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El declive de Granera en la Policía Nacional: pompa, figuración y mando ficticio

El poder del Comisionado Ramírez

Expertos en seguridad señalan al Jefe de Managua como el poder real en la institución. Es él quien mantiene un enlace directo con Ortega a través de su operador Néstor Moncada Lau

Octavio Enríquez | 24/11/2014
@cabistan

18 de septiembre de 2014. Alzada en los brazos de cuatro mujeres oficiales de las tropas especiales, la primera comisionada Aminta Granera, directora general de la Policía de Nicaragua desde hace ocho años y en ejercicio de su segundo mandato, se quita los lentes y el reloj mientras la trasladan a una pila llena de agua refrescante.  

Antes de zambullirse, una mano cariñosa le moja el cabello como si se tratase  nuevamente de su bautizo y un coro le canta “estas son las mañanitas que cantaba el Rey David” en su cumpleaños número 63 y le entregan un ramo de rosas amarillas. Sonríe. La Jefa Nacional grita varios “vivas” con entusiasmo, mientras saluda la jornada 80/35 con la que el gobierno de Daniel Ortega unió la conmemoración de los 80 años del asesinato de Sandino y los 35 de la revolución sandinista.

—¡En Sandino y con Sandino!, ¡Policía Nacional a tu servicio siempre!—le responden los subordinados. Policía, Partido y Jefa son la misma cosa.

Granera tiene una aceptación del 80.4% según la encuesta de octubre pasado de la firma M&R. “Ella tiene carisma personal”, acepta Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

“No puedo negar ese nivel de aceptación que las encuestas demuestran, pero me llama la atención que esas encuestas están como estereotipadas. Siempre sale ella en el primer lugar, en segundo lugar la Rosario (Murillo, Primera Dama) y en tercero Daniel  o se cambian el segundo y el tercero con Daniel”, cuestiona Núñez.

Granera es la segunda mujer que gobierna la Policía desde su fundación—la primera fue la comandante Doris Tijerino en el período 1985-1988—. Estudió para ser monja en su juventud y se convirtió en guerrillera sandinista. Los especialistas le recriminan ahora que  hoy nuevamente la institución esté bajo control del  caudillo sandinista, una tentación que se creía superada al menos formalmente desde 1996.

La estrategia presidencial

El último episodio del asedio y toma de control de Ortega a la dirección de la PN sucedió el 14 de noviembre durante la ceremonia de ascenso en grados del ahora comisionado general Pablo Emilio Ávalos. Ese día promovieron también a Cairo Guevara, el nuevo director de la Academia policial, un ex miembro de la escolta presidencial de Ortega en los años  ochenta nombrado para las labores académicas en reposición de Xavier Dávila, que será el nuevo secretario de Granera según fuentes policiales.

Con el acto de ascenso de Ávalos y Guevara, el mandatario sumó a dos oficiales de alta graduación a la jefatura en la que ahora caben 14 personas, un mando policial irreconocible con los cuatro miembros más la jefa de la Policía que estructuraban el mando en septiembre de 2006.

Ávalos, el nuevo inspector general que a partir de ahora deberá investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes, escuchó cuando Ortega lo exaltó públicamente pese a las críticas desde la sociedad civil que lo señalan de cómplice en las golpizas perpetradas por simpatizantes sandinistas.

“Hoy tenemos dos nuevos compañeros, nuevos en cuanto al grado que están el día de hoy asumiendo de generales del pueblo, al servicio del pueblo y comprometidos con este proceso que tiene sus fundamentos en los valores cristianos, en los principios socialistas y en las prácticas solidarias”, dijo el mandatario.

Para agregarlos a la cúpula policial, Ortega removió a finales de octubre al antiguo inspector general Juan Ramón Grádiz, quien se desempeñó hasta su salida como la mano derecha de Granera en la institución. Ese día, el mandatario retiró igual al ex subdirector Jimmy Javier Maynard.

 “Aquí (la Policía) no somos eternos, tenemos que salir”, admitió Granera que si sigue en el cargo, después de septiembre de 2011 cuando venció su período constitucional, fue porque aceptó la prórroga concedida por Ortega mediante un decreto presidencial.

Una lista de incondicionales

La jefatura policial en la práctica la integran ahora el consuegro de Ortega, su actual jefe de escoltas y su antiguo médico personal, Francisco Díaz, Alberto Acuña y Julio Paladino respectivamente. 

Los once restantes también tienen el rasgo común de su lealtad al mandatario, dice el consultor en temas de seguridad ciudadana, Roberto Orozco. Elizabeth Rodríguez, nombrada como subdirectora de gestión en reemplazo de Maynard, es recordada porque en 2009 levantó una tarjeta rosado chicha en un acto partidario sandinista con lo que se comprometió a trabajar por la reelección del mandatario. El marido de esta oficial, Justo Pastor Urbina, también fue ascendido en septiembre al grado de comisionado general.

“Grádiz y Maynard (retirados el 27 de octubre) eran dos de sus más allegados oficiales en la jefatura y, al retirarlos, el Presidente termina con la gestión de Granera y deja claramente sentado que en la Policía manda él. Con esta decisión se profundiza que la actual Directora General es un figurín”, opina Orozco.

