Confidencial » Política » Leer artículo

Presidenta de la CSJ opina sobre masacre del 19 de julio

Magistrada Ramos: 'Mataron por política'

Defiende independencia judicial, pero también intromisión de Ortega en la Corte. Acusados fueron condenados sin que investigadores de la Policía determinaran cuál fue el móvil del crimen, mientras se acumulaban denuncias de violaciones a derechos humanos de los procesados

Octavio Enríquez | 1/1/2015
@cabistan

Dos meses y una semana después que un tribunal de Managua encontró culpable a los  acusados de la masacre del 19 de julio, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada sandinista Alba Luz Ramos, disintió de la versión oficial que hasta el final sostuvo que se trató de un caso de delincuencia común.

Ramos acusó a los implicados de “matar por razones políticas”, mientras defendía la independencia del poder judicial señalado por su sometimiento al partido de gobierno y al presidente Daniel Ortega, que antes del fallo condenó públicamente a “los asesinos” durante un acto militar.

La  Fiscalía sentó en el banquillo a una docena de señalados por la masacre del 19 de julio, a quienes acusaron de urdir y participar en las emboscadas a caravanas sandinistas en el norte del país, provocando cinco muertos y 24 heridos.

“Quienes han politizado esto son los mismos ejecutores del hecho. Mataron por razones políticas. Mataron en venganza porque venían de un acto político, de la celebración de la revolución y no pueden darle la vuelta a la tortilla tan fácilmente como quieren. Entonces no hay que hacerles el juego a esas personas, les estamos haciendo el juego a terroristas. Para mí la motivación es política, viéndola como persona y no como juez”, dijo Ramos, que defendió la independencia de las actuaciones del judicial en el caso.

La presidenta del tribunal defendió la intromisión de Ortega en el poder judicial, quien según ella no llamaría “culpable” a alguien sólo para encontrar un responsable. “Si él (Ortega) dice que es culpable, es porque hay todo un trabajo. Que todas las pruebas es difícil encontrarlas en casos como éstos, todos estamos claros de eso”, dijo la magistrada.

Detenidos después de las 48 horas

El principal cuestionamiento, desde finales de julio cuando inició el proceso en Matagalpa, es que los investigadores de la Policía no pudieron responder cuál fue el móvil del crimen, mientras se acumulaban las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los procesados. Los reclamos más fuertes fueron causados por las detenciones ilegales que duraron más de las 48 horas que el sistema legal nicaragüense concede a la Fiscalía para entablar formal acusación en los tribunales.

Ramos consideró que para la opinión pública en general es importante que se sancionen hechos como éstos y “sentar un precedente”, para que no vuelvan a suceder, y se preguntó con indignación si “entonces, ahora, no importa qué delito se cometa, aunque sea el más bárbaro del mundo, ¿verdad? No importa, entonces hay que cumplir con los términos y dejar  a los responsables libres”.

La última audiencia del caso ocurrió el 11 de octubre, cuando el juez Edgar Altamirano declaró culpables a los 12 procesados en su veredicto. Según el artículo 323 del Código Procesal Penal, citado por el abogado defensor Carlos Baltodano, el juez debió dictar sentencia después del veredicto de culpabilidad en un plazo de tres días, pero no lo hizo.

“Este sistema judicial se caracteriza porque están distorsionados todos sus cimientos. El juez, cuando quiere ser juez, lo es. En tanto no haya ningún interés político. Pero cuando haya una estructura del Estado de por medio, se vuelven amanuenses judiciales con facultades de firma”, dice Baltodano.

La increíble historia de los tirapiedras

Baltodano  representó en el proceso a los jóvenes conocidos como los tirapiedras—Juan y Gregorio Torrez Espinoza, y su cuñado Erick Salgado— a quienes el Estado acusó de lanzar  rocas para que las caravanas sandinistas aminoraran la velocidad y fueran presa fácil de los ejecutores del ataque armado en el sector de Puertas Viejas, rumbo a Ciudad Darío.

Los tirapiedras son originarios de la comunidad de Las Pilas, cercano a donde ocurrió la emboscada,  cuyos familiares aseguran que son militantes sandinistas que viajaron a Managua a conmemorar el aniversario 35 de la revolución sandinista, tal como hicieron las víctimas. 

