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Plazo legal era 3 días, pero los condenados del 19 esperan desde hace 169 días

Reos de masacre sin sentencia

Violación a garantías básicas del proceso. Dr. Gabriel Álvarez compara situación en el limbo a la que viven presos en Guantánamo

Octavio Enríquez | 31/3/2015
@cabistan

Los detenidos por la masacre del 19 de julio no saben todavía cuántos años pasarán en la cárcel, pese a que fueron declarados culpables en un tribunal de Managua hace cinco meses y 19 días, un hecho inédito en la historia judicial del país según juristas consultados.

El plazo establecido para que hubiese sentencia era tres días, según el Código Procesal Penal nicaragüense,  una violación a las garantías del proceso que se suma a las dudas sobre la investigación que nunca explicó el móvil del crimen mientras el discurso oficial siempre sostuvo que se trató de un caso de delito común.

El 19 de julio de 2014, cinco militantes sandinistas murieron y 24 resultaron heridos tras dos emboscadas, una realizada en el kilómetro 76 de la panamericana, rumbo a Ciudad Darío, y otra en el sector de San Ramón, en el retorno de caravanas sandinistas provenientes de la celebración gubernamental del aniversario número 35 del derrocamiento de la dictadura de Somoza.

Carlos Baltodano, uno de los abogados defensores, dice que en este momento no hay Estado de derecho en el país, yreclama públicamente al juez Edgar Altamirano, titular del tribunal noveno de juicio de Managua, que libre el documento con el que podrá apelar. Otro derecho conculcado. “En este caso dejamos de tener jueces y sólo son amanuenses judiciales con facultades de firmas”, reiteró el jurista.

El constitucionalista Gabriel Álvarez asegura que por su aberraciónel casomarca un hito en la historia judicial, una historia que nació desde que los acusados fueron procesados en Managua, pese a que los delitos imputados habían sido cometidos en el departamento de Matagalpa.

“Estos tipos están a expensas de los humores de los que manejan los hilos políticos del poder judicial. Parecido como están en Guantánamo, a los que se les violan sus derechos humanos, ahí están unos sin proceso, otros medio procesados, pero estos aunque se les haya condenado no tienen sentencia. Ellos tienen derecho a que se le dicte su condena, hay pocos casos en el mundo donde hay ciudadanos que están así como éstos. Es una suerte de tortura psicológica”, lamenta Álvarez.

Los reos se encuentrandesde un principio en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

Visitas en Managua

Martha Dolores Delgadillo, tía de dos de los acusados—Eddy Gutiérrez y Jairo Obando—recuerda cuando en el juicio fue señaladoel jefe de investigaciones a nivel nacional, el comisionado general Ramón Avellán.

“Fui capturado el tres de agosto a la una de la mañana. Me torturaron como si yo fuera un delincuente. Uno, con el perdón de ustedes, me puso el AK en el ano, el otro en las costillas y el otro en la cabeza. Me dijeron aquí vas hacer lo que digamos hijo de la tal por cual, porque estás en nuestras manos, si no ya sabes, si no tu familia se va a morir y los vamos a decapitar manos por manos y pies por pies. Y yo tuve miedo porque la verdad mi familia es todo para mí”, dijo Jairo Obando durante la audiencia el 11 de octubre pasado.

Sus familiares deben viajar cada jueves hasta Managua, provenientes de Matagalpa, para ver a su pariente por un espacio de media hora.

“Tenemos cuatro martes que no vamos nosotros en todo este tiempo por la situación económica. Da la casualidad que los trabajos están escasos, el papá de Jairo Alberto es un señor diabético y no puede trabajar. Vamos su tía y una hermana. A veces no tenemos.  Cuando nosotros vamos nos levantamos a la una de la mañana a cocinar, nos vamos a la parada de bus (en Ciudad Darío) a las cuatro para llegar a las seis de la mañana y agarrar del primer grupo a entrar”, cuenta Delgadillo.

Delgadillo se preguntó qué pasa con el sistema judicial que sus parientes no son trasladados a las cárceles de Matagalpa.

