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El mecanismo de venta de la Soberanía

La soberanía es la reivindicación más básica de la democracia al conformarse el Estado nacional. Porque, para José Adán Aguerri, los negocios no tienen patria, y la soberanía es un estorbo a los negocios

Fernando Bárcenas | 5/1/2015

Adán Aguerri como vocero del COSEP, escribió en La Prensa del 30 de diciembre un artículo que intituló “Sobre el mecanismo de expropiación”, en el cual, la preocupación por la entrega de la soberanía nacional, con el pretexto del canal, no existe.

Hay omisiones y ausencias conscientes que en el caso de una fechoría evidente implican una complicidad con el delito, también evidente.

En su artículo, Aguerri no muestra más preocupación respecto a la concesión hecha a Wang Jing, que el mecanismo de expropiación. El recurso parcial por inconstitucionalidad, introducido por el COSEP, se limita, efectivamente, al proceso de expropiación.

La iniciativa del canal, dice Aguerri con entusiasmo, cambiaría la vida y el futuro de los nicaragüenses, sin explicar, siquiera, la viabilidad comercial y financiera del mismo. Pero, el proyecto –afirma puntilloso- debe ser de nación. Es decir, a juicio de Aguerri, basta con que el COSEP participe en la toma de decisiones, con derecho a voto en la Comisión del Canal, para que el proyecto sea de nación. He allí su demanda central: el gran capital desea pasar de la participación con Ortega, a participar con Wang Jing, en un nuevo control antinacional del país.

El contenido entreguista del Acuerdo Marco y de la ley 840, la falta de consulta ciudadana, la falta de estudios de factibilidad, la pérdida de recursos naturales y el daño al Cocibolca, no preocupa al COSEP. Todos los reparos científicos, comerciales y ambientales, y las críticas jurídicas y técnicas al procedimiento seguido por Ortega y Wang Jing, al COSEP le tienen sin cuidado.

“El COSEP insta –escribe Aguerri- a que en este proceso que se va a desarrollar [con el canal], prevalezca el diálogo, la transparencia, el respeto constitucional a la propiedad privada y al valor real del mercado”.

Pero, el proceso que se va a desarrollar, consecuente con el Acuerdo Marco y con la ley 840, no establece ningún diálogo en ninguna etapa del proyecto, ni transparencia, ni respeto a la Constitución. Es más, exige que la Constitución y las leyes cambien, en cualquier momento, en interés del inversionista de cualquier sub-proyecto. Y la ley 840, y el acuerdo con Wang Jing, y el proyecto, así como el mecanismo de expropiación a valor catastral, nacen y se desarrollan sin ninguna consulta ciudadana. ¿Qué diálogo o transparencia puede haber en un proceso mafioso que no surge de la voluntad ciudadana, libre y oportunamente informada?

Al COSEP ni siquiera le importa si las expropiaciones se hacen en verdadero interés de la nación.

“Los campesinos, escribe Aguerri, generan hechos de violencia por el tema de las expropiaciones, que el COSEP, en nuestro rol de asesores, desea no se repitan más. Estaremos atentos –expresa Aguerri- a que Ortega y Wang Jing cumplan sus palabras, y que la paz no sea manipulada por los oportunistas (que en los años ochenta confiscaron, y ahora se vuelven abanderados del valor real de las propiedades que ellos conculcaron). Los nicaragüenses no debemos preocuparnos, dado que Wang Jing indemnizará según principios de mercado”, concluyó Aguerri.

Cabe recordar que quien desarrolló la política de confiscaciones en los ochenta fue Ortega, del cual, el COSEP es ahora aliado, por oportunismo. En un modelo corporativista, antidemocrático en doble sentido.

Si las palabras de Ortega y Wang Jing contradicen la ley 840 en cuanto al mecanismo de expropiación, Aguerri –que al respecto introdujo un recurso de inconstitucionalidad- no debería esperar que se cumplan sus palabras, sino, que consecuentemente debería exigir que, al menos, se derogue esa parte de la ley 840 (aunque en esencia, esta ley lesiona sobre todo a la nación). ¿O es que Aguerri traiciona aún su propio recurso parcial de inconstitucionalidad?

Más que oportunismo, es traición a la patria, coadyuvar en silencio a la venta de la soberanía. Es esta traición la que afecta la paz de la república.

