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Reprimen protestas campesinas y ejército se acantona en una escuela

CENIDH: policía cometió seis delitos

Octavio Ortega: continuarán las protestas contra la amenaza de expropiación de sus tierras

Wilfredo Miranda Aburto | 10/1/2015
@PiruloAr

La madrugada del 24 de diciembre la protesta que miles de campesinos mantenían contra los planes expropiatorios al amparo de la ley canalera en El Tule, Río San Juan, no estaba muy nutrida. Muchos habían ido a sus casas a “recargar energía”, recordó el productor Manuel Avilés Jiménez. Fue en ese momento que los antimotines de la Policía Nacional arremetieron contra el plantón. Hubo muchos golpes y forcejeo. “No vi mucho, cuando me levanté mi cabeza iba rebotando contra el piso de un bus”, narró Avilés, un hombre mayor pero robusto.

Fue una jornada de detenciones masivas: 46 personas fueron trasladas a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, y, en su mayoría, estuvieron detenidos ilegalmente. El Código Penal establece que un reo no puede estar encerradomás 48 horas si no se le presentan cargos ante un juez, pero los líderes de la protestas pasaron una semana entera confinados.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció el hecho ante la Fiscalía. “Por detención ilegal y ocultamiento de detenidos, y contra la primera comisionada Aminta Granera por ser responsable de la institución causante de las masivas detenciones”, detalló la doctora Vilma Núñez.

Para el CENIDH, la policía incurrió en seis delitos contra estos manifestantes: amenaza, lesiones, detención ilegal y ocultamiento de detenidos, tortura, abuso de autoridad y funciones y hurto simple. El legajo de los casos serán elevados a instancias internacionales que defienden  los derechos humanos como alto comisionado de Naciones Unidas, que está verdaderamente preocupado, según Núñez.

Danilo Lorío, uno de los dirigentes del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional en El Tule, aseguró que la Policía Nacional arremetió sin descanso contra ellos, golpeando sin distingo con sus garrotes reglamentarios. Los que cedían a las golpizas iban siendo apresados.

“En el bus íbamos 20 detenidos acostados en el piso y los antimotines nos caminaban encima, burlándose que nos llevaban a conocer El Chipote”, dijo Lorío. El hombre no creyó que lo transportaran hasta la capital. El bus que hizo de patrulla se detuvo en la estación policial de Juigalpa. Allí los siguieron golpeando y les tomaron fotos pegados en una pared. Los oficiales les ordenaron despojarse de su ropa y fueron encerrados, a eso de las doce del mediodía, en un camastro de un camión bajo el sol, hasta las dos de la tarde que su trayecto hacia Managua continuó.

“Se portaron con nosotros como que fuéramos animales salvajes. Nos ponían las manos en la cabeza y nos golpeaban mientras nos sacaban corriendo. Nos mentían los pies como para que nos cayéramos. No nos dieron comida todo el día”, reclamó Lorío.

Al otro lado del país, en el departamento sureño de Rivas, otro operativo policial contra las protestas que se oponen a las expropiaciones canaleras fue ejecutado. El 23 de diciembre en la noche. Un despliegue policial que obstaculizó por varias horas la Carretera Panamericana. Octavio Ortega Arana, coordinador nacional de este movimiento, fue uno de los más golpeados.

“La golpiza que recibí en el tranque fue demasiada criminal”, definió Ortega. Primero le dieron un culatazo con un AK-47 en su ceja izquierda. “Tengo una brecha que perfectamente pueden quedar 10 puntadas, tengo fracturadas algunas costillas y el brazo”, dijo Ortega, visiblemente lastimado y con dificultad para caminar.

El dirigente rivense también fue trasladado a El Chipote y a su llegada fue interrogado desde las 11 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada. Los policías le repitieron la misma interrogante que habrían de formular a los otros campesinos: ¿Quién les financiaba las protestas? ¿Era la Agencia Central de Inteligencia por sus siglas en inglés CIA?