La familia de “los tirapiedras”

Los familiares de otros acusados también resienten esta situación. “Los familiares de los tirapiedras ya ni pueden llegar, viven en estado de miseria, viven en casas de madera con plástico negro. No tienen dinero ni siquiera para irlos a ver. El alcalde de Darío (sandinista) les llega a dejar de comer, él está claro que ellos no pudieron haber tomado ni siquiera alguna participación, ni sospechar algo de esa gente”, explicó Baltodano.

El jurista matagalpinohizo referencia a Juan y Gregorio Torres Espinoza y al cuñado de ellos, Erick Salgado, quienes fueron señalados por la Fiscalía de lanzar piedras contra los buses de las caravanas para lograr que disminuyeran la velocidad y hacerlos un blanco fácil de los tiradores que participaron en la emboscada.

Juan Carlos Arce, coordinador de la filial del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Matagalpa, considera que el proceso en general en el caso del 19 de julio se caracteriza por el menosprecio a las garantías de los acusados, una  comprobada violación de derechos humanos.

“Es necesario recordar la captura de todos los señalados realizadas de forma ilegal y violenta; recordemos las detenciones  prolongadas a las que fueron sometidos los detenidos; la falta de información a sus familiares; la condena mediática promovida por la Policía con un video que nunca fue presentado como medio de prueba y que fue desconocido por los mismos imputados quienes durante el juicio denunciaron haber sido sometidos a graves actos de tortura, señalando incluso el nombre del Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, denuncia que no fue nunca investigada”, dijo Arce.

El activista de derechos humanos recordó que el Código Procesal Penal establece  que nadie puede ser sometido a una pena, o una medida de seguridad, sin la existencia de una sentencia firme.

“Como Cenidh nos preguntamos si es que acaso como el proceso la sentencia es tan inconsistente que temen darle a los abogados defensores los suficientes argumentos escritos  para cuestionar el fallo judicial o que simplemente el desprecio a la ley estan alto que no les interesa concluir oficialmente el proceso judicial. Nos preguntamos qué hay detrás de esta falta de respeto a la norma y a los derechos de los procesados”.

La intromisión de Ortega

El año pasado, en una entrevista con Confidencial, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, defendió la independencia del poder judicial cuestionado por obedecer las directrices el presidente Daniel Ortega que los había culpado en un discurso público antes de la sentencia.

“Si él (Ortega) dice que es culpable, es porque hay todo un trabajo. Que todas las pruebas es difícil encontrarlas en casos como éstos, todos estamos claros de eso”, dijo entonces la magistrada que se permitió únicamente disentir en la causa de la masacre que las otras autoridades señalaban como de delito común. Ramos aceptó que “mataron por política” y en el caso de las actuaciones judiciales agregó que se buscaba sentar un precedente, un reconocimiento tácito de que fallaron para satisfacer a la opinión pública.

 

La conexión de “Yalí”

Además de la falta de claridad sobre la causa de la masacre, las autoridades nunca disiparon las dudas que surgieron en torno a la figura de un enigmático ex capitán de las tropas especiales del Ejército al que llamaban “Yalí”. Aunque fue señalado como un actor clave de la conspiración, los investigadores no se refirieron al pasado de este militante sandinista que luego emigró al sector de la disidencia sandinista.

Pablo Manuel Martínez Ruiz, el ex capitán, participó directamente en la emboscada del kilómetro 76 de la panamericana, según la acusación de la Policía. Fue en los años ochenta, miembro de las Pequeñas Unidades de Fuerzas Especiales (PUFE), integradas por la tropa élite del Ejército en los años ochenta.Martínez Ruiz era cauteloso. No hablaba de su vida privada, pero con sus compañeros se expresó contra la corrupción del actual gobierno.

La principal prueba de las investigaciones, para implicar a los nueve acusados, resultó ser un vídeo de confesiones de los involucrados. Los nuevos acusados aparecieron en la escena del crimen realizando una dramatización de los atentados y luego en una oficina confesando, lo que restó credibilidad a la tesis de la Policía.

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