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El gran perdedor

La Ley 898 de variación de la tarifa de la energía debió rechazarse en su totalidad, y la sociedad debió exigir que se aplique lo que está dispuesto en las normas vigentes, mientras se recuperan todos los sobrecostos producidos por el monopolio orteguista en el sector energético

Fernando Bárcenas | 30/3/2015

¡Oh vosotros los que entráis,

abandonad toda esperanza!

Canto III, Infierno, Divina Comedia (*)

 

El 25 de marzo, con 66 votos a favor y 23 en contra, fue aprobada la Ley 898 de variación de la tarifa de la energía eléctrica al consumidor, que pone de cabezas al sector energético del país, al establecer que la tarifa eléctrica experimente variaciones por consideraciones políticas, y no, únicamente, por variaciones en los costos de generación, de transmisión, de distribución y de regulación, como establece la normativa de tarifas.

Se abren las puertas del infierno a la corrupción

Con la nueva ley de Ortega, se incorpora al Precio Medio de Venta (PMV), de manera ambigua, es decir, discrecional, un costo indefinido, exógeno, por el cual, los consumidores de electricidad financian un fondo de “combate” a la pobreza, sin que el gobierno adelante una estrategia de panificación central de la economía.

Naturalmente, la demagogia burda del orteguismo, desprovista de credibilidad, rompe la sinceración técnica de costes energéticos, con la supuesta “solidaridad con los pobres” (que, más bien, debe sostenerse con cambios estructurales en el sistema económico, con el desarrollo de las fuerzas productivas, y con el combate a muerte a la corrupción, a las rentas improductivas y a la concentración extrema de capital).

Ahora, con esta ley, la metodología de cálculo de las tarifas es inauditable. Y de un proceso objetivo, predecible (al menos en el vínculo entre factores productivos y el PMV), ha pasado a ser subjetivo, impredecible. Es decir, ahora es estructuralmente discrecional.

Técnicamente, incrementar la incertidumbre es una estupidez. Todo el avance científico de la humanidad apunta a crear métodos en la toma de decisiones que reduzcan o neutralicen el peso de la incertidumbre. Pero, la corrupción es una forma de enrarecimiento del pensamiento técnico.

Ya no es rentable la tecnología eficiente

El ahorro energético en nuestro país, la mayor eficiencia en el uso final de la energía –que es la mejor manera de avanzar en competitividad en el mundo globalizado- ha perdido sentido. Ahora, la reducción estratégica de la intensidad energética, por medio de tecnología eficiente, ya no es rentable, porque el ahorro escapa hacia un fondo político sospechoso. La eficiencia energética, en la microeconomía, se ha borrado del horizonte de la planificación gerencial óptima, tanto en la industria como en los hogares, ya que el costo de combate a la pobreza, involucrado neciamente en la tarifa eléctrica, no es gerenciable por los consumidores.

Nuestro país no se vuelve competitivo con exoneraciones y subsidios al gran capital, como reclama absurdamente el COSEP, que pretende reducir costes acaparando recursos sociales. Nicaragua tiene, por ineficiencia, una intensidad energética, es decir, la energía que incorpora para producir un mil dólares del PIB, que es el doble de la media latinoamericana y cinco veces mayor que la europea (a cual se reduce a la mitad en diez años). He allí el campo en el que se cosecha estratégicamente la competitividad.

El gran perdedor, con estas medidas, es el pueblo, ya que la mafia ha tomado en sus manos la industria estratégica por excelencia, con la cual se proyectan los cimientos de un desarrollo económico competitivo. Y, retorciéndola con fines especulativos, ha incrementado el riesgo país que aleja la inversión nacional y extranjera de calidad, que optimiza costes al incorporar tecnología eficiente.

Si el COSEP ve positiva esta ley, es porque confía reducir costos, no por inversión tecnológica, sino, a orillas del poder, aprovechando la banda de precios que aprobará secretamente el MEM.

Sin la intervención de Ortega, que ha creado un impuesto indirecto, este ahorro habría elevado, indirectamente, el poder adquisitivo real de los trabajadores.

Conforme a las normas vigentes hasta el 25 de marzo, los sobrepagos efectuados, es decir, los 55 millones excedentes entregados a las distribuidoras, se deben acreditar en el mismo porcentaje y monto en que cada tarifa los ha pagado en exceso a las distribuidoras.

