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Legisladores sandinistas presentan propuesta de ley ante Asamblea Nacional

Regularán a empresas de seguridad privada

Diputado Eliseo Núñez advierte posibilidad de control ciudadano

Octavio Enríquez | 22/11/2014
@cabistan

La seguridad  privada en el país, que está en manos de al menos 160 empresas que emplean a 21, 000 guardas de seguridad, será regulada de manera formal por el Estado a través de la Policía Nacional, según una propuesta de Ley presentada a la Asamblea Nacional.

Los legisladores, encabezados por el jefe de bancada del FSLN, Edwin Castro, explicaron en su propuesta que en el sector de vigilancia privada se manejan también 11, 625  armas de fuego entre revólveres, pistolas y escopetas para ofrecer su servicio.

“A los datos antes referidos se les debe agregar dos componentes adicionales, en el contexto de la seguridad privada, los Cuerpos de Protección Física – conocidos como CPF y que funcionan particularmente en las instituciones públicas y los Vigilantes Residenciales o domiciliares a los que se les denomina celadores. Entre estas dos modalidades se estiman unas 3,000 personas, más o menos”, plantean en su iniciativa introducida el pasado 12 de noviembre.

Sin embargo, diputados de la oposición advirtieron que es peligroso para las libertades ciudadanas el marco regulatorio. Según el artículo siete del documento disponible en la hoja electrónica de la Asamblea Nacional, la autoridad regulatoria podrá requerir informes de sus actividades a las compañías de seguridad “en los cuales se hará constar, entre otra información, el inventario de los clientes, tipo de servicio, movimiento, formación, capacitación y actualización del personal y su rotación, armas de fuego y otros medios técnicos”.

Eliseo Núñez, diputado de la oposición y profesor de derecho  constitucional en una universidad capitalina, dice que precisamente la amenaza a la libertad ciudadana radica en la colaboración obligada con el Ejército y la Policía, algo que se venía dando pero de hecho.

“Vos vas a un centro comercial y lo primero que hace el guarda es anotar la placa de tu vehículo y otros datos que no sé cuáles son. Ellos tienen una especie de formato. Si a esto vos le sumás las presiones que ha habido sobre las compañías telefónicas de tener los datos a disposición de los organismos de seguridad, vos agarrás a una persona y le das seguimiento. Vos tenés control de cualquier ciudadano sin que exista una orden de persecución del mismo”, dijo Núñez Hernández.

Sin embargo, René Vivas, presidente de la asociación de empresas de seguridad privada y presidente de Servicio de Vigilancia y Protección, rechazó que vayan a entregar datos de sus clientes y explica que están obligados a colaborar cuando hay de por medio un delito.

El director de Servipro recuerda que la cláusula de “confidencialidad” en los contratos con sus clientes que dejarían de serlo si se vulnera. Vivas dice que la ley busca regular un sector marcado por la informalidad. Para él es una propuesta técnica. Formalmente a su asociación están integradas 14 empresas, donde trabajaban 12 mil guardas.

El proyecto fue introducido en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional y aún espera que la Junta Directiva lo remita a la comisión correspondiente para iniciar su consulta.  La propuesta, que fue consultada con el sector formal de la industria que insistía en una ley desde 2003, establece la obligada colaboración con el Ejército y la Policía.

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