, es entrar un poco en el ámbito de la especulación”, señaló al ser entrevistado vía telefónica por Confidencial.

Uno de esos objetivos es “hacer más eficientes los sistemas públicos de adquisiciones y auditoría, y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas”. Leytón recuerda que “en los noventa lo que se tenía que hacer era tomar control de la información. Todas las transacciones eran manuales, se manejaban a través de cuadernos, etc. Lo primero era tomar control de la información y así se hizo”.

“Más adelante, cuando se creó el SIGFA, lo que se hizo fue desarrollar y adoptar una tecnología de integración y consolidación. Ese sistema ha tenido una vida útil de 10 años, y ha sido efectivo durante esos 10 años, porque ha permitido que el país pueda mantener sus operaciones, que las finanzas públicas puedan estar controladas, que se puedan elaborar los estados financieros, etc. Hoy día, se está dando un nuevo salto hacia una tecnología mucho más poderosa, que va a permitir este nivel de interacción en tiempo real”, detalló.

Si manejar la información a través de una Intranet que pocos fuera de su ámbito de uso conocen, ha tenido un resultado exitoso, es dudoso que se pueda decir lo mismo acerca del objetivo de “fortalecer el sistema de gestión de recursos humanos en el contexto de la reforma del servicio civil”.

Ante el señalamiento de que el gobierno ha despedido a centenares de funcionarios que no simpatizan con el FSLN, y muchas veces no les paga las liquidaciones, el funcionario del Banco Mundial responde: “no podría comentar de casos específicos, porque no nos corresponde verlo a ese nivel de detalle. Lo que estamos haciendo en materia de apoyar la gestión de los recursos humanos está orientado a dos cosas: por un lado, completar el desarrollo de los procedimientos, y mantener un registro apropiado del personal de la administración pública”.

La meta es “que se pueda llevar un control efectivo, de quiénes son los servidores públicos, cuál es el registro de la evolución de su carrera; que se puedan incorporar procesos de evaluación de desempeño, y que se puedan aplicar los procedimientos que la Ley y los reglamentos señalan”.

“El hecho de que existan prácticas como la que has descrito, es algo que va más allá del proyecto. Esto tiene que ver con situaciones que ocurren en la administración pública, no sólo en Nicaragua, pero justamente, el hecho de tener una herramienta que permita controlar y regular mejor las operaciones de gestión de recursos humanos, va a minimizar los riesgos de ese tipo de actividades”, señaló.

¿Ciudadanos y organizaciones empoderadas?

Al destinar US$25 millones más para darle al proyecto la posibilidad de cumplir sus metas con dos años de atraso, se pretendía “ejercer mayor vigilancia de la ejecución del presupuesto público por parte de grupos cívicos que resultará en una gestión pública más transparente y orientada a los resultados”. La realidad actual es que el gobierno sigue ocultando información, y nadie tiene acceso a esa información.

“Sí tenemos un acuerdo con el gobierno de que en la medida en que se implemente ese proyecto y que el nuevo sistema esté disponible y en operación, la información que se genere será de acceso público. Esa es una práctica que se promueve a nivel internacional. De hecho, existen algunos indicadores que hemos monitoreado a nivel mundial, para asegurar que el presupuesto público sea efectivamente público y accesible”.

“¿En qué momento vamos a poder ver resultados específicos con relación a esto? Pues en este momento estamos en el desarrollo del sistema, y cuando el sistema entre en operación, vamos a ver mucha más facilidad para acceder a ese tipo de información”, aseguró.

Finalmente, el proyecto también se propone “lograr mayor transparencia y acceso a la información pública que permitirá a los ciudadanos dar seguimiento a los procesos de administración pública”. La intención suena a promesa de campaña, tomando en cuenta que hace poco más de tres años, el BID tuvo que poner como condición, la publicación de las bases de datos de tres encuestas efectuadas por el INIDE.

Leytón detalla que “la transparencia de las finanzas públicas y el presupuesto, es uno de los objetivos de lo que estamos haciendo. Tenemos un acuerdo para desarrollar y poner en operación este sistema, y que la información sea accesible. Hay que dar los pasos que corresponden, completar los procesos, tener los sistemas de información disponibles, y en ese momento, ver que se cumplan los objetivos, que fueron trazados en conjunto con el gobierno. Confiamos que cuando esté disponible, la información será accesible”, aseguró.

 

Cero acceso a información pública

*Diputados, empresarios y economistas desconocen programa del BM, cuestionan opacidad e inutilidad de Ley de Acceso

La única referencia oficial al Proyecto de Modernización del Sistema de Administración Financiera del Sector Público (PMSAF), es una nota de prensa, publicada en el sitio web del MHCP, que cita al Ministro de Hacienda Ivan Acosta diciendo que “más que contar con plataformas informáticas y de hardware, vamos a tener un nuevo sistema para gerenciar mucho mejor las finanzas públicas”.

Se trata de declaraciones hechas el 14 de marzo del 2014 durante la presentación oficial de los avances en la implementación del (PMSAF), ante el gabinete de gobierno, actividad realizada en la Secretaría de la Presidencia, en la que estuvieron presentes directores administrativo financieros, así como directores de planificación y cooperación.

Sin embargo, el espacio dentro del sitio web del MHCP destinado a presentar los pormenores del proyecto, está lleno de páginas en blanco, falsas notas de prensa, enlaces que no llevan a ninguna parte, y hasta un organigrama que ni siquiera está vinculado a una página en blanco.