El ahorro de costo energético se convierte en recursos líquidos

Pero, estos gastos evitados, que se han vuelto recursos líquidos por sobrepago, despiertan apetitos mafiosos. Para que Ortega le meta mano a una parte de los 100 millones de dólares de reducción de costes energéticos en lo que resta del año, se requiere que los consumidores continúen pagando una tarifa lo más parecida a la actual. Es decir, que la reducción tarifaria sea mínima, con el pretexto demagógico que sea.

Si se aplica íntegramente el ahorro –sin la intervención de Ortega- a la reducción tarifaria, en lo que resta del año la baja tarifaria debiera ser del 27 %.

Pero, si con la nueva ley, sólo un 35 % de la reducción proyectada se traslada a tarifa, significa que los consumidores continuaran pagando un sobrecosto del 65 %, y la reducción se limitaría a un miserable 7 %. Es la única forma para que Ortega obtenga 65 millones de dólares líquidos, y los use como quiera (no importa lo que diga la mentada ley).

Precio Medio de Venta y pliego tarifario instantáneo

Una vez que un ahorro cualquiera se traslada al Precio Medio de Venta, INE lo incorpora a las distintas tarifas del pliego tarifario en el mismo instante, con la misma resolución. Las 50 tarifas o más, permiten que el consumidor pueda seleccionar aquella que se ajusta a los parámetros de su perfil de carga, de manera, que la factura de su consumo particular arroje el menor monto entre las distintas alternativas.

Todas estas tarifas, sumamente sencillas de interpretar, están predefinidas en una hoja de cálculo como variables dependientes de un solo dato: el Precio Medio de Venta. La única complejidad para el regulador, una vez introducido el Precio Medio de Venta, es darle un golpe al teclado con el dedo índice, para que se actualice en fracciones de segundo el pliego tarifario completo.

En la medida que la ley menciona una supuesta banda de precios, a definir secretamente por el MEM y el INE, se permitirá que se distribuyan ulteriores subsidios cruzados entre bloques de consumo, en provecho de los aliados de Ortega. Por ello, a Ortega no le conviene trasparentar la reducción de tarifa esperada, ni siquiera como resultado de la mentada ley.

El gran perdedor, con esta ley de Ortega, es el orden jurídico del país

La discrecionalidad avanza como marea negra por las instituciones del país. Pareciera que no existía una metodología vigente para transmitir los costos energéticos a la tarifa, tanto al alza como a la baja.

Esta ley destruye la normativa de tarifas; la reemplaza abusivamente, sin derogarla; y nos convierte en una tribu de bárbaros que, sin norma escrita, deben recurrir a la decisión discrecional del patriarca.

¿Se debe pagar la deuda con Caruna?

Probablemente sí. En la medida que resulte un financiamiento con una contabilidad transparente; pero, en todo caso, en los plazos y condiciones concesionales de la ayuda venezolana; y no antes del cambio de la matriz energética; descontando, previamente, todos los beneficios que el orteguismo ha obtenido con la privatización de dicha ayuda (que el país debe recuperar de manos de los especuladores que han creído que podían desviar dichos recursos en provecho personal).

El financiamiento de Caruna es un lavado de dinero. Si alguien deberá restituir la ayuda venezolana es Ortega. No hay razón alguna para que la tarifa deba pagar esta deuda a lo inmediato. Es más, no se deberá pagar un centavo antes de una auditoría compleja sobre el uso total de la ayuda venezolana, y sobre los costos de oportunidad perdidos por el desvío privado de estos fondos concesionales.

Otros sobrecostos tarifarios ocasionados por Ortega

Por supuesto, que el pago en la tarifa del 65 % de sobrecostos es un abuso orteguista. Pero, hay otros sobrecostos tarifarios en la producción de energía, ocasionados por Ortega, en su calidad de regulador, de planificador, de generador, de transmisor, de distribuidor, de legislador, porque impone contratos inaceptables al eludir los procesos de licitación pública. En el caso concreto, esta ley debió rechazarse en su totalidad, y la sociedad debió exigir que se aplique lo que está dispuesto en las normas vigentes, mientras se recuperan todos los sobrecostos producidos por el monopolio orteguista en el sector energético.

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El autor es ingeniero eléctrico

(*) Frase que leyera Dante en el dintel de la puerta del infierno. Virgilio le advierte: allí adentro la dolorida gente ha perdido el bien de la inteligencia.

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