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Soberanía, democracia y justicia social

2015: Año de Defensa de la Soberanía

A lo largo de nuestra historia, los que controlan el Estado han establecido relaciones de subordinación con fuerzas externas en Washington, Moscú, Caracas o Beijing.

Andrés Pérez Baltodano | 5/1/2015

El 2015 será el año en que todos los nicaragüenses –los que residen en el territorio nacional y los que vivimos fuera del país– tendremos que definir una posición frente a la amenaza que para el futuro de la soberanía nacional representa el proyecto de la oligarquía ortegamurillista. No habrá forma de evitar esta toma de posiciones porque el silencio y la inacción funcionará –como ya funciona– a favor de una camarilla que por una mezcla de soberbia, avaricia y estupidez, ha mostrado estar dispuesta a hipotecar el futuro del país con tal de mantenerse en el poder.

En esta y otras entregas abordaremos el tema de la soberanía y las implicaciones que el “monstruoso” proyecto canalero –como justamente lo calificara el poeta Ernesto Cardenal–, tiene para Nicaragua y los nicaragüenses. Mostraremos que la soberanía es una condición necesaria para la democracia; y que la construcción de una democracia enraizada en los principios de la justicia social que forman parte de la filosofía humanista cristiana, es el único camino que ofrece la oportunidad de que nuestros hijos, hijas, nietos y nietas puedan algún día vivir en paz, justicia y libertad. El proyecto canalero de los Ortega-Murillo, manejado irresponsablemente como un negocio privado, cierra este camino y abre la real posibilidad de que nuestro país termine convertido en una virtual colonia dominada por el poder político del Estado chino, y por el poder económico de un consorcio de inversionistas liderados por Wang Jing.

¿Qué es la soberanía?

Cuando hablamos de soberanía hablamos de un concepto que surgió de la experiencia de la Europa occidental y, más concretamente, del desarrollo histórico que dio lugar a la formación del Estado moderno europeo. La filosofía europea conceptualizó y teorizó esta experiencia. América Latina adoptó el principio de la soberanía y a lo largo de 200 años ha tratado, con varios grados de éxito y entusiasmo, de institucionalizarlo.

En el ámbito internacional, el concepto de soberanía se refiere al derecho de los estados a operar en condiciones de igualdad frente a otros Estados. Usemos el concepto de soberanía externa para hacer referencia a este derecho.

En el ámbito doméstico, el concepto de soberanía hace referencia al poder de los Estados para organizar las relaciones sociales que operan y se desarrollan dentro de un espacio territorial legalmente delimitado. Usemos el concepto de soberanía doméstica para hacer referencia a este poder.

La dimensión externa y la dimensión doméstica de la soberanía están íntimamente relacionadas. La soberanía doméstica de un Estado depende en gran medida de su capacidad para mantener su autonomía frente a otros Estados. En este sentido, la democracia –que en último término se traduce en el derecho de los pueblos a regir su propio destino– es incompatible con un Estado que renuncia a su soberanía externa: esta es la lección que ofrece la historia de la relación entre democracia y soberanía en Europa, América Latina y Nicaragua. Hagamos un repaso brevísimo de esta historia.

Soberanía y Democracia: una historia paralela

En Europa, la institucionalización del principio de la soberanía externa hizo posible el desarrollo de la soberanía doméstica del Estado. Inicialmente, la capacidad y el poder del Estado para organizar las relaciones sociales que operan y se desarrollan dentro de su base territorial se concentró de manera absolutista en las manos del Rey. La famosa frase de Luis XIV, “el Estado soy yo”, expresa el espíritu del absolutismo europeo aunque tiende a ocultar su complejidad. En realidad, el absolutismo nunca fue total porque los monarcas absolutistas siempre tuvieron que negociar su poder con la Iglesia, con los poderes locales tradicionales que trataban de mantener su autoridad, y con otros Estados. De todas formas, el Estado absolutista fue un Estado que activamente promovió y defendió su soberanía externa –el principio de la autodeterminación– al mismo tiempo que negó el derecho de la sociedad a condicionar y mucho menos a determinar su funcionamiento.

