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¿Terrorismo de Estado?

Quien piense que Ortega ha mejorado en esta etapa de gobierno, porque ahora comparte el poder absolutista con los grandes empresarios especulativos, olvida que su esencia es el absolutismo anárquico del lumpenproletariado, por lo que se enriquece con la descomposición de la sociedad

Fernando Bárcenas | 16/2/2015

El que nace atún no puede morir pez espada.

Proverbio siciliano

Una dictadura, básicamente, es un régimen que sustrae derechos formales a la población. Es un régimen que violenta y deforma el orden jurídico para garantizar privilegios políticos y económicos a una casta burocrática que se atribuye la representación de la nación. De modo, que intenta producir temor para aplacar con represalias administrativas y paramilitares la resistencia cívica. Y asume características represivas extremas, de carácter policíaco y militar, cuando la población se opone directamente a los desmanes y abusos de los funcionarios, y reclama decididamente sus derechos.

En este proceso confrontativo, el terrorismo estatal, furtivo y cínico, es una aberración degenerativa represiva que conduce a la anarquía, producto de la falta de un plan de desarrollo estructural. La mentalidad expoliadora termina por ver los recursos del país como un simple botín, de manera, que se difunde en todos los estratos del régimen un proceso caótico de apropiación violenta. Y la impunidad, empuja al uso indiscriminado de las armas, sin consideraciones estratégicas.

El orteguismo es un proceso degenerativo continuo

Quien piense que Ortega ha mejorado en esta etapa de gobierno, porque ahora comparte el poder absolutista con los grandes empresarios especulativos, olvida que su esencia es el absolutismo anárquico del lumpenproletariado, por lo que se enriquece con la descomposición de la sociedad. En esta correspondencia de intereses mezquinos con la oligarquía improductiva, ni él ni sus aliados, antes adversarios, han cambiado en su esencia infecunda antinacional. Igualmente, el ejército comienza ahora a mostrar el cobre abusivo, a mala pena cubierto durante pocos años por un reglamento militar que, al fin, han tirado por la borda como pescado de descarte, sin valor comercial.

Un proverbio siciliano, sobre la naturaleza inmutable del carácter malviviente, justamente advierte: “El que nace atún no puede morir pez espada”.

De modo, que todo indica que la verdadera lucha contra la dictadura debe apuntar, también, a la disolución del ejército orteguista, más que a elecciones libres (que sólo es una consigna muy circunstancial en la lucha por la libertad). Así, mientras más pronto se comprendan los factores objetivos que han hecho posible la dictadura absolutista actual, mejor.

Un artefacto explosivo en Pantasma, sin una situación de guerra

El título de este artículo indaga sobre una perspectiva muy grave para el devenir del país, especialmente luego de la explosión de una bomba terrorista en Pantasma, accionada a control remoto, que dejó dos alzados en armas despedazados. Y luego, también, de la tortura y asesinato de un campesino de la zona, que se acercó al lugar de la explosión. El pequeño productor murió al amanecer, de dos tiros de gracia, con el brazo derecho y una pierna rotos a culatazos, atado a un árbol de limón durante una noche entera de torturas.

La prolongada dictadura somocista también fue conocida entre los sobrevivientes de las mazmorras, como “noche de torturas”.

Esta operación criminal es atribuida al ejército en complicidad con la policía, tanto por la población de la zona (aterrorizada por los militares), como por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH (luego de un proceso investigativo de naturaleza independiente, como corresponde), y, coincidentemente, por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Incluso las autoridades de la iglesia, en la región norte, los obispos de Jinotega y de Estelí, expresan que la versión del ejército, según la cual no hubo presencia militar en la zona, no es creíble. La explicación del Inspector del Ejército, que la bomba de Pantasma es una pasada de cuenta entre bandas del narcotráfico, tampoco se corresponde con los hechos, recabados directamente por Monseñor Mata de uno de los sobrevivientes del atentado, gravemente herido en sus dos ojos por las charnelas del paquete bomba (armado con cargas de explosivo C4 dentro de dos linternas y dos teléfonos celulares, que en la ejecución de la trampa mortal los órganos de inteligencia les hicieron llegar subrepticiamente dentro de una mochila de avituallamiento).

Este sobreviviente, quien pese a sus heridas logró escapar de la emboscada arrastrándose a ciegas por dos kilómetros, en un campo de maíz recién cortado, resultó, además, balaceado en un pie por las fuerzas militares que montaron el atentado, y que con exceso de tropas y de medios de transporte acudieron de inmediato a aniquilar a los supervivientes. En efecto, la población encontró, al día siguiente, un pie amputado por un disparo, a 250 metros del sitio del operativo terrorista.