Freddy Antonio Orozco, dirigente de El Tule, dijo que en las celdas de la DAJ no los golpearon como en las protestas, pero que sí hubo mucha tortura psicológica. “Cuatro días nos trataron bastante incómodos, con palabras obscenas, pero a otro compañero llamado Manuel Vega si lo golpearon. Los decían que los iban acusar por 30 años por nuestros actos terroristas”, sostuvo el campesino.

La amenaza por cometer actos terroristas contra el Estado de Nicaragua era igualmente recurrente. A Ortega lo acusaron de querer incendiar una pipa con un encendedor. “Los policías no me llamaban  por mi apellido principal, que es Ortega; no sé qué les causaba. Me decían Arana cuando nos pasaban revisión tres veces al día”, aseguró.

Los testimonios recabados por el CENIDH le permitieron concluir a la doctora Núñez que los interrogatorios policiales no pretendían averiguar delitos sino incriminar a otras personas, “motivados por el carácter político”.

La directora del centro de derechos humanos viajó hasta El Tule donde recogió más denuncias sobre intimidación por parte del Ejército. Un destacamento militar se encuentra acantonado en la escuela primaria de la comunidad de “Los Robles”, a 10 kilómetros de El Tule. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recogió el mismo señalamiento y, además, sobre el miedo de los campesinos de asistir al centro de salud a curarse las heridas que les dejaron las balas de goma de la Policía Nacional por miedo a que los persigan.

En El Tule se llevó a cabo la marcha de protesta número 18. ¨Las protestas contra las amenazas de expropiación continuarán¨, aseguró Ortega en Esta Semana   

Demandan diálogo a Ortega  

Más de una docena de líderes de las protestas y campesinos llegaron a Managua la semana pasada a exponer sus puntos de vistas sobre las expropiaciones canalera a la embajada de Estados Unidos. Los campesinos sostuvieron una reunión con tres representantes de la legación por más de dos horas.

La visita a la embajada norteamericana es la primera de una gira que los afectados por la ruta canalera emprenderán a otras seis representaciones diplomáticas asentadas en Nicaragua, según Ortega.

“La propuesta de nosotros es que el mundo se dé cuenta de las violaciones a nuestros derechos que ha cometido este gobierno, de las golpizas recibidas, de las protestas que hemos hecho, de que no queremos vender nuestras tierras”, aseguró Ortega. “Queremos que las embajadas nos respalden ante sus gobiernos y sus pueblos para que se solidaricen con nuestra causa”, agregó.

Después que los campesinos terminaron su encuentro en la embajada de Estados Unidos, la legación emitió un comunicado en el que aseguran que están “analizando toda la información disponible sobre el proyecto del canal y haciendo esfuerzos” para reunirse con diversos actores, incluyendo a la sociedad civil, los grupos indígenas, la comunidad empresarial, miembros de los partidos políticos, funcionarios del Gobierno de Nicaragua y representantes de la concesionaria HKND.

“La Embajada ha escuchado tanto a los grupos que apoyan el proyecto como a los que se oponen al canal”, expone el comunicado. “A la Embajada le preocupa la falta de información y transparencia que ha existido y continúa existiendo sobre muchos de los importantes aspectos de este proyecto”, añade a renglón seguido.

El objetivo, según Ortega, es conseguir un diálogo al más alto nivel con el gobierno, directamente con el Presidente de la República, ¨mientras el gobierno no sea transparente la violencia incrementará”, dijo. Pretenden que el cardenal Leopoldo Brenes sea el interlocutor y quieren el acompañamiento de las comisiones de derechos humanos.

“Es una pena que nos estemos matando entre nosotros, que somos hermanos nicaragüenses. Solo queremos diálogo, pero el gobierno nos ignora”, lamentó el productor Avilés Jiménez.“Queremos hablar con una comisión de alto nivel pero la comisión que mandaron fueron ese montón de zopilotes (antimotines) a montarnos garrote… parece que el gobierno no tiene la capacidad, la voluntad de reunirse con los campesinos”, añadió.

 

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