La Paz de Westphalia (1648) consagró el principio de la soberanía territorial de los Estados; es decir, estableció el principio de igualdad en las relaciones internacionales, así como la prohibición de cualquier forma de intervención extranjera en los asuntos internos de un Estado. A pesar de las múltiples violaciones sufridas por este principio, la constitución legal del Estado como un “contenedor” territorial creó las condiciones para el desarrollo de historias políticas nacionales; es decir, de historias predominantemente condicionadas y determinadas por fuerzas domésticas. Más concretamente: la consolidación de Estados territorialmente soberanos facilitó el desarrollo de la sociedad civil, el desarrollo de los derechos ciudadanos, y la consecuente erosión del poder absoluto del Estado que terminó siendo democratizado. En Inglaterra, por ejemplo, este desarrollo se tradujo, como lo señala T.H. Marshall, en la consolidación de los derechos civiles en el siglo XVIII, los derechos políticos en el siglo XIX y los derechos sociales en el siglo XX.

El desarrollo del capitalismo –que es paralelo a la historia del Estado moderno– tuvo un efecto complejo y contradictorio en el desarrollo de los derechos ciudadanos. Por un lado facilitó el surgimiento de poderes independientes del Estado y, por lo tanto, la democratización del poder estatal. Por otro lado, generó nuevas formas de desigualdad. Los derechos ciudadanos –especialmente los derechos sociales– contribuyeron a reducir las desigualdades que genera la reproducción del capital.

 A través de la expansión y consolidación de los derechos ciudadanos y de la sociedad civil, el Estado europeo, en las palabras del sociólogo británico Michael Mann, perdió́ su “poder despótico” y desarrolló su “poder estructural”. En otras palabras, como resultado del desarrollo de los derechos ciudadanos, el Estado fue perdiendo la capacidad de imponer su voluntad sobre la sociedad y se vio obligado a gobernar a través de lo que Mann llama “prácticas institucionalizadas de negociación”. Como resultado de esos procesos se llegó a establecer eso que llamamos la democracia, concepto que hace referencia a lo que David Held –otro sociólogo británico–, llama una “relación de congruencia” entre el Estado y la sociedad. Esta relación fue posible porque los actores que luchaban por definir el sistema político y la institucionalidad de la sociedad tenían que negociar y alcanzar un consenso social dentro de los límite legales y territoriales del Estado soberano. En ausencia de este marco soberano y de los valores que lo promueven y sostienen –como dramáticamente lo muestra la historia de América Latina y especialmente de Nicaragua– los actores que participan en la lucha por el poder pueden entrar en alianzas con fuerzas y poderes externos para ignorar o neutralizar a sus adversarios. Esto imposibilita la articulación de los balances de fuerzas domésticas y los consensos sociales que son necesarios para la formación de la “relación de congruencia” democrática a la que hace referencia Held.

Soberanía y Democracia: Nicaragua

El principio jurídico de la soberanía que se adscribió oficialmente a los Estados latinoamericanos dentro del derecho internacional a comienzos del siglo XIX no tuvo el sustento histórico, social y político que tuvo para las sociedades europeas. La dependencia externa, la baja capacidad de regulación social de los nuevos Estados, y la exclusión abierta y sistemática de amplios sectores sociales, facilitó el desarrollo de Estados que, como lo señalara la mal lograda “teoría de la dependencia”, gozan de altos niveles de autonomía doméstica; es decir, de Estados que pueden ignorar las demandas de la sociedad.

La doble condición de dependencia externa y de autonomía doméstica que caracteriza al Estado latinoamericano, adquiere ribetes especiales en el caso nicaragüense por el fenómeno de la intervención extranjera que desde el período inmediato posterior a la independencia dificultó la consolidación del principio de la soberanía en nuestro país.