El mercado, bajo la ley del más fuerte, no tiene principios. En las sociedades con los mayores índices de desarrollo humano, el mercado está sometido al control de normas regulatorias que castigan la voracidad especulativa de los monopolios, y planificadamente redistribuyen socialmente la renta, para reducir la desigualdad.

En realidad, Aguerri desea valerse de la lucha campesina, para que los miembros del COSEP negocien la venta de sus tierras ociosas, considerando el costo de oportunidad del libre mercado (que incorpora la plusvalía esperada, por efecto de las obras mismas a desarrollar en esas tierras).

Sin interés especulativo, en cambio, los campesinos que usan sus parcelas para sobrevivir, no quieren canal, ni quieren vender sus tierras… ni quieren guerra.

“Por nuestra parte, escribe Aguerri, continuaremos trabajando hasta que las personas que pueden ser afectadas obtengan una respuesta satisfactoria”.

Cabe preguntar: ¿en qué consiste el trabajo del COSEP para salvaguardar la soberanía y al lago Cocibolca?

Por lo demás, el COSEP no se une a las manifestaciones de los campesinos perjudicados, ni apoya material y políticamente su lucha. Ni siquiera exige que la policía devuelva los bienes sustraídos a los campesinos de El Tule durante el allanamiento de sus moradas. Aguerri simplemente finge no ver la represión de Ortega como un método violento para seguir con un proceso decidido a espaldas del pueblo.

Al presidir la falsa ceremonia de inicio de las obras del canal, el pasado 22 de diciembre, sentado en la mesa de honor junto a Ortega y Wang Jing, Aguerri, como presidente del COSEP, apoya políticamente el proyecto tal y como unilateralmente ha sido concebido, precisamente, por Ortega y Wang Jing: como una transacción de la soberanía nacional.

Para Aguerri, lo que él llama la “mencionada soberanía” es cosa sin importancia, ya que él argumenta que el país no es autosuficiente. No hemos logrado, dice Aguerri, unir el Pacífico con el Atlántico, ni reducir la pobreza, ni ser independientes de la cooperación y de la ayuda externa.

Pareciera que para Aguerri, lo que él llama “la mencionada soberanía” fuese el obstáculo a la reducción de la pobreza, o algo que merezca considerarse hasta después de ser autosuficientes. Sería inútil explicar a Aguerri que un pueblo sin soberanía no existe como nación. O que la soberanía es la reivindicación más básica de la democracia al conformarse el Estado nacional. Porque, para Aguerri, los negocios no tienen patria, y la soberanía es un estorbo a los negocios.

Aunque parezca no tener importancia para el pueblo, sin embargo, es perentorio que los empresarios cambien al presidente del COSEP, ya que su política, oportunista y ciega, lleva al hundimiento del país, y en ese báratro arrastra, también, a la clase empresarial.

En un tema como el canal, la Constitución más que el derecho a percibir el valor real como indemnización por una expropiación, lo que establece es el derecho más trascendental del pueblo a expresar su voluntad mediante un referendo, y a que la misma sea acatada. Y más aún, a que se castigue, como traición a la patria, la entrega o venta de la soberanía. Ya que la patria, por principio jurídico, es un bien inalienable, por lo que su venta no puede ser sometida, siquiera, a referendo, menos a un conciliábulo entre mafiosos.

En consecuencia, ni el Acuerdo Marco ni la ley 840 tienen valor legal alguno. Con mayor razón cuando han sido suscritos por la mafia, a espaldas del pueblo.

Y nada de este proyecto puede, legalmente, lesionar el interés nacional, ya que nace de un defecto jurídico irreparable, de un vicio coexistente a la celebración del mismo, que corresponde al “núcleo duro” de lo que los romanos llamaban Ius cogens, nulo de nulidad absoluta respecto al derecho imperativo de la Constitución (de jerarquía superior a cualquier otra norma o ley, y que por principio debe salvaguardar los derechos inalienables de la nación), y respecto a la jurisprudencia Internacional (según la Convención de Viena de 1969).

Por lo que la ley 840 seguirá siendo nula, aunque la Corte Suprema haya declarado improcedentes todos los recursos por inconstitucionalidad. Con ello, la Cote se auto descalifica jurídicamente, y sume al país en una situación de anarquía política. Por ello, la Constitución exige a un pueblo que se rebele contra la tiranía, máxime si ésta comercia con la soberanía nacional.  

Ingeniero eléctrico

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