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Cenidh demanda anular juicio y liberar a militar acusado por criticar represión contra campesinos

"Preso de conciencia"

Médico militar detenido desde hace dos meses será sometido a juicio militar este martes. Juristas, militares en retiro y defensores de derechos humanos coinciden: “Teniente Primero no ha cometido ningún delito”

Wilfredo Miranda Aburto | Ismael López y Alvaro Navarro | 9/3/2015
@PiruloAr

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) demandó a la Fiscalía Militar suspender el juicio contra el médico y teniente primero Yader Montiel, programado para este martes en Juigalpa, acusado de delitos contra el “decoro militar” por haber criticado el 24 de diciembre la represión policial desatada contra los campesinos de El Tule, Río San Juan, quienes se oponen a las expropiaciones que significaría el proyecto del Canal Interoceánico.

La abogada Wendy Flores explicó en el programa Esta Semana que el delito por el cual la fiscalía militar acusa a Montiel no encaja en el tipo penal, ya que no cometió actos de conducta indecente frente a una tropa y porque tampoco portaba uniforme al emitir su opinión. “El Ejército se presta al sometimiento político al criminalizar la libertad de expresión por la crítica de un hecho que afecta al partido de gobierno”, dijo Flores.

Según la representante del CENDIH, solicitaron al juez de la causa, Leshter Gallo, que declare la no culpabilidad del teniente primero, porque el artículo 30 de la Constitución Política ampara la libre expresión, sea militar o no, y no se le puede perseguir a o juzgar por ello.

“No encaja el delito con el tipo penal del Ejército, porque no violó el reglamento disciplinar militar (…) la opinión es un derecho y las medidas coercitivas son una violación grave a los derechos humanos”, aseguró Flores. 

Montiel es un médico militar a cargo del puesto médico del Quinto Comando Militar Regional de Juigalpa, Chontales, y durante las fiestas navideñas se encontraba de vacaciones en San Miguelito visitando a sus familiares.

La acusación en su contra fue presentada por la fiscal militar de la Circunscripción Central Caribe, Teniente Elizabeth Obando Duarte el 12 de enero, cuatro días después que el médico militar fue detenido.

Según la acusación de la Fiscalía Militar, el “hecho punible” que se le imputa ocurrió el 24 de diciembre cuando “manifestó que estábamos como en los años ochenta, en presencia de una navidad roja, ya que se estaba tiñendo con sangre de nuestros hermanos campesinos, que están defendiendo sus derechos"

La Fiscalía Militar aportó como pruebas del supuesto delito los testimonios de Josefa Mercedes Salablanca García, Armando José Vargas Torrez, Ernesto José Vargas Robleto, todos trabajadores del centro de salud de San Miguelito, quienes habrían escuchado al teniente primero Montiel Meza, hacer el referido comentario.

El escrito consigna que los hechos ocurrieron cuando Montiel “se encontraba de pase especial de Navidad y fin de año, en la casa de su suegra señora Luisa Briseño, en el municipio de San Miguelito, Departamento de Río San Juan”, y por tanto no estaba de servicio y ni siquiera vestía su uniforme reglamentario.

“Preso de conciencia”

El jurista José Pallais, ex presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento,  considera que Montiel es un “preso de conciencia” porque hacer un comentario de ese tipo no está tipificado como delito el Código Penal Militar.

“Estamos claramente ante una arbitrariedad. “El caso de este militar puede encuadrar entre lo que se determina un preso de conciencia.  Está siendo sujeto de persecución por su forma de pensar, por su solidaridad con los ciudadanos que fueron víctimas de violación de derechos humanos”, dijo el jurista.

La abogada del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, Wendy Flores, recordó el contexto de lo ocurrido el 24 de diciembre: “Él se encuentra en San Miguelito y está su familia, su suegra, su esposa y están escuchando las noticias que vienen de El Tule. Los heridos comienzan a llegar al puesto médico que está frente a la casa. Llegan policías heridos, campesinos heridos… entonces él lo expresa al ver a los heridos”.

Flores visitó al Teniente Primero en el Sistema Penitenciario Militar de Ticuantepe donde se encuentra detenido. El oficial le expresó que su caso “era prácticamente un juicio político porque lo que se había expresado no tenía ninguna relación con un delito militar”.  Pero también “está muy afectado emocionalmente primero porque nunca había estado detenido y segundo porque estaba soportando una medida coercitiva extrema por haber emitido su opinión”, dijo la abogada.

