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Acusados de crimen continúan en DAJ sin escuchar sentencia

Masacre del 19: cuatro meses sin saber la verdad

Familiares de detenidos aseguran que autoridades los encarcelaron por motivos políticos y defienden su inocencia

Ismael López | 25/11/2014
@lopezismael

Todos los martes desde hace cuatro meses, Antonia Cruz visita la Dirección de Auxilio Judicial –conocida popularmente como “El Chipote”– para ver a su marido en Managua. José Cortez Dávila (alias “La Cobra”) es señalado de ser uno de los autores intelectuales del atentado del 19 de Julio, una terrible masacre en la que murieron cinco simpatizantes del Frente Sandinista y 28 personas más resultaron heridas cuando se trasladaban en buses desde la capital hacia el Norte del país, tras participar en un acto que conmemoró el 35 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. A cuatro meses de ese crimen, no se conoce la verdad sobre el más grave atentado político del país y el juez del caso aún no dicta sentencia contra los doce procesados.

Además de haber pertenecido a la Resistencia Nicaragüense, Cortez Dávila es uno de dos campesinos –de doce juzgados en Octubre de este año– que cuenta con antecedentes delictivos, pues es señalado de homicidio. El otro es Leonel Poveda. La justicia nicaragüense señala al primero de haber participado en un atentado a inicios de los noventa, en Sébaco, en un acto en el que participó el ex vicepresidente Virgilio Godoy. A Poveda lo acusan por un crimen cometido en Costa Rica en contra de su ex pareja.

A diario, los familiares de los reos de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) llegan desde muy temprano a esta prisión y esperan durante horas para ver a los parientes que el gobierno del comandante Daniel Ortega alberga en antiguas celdas de tortura utilizadas por la dictadura de Somoza y el primer régimen Sandinista (1979-1990). Esta misma cárcel fue el motivo por el que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Fundación Cristiana Pro Desarrollo Social pidieron a la Asamblea Nacional la clausura de dichas instalaciones, una petición que hasta el momento no ha sido escuchada.

El pasado 10 de Octubre, los doce acusados fueron declarados culpables por ser los autores del atentado, según el juez Edgard Altamirano. Sin embargo, éste parece haber “olvidado” dictar la sentencia, a pesar de que la ley establece que debería tardarse un máximo de cinco días para leerla. Antonia Cruz no sabe por qué la justicia se ha tomado tanto tiempo en establecer el destino de su marido. “No sé cuál será el misterio de ellos. Es injusto que los tengan cuatro meses allí sin dictar sentencia. Para mí que se venció el término y para mí es para que se haya dictado. La cosa es que se dé para que así los abogados apelen, y así ver qué se hace”, demanda la mujer.

Las discordancias del proceso judicial

Durante el juicio en el que fueron condenados, la Fiscalía no pudo demostrar de forma contundente que los campesinos acusados fuesen los culpables de la masacre. Los testigos del crimen se contradijeron entre ellos y algunos de los acusados presentaron documentos que demostraban haber estado en otro lugar el pasado 19 de Julio. Uno de ellos fue Eddy Gutiérrez, acusado de ser uno de los “tiradores” del Kilómetro 76 de la Carretera Norte, pues demostró con fotografías que ese día estuvo en una reunión familiar.

La imagen que Gutiérrez presentó ante el juez fue captada con una cámara marca Sony, a las 9:20 y 9: 21 de la noche, momentos en que –según la Fiscalía– estaría disparando contra los autobuses. Por esta razón, sus familiares rechazan la condena y aducen que las autoridades involucraron a su pariente por cuestiones meramente políticas. Esto mismo opina Sonia Quintana, esposa de Wilfredo Balmaceda, otro de los acusados y un opositor de Ciudad Darío que defendió en las calles el voto que le arrebataron en dicho municipio al entonces candidato del Partido Liberal Independiente (PLI), Edgard Matamoros.

En 2011, Balmaceda se enfrentó con piedras y morteros a las fuerzas de choque del gobierno del Frente Sandinista. “Es por ser opositor al gobierno, por haber participado en las protestas que hubo para las elecciones (de 2011). Fue concejal en el gobierno de Pedro Joaquín Treminio y secretario en el gobierno de Bron Ley Álvarez (…) Ellos no esperaban que la gente se levantara en protesta porque lo que se estaba haciendo injustamente”, explicó Quintana, quien viaja a Managua todos los martes para ver a su marido en la DAJ e insiste en que ha sido decisión del juez no dictar sentencia, ni permitir que se le traslade a una cárcel formal o hacer trámites para iniciar el proceso de apelación.

