Confidencial » Nación » Leer artículo

Empresa de Wang Jing en Nicaragua sigue patrón de sociedades de papel: un capital de U$400

HKND en Managua: más huellas de estafa

Gobierno calla ante la “telaraña” de empresas del canal, mientras juristas señalan simulación y graves delitos

Octavio Enríquez | 10/11/2014
@cabistan

La escritura de constitución de la compañía nicaragüense de HKND Group confirmó esta semana la predilección de la concesionaria por las compañías de papel en la gestión del proyecto del canal interoceánico en Nicaragua, considerado una estafa por juristas nicaragüenses.

Los documentos oficiales, en poder de Confidencial, consignan que la empresa inscrita en el Registro Mercantil de Managua requirió un aporte de 417 dólares, una gota de agua de los 50,000 millones de dólares que las autoridades nicaragüenses proyectan costará la obra de ingeniería.

El hallazgo confirmado en el Registro Mercantil de la capital nicaragüense ocurre una semana después que un informe Especial de Confidencial reveló la existencia de 15 compañías de papel, repartidas entre China, Holanda, Islas Caimán y Nicaragua, a través de las cuales el inversionista chino Wang Jing gestiona en apariencia el megaproyecto. “Lo que veo es una red enmarañada que va “escondiendo” y “diluyendo” la titularidad de las obligaciones con el Estado de Nicaragua”, dijo entonces abogada Mónica López Baltodano, de 29 años y una de las mayores especialistas del tema.

La Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras (EDGI) nació en las oficinas del bufete Taboada y Asociados en Managua la mañana del 15 de noviembre de 2012, ocho días después que se fundó la sociedad HKND Group Holdings Limited en Islas Caimán y tres meses después que otra compañía se inscribió en Hong Kong con 1, 290 dólares, las tres primeras sociedades del entramado de Wang.

Según el documento, los juristas Alfonso Sandino Granera y Martha Lorena Icaza Ochoa, frente a los oficios notariales de su jefe Rodrigo Antonio Taboada Rodríguez—hijo de José Evenor Taboada, el principal accionista del Bufete — suscribieron como socios únicos 10 mil acciones, cada una valorada en un córdoba, de las cuales él adquirió 9, 999.

Sandino Granera estuvo ilocalizable la semana pasada a su celular, pero Icaza Ochoa respondió incómoda a los cuestionamientos de Confidencial. “No puedo andar dando información sobre los clientes. No puedo, ¿está claro? Sería falta de ética. No puedo dar información del bufete a periodistas”, dijo cuándo se le preguntó si habían endosado las acciones originales a representantes de HKND.

El vínculo con Wang

El cinco de junio de 2013, cuando la autoridad del Gran Canal Manuel Coronel Kautz firmó con Wang el marco de concesión, el chino rubricó en calidad de agente autorizado de EDGI y como director de HK Nicaragua Canal Development  Investment Co. Limited, la empresa establecida en Hong Kong con 1, 290 dólares que transfirió en octubre  de 2012 sus acciones a otra empresa radicada en la capital del dragón asiático y que al aparecer es la cabeza del holding: Beijing Dayang New River Investment Managament Ltd.

Según la información que conoció la abogada Mónica López, la empresa EDGI pudo ser vendida a compañías radicadas en Holanda y que también forman parte del conglomerado creado para el negocio.

Para el ex procurador general de la república, Alberto Novoa, la participación de sociedades de papel en el negocio constituye la simulación para lograr la comisión de un delito que llama a secas estafa, con el agravante de que se lesionó la soberanía nacional.

“Si Nicaragua quiere demandar se encontraría con una personería jurídica difusa. ¿A quién vas a demandar: al fondeador, al financista, a quién?, no sé conoce quién es la cabeza, ¿quién nos dice a nosotros que es Wang Jing?”, dice Novoa.

El abogado penalista considera que los arquitectos del diseño legal del canal han encubierto tanto el origen como el destino de la estafa a la que hacía mención. “Desconozco si el objetivo es crear determinados subproyectos, expropiar, estafar a la banca internacional. El diseño, el ardid, el engaño se puede diferenciar”, agregó.

Novoa insistió en que hasta ahora se desconoce la fuente del financiamiento del proyecto y dijo que las únicas empresas que han sido mencionadas como socios de la obra son prestadoras de servicio, es decir empresas que buscan contratos por determinados trabajos a cuenta de HKND.

