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Juicio político con mensaje intimidatorio: han criminalizado libertad de expresión

Militar preso: "soy inocente"

CENIDH llevará la denuncia ante Amnistía Internacional porque “este es un preso de conciencia”

Alvaro Navarro | 18/3/2015
@NavarroNewsNic

Minutos antes que el juez militar Efraín García lo declarara culpable del delito "contra el decoro militar" en una corte marcial que se instaló en el Quinto Comando Regional de Juigalpa, Chontales, el teniente primero y médico Yader Montiel historió sobre la  trayectoria política de su familia, su participación en la revolución y su relación con el ejército, y concluyó parafraseando el histórico alegato de Fidel Castro en el juicio por el ataque al cuartel Moncada en 1953: "soy inocente y si en este juicio me condenan la sociedad me absolverá".

El médico Montiel además se declaró un preso político frente al judicial militar que le dictó el fallo de culpabilidad el martes pasado por haberse expresado en contra de la violenta represión policial contra los campesinos de El Tule, que el 24 de diciembre fueron vapuleados por protestar contra la amenaza expropiatoria del gobierno de Daniel Ortega, al amparo de la ley del Canal Interoceánico.

"Estamos como en los años ochenta en presencia de una navidad roja porque se estaba tiñendo con sangre de nuestros hermanos campesinos que están reclamando sus derechos", fue la supuesta expresión atribuida al militar y que fue el argumento central de la Fiscalía para acusarlo por el delito “contra el decoro militar”.

El Ejército usó como testigos contra el Teniente Montiel a los trabajadores del Centro de Salud de San Miguelito, Río San Juan, Josefa Salablanca, Armando Vargas y Ernesto Vargas, así como del pescador artesanal Donald Chavarría, los que supuestamente escucharon al procesado expresarse, mientras el pueblo estaba consternado por la represión que se ejecutaba a pocos kilómetros del casco urbano.

El Juez militar, mayor Efraín García lo declaró culpable del supuesto ilícito, con base en el artículo 175, inciso "c", que establece que es culpable del delito contra el decoro militar el miembro del cuerpo castrense "que cometiere actos de conducta deshonesta, indecente, indecorosa o inmoral que resulte en perjuicio del buen orden y de la disciplina del Ejército".

No hay delito

Pero según el constitucionalista Gabriel Álvarez la acusación contra el militar se cae porque en el comentario atribuido a Montiel “no hay indecencia, no hay deshonestidad… y que se sepa, tampoco los miembros del ejército están levantados, por tanto no se prueba que haya ocasionado desorden ni indisciplina dentro del cuerpo militar”, cuestionó Álvarez.

La esposa del Teniente Montiel, Darling Briceño, dijo que con este juicio político “el Ejército quiere sentar un precedente, pero esperamos que tengan prudencia para dictar la sentencia. Él (Montiel) es un miembro del Ejército, ama a esta institución y la respeta. La ha respetado y la respeta y siempre va a defender el decoro de esta institución”, dijo la mujer, quien además explicó que su esposo quedó consternado “porque él nunca pensó que esta institución fuera a dictar una sentencia en contra de él, sabiendo, en ley y conciencia que no hay ningún delito”, refutó Briceño, rodeada de las hermanas del Teniente Primero.

En la audiencia donde fue encontrado culpable el médico militar estuvo presente el delegado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en Chontales, Dennis Báez, quien rechazó la sentencia y explicó que “este caso es atípico e inconstitucional desde el mismo hecho de haber existido”.

El Ejército no emitió ningún documento que detalle las interioridades del juicio ni las consideraciones legales que tuvo el juez para dictar la sentencia, pero en una entrevistas con el canal 12 de la televisión local, el coronel Manuel Guevara, jefe de relaciones públicas del Cuerpo Castrense, justificó  el encarcelamiento de Montiel porque en esta institución “no somos deliberantes… y el oficial, miliar o personal miembro de nuestra institución tiene los canales establecidos para hacer sus planteamientos o expresar sus inquietudes”.

Por su parte, el abogado penalista y exprocurador de la República, Alberto Novoa rechazó el argumento de Guevara y más bien dijo que con este juicio político, “han confundido no ser deliberante con no expresar una opinión. Aquí han tergiversado el concepto de no deliberante como que no fuesen a pensar”, contradijo el jurista.

El doctor Novoa además, explicó que “esa disposición de no deliberar es únicamente para la estructura militar en los actos propios de la ejecución de órdenes o mandatos, fuera de eso no hay y en la acusación no se señala qué orden o qué mandato fue desobedecido y por lo tanto no pueden aplicarle el concepto de no deliberante al oficial que por expresar una opinión garantizada por la constitución política tiene todo el derecho de hacerlo”, fustigó el doctor Novoa.