El otro ataque sucedió en el sector de Wabule en la carretera San Ramón-El Jobo. Los principales acusados denunciaron torturas de la Policía en la última audiencia.  El 11 de octubre de 2014, el acusado Jairo Obando, señalado de ser uno de los tiradores, intentó convencer de su inocencia al juez Altamirano y relató que el día de su captura el tres de agosto pasado, tres oficiales violaron sus derechos humanos. 

Según su testimonio, un oficial le puso un fusil en el ano. Otro lo hizo en la cabeza. Un tercero lo hizo en las costillas. El salón estuvo repleto de oficiales. La prima de Obando, Johania Gutiérrez, escuchó el testimonio. “Fue algo espantoso, algo que nunca en la historia de Nicaragua me hubiera creído”, dijo este viernes al recordar el episodio.

Las torturas en Auxilio Judicial

El abogado Baltodano sostiene que las denuncias de torturas se han vuelto tan comunes que, “cuando hablás con familiares de detenidos, ellos temen que sean lastimados cuando son conducidos a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocidas como El Chipote”. 

“A mí me dijeron los presos que fueron torturados; cada policía que ellos me iban señalando, ese me hizo tal cosa y tal cosa, a todos lo reconocieron. Las celdas de la Policía no están hechas para tener a personas más allá de las 48 horas, es para tenerlas de manera preventiva. No pueden hacer labores de sistema penitenciario”, rechazó Baltodano.

Sin embargo, el comisionado general Ramón Avellán, a cargo de las investigaciones policiales a nivel nacional, se rehúsa a hablar sobre las denuncias, algunas donde los señalan directamente a él de agredir a los detenidos. “No tengo nada que decir al respecto, buenos días”, se despidió antes de cortar la llamada telefónica.

Baltodano dijo que el proceso judicial estuvo amarrado desde un principio y dijo que los abogados defensores lamentablemente en un sistema como éste legitiman los juicios. “Era evidente desde que Daniel Ortega dijo en un acto del Ejército que esos eran los culpables, ¿qué va hacer un juez? Imaginate si pueden quitar un diputado, electo por el pueblo, ¿qué puede hacer con un pobre juez?”, dijo.

La magistrada Ramos repitió que las emboscadas fueron actos terroristas ante los cuestionamientos al poder judicial y recalcó que los agredidos eran  inocentes que celebraban la revolución y estaban en su derecho de hacerlo.

Puntos sin aclarar y la  dramatización del crimen

 A lo largo de la investigación, el sistema de justicia integrado por la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial no pudo responder cuál fue la motivación del crimen y evadieron en distintos momentos la pregunta frente a la insistencia de los medios de comunicación.

Las autoridades se encuentran atrapadas en el discurso gubernamental que no admite la existencia de bandas armadas con fines políticos en el interior del país y los califica de delincuentes comunes.

Según los especialistas, a la ciudadanía no resultó creíble la historia de los tirapiedras y cómo fueron ligados a una conspiración mayor gestada en Tipitapa, el principal argumento para que el luego el poder judicial aceptara que el proceso se desarrollara en Managua, pese a que los crímenes ocurrieron en Matagalpa.

El caso supone, según expertos consultados por Confidencial en su momento, un golpe al discurso que sostiene que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica con un índice de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes. Analistas en temas de seguridad, como Roberto Orozco, consideraron los ataques como un mensaje al FSLN.

Los expertos cuestionaron el fallo mayúsculo de las estructuras de inteligencia, en los que el Estado invierte cuantiosos recursos. Fue llamativo que durante la comparecencia ofrecida por la primera comisionada Aminta Granera, directora de la Policía, ella presentó los resultados de la investigación basados sobre todo en confesiones de los acusados. Por primera vez, los nicaragüenses presenciaron un caso en que los implicados hacían dramatizaciones televisivas para la Policía de cómo habían realizado el crimen, mientras eran presentados ante la opinión pública de azulón y camiseta gris nuevo. En el proceso también aparecieron testigos de oídas. Investigadores dijeron que habían escuchado que alguien implicaba a los procesados, un hecho cuestionado por los juristas.

Más en: Política

Otros artículos del mismo autor