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Pliego tarifario discrecional

INE, en lugar de elaborar un pliego discrecional, debe señalar al gobierno que la ley 898 es un disparate técnico, que produce una alteración generalizada de los precios de todos los productos

Fernando Bárcenas | 14/4/2015

El INE ha publicado, al fin, el lunes 6 de abril, el pliego tarifario que en apariencia se derivaría de la ley 898, Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor, que ahora en doble sentido altera totalmente la lógica de la normativa de tarifa vigente.

Lo normal es que, simplemente, los costos energéticos se reflejen en el Precio Medio de Venta. En este caso, según varíe el petróleo, tanto a la baja como al alza. Luego, dicho precio medio se expande en un pliego tarifario entre distintas cargas con características semejantes.

El concepto de desvíos tarifarios no es más que la diferencia en sentido positivo o negativo, según el caso, entre los costos reales y la aplicación de un pliego tarifario calculado con costos energéticos proyectados en un plazo determinado (cuya incertidumbre, en buena medida, se deriva, de las variaciones del precio de petróleo). Desvíos que se incorporan en la fórmula de costos energéticos para definir el siguiente Precio Medio de Venta y, en consecuencia, el nuevo pliego tarifario, con ese componente correctivo de costos reales.

Sin criterio técnico alguno, el INE ha fijado un precio del petróleo por debajo del cual supuestamente la tarifa se beneficia, y por arriba del cual, se perjudica. Es un umbral caprichoso, definido por la burocracia para abrir una oportunidad de sustraer recursos del sector.

Han inventado, para ello, costos exógenos, que ahora debe asumir la tarifa, como sería el fondo de combate a la pobreza, que desaparecerá cuando los costos energéticos vuelvan a superar el bendito umbral ficticio. He allí el carácter oportunista de la medida.

Reducción tarifaria esperada y reducción amañada

Con la reducción tarifaria publicada por INE, la variación de costos hacia la baja se ha visto deformada por Ortega, con la introducción de un costo adicional, exógeno a la industria eléctrica: el supuesto combate a la pobreza y el pago acelerado de una deuda oscura. El resultado es que un 65 % de la reducción esperada de costos energéticos le es sustraída a la población.

En el gráfico se puede apreciar que la pendiente de reducción tarifaria que les correspondería a los consumidores, conforme a la normativa de tarifa, sigue una nueva tendencia, con menor pendiente, a partir de 100 dólares el barril. Esto es, porque a la tarifa eléctrica se le han introducido costos no-energéticos. El área comprendida entre ambas líneas refleja los costos adicionales que se le incorporan a la tarifa, y que se convierten en recursos líquidos pagados en exceso por los consumidores, de los cuales se apropia indebidamente Ortega.

Un usuario que paga C$ 2,000 Córdobas en la factura eléctrica, no puede sentirse satisfecho porque le rebajen C$ 190 Córdobas en lugar de los C$ 540 que le corresponden, robándole C$ 350.

La ley 898 ignora la normativa de tarifa, la pone a un lado y, sin referirse a ella, quita de los bolsillos de los consumidores de energía eléctrica 103 millones de dólares al año, que la población habría podido dejar de pagar a la tarifa eléctrica y destinar a la adquisición de otros bienes de consumo. La reducción tarifaria que debió ser del orden del 27 % (en lo que resta del año), cuando el petróleo oscila entre 40 y 50 dólares el barril, por la ley 898 promulgada por Ortega será menor a un 10 %. 

El mayor consumo de energía reduce el peso de los costos fijos en el Precio Medio de Venta

El Precio Medio de Venta, incluye todos los costos a considerar en la tarifa. Cada vez que en un período determinado, uno de los costos que componen el PMV cambia, el INE distribuye este nuevo PMV en un nuevo pliego tarifario. He allí la importancia de este concepto de costos auditables.

El PMV contiene, por lo menos, el 31 % de costos fijos. En este caso, el Valor Agregado de Distribución (VAD). En consecuencia, cuando hay un mayor consumo energético (obviamente, no por un derroche irresponsable), el precio unitario de la energía disminuye, ya que los costos fijos se distribuyen en la mayor cantidad de unidades energéticas.

En la demanda de electricidad, esta relación entre costos variables y costos fijos se llama factor de carga. La mejora del factor de carga, característica de la demanda industrial (con tres turnos de trabajo), constituye un criterio de optimización de costos que se refleja en la disminución del PMV y, por ende, en la tarifa.