Para el experto, Ortega termina de colocar sus cuadros políticos dentro de la Policía “que, aunque en 1990 inició un proceso de profesionalización, nunca se despartidizó y el FSLN la ha controlado desde que perdió el poder frente a doña Violeta Barrios de Chamorro. Ese control resurgió con fuerza desde el 2007 cuando Ortega reasume el Ejecutivo. Lo que está ocurriendo es que se han establecido dos direcciones en la Policía: Una figurativa que la mantiene Granera, y otra la real, quien manda, la cual se ha formado alrededor del actual Jefe de Managua y sus allegados. Róger Ramírez es el jefe de facto y uno de los que realmente manda con la venia presidencial”.

La vena sandinista de más de 300 oficiales, que aún quedan en la institución desde su fundación, es aceptada por el ex director de la PN en los períodos 1979-1982 y 1989-1992, René Vivas. “La Policía para comenzar no se le puede negar el ombligo. Tiene un origen sandinista. Negarlo es ir contra la historia y la realidad.  Está generación de la Policía de los que fuimos se tienen que ir, estamos viejos, con Alzheimer, lelos, pero no le pidás a esos compañeros que dejen de ser sandinistas. ¡Es iluso!”.

Vivas dice que ponerse los zapatos en la institución es difícil cuando se encuentran ante conflictos políticos y alega que nunca se queda bien en esos casos. “Investigar bochinches de políticos es bien difícil, porque no quedás bien, no hay toro que aguante dos puyas. Los políticos no son civilizados, no deberían de provocar esas cosas”, dice sobre los señalamientos de actuaciones parcializadas a favor del partido de gobierno que pesan sobre la Policía.

El ex director niega la influencia del comisionado general Róger Ramírez y dice que si él tiene un lío a quién buscaría es a la directora Granera. Vivas lo que ve es una “hemorragia” de ascensos a comisionados generales.

“La ley de la Policía que acaban de aprobar nombra tres subdirectores generales y un inspector. Que vos seas el portero de la Plaza del Sol y tengás grado de comisionado general es otra cosa. Están reconociendo méritos en grados a compañeros que la institución y el Gobierno los tienen, no me preguntés de mi opinión porque no participé en esa discusión”, añadió Vivas.

“El secretario político” Ramírez

Sin embargo, a nivel interno la información que se maneja es otra. El liderazgo de Ramírez no empezó este año, aseguran otros dos policías en retiro consultados por Confidencial que comparten las denuncias periodísticas de la existencia de un mando paralelo. Según ellos, Ortega canaliza sus órdenes a través de Néstor Moncada Lau, un ex miembro de la desaparecida Dirección General de Seguridad del Estado en el Ministerio del Interior (MINT).

Moncada se desempeña en esta etapa como asesor presidencial de seguridad y, según los antecedentes publicados en los diarios nacionales, ha estado vinculado a actos de terrorismo y a crímenes políticos en los ochenta.

Según las fuentes consultadas, Ramírez trabajó de manera discreta en los años ochenta en la dirección octava de la DGSE; a cargo de decodificar  y codificar los mensajes confidenciales que administraba esta estructura dedicada al espionaje en el Estado.

 “Había gente en esa dirección que nadie conocía. Le decían los octavos. Ramírez no es fundador de la Policía. En los 90´s pasó a las tropas especiales y actualmente es el secretario político del FSLN dentro de la institución, siguiendo las órdenes de Moncada. Su poder es tal que él comunica los retiros a los oficiales cuando les toca, es el heraldo de los despidos”, confirmaron los entrevistados.

Un oficial más consultado atribuye el poder de Ramírez a la voluntad del FSLN que puede cambiar de interlocutor cuando quiera.

Las contraórdenes de Ortega

Ramírez es un alto oficial que describen como hosco en su trato con los demás pero nadie duda de su lealtad a Ortega. Núñez, presidenta del Cenidh, recuerda que él bloqueó órdenes de Granera en casos que dieron cobertura como organismo de derechos humanos.

“Ortega fue generando una división al extremo que en un momento determinado prácticamente habían dos mandos: uno ejercido por Granera y otro mando que lo encabezaba Ramírez, buscando cómo debilitar el mando de la Comisionada”, explica Núñez

La activista señala que Granera garantizó a Núñez que nadie sacaría al ex alcalde en Boaco, Hugo Barquero, que se mantenía encerrado en su oficina después de su inesperada destitución en junio de 2010. “La comisionada me dijo no se preocupe que la Policía no va intervenir en la Alcaldía y los antimotines estaban como a la orden del mando de la Comisionada y por otro lado la otra fuerza policial comandada por Ramírez estaba actuando de otra manera. ¿Qué se dio en Boaco? ¡Qué destituyen a la jefa de la Policía de ese lugar! Mandan a otro comisionado (Luis) Barrantes a hacerse cargo y la Policía saca a la fuerza a Barquero”.