El ejército orteguista se esfuerza, sin embargo, en negar que haya tramado esta trampa explosiva, obviamente penada como acto terrorista por el Derecho Penal Internacional. Pero, olvida que, para la población, sus prepotentes pisadas de animal grande dejan el rastro contundente de su identidad.

Actitud desafiante del ejército

El inspector del ejército, sin que parezca percatarse del impudor de sus palabras, imprudentemente dice que no se le debe dar crédito a la población, sino, por el contrario, se le debe creer al ejército y a la policía, que simplemente aseguran que no tienen nada que ver con la explosión de Pantasma. Esta credibilidad, a ciegas, para con en el ejército y la policía, según el inspector fortalece la institucionalidad.

Vienen a la mente los tiranos de América, Videla, Pinochet, Fujimori, la Junta militar uruguaya, Efraín Rios Montt, Somoza, Duvalier, Trujillo, que en un coro genocida fantasmal rodean afectuosos a este general de brigada nicaragüense, para escucharle susurrar que la institucionalidad se fortalece si nadie, de manera independiente, investiga los crímenes que se les achacan; y si en lugar de creer a las víctimas, se le cree a ellos, a los genocidas, y a la policía que ellos dirigían.

La única credibilidad, políticamente correcta, es la que refuerza los derechos ciudadanos. La que somete a los funcionarios al control de la población.

¿En qué confían el ejército y la policía, si se sitúan por encima de las leyes y de la sociedad, y se ven constreñidos a servir a un caudillo corrupto, sin ideología? ¿En qué creen quienes sirven ciegamente al capricho y a la discrecionalidad de un tirano que destruye y entrega a la nación?

Hay una manera necia de mirar el mundo… Escuchemos, advertidos por el brusco declive de la sociedad, cómo el inspector del ejército llama credibilidad a la impunidad..., e institucionalidad a la represión...

Credibilidad y transparencia

Sólo la policía, dice el inspector, está calificada para hacer investigaciones sobre la bomba de Pantasma. Así, finge creer que una violación de los derechos humanos no debe ser investigada por un organismo responsable de tutelar el respeto de los derechos humanos, precisamente, para refrenar la posible acción abusiva de la policía y del ejército.

Ante la procuraduría de derechos humanos del mismo gobierno orteguista, la institución que mayormente ha sido denunciada por la población de cometer abusos en 2014, es la policía. De modo, que la confianza nacional en estas instituciones represivas, el ejército no puede ordenarla militarmente, como si fuese una formación de combate.

El problema frente a un acto de terrorismo de Estado, es que la credibilidad se  transforma en terror de la población hacia los órganos del Estado (sean éstos calificados para investigar o no).

Es obvio que ante la degeneración del orden jurídico, la policía no tiene interés en investigarse a sí misma. Ni trae beneficios de investigar a aquellos militares con quienes comparte el rol represivo de la dictadura orteguista.

El inspector no razona como un militar de profesión. Un atentado terrorista se aborda de acuerdo a su naturaleza y a las circunstancias. Es decir, viene valorado estratégicamente, como un hecho político, fundamentalmente. Ello determina el rumbo del análisis y de la investigación técnica a seguir en el contexto político.

Esta falta de visión política, y la incapacidad estratégica de los mandos militares, haría comprensible para la opinión pública, también, por qué el atentado explosivo en Pantasma se ha llevado a cabo, como un objetivo táctico sin valor militar. No hay correlación alguna entre el insignificante resultado militar del atentado y el enorme descrédito político de esta trampa explosiva que violenta el derecho internacional, aún que fuese en una situación de guerra.

Si la población está en lo cierto, esta irresponsabilidad aventurera, por la cual, una táctica militar muy torpe desborda la estrategia, crea una situación sumamente peligrosa. La incompetencia estratégica del gobierno orteguista nos acercaría ya a una realidad de caos y anarquía.

Para acabar con la impunidad estatal, no hay otra alternativa que la transparencia. O bien estas instituciones represivas están sometidas al control ciudadano, completamente, sin el mínimo asomo de dudas, o bien ambas instituciones –la policía y el ejército-, como entes orteguistas destinados a la opresión, deben desaparecer de nuestra Constitución.

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El autor es ingeniero eléctrico

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