El consultor en temas de defensa y seguridad, Roberto Cajina, dijo que juzgar una opinión “no calza” con el contenido del Código Militar que establece el delito “Contra el Decoro Militar”, por el que fue hallado culpable Montiel. El inciso “C” del artículo 175 expone que para ser imputado por ello el militar tendría que cometer actos de “conducta deshonesta, indecente, indecorosa o inmoral que resulten en prejuicio del buen orden y disciplina del Ejército”. “Están violando la Constitución Política”, resaltó Cajina, refiriéndose al artículo 30 que establece que los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. “Es un proceso inconstitucional y una violación a los derechos individuales de Montiel”, agregó el experto en temas de defensa y seguridad. Para Álvarez, las declaraciones del Coronel Guevara es la “aceptación” de que Montiel no cometió delito, y que el proceso es más bien una actuación política. “El artículo que aplican son conductas tipificadas de respetar las buenas costumbres (…) pero para ser deshonesto es necesario que se produzca un desorden e indisciplina militar”, analizó. El constitucionalista mencionó además que la deliberación no es el delito aplicado, porque lo que catalogó la explicación de Guevara como una “burda manipulación.

En tanto la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, dijo enfáticamente que “condenamos esta actitud que consideramos represiva, violatoria de derechos humanos y desproporcionada. Prácticamente quieren imponer un bozal a los miembros de la institución, que podrían tener algún tipo de inconformidad por acciones como la destitución del General (Oscar) Balladares que le correspondía la sucesión en el mando, así como la entrega del Ejército con la reelección de Avilés”, señaló la abogada y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Núñez agregó que “lo grave del caso es que esto tiene repercusiones no solamente en contra de los miembros del Ejército, sino en la opinión pública en general a quienes están queriendo acallar y atemorizar, porque este juicio es una acción intimidatoria que se inscribe dentro de la política de miedo que caracteriza al presidente Daniel Ortega”, cuestionó.

Ejército pide pena máxima

Un día después de la lectura de sentencia condenatoria el juez militar programó el debate de pena. La fiscalía militar pidió que se imponga el castigo máximo de dos años de cárcel y presentó como agravante del delito una supuesta evaluación de conducta del procesado que describe un hecho de indisciplina por ingesta alcohólica ocurrido en el 2008. La defensa rechazó la petición y pidió la pena mínima, que según el Código Penal Militar es de tres meses y un día de prisión, tomando en cuenta la no reincidencia del teniente primero y el atenuante que emitir una opinión no está tipificado en las leyes del Ejército.

A criterio de la presidenta del CENIDH, ese supuesto agravante esgrimido por la fiscalía, es “desafortunado y antiético porque si este teniente primero tenía un comportamiento de indisciplina, ellos tienen sus mismos reglamentos y normas para haberlo encausado en su debido momento, y no que en esta situación, lo que hacen es descalificar para justificar la represión”, dijo la doctora Núñez.

El CENIDH advirtió esta semana que denunciará el encarcelamiento político del Teniente Yader Montiel ante el organismo de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), porque “como él (Montiel) está siendo juzgado no por lo que hizo, sino por lo que pensó, nosotros lo consideramos un prisionero de consciencia y como Amnistía Internacional es la instancia por excelencia que acoge con campañas y movimientos para proteger a todos los prisioneros de esta naturaleza, hemos iniciado gestiones para que a nivel internacional se tomen cartas en el asunto”, dijo la doctora Vilma Núñez.

Intimidación

La familia del Teniente y médico denunció ser objeto de intimidación y espionaje. Narcisa Montiel Meza, hermana mayor del médico militar fue la primera que se atrevió a publicar la represión política contra su hermano y ahora se ha convertido en blanco de las estructuras de contrainteligencia del Ejército.

La mujer denunció ante el CENIDH que el jueves por la noche llegó hasta su casa en Chinandega un militar vestido de civil, que se identificó como Roberto Almendárez de la Dirección de Contrainteligencia y le pidió “una reseña histórica del origen de la familia” del teniente primero. Según narró Narcisa Montiel, el hombre le argumento que la jefatura desconocía “las capacidades intelectuales” del condenado.

“Él me dijo que con toda esa información iba a ayudar a mi hermano en el proceso… le di los nombres de toda mi familia, de mis hermanas”, señaló Montiel ante los abogados del CENIDH. Narcisa, sin embargo explicó que le pareció sospechoso y se negó a seguir hablando con el militar encubierto cuando le pidió la dirección de cada familiar. La visita del posible espía militar duró unos 40 minutos.

La hermana del Teniente Montiel declaró que “en la familia tenemos un gran temor de que pueda pasarnos algo”.

La semana pasada la esposa del médico encarcelado, Darling Briceño también denunció que sus teléfonos celular y convencional están interceptados y que ella se siente insegura cada vez que tiene que viajar a Juigalpa o Managua para hacer gestiones relacionadas al proceso judicial de su esposo.

La lectura de sentencia está programada para este lunes 16 de marzo a las dos de la tarde, siempre en el Comando de la Quinta Región Militar de Juigalpa Chontales.

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