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Daniel Ortega reforma la Constitución y se perpetúa en el poder

2014: estocada mortal a institucionalidad

Ortega establece un sistema de perpetuación y propone que Ejército y Policía puedan reelegir a sus jefes. Juristas consideran propuestas como “involución democrática”

Octavio Enríquez | 30/12/2014
@cabistan

La mayoría sandinista en la Asamblea Nacional aprobó en su totalidad desde enero pasado las reformas constitucionales que concentraron más poder en el Ejecutivo de Daniel Ortega y allanaron legalmente su reelección.

Los legisladores sandinistas le cumplieron al caudillo sandinista, que ahora puede correr sin problemas legales para un cuarto mandato en el Ejecutivo en 2016,  mientras con la otra mano abrieron la puerta a que el jefe del Ejército y la directora de la Policía Nacional continúen en sus cargos.

“Las reformas constitucionales tenían como objetivo central permitir la reelección indefinida del Presidente y regresar a la Constitución de 1987, en el cual el mandatario podría ser electo con una mayoría simple de votos, alejándose de la reforma democrática de 1995 que establecía el 45% más un voto para que tuviera un fuerte respaldo de la ciudadanía”, explicó el ex presidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López.

Para López la reforma constitucional es una involución democrática, un acto de nostalgia al pasado cuando los poderes se concentraban en el mandatario tal como ocurría en los años ochenta.

Según abogados constitucionalistas consultados por Confidencial en enero pasado, la aprobación en segunda legislatura de las reformas constitucionales ocurrió además con violaciones al procedimiento, evidenciadas cuando los sandinistas presentaron mociones que no habían sido discutidas en primera legislatura tal como establece la técnica parlamentaria.

“Decir que el vicepresidente será despojado con un quórum igual que el del Presidente eso no es ajuste. Eso es absolutamente de fondo, de trascendencia igual que lo de la Superintendencia. Lo que dijo el diputado no pasa un mínimo test de legitimidad. Es un abuso, otro atropello más”, insistió el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez.

El golpe a la institucionalidad militar

La reelección militar por otro lado anunció la posible ruptura de la sucesión del Comandante en Jefe que antes se retiraba a su casa después de cumplir su período de cinco años y era reemplazado por el jefe del Estado Mayor.

“A diferencia de cualquier institución del Estado nicaragüense, el Ejército tenía una línea estratégica de desarrollo institucional y el eje de esa línea es la sucesión de mandos y lo que llamé en un momento para el nombramiento de Omar Halleslevens (2005-2010) la ley no escrita: el sucesor del Comandante en Jefe era el Jefe del Estado Mayor”, explicó la semana pasada el consultor en temas de seguridad independiente, Roberto Cajina.

En un cambio sorpresivo, el 20 de diciembre de 2013 fue retirado el ex jefe del Estado Mayor, Oscar Balladares, y en su lugar fue nombrado el mayor general Oscar Salvador Mojica, el ex director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del Ejército de Nicaragua.

Según el código militar, para el 21 de diciembre está previsto que el Presidente anuncie quién será el nuevo jefe militar, pero los analistas consultados por Confidencial consideran que Avilés continuará.

La relación del Ejecutivo, tanto con el Ejército y la Policía, se volvió más directa hasta restar influencia al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación, llamados a ejercer el control civil en ambas instituciones.  “Las reformas a la ley del Ejército y la Policía vienen a suponer una mayor dependencia y sujeción de esas instituciones en manos del Presidente”, opina el ex presidente parlamentario, Cairo Manuel López.

La semana pasada el consultor Cajina explicó que para la reforma militar han coincidido los intereses del comandante Ortega con la de “los empresarios de uniforme”.

“Los políticos en uniforme  era gente que venía de la guerrilla, que tenían una autoridad política, autoridad militar en la guerrilla. Ahora son empresarios en uniforme. Son obviamente otros intereses. Mientras los dos primeros propugnaban por el desarrollo de esa línea estratégica  y el fortalecimiento de esa línea estratégica de desarrollo institucional ahora eso ha quedado relegado”, dijo Cajina.

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