Jesús Gutiérrez, padre de Eddy Gutiérrez, otro de los campesinos acusados, asegura que este comportamiento es parte de una estrategia de las autoridades para difundir temor. “La gente sabe perfectamente que los que hicieron eso no son de aquí, porque es un lugar estratégico (…) Las Pilas es una carretera que comunica con varios lugares, con Terrabona, Matagalpa, Muy Muy y Matiguás. Esa gente (los autores) hizo eso (disparar contra los buses) y se fueron. Y agarraron a las personas que ya tenían mal vistas. Ellos (las autoridades) tenían que agarrar a alguien porque no tenían a quién culpar”, manifestó.

A Leonel Poveda, acusado de Ciudad Darío, un oficial de la Policía Nacional ya le habría advertido sobre los riesgos que implicaban inmiscuirse en la vida política de su localidad, según explicó su hermano Antonio. Éste relató que dicho oficial –del que no reveló el nombre– le dijo hace un año: “apartate, apartate, porque te van a buscar cómo involucrar en algo para encerrarte”. No obstante, Poveda no hizo caso. Su pariente expresó que continuó apoyando a Edgard Matamoros, candidato del PLI. “Esto le pasa por andar metido en política, porque él lo apoyaba allá en Ciudad Darío cuando llegaron tres buses de Managua con pandilleros. Él estuvo presente en eso”, reveló.

Familiares denuncian motivos políticos

A 100 kilómetros de Ciudad Darío, en la comunidad de El Carrizo (San Ramón), vive Tomasa Angulo, madre de Zacarías Cano, acusado de perpetrar el atentado del 19 de Julio junto a su cuñado Rosendo Huerta en el empalme de Guabule. Doña Tomasa insiste en que su hijo es inocente y afirma que ambos han defendido el voto de los liberales. “Yo creo que los han involucrado porque trabajan para el partido, él es liberal 100%. Tenían días de que los estaban fildeando (vigilando), que se los iban a llevar”, lamentó.

A tres kilómetros de la casa de su madre, caminando por veredas, vivía Zacarías Cano. Su esposa, Aura Reynosa, se ha encargado de cuidar a sus hijos desde que su marido está preso en El Chipote. Ella también está convencida de que dicho arresto obedece a motivos políticos. Además, recuerda que existen rivalidades de la misma índole entre habitantes de la comunidad de El Carrizo, Cano y Huerta. Éste último es un activo militante opositor de la localidad. Zayda, su esposa, considera que esta es una estrategia de cara a las elecciones presidenciales de 2016.

“Mi marido dijo que esto es por política. Y como vienen las elecciones, entonces al tenerlos presos (…) como él es el que trabaja, organiza la gente que trabaja de fiscal, de suplente, al echarlo preso nadie trabaja”, justifica.

Disentir le costó el puesto

A diferencia del resto de acusados, los hermanos Torres y Erick Salgado, conocidos como “Los Tirapiedras”, son militantes sandinistas y vecinos de Carlos Loáisiga, alias El Alacrán, quien desde el primer momento defendió a sus compañeros cuando los acusaron por la masacre. Defenderlos le costó el puesto que ocupaba como coordinador de la Juventud Sandinista.

Loáisiga comenta que se enteró del “despido” al asistir a una reunión con el secretario político del Frente Sandinista, el jefe de gabinete y la jefa de ruta de su localidad. “Cada mes teníamos una reunión. Cuando yo voy me dicen que no, que ya estoy fuera (…) Me sorprendió que me sacaran. Cuando yo supe que estaba fuera, supe que fue por las entrevistas que he dado. (También) supe por otras bocas que yo ya no estaba trabajando en esto, que me habían sacado”, contó.

Aunque a este sandinista disentir le costó el puesto de trabajo, los doce acusados por el atentado del 19 de Julio se llevaron lo peor, pues continúan privados de libertad. Su único contacto con el exterior ocurre los martes, días en que sus familiares los visitan en la Dirección de Auxilio Judicial. Por su parte, los familiares de los fallecidos no quisieron colaborar con este reportaje, a pesar de que Confidencial los buscó en San Ramón y San Juan de Limay.

Hasta la fecha, el juicio por la masacre no ha cerrado ninguna de las interrogantes que se plantearon desde el inicio. Del ex capitán de Ejército Pablo Martínez alias Yalí, acusado de participar el atentado, por ejemplo, no se dijo una palabra durante el proceso. Éste continúa prófugo de la justicia.

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