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Magistrado Villavicencio dice que CSE 'discute acuerdo' para bajar precio

Siguen cobrando por las cédulas

Báez: cobro es ilegal porque la única autorizada para imponer tasas es Asamblea. PLI cedió ilegalmente potestad legislativa a cambio de reducir costo

Octavio Enríquez | 19/1/2015
@cabistan

El Consejo Supremo Electoral (CSE) no ha puesto fecha a la reducción del costo de la cédula de identidad cuya renovación reciente provocó filas de miles de ciudadanos en diciembre, para evitar que sus documentos caducaran, mientras tanto, continúa un negocio que a juicio de especialistas tributarios supone un “presupuesto paralelo” para la institución.

Un día después que el CSE a través de su vocero Félix Navarrete anunció una reunión para que los miembros del tribunal discutieran el caso, el magistrado sandinista José Luis Villavicencio dijo este viernes que aún no “hay acuerdo”, porque según él están viendo diversas alternativas para enfrentar una situación de “carácter nacional”.

La polémica sobre el cobro, establecido por el CSE en 300 córdobas, resurgió el 18 de diciembre pasado cuando la oposición y el partido de gobierno aprobaron en plenario una reforma a la ley de identificación ciudadana que permitió la prórroga hasta 2018 de las cédulas que vencían el 31 de diciembre pasado, aproximadamente un millón de personas que corrían el riesgo de padecer una suerte de muerte civil.

 “Hay que verlo con bastante objetividad. Para presentar algo objetivo, posible, factible”, indicó Villavicencio que no quiso revelar la cantidad de personas que se encuentran pendientes de cedular, después de las filas recientes realizadas por los ciudadanos. Dice que no quiere imbuirse en especulaciones.

La posible disminución del costo de la cédula se pactó entre la oposición y el FSLN el 18 de diciembre, según el diputado del Partido Liberal Independiente, Eliseo Núñez. Fue así que reconocieron el cobro como un servicio para dejarlo en manos del CSE, aunque el tributarista Julio Francisco Báez insistió en su momento en que se trata de una tasa y la única facultada para establecer impuestos es la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 114 de la Constitución vigente desde las reformas de 1995. Se trata entonces de una ilegalidad que ahora es justificada por ambos partidos políticos.

Núñez: “Fue acuerdo de caballeros”

 “Fue un acuerdo de caballeros” dice el diputado Eliseo Núnez. “Como era un servicio se dejaba que el CSE lo hiciera basado en aquella sentencia de que los detalles de los presupuestos internos no se miraban y los servicios estaban incluidos dentro de éstos. Los miraban cómo servicio y no cómo tasa. Estoy  claro que en aras de conseguir los 100 pesos (referido al costo), nosotros cedimos ante algo que pudimos exigir que se pusiera en la ley”, admitió.

Según Núñez, originalmente pidieron la gratuidad de la cédula, pero la respuesta oficial  fue decir que no  podían y, bajo un supuesto acuerdo previo con el CSE, habían decidido la reducción a 100 córdobas.

 Al final de la jornada, el FSLN aceptó “calendarizar” la entrega de los documentos, facilitar la entrega de los mismos en los municipios, y dejó en manos del CSE con la venia de la oposición el establecimiento del costo, lo que riñe con la Constitución.

Cobro ilegal continúa haciéndose

Si bien han disminuido la cantidad de nicaragüenses que hacían fila en las delegaciones del CSE en Managua desde la prórroga de diciembre, el costo de 300 córdobas continúa vigente, informaron algunos de los ciudadanos al salir de la oficina de Servicios de Gobierno (Servigob) junto al Parlamento, uno de los sitios más frecuentados por la población.

Fulvio de Jesús Rodríguez Fariñas, de 20 años, se desembolsó el dinero después que obtener el documento se convirtió en una prioridad tras la infausta noche del 13 de enero cuando necesitaba el documento para interponer una denuncia en la Policía.

Recibió una golpiza. Al salir de la universidad, donde estudia ingeniería mecánica en los alrededores de Villa Progreso en Managua, ladrones le pegaron con un tubo en su mano derecha para despojarlo de su mochila, su cartera y los zapatos.

“No pensaba sacarla, pero el asalto fue ayer”, dijo en las afueras de las oficinas de Servicios de Gobierno junto al Parlamento, vacías ya de la muchedumbre que en diciembre se agolpaba para renovar las cédulas que vencían oficialmente el 31 de diciembre.

Rodríguez pagó el costo fijado por el Consejo Supremo Electoral, que equivale un tercio aproximadamente de los 1000 córdobas que cada quincena devenga como ayudante de mecánica.

La odontóloga Ivania Talavera Romero, quien vive en Puerto Cabezas, aprovechó un viaje a Managua para sacar su cédula de identidad, porque en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) “me la entregaban en tres meses”.