El ministro Iván Acosta, no respondió la petición de entrevista que hizo Confidencial. Consultamos entonces a siete tomadores de decisión ajenos al gobierno, entre empresarios, diputados, ex ministros y economistas.

El diputado Eliseo Núñez (PLI), recuerda que “en el 2007, los diputados de la Comisión Económica, que pertenecían a la Alianza Liberal Nicaragüense, solicitaron acceso al SIGFA, y nunca hubo respuesta. En realidad, el módulo de consulta ciudadana, y lo que se conocía como ‘consulta en tiempo real’ del SIGFA, dejaron de funcionar apenas se inauguró el gobierno de Ortega”.

“Lo que se alega ahora es que el software y el hardware que soportaban esta aplicación, no son suficientes para resolver este tipo de consultas, por lo que ahora necesitan de una modernización que permita volver a estos servicios que originalmente se echaron a andar durante el gobierno de Enrique Bolaños”, rememoró.

El legislador no cree que el Frente Sandinista permita que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a esa información, porque “no existe la voluntad de hacerlo. Tendría que haber una gran presión de los organismos multilaterales, de detener los créditos si no se pasa a este formato en que el ciudadano pueda consultar”.

Ex funcionarios y empresarios

Por su parte, el ex ministro de Hacienda, Mario Arana, especifica que “esto comenzó efectivamente desde los años 90. Veo que siguen tratando que el sistema funcione. Es una gran ventaja para la administración pública saber qué está pasando en tiempo real con la ejecución presupuestaria”.

De aquella época recuerda que “siempre me pareció que había sido desafiante lograr que funcionara bien, porque tienen que pasar un montón de cosas: desarrollar los sistemas de clasificación, la forma correcta de introducir la información, lograr que se haga, que se cumplan los tiempos, los plazos establecidos, que no haya desfase entre la ejecución de los recursos y el reporte que se hace… No sería un sistema fácil, aunque fuera sólo para una empresa, y menos tratándose de todo un país”.

El ex viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro, sabe que “este es un sistema de administración de recursos presupuestarios. Es un sistema cerrado, en el sentido de que el acceso está restringido a las personas que autorizan las partidas”.

Con todo, “no me extraña que se plantee acceso para todos a partir del 2017. Eso es parte del ejercicio de transparencia: dejar constancia electrónica acerca de quién pidió los recursos y quién los aprobó, en base a qué información, y que cualquier ciudadano lo pueda ver. No recuerdo que haya habido ninguna ventana de consultas públicas, porque en 2005 y 2006, el sistema apenas se estaba implementando”.

Los empresarios Rosendo Mayorga, Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, y Rodrigo Caldera, titular de la Cámara de Industrias, apenas han escuchado algo de este proyecto millonario. “Hemos escuchado de él, pero al menos yo, no tengo conocimiento de ningún pormenor al respecto”, señala Caldera, mientras Mayorga acota que “no conocemos las particularidades de ese proyecto”.

Al preguntarles si les sería útil tener acceso a esa información, Mayorga dice que “toda transparentación de la información del Estado –que nos pertenece a todos- es bienvenida, pero insisto en que desconozco. Sería una herramienta excelente saber sobre la ejecución del Presupuesto General de la República; adónde van las diferentes asignaciones”, valoró.

Consultado acerca de las posibilidades de que un proyecto como éste desmonte –o minimice de alguna manera- la mentalidad secretista de quienes administran el Estado, Caldera responde que “la pregunta sería cómo están funcionando las leyes actuales sobre el manejo y el acceso a la información pública, para ver cuál será su impacto de este proyecto, y saber si es un problema de disponibilidad o un problema de voluntad”.

Economistas critican secretismo

El economista Alejandro Aráuz opina que “uno de los grandes problemas con este gobierno -sobre todo para investigadores, trabajadores por cuenta propia, y todos aquellos economistas o de distintas disciplinas que desarrollan trabajos de investigación para cualquier empresa- es conseguir información pública. Es difícil. Es imposible conseguirla por la vía de un sistema de información general y accesible”, aseveró.

“No sé si el proyecto contempla la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, porque el texto actual otorga mucha discrecionalidad a las instituciones y a los funcionarios para entregar o no la información. Por ejemplo, yo quería comunicarme con funcionarios del BCN, tener sus números de teléfono y sus direcciones de correo electrónico y no me los quisieron enviar. Ese es un problema de acceso también a los funcionarios”, valoró.

Aráuz no cree que este proyecto vaya a cambiar la mentalidad secretista, porque parece estar más centrado en fortalecer la Intranet del gobierno, que en otorgar acceso de los ciudadanos a la información. Prueba de ello es el atraso (o simplemente inexistencia) de información en los sitios web del INE, INIDE y hasta del Ministerio del Trabajo.

Su colega, el también economista Néstor Avendaño, tampoco conoce el proyecto. Por el contrario, “veo que siempre hay poca transparencia, poco acceso oportuno a la información. Ni siquiera a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública se consigue nada. Ojalá que cuando pongan a funcionar este proyecto se solucione ese problema”, rogó.

El experto observa que “el secretismo es la posición política del gobierno. Si la decisión presidencial es brindar poca información, realmente nunca vamos a tenerla. Visito la página web del MagFor, que maneja un gran componente de la producción, pero allí no hay información veraz ni actualizada. Incluso, datos que no son muy sensibles, como son los precios al productor, no están disponibles”.

“La información -que es una herramienta necesaria para un análisis sencillo- no está disponible, y si se pide a la Oficina de Acceso a la Información Pública, reciben el escrito, pero nunca lo contestan”, lamentó.

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