En cambio, el pliego discrecional de INE hace todo lo contrario, y castiga a quien más demanda energía, cargándole un mayor porcentaje de los costos exógenos establecidos en la ley 898.

El INE ha mantenido un pliego obsoleto, sin cumplir con el mandato de la normativa de tarifa que le obligaba, desde hace diez años, a realizar una campaña actualizada de caracterización de la carga, para distribuir el Precio Medio de Venta en un pliego tarifario que asigne a cada bloque de consumo (agrupado por similitud de carga, no por uso final) el costo real de su demanda, sin subsidios cruzados entre tarifas.

Con el nuevo pliego tarifario, INE ha introducido un criterio discrecional adicional, y ha distribuido el 10 % de disminución de costos -57.2 millones de dólares- con una segunda distorsión ulterior del pliego tarifario, en una forma que se aleja aún más de la lógica tarifaria. En lo esencial, el nuevo pliego discrecional de INE, más que distribuir la reducción tarifaria, distribuye, como castigo, el peso de los costos exógenos establecidos mediante la ley 898.

Distribución diferenciada de la reducción tarifaria

El INE se zambulle en la discrecionalidad despreciable, y abandona todo criterio técnico, como si con total impudicia se quitara el traje de baño a la vista del público.

¿Por qué la industria grande debe tener una reducción de costos menor al sector residencial y al comercio medio? Esto no tiene sentido si desarrolláramos una estrategia nacional de incremento de la productividad vía eficiencia energética: más productos con el mismo consumo eléctrico. El secreto de la competitividad radica en la eficacia del trabajo, que es la definición física de la energía.

¿Cómo es posible que el bombeo de ENACAL, que es un servicio público de carácter social básico, para mejorar las condiciones de salud de la población, reciba una reducción de costos (6.5 %) irrisoria respecto al resto? ¿Con qué criterio el INE encarece este servicio a los ciudadanos, descargando sobre él los costos exógenos?

La irrigación, vital para la producción agrícola. Seguramente el pilar fundamental de nuestra economía en aquellas actividades donde tenemos los mejores rendimientos productivos, recibe, después del bombeo de ENACAL, la menor reducción de costos (8 %), a la par de la gran industria. El INE, no sólo ha perdido la impudicia, sino que se ha puesto de cabeza a la vista de todos, sin ropaje técnico.

La tarifa residencial actual es de carácter abusivo, de modo, que el precio unitario crece indebidamente con una pendiente pronunciada a medida que se incrementa el consumo. Entre cada rango de consumo, la pendiente del precio de la energía cambia de manera errática (ya que no obedece al factor de carga). Con el pliego discrecional de INE, se castiga a la clase media, cargándole mayores costos exógenos, ya que a partir de un consumo superior a 500 kWh mensuales disminuye la reducción tarifaria.

Al reconstruir el país, todos estos disparates serán recordados en el tribunal de la historia, cuando se requerirá un esfuerzo con sacrificios gigantescos para recuperar en una generación el terreno perdido bajo el orteguismo.

Respecto a la tarifa social, el ahorro definido por INE para los clientes con consumo inferior a los 150 kWh, es de 3.5 millones de dólares anuales. Lo que representa para cada cliente subsidiado un descuento de 10 Córdobas mensuales respecto al pliego del 2005 (que es el que pagaba hasta ahora). El subsidio a este sector de casi 754 mil familias (cuyo monto financiero ha crecido a una tasa de 34 % anual) se vuelve insostenible para las finanzas públicas, si el gobierno no desarrolla un plan efectivo para generar oportunidades de ingresos para estos ciudadanos.

Pero, hay algo más sorprendente. Sin afectar la tarifa social, con la disminución del Precio Medio de Venta (dada la caída del precio del petróleo) el subsidio debió disminuir en 24 millones de dólares. Sin embargo, Ortega prefirió entregar todo el subsidio a la distribuidora y, para ello, lo congeló mediante la ley 898.

Como no se podía justificar que con la baja del Precio Medio de Venta no disminuyese el dinero que el Estado daba a la distribuidora en concepto de subsidio social, se hizo creer que este costo evitado -24 millones de dólares- se transferiría íntegramente para cubrir parte del pago que realizaban estos clientes conforme al pliego del 2005. En otros términos, de una aplicación honrada de la ley 898 se concluía que los clientes subsidiados debían experimentar una reducción tarifaria del 69 %.

