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Regularán un sector de más de 120 millones de dólares gobernado por la informalidad

El pastel de la seguridad privada

Oficialmente hay 18 mil guardas privados vs. 12,867 policías, pero podrían ser muchos más. Pequeñas empresas temen que detrás de la ley existe la intención de forjar un oligopolio con regulación

Octavio Enríquez | 1/12/2014
@cabistan

Bosco Zúñiga, administrador de empresas, cinta negra segundo dan en artes marciales y ex escolta de Daniel Ortega mientras gobernó el país durante los duros años ochenta, decidió que podía ser empresario en 2005. Se juntó con dos de sus hermanos, uno médico y otro sociólogo, pero los tres con experiencia militar y entonces creyeron que había ahí un futuro prometedor.

Nueve años después, han pasado de todo en la búsqueda para establecerse, pero lo más traumático fue cuando uno de sus clientes voló del país sin pagarles, dejándole pérdidas por 25 mil dólares. La saturación del  mercado de seguridad privada en Managua provocó que migraran a otros departamentos a buscar opciones, aunque volvieron poco después a la capital. Tienen actualmente 50 guardas, la mitad de los que llegaron a trabajar con ellos en algún momento, venden dispositivos electrónicos de vigilancia y han desarrollado el rubro de capacitación pensando en la formación de un pequeño grupo empresarial desde 2010.

“La dinámica del sector de seguridad privada es bien compleja”, reconoce Zúñiga en la oficina central de Vigilancia Integral, S.A., ubicada en un barrio popular de Managua. Se arrellana en su sillón y sostiene que la industria de la seguridad fue una opción que buscaba satisfacer sus aspiraciones personales. “Si no aspiraba nada, me hubiera quedado trabajando ahí”, dice sobre su pasado de escolta. “Fuera quizás comisionado como mis otros compañeros”, añade reconociendo la calidad de oficiales que trabajaron con él.

Ahora admite que, además del empeño, se necesitan muchos recursos para evitar naufragar. “El mínimo (de dinero) que se lleva rápidamente, sólo de entrada, son como 50 mil dólares. El capital social de inicio, reflejado en la escritura es otro asunto. En este negocio hay que tener mucha plata, disponibilidad, porque es de alto riesgo”, sostiene.

“Ahorita prevalece el oportunismo de que alguien dice que meterse al negocio es rentable, cuántos vigilantes tenés, cuántos le pagás y hacés matemática simple. Vos estás peleando el 5% de lo que cobrás, porque luego lo distribuís (en gastos fijos)”, opina.

Aun así reconoce que el sector en general necesita ordenarse. Zúñiga cuestiona la iniciativa de ley de seguridad privada que permitirá al Estado regular a la industria. Estimaciones oficiales citadas por los diputados sandinistas que introdujeron el proyecto el pasado 14 de noviembre indican que existen 160 empresas operando, 18 mil guardas (versus un total de 12, 687 policías en 2012) y 11, 625 armas de fuego registradas oficialmente.

El proyecto establece un capital inicial de medio millón de córdobas para los que ejercen vigilancia física, dos millones y medio de córdobas para los que protegen valores, medio millón de córdobas para seguridad electrónica y 100 mil córdobas para aquellos que se dedican a la formación y capacitación. Se fija el pago de las licencias que se otorgarán por un período de cinco años y la obligación de presentar los listados de sus armas, los objetivos a proteger, los medios tecnológicos y de transporte, pero además se imponen multas.

En el caso de las infracciones leves, las multas equivalen a un monto que oscila entre cinco y diez salarios mínimos, las graves entre once y 20, y las muy graves entre 21 y 30 o la cancelación de la licencia de operaciones. Entre las muy graves se considera no informar a la autoridad respectiva sobre  cambios de razón social, socios, domicilio, ámbito territorial de actuación y representante legal.

124 millones de U$ de inversión anual

De acuerdo con cifras oficiales del Banco Mundial en 2011, citados por la directora de la Policía Nacional, Aminta Granera, durante una gira a Washington, capital de Estados Unidos, en junio de 2012, los costos de la seguridad privada ascienden a 124 millones de dólares en Nicaragua. Se trata de la cifra más baja de la región que encabeza Guatemala con 459 millones de dólares en este rubro.

El ex escolta dice que la ley persigue un objetivo meramente económico detrás de la anunciada regulación y ordenamiento del sector y en la práctica se busca cómo sacar del juego a los competidores de los miembros de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada en Nicaragua (ASEGPRIN), formada por 14 y que emplean a 12 mil vigilantes.