Desde hace más de un mes, tanto el Cenidh como la defensa de Montiel a cargo de un abogado de la Defensoría Pública demandaron a la fiscalía militar la anulación del proceso y la excarcelación de Montiel, sin embargo, el juicio oral y público en su contra está programado para este martes en Juigalpa.

Medida represiva

El Coronel retirado y abogado Irving Dávila, opina que la medida cautelar que se le aplicó al Teniente Primero “es excesiva y represiva”

“Se establece una medida cautelar de prisión o de detención como le llama ella misma (la Fiscal militar Teniente Elizabeth Obando) en el calabozo porque puede alterar o ir en perjuicio de la aportación de la prueba, lo cual es absolutamente especulativo… En vez de dejarlo en su casa con prisión preventiva domiciliar, sin embargo, utilizan esa palabra feísima, que solo se oía en la época de Somoza”, dijo Larios.

La fiscalía militar aduce que el Teniente Primero Montiel violó el inciso c) del artículo 175 del Código Penal Militar que establece: “el delito contra el Decoro Militar: Será castigado con la pena de tres meses a dos años de prisión, el militar que en público cometiere actos de conducta deshonesta, indecente, indecorosa o inmoral que resulte en perjuicio del buen orden y disciplina del Ejército",

Sin embargo, el Coronel retirado Dávila considera que la tipificación del delito no corresponde con los hechos. “Él emite una opinión y lo hace de manera privada, no habló mal del Ejército, simplemente habló de un acto represivo en el que estaba incurriendo en ese momento la Policía”.

Pallais dice que pretender condenar al militar basado en ese delito es una arbitrariedad. “Estarían actuando los fiscales y jueces militares en contra del principio de legalidad que establece que nadie puede ser sancionado si la conducta no está escrita de manera clara y precisa en la ley”.

Según Pallais, un militar incurre en delito contra el Decoro Militar cuando agrede intencionalmente a otro militar, usa intencionalmente un uniforme, emblemas o distintivos militares que no tenga derecho a usar o cuando incurre en conductas indecentes, indecorosas e inmorales.

Secretaria del FSLN promovió juicio

La denuncia contra Montiel fue promovida por el secretario político del Frente Sandinista de San Miguelito, Fernando Laguna. La esposa de Montiel, Darling Briceño, dijo que Laguna denunció a su esposo ante la Secretaría departamental del FSLN después de que la directora del Centro de Salud local, Josefa Mercedes Salablanca García, le informó lo que dijo el militar ante sus colegas.

De la Secretaria departamental, el “soplo” contra el militar llegó a la Secretaria Nacional del FSLN en El Carmen, que dirigen Daniel Ortega y Rosario Murillo y de allí habría bajado al Ejército la orden de procesar judicialmente al militar. Según la esposa del médico militar, quien presentó la denuncia contra su esposo ante el cuerpo castrense fue el general de brigada Rigoberto Balladares, jefe de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército.

Briceno también señaló que la directora del centro de salud, Salablanca, citada como testigo por la Fiscalía Militar, es cuñada del coronel Balladares. Confidencial abordó a la directora del Centro de Salud en San Miguelito y su reacción fue que no podía responder ni hablar del caso “sin autorización de sus superiores”.

Para el coronel retirado Irving Dávila el hecho de que la denuncia naciera de la Secretaría del FSLN revela la intromisión del partido de gobierno en las decisiones del Ejército. “Esta es una medida de represión política que quieren ejercer y matar en puerta como dicen toda tentativa de pensamiento en contra de lo que el gobierno haga y peor si son funcionarios o miembros de instituciones armadas porque tienen temor de que esta opinión se pueda generalizar”, dijo.

Según el militar retirado, esto reafirma la sumisión total del Ejercito a las decisiones “políticas y partidarias lo que implica que este Ejercito, ya no es un Ejército nacional y podemos llamarlo, sin ningún temor, la guardia orteguista, ayer era la guardia somocista…  el jefe del Ejército y el resto de la cúpula son responsables de lo que está pasando” dijo.

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