“Mi hijo tenía un compromiso en la  universidad, estudia diseño gráfico e ilustración y tenía un compromiso con las clases ahora en vacaciones. Hice todos los movimientos que tenía que hacer. Yo la gestioné en diciembre en Puerto Cabezas, pero me dijeron que me lo entregaban en tres meses. Si viniera por la cédula a Managua únicamente hubiese sido costoso, pero como venía a otras cosas no siento que el costo haya sido un problema”, explicó Talavera.

Consuelo Leytón, habitante del barrio El Recreo de Managua, trabaja como cocinera en un comedor y necesitaba su cédula para hacer sus trámites bancarios. “Golpea ese costo de 300 córdobas, yo estaba alegre porque pensé que lo iban a dejar en 100 córdobas, pero como lo necesito ahorita entonces  me urge, tengo que pagarla. En mi familia solo yo faltaba por sacarla”, lamentó.

 

Báez: cobro de cédula es ilegal

*Denuncia en la Contraloría desde el año 2010

El Dr. Julio Francisco Báez sostiene que técnicamente el código tributario establece la tasa como un tipo de impuesto, una explicación que brindó incluso a la Contraloría General de la República cuando le pidió el cuatro de agosto de 2010 que pararan el cobro ilegal realizado por las autoridades electorales.

Según la denuncia, lo establecido en la Constitución tiene supremacía sobre lo que anteriormente estableció la ley de identificación ciudadana, publicada en La Gaceta el cinco de marzo de 1993, donde se establece que para la reposición o modificación de la cédula previamente deberá pagarse “un arancel”. Esta ley fue publicada dos años antes que se aprobara la reforma constitucional que estableció la potestad única de la Asamblea para casos como éstos.

“La ley de identificación ciudadana fue abolida en términos absolutos por la antedicha reforma constitucional (…) Si esta acción del CSE, violatoria del principio constitucional de legalidad tributaria, tuviese la finalidad de sufragar los costos de la emisión de la cédula de identidad ciudadana, como se pretende argumentar, lejos de justificar dicha exacción  más bien lo que hace es profundizar el problema ya que estaría gestándose un presupuesto paralelo en dicho poder del Estado al margen de la ley anual de presupuesto 2010, que asignó al CSE su respectiva partida presupuestaria”, señaló el tributarista. Báez explicó que el señalamiento continúa vigente en 2015.

El experto dijo que el único tributo establecido con vigencia legal en el tema de las cédulas data de septiembre de 2005 cuando la Asamblea Nacional fijó el pago de una tasa de 50 córdobas por la reposición de cédulas, con lo que el costo establecido por el CSE es un verdadero invento promovido por el presidente del tribunal electoral, Roberto Rivas, pues el único cobro normado es de 50 córdobas  por reposición.

“Faltan tasas que no se han dicho por ley, pero que el CSE dijo por antojo y en particular su Presidente (Roberto Rivas) que son dos tipos de emisión de cédulas: la cédula por reposición yo la perdí, entonces pago 50 córdobas. Tiene lógica el cobro, vos no podés andar perdiendo la cédula a cada rato. Ahora te digo hay otra por renovación, que es el millón y medio de habitantes de ahorita, y la otra es la primera expedición a partir de los 16 años”, añadió Báez.

También destacó que el CSE no está entregando recibos fiscales a quienes pagan la cédula, tal como establece el artículo 57 de la ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario y nuevamente remarcó con indignación sobre  el negocio realizado con  el documento más importante expedido por el Estado a sus ciudadanos, al que calificó como el “alma de la documentación pública”.

Báez dijo que las autoridades del CSE están cometiendo delitos consignados en el Código Penal como abuso de autoridad, o el caso preciso de las exacciones contemplado en el artículo 455 donde se penaliza con dos a seis años de prisión cuando un funcionario abusa de su cargo “al exigir pagar aranceles, derecho, tarifas, impuestos, contribuciones, tasas o gravámenes inexistentes”.

El génesis del cobro actual

El presidente del CSE, Roberto Rivas, justificó ante la Contraloría el cobro a los ciudadanos. Según Rivas están modernizando el sistema de cedulación. Él sostiene que basado en la reforma a la ley de identificación ciudadana de 2009 se estableció “por caso de servicio especial rápido para los casos de reposición de cédulas sin cambios” el costo de 300 córdobas y 50 córdobas para el servicio ordinario de reposición en general “sin hacer uso del servicio especial”.

Según Rivas, los 300 córdobas surgen del cobro de los 50 por reposición más 250 en concepto de trámite rápido tal como ocurría con otras instituciones estatales en el pasado, lo que Báez en su momento denunció como una extorsión estatal que rompe con el principio de igualdad de los ciudadanos.

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