No obstante, en el nuevo pliego tarifario, INE reduce a la tarifa social solamente en 3.5 millones de dólares, que representa un disminución del 10 % respecto al pliego del 2005. En consecuencia, la distribuidora se queda con los 20.5 millones de dólares restante del subsidio congelado, como substracción indebida de las finanzas públicas. También, cabe preguntar: ¿qué se han hecho los 55 millones de dólares en manos de la distribuidora  por el sobre pago que hemos efectuado en el período que va de 2014 hasta marzo de 2015?

La industria eléctrica, que técnicamente debía ser la más transparente, el orteguismo la ha enrarecido para pescar en aguas turbias.

El pliego discrecional de INE castiga a la gran industria, tanto en baja como en media tensión, lo cual es un sinsentido para la teoría económica ya que por medio de la menor reducción tarifaria (8 %) se le cargan a la gran industria mayores costos exógenos, restándole competitividad. El COSEP, incompetente técnicamente, no rompe con el absolutismo ni siquiera cuando éste perjudica estratégicamente a la gran industria.

Igualmente, el pliego discrecional de INE le carga mayores costos exógenos al gran comercio que, como la gran industria, produce menores costos al sistema en la medida que contribuye a mejorar el factor de carga (lo cual, es el único elemento que en el pliego obsoleto permite diferenciar, con cierta lógica mínima, la tarifa desproporcionadamente alta para el comercio pequeño, medio y grande). El objetivo politiquero va en sentido inverso al criterio técnico.

Crecimiento del mercado eléctrico y reducción tarifaria

Cuando crece la magnitud del mercado, se amplían las oportunidades de economía de escalas y, con ello, la posibilidad de ofrecer una generación y distribución más eficiente, con menores costos. Una de las razones–aunque no es la principal- por las cuales las tarifas en Nicaragua son las más caras, es porque el mercado energético es el menor de Centroamérica, de modo, que los costos fijos resultan, relativamente, altos.

Nicaragua produce, apenas, el 8.4 % de la energía total del istmo. Esto es, tan sólo el 37 % de la producción energética de Costa Rica. Obviamente, hay una correlación directa entre el uso de la energía y el PIB. Sin embargo, la ley 898, de Ortega, y el pliego tarifario que ha promulgado INE, introducen señales erráticas No sólo porque vía costos arbitrarios se desestimula las inversiones en tecnología eficiente para reducir la intensidad energética, sino, porque penalizan de manera absurda –con mayores costos exógenos- el consumo energético que presenta un mejor factor de carga, lo que agrava ulteriormente, en Centroamérica, los costos energéticos relativamente mayores de nuestro país, que ya cuenta con la menor economía de escala.  

Consecuencias en la inversión, por afectar la racionalidad técnica de las tarifas

El resultado de esta política tarifaria, errada y abusiva, es que los asesores energéticos de las grandes empresas, eficientemente gestionadas, tendrán que buscar cómo estos consumidores con el mayor factor de carga puedan acceder al mercado desregulado, nacional y regional, donde no habrían costos exógenos ni castigos irracionales a la demanda con el mejor factor de carga, de manera, que nuevamente tenga sentido, también, invertir en tecnología eficiente para reducir la intensidad energética incorporada en la producción.

La fuga comercial de los grandes consumidores (sobre todo al mercado regional, dado que éste se vuelve más competitivo que el nacional), empeorará el nivel de pérdidas de las distribuidoras y su índice de cobranza, y producirá un alza del precio unitario de la energía para los clientes regulados. El país avanzaría, así, varios pasos hacia atrás en el tema de competitividad.

Si la distorsión a las normativas del sector fuese tal que se vuelva inviable para los grandes consumidores salir del mercado regulado, ello será un nocivo elemento logístico de naturaleza estratégica, por el cual, los asesores energéticos recomendarían a la gran inversión productiva dirigirse a otros países, lo que estancaría la economía nacional, con un mercado energético más minúsculo aún para los parámetros de la región.

La reducción a la pobreza obedece a una política de redistribución de la riqueza, que apunta sobre la renta, con fórmulas sociales de equidad vertical, no a una política que encarezca artificialmente el desarrollo de las fuerzas productivas, en un ambiente de incompetencia energética.

INE, en lugar de elaborar un pliego discrecional, debe señalar al gobierno que la ley 898 es un disparate técnico, que produce una alteración generalizada de los precios de todos los productos. Es un impuesto estúpido que se traslada a toda la cadena productiva, de modo, que sustrae las señales adecuadas para la eficiencia en el uso de la energía.

Los disparates técnicos en el sector energético, motivados por la corrupción y la incompetencia, lógicamente tienen efectos nocivos irreversibles en el mediano y largo plazo.

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El auor es ingeniero eléctrico

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