Las luchas por la independencia, los vaivenes de Centroamérica antes de su fragmentación, las luchas políticas internas que desembocaron en la presidencia de William Walker, la precaria estabilidad social de los Treinta Años, la caída de Zelaya, la dinámica social que se inició después de esta caída, el Somocismo y el colapso de la Revolución Sandinista han sido fenómenos fuertemente condicionados, y en algunos casos simplemente determinados por variables externas. Estos niveles extremos de dependencia externa han facilitado la consolidación de una cultura política que hace que nuestros gobiernos asuman que se puede gobernar con el apoyo de fuerzas externas y de espaldas a la sociedad. Desde esta aberrante perspectiva político-cultural, la calidad de una gestión gubernamental no depende de la construcción de un consenso nacional que nos unifique alrededor de principios y metas comunes, sino de la capacidad de los que controlan el Estado para establecer relaciones de subordinación con fuerzas externas –en Washington, Moscú, Caracas o Beijing. Estas relaciones se consideran “ventajosas” cuando le permiten a los gobiernos ignorar o neutralizar las fuerzas y movimientos domésticos que se oponen a las políticas del Estado. El resultado de esto ha sido la inestabilidad crónica de nuestra sociedad y la ausencia de una cultura política contractualista que nos empuje a buscar las soluciones a nuestros problemas dentro del ámbito de acción de nuestro Estado; es decir, mediante la organización de nuestras propias energías, la articulación de alianzas nacionales, y el aprovechamiento de nuestros propios recursos para reducir las amenazas externas y aprovechar las oportunidades que ofrece el orden internacional. Y si no, veamos.

Los liberales se aliaron con William Walker para derrotar a los conservadores hasta que Walker les robó el mandado. Después de la Guerra Nacional, los conservadores aprovecharon el debilitamiento que la Guerra Civil de los Estados Unidos produjo en la vocación imperialista de ese país y crearon un régimen oligárquico a la medida de sus necesidades. Zelaya puso fin a los “Treinta Años” conservadores hasta que sus enemigos se aliaron con Washington para sacarlo del poder y para convertir Nicaragua en un protectorado yankee. Más tarde y con el apoyo de los Estados Unidos, los Somoza manejaron el país como su hacienda y eliminaron –política y físicamente– a cualquiera que se opusiera a su régimen. Durante la década de los 1980’s el FSLN desperdició la oportunidad de poner en práctica el consenso que formalmente se articuló en el Programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional y prefirió darle la espalda a sus aliados no sandinistas y extender su mano a los soviéticos, a los cubanos, a los libios, al Frente Polisario y a cualquiera que le permitiera ampliar su autonomía doméstica; es decir, su capacidad para ignorar las demandas y aspiraciones de los nicaragüenses que no coincidían con su proyecto político. Finalmente, los gobiernos “neoliberales” cifraron sus esperanzas en la Casa Blanca y el Banco Mundial, y le recetaron el infame “Ben Hur”, a los más desgraciados de nuestra sociedad.

Hoy, como los burros, recorremos de  nuevo el camino que inevitablemente nos llevará a otro fracaso político y a otra tragedia. Porque si nos atenemos a las lecciones de nuestra propia historia podemos asegurar que el final del proyecto canalero que promueve el ortegamurillismo terminará mal. Estamos hablando, pues, de la “crónica de una muerte anunciada”.

Lo único que no conocemos son los detalles de esta crónica y de su desenlace: ¿Por cuánto tiempo más seguiremos los nicaragüenses soportando los abusos de la llamada pareja presidencial? ¿Qué precio tendrá que pagar Nicaragua para corregir los brutales errores de esta pareja? ¿Pagarán Daniel Ortega y Rosario Murillo el precio de su corrupción y, sobre todo, su traición a la patria?

En la próxima entrega: Soberanía y globalización: De Walker a Wang Jing 

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