La complicidad de Granera

Ex agentes consultados por Confidencial advirtieron que Granera no es una víctima, sino cómplice del juego de intereses del FSLN. “La estrategia de Ortega fue siempre: divide y vencerás al nombrar más gente en la jefatura. Al poder ejecutivo le interesa mantenerla ahí en actos representativos y simplemente la tiene asediada en este juego de ajedrez, de tal forma que ella no puede moverse sin la venia presidencial”.

La Jefa Policial es descrita como alguien que “podía conversar con Dios y el Diablo por el poder”. Según estas fuentes, Granera subió a la jefatura nacional tras su desempeño durante tres años como Inspectora General.  “En medio de las negociaciones con Bolaños, Granera habló con la ahora Primera Dama y le preguntó si la apoyarían. La compañera de Ortega se lo garantizó”, dijeron.

El escenario cambió cuando Ortega asumió el Ejecutivo el diez de enero de 2007. “La ministra Ana Isabel Morales le presentó una lista de los comisionados y comisionados mayores que no eran gratos en la Secretaría del FSLN. Granera negoció la permanencia de Grádiz y de otro más. El resto que eran ocho no le importó. Eran profesionales de alta preparación que fueron sacados por órdenes de Ortega. Después el FSLN le sacó a otro grupo cercano a ella, subió sus leales y ahora la jefatura está en manos completamente del mandatario. Ella lo permitió”, señalaron.

Orozco explica que los cambios fueron posibles por las reformas a la propia ley que la Policía planteó al Ejecutivo y que fueron aprobadas este año. En esos cambios se dejó una gran discrecionalidad al mandatario.

Núñez se acuerda cuando Granera despertó esperanzas  tras el turbulento mandato de Edwin Cordero (2001-2006), salpicado por denuncias de corrupción.

“La veíamos buscando hacer presencia, sino en los primeros momentos se dan hechos violatorios que constituyeron torturas en Nueva Guinea (el 12 de enero de 2007). Ella fue con nosotros, incluso nos invita y destituye a responsable de esas torturas de entonces (la suboficial Lidia Bermúdez, señalada de torturar a abigeos). Son hechos ocurridos que uno decía aquí va encaminando a la Policía. Poco a poco el comportamiento de ella, La Presidencia fue ejerciendo internamente presiones”, dijo Núñez.

Los altos mandos se miraron obligados a obedecer su “corazón sandinista” o seguir la línea institucional. Finalmente los intereses terminaron siendo uno mismo y la partidarización se tomó a Granera cuando ella decidió continuar en su cargo en septiembre de 2011.

“Recuerdo perfectamente conversaciones que tuve con ella (Granera) donde nos aseguraba que jamás iba a aceptar una prórroga de su cargo al margen de la ley y la Constitución. Confiaba en ella, confiaba en su palabra. Sin embargo, no sé qué pasó definitivamente no cumplió con su palabra, cedió a las presiones. Apartándose de sus principios y compromisos, acepta esa prolongación”, añadió Núñez.

Granera recibió nuevamente el bastón de mando. Circunspecta, Vilma Núñez lo explica dice  al ver un liderazgo en declive que “Granera pasará a la historia como la mujer que quiso transformar a la institución, pero claudicó”.

 

“La Directora es la primera comisionada”

*Policía calla, pero Grádiz defiende  a Granera

Confidencial escribió al correo electrónico de Relaciones Públicas de la PN previa comunicación con el comisionado Fernando Borge, pero no hubo respuesta al cierre de la edición.

El ex inspector general Juan Ramón Grádiz dijo que no quería entrar al terreno de las especulaciones, pero sostuvo: “Yo lo que sé es que la directora de la Policía es la primera comisionada Aminta Granera, fue durante estuve trabajando con ella y entiendo que es la directora. Para mí esos elementos que mencionás son especulativos”.

 

Balance de un mandato

Los primeros años de la gestión de Aminta Granera (2006-2011) estuvieron marcados por la lucha contra el narcotráfico, lo que le valió el reconocimiento internacional. Duros golpes al cartel de Sinaloa y las incautaciones confirmaron a Nicaragua como un líder en Centroamérica. Según datos oficiales, el país incautó 59.8 toneladas de cocaína durante  2006-2011 y 31 millones de dólares.

A la par de su imagen, cultivada con esmero en los medios, la partidarización de sus agentes ha ensombrecido localmente el hecho que Nicaragua mantenga un bajo índice de homicidios, 12 por cada 100 mil según informe de 2012.

Desde 2008, después de las denuncias de fraude electoral a favor del partido de gobierno, se ha denunciado la pasividad de los agentes frente a las actuaciones de militantes del FSLN que intentaron sofocar las protestas de la oposición. Hace tres años, sin embargo, ocurrió el hecho más grave en El Carrizo, al norte del país, cuando el jefe policial de la localidad participó junto al presidente del tribunal electoral y el del partido sandinista en la ejecución de una familia opositora.

La Prensa denunció un caso que vinculaba a la jefa policial con una distribuidora de medicinas establecida con fondos del seguro social y el ISSDHU que administra las pensiones en la institución. Ese negocio está ubicado en las viejas instalaciones de la farmacéutica de su familia.

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