Según Zúñiga, las empresas grandes suelen tener grupos económicos poderosos como sus clientes. “A Ultranic por ejemplo nunca van a quitarle (la seguridad) el Banco de Finanzas (BDF). Nunca el Banco de La Producción va a quitar a Servipro, excepto con una fusión que hicieron ahí que fundaron el servicio que está dándole a los bancos para bajar costos. Ellos tienen razón en decir que ahora quieren ordenar ciertas cosas. Cuando empezó Ultranic utilizaba los medios del Ejército, hasta las mismas armas, hasta después que se reguló pudieron entrar ahí. Ahora como están en un nivel, están empoderados, quieren monopolizar todo ese paquete, pero es difícil porque existe la libertad de empresa”, añade Zúñiga.

La iniciativa es firmada por el jefe de bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, y cuatro legisladores más del mismo partido político que tiene mayoría en el hemiciclo y pueden aprobarla en solitario tal como se envió.

Vivas: “Proyecto despolitizado”

El jefe de Servicio de Vigilancia y Protección (Servipro), el ex director de la Policía René Vivas, es también el presidente de la asociación de empresas de seguridad.  Para él, es una ley “despolitizada” e eminentemente técnica. “Esta ley nos dice lo que no queremos oír. Nos declara tolerados pero no fomentados por el Estado, nos equiparan a la roya, a los niños en los semáforos pidiendo limosna o a los expendios de alcohol. A mí no me gusta, pero agradezco que nos digan cómo nos ven”.

Se vuelve entonces recurrente en las palabras de Vivas la comparación con los bares y cantinas y explica que en el sector hay desde aquellos que atienden a gente “high”, y otras que son “cantinas de patio regado”.

Entonces cuenta que algunas no tienen rótulos, las armas de fuego están en el baño, cobran sin facturas y hay otras que evaden al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para presentar un precio bajo al cliente.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos según los ejecutivos consultados el afectado directo es el guarda de seguridad que ve reducido su salario. El mínimo aprobado por el Estado para el pago mensual de un vigilante es de 4 mil córdobas. “Hay vigilantes que ganan menos. Conozco gente que le pagan 3 mil 800 córdobas y otros menos”, dijo un vigilante consultado por Confidencial bajo condición de anonimato.

Las cifras sobre el número de vigilantes en las calles del país difieren. Si por un lado los legisladores aceptan que hay 18 mil guardas, Vivas alerta de la existencia de 80 mil entre las formales e informales y los de cuenta propia. El reto para la autoridad reguladora será mayor.

“La Policía levantó la mano y dijo quiero ser el regulador. A nosotros  nos interesa un regulador con músculo, no un regulador anémico. Asume facultades y antes eran supuestas y aceptadas, pero no bendecidas por la ley, y asume una enorme responsabilidad.  Si hubiera estado en los zapatos de la Policía tal vez no levanto las manos, porque le toca al órgano regulador asegurar que se cumpla ese espíritu esencial que es la formalidad”, agregó Vivas.

El presidente de la asociación mantiene que la regulación será costosa y opina que está de acuerdo con que el costo de las licencias se convierta en una partida del órgano regulador, pero en el tema de las multas difiere.

“La multa es una sanción, no una recaudación. Estoy de acuerdo con que el ingreso sea formal. Alguien tiene que financiar eso. Preferiría que las multas fueran a la Tesorería General de la República, porque se puede convertir en un instrumento con sentido perverso: buscar reales. No tengo, andá monta”, advirtió.

Confidencial llamó desde la semana pasada al comisionado general Francisco Díaz, jefe de seguridad pública de la Policía Nacional para consultarle sobre el tema. Pero no respondió a su celular. Diputados de la oposición cuestionaron que la ley sea un instrumento para espiar a los clientes, pero Vivas rechaza el señalamiento diciendo que ellos firmaron acuerdos de “confidencialidad”  que están obligados a respetar.

Sin embargo, explica que hay casos en que están obligados a colaborar. “Si mataron a alguien en la EPN, que también es mi cliente y es del Estado, cómo no voy a colaborar en resolver un delito. ¡Eso es una idiotez!”, dice alzando la voz durante la entrevista.

 

Pagos de licencia

La iniciativa de ley, propuesta por diputados sandinistas, establece un pago para las licencias que oscila en el caso de los que brindan seguridad física entre 15 mil y 100 mil córdobas, dependiendo del número de guardas. Si son entre 15 y 20 vigilantes supondrá el pago de  15 mil córdobas y entre 1001 y 1500 vigilantes corresponde el segundo monto.

Los servicios de protección a valores establecen costos según el número de vehículos blindados que tengan. Desde 100 mil córdobas cuando se tengan 4 o menos vehículos blindados o 200 mil córdobas cuando son más de diez.

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