La  conexión en Gran Caimán

Para el abogado, la cadena de violaciones a la ley cometidas por el promotor de la concesión, el presidente Daniel Ortega, merece que a éste se le haga un juicio patriótico, porque marca una ruptura del pacto social establecido entre todos los nicaragüenses al lesionarse la soberanía del país.

“A William Walker se le puede perdonar porque era un filibustero. Era su oficio, su negocio, pero a éste, al presidente de Nicaragua, nacido en esta tierra, eso no es un filibustero. Wang Jing puede serlo, ¿será como Francisco Castellón en 1854 que mandó a traer a Walker o Máximo Jerez que lo apañó?”, preguntó el jurista en voz alta.

El filibustero William Walker (1824-1860) participó en la guerra civil en Nicaragua, apoyando al bando de los democráticos radicados en León y en contra de los legitimistas de Granada, hasta que poco a poco fue agarrando espacios y llegó a convertirse en Presidente de Nicaragua, impuso el inglés como idioma oficial. Fue finalmente expulsado en 1857 después de una ofensiva centroamericana.

Novoa, quien investigó el desvío de fondos del Estado nicaragüense a 34 sociedades anónimas vinculadas al ex presidente Arnoldo Alemán, algunas inscritas en Panamá, cuatro en Gran Caimán y una en República Dominicana, sostiene que el caso de las empresas del canal es un esquema más complejo que debió ser planificado desde años antes por la actual cúpula gubernamental.

“A la par de esto, Alemán era un pequeño ratero, porque la operación de Alemán fue muy burda: sacar del erario con su poder que tenía y trasladarlo a Panamá y hacer unas cuantas ramificaciones en Panamá, metiendo a toda la familia, pero ¡esto no!”, dijo Novoa.

Argüello Hurtado: delitos graves

Para el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Argüello Hurtado,  la ley 840 aprobada por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional tiene violaciones al territorio nicaragüense y divide en dos a Nicaragua.

Argüello Hurtado no cree que se vaya a realizar el canal. Dice que desde que era un niño de diez años su abuelo le contaba que se haría pero nunca se hizo.

“Lo más grave es la violación del territorio. Nicaragua está entregada a los chinos, esa parte es terrible, es peor que tratado Chamorro Bryan”, comparó el abogado refiriéndose a la cesión de los derechos exclusivos hecha por el gobierno de Nicaragua a Estados Unidos para construir el canal en 1914.

Argüello Hurtado sostiene que hay “mano pachona” en el tema de las sociedades anónimas, “porque con esa cantidad de dinero no pueden funcionar. Probablemente cuando demandés te vas a encontrar con sociedades quebradas”, advirtió.

“Están haciendo esto, porque creen van a hacer negocio y beneficiará a unas cuantas personas. El país no se beneficia, van a destruir el Lago de Nicaragua. Son pocos los que se van a lucrar: entidades del gobierno y el propio gobierno”, apuntó.

Gobierno calla y se excusa 

La autoridad del gran canal de Nicaragua, Manuel Coronel Kautz,  y el gobierno en general se mantuvo en silencio tras las revelaciones periodísticas.

“A ustedes no les doy nada, muchas gracias”, dijo Coronel Kautz. El diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aseguró que no brindaba declaraciones a Confidencial.

“No contesto desde que me tergiversaron, es un derecho mío”, dijo Castro sin mencionar el caso concreto de la aparente manipulación periodística.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, en cambio se declaró ocupado y pidió que lo llamaran más tarde a su celular. El canciller Samuel Santos se excusó diciendo que estaba almorzando con el embajador japonés en Managua y luego ya no respondió su celular.

PLI demanda abrogar ley

La oposición en cambio cuestionó la figura de Wang y Ortega al introducir una iniciativa legal en el Parlamento para derogar la ley 840. “Es una ley que se aprobó en menos de 48 horas, de semejante envergadura, entregándole todos los beneficios a un chino que nadie conoce”, dijo Alberto Lacayo, vicepresidente del Partido Liberal Independiente (PLI).

“Entregándole el país a un chino que hasta el momento  se ha podido demostrar que lo que tiene es una maraña  de empresas de maletín y que a la hora de la hora se está traficando con la propiedad, con la angustia y paciencia de nuestro pueblo que tiene límite”, remarcó Lacayo.

Eduardo Montealegre, el líder del PLI, explicó que ellos recibieron la propuesta de la derogación de parte de la sociedad civil e insistió en la responsabilidad del Presidente Daniel Ortega. Al referirse a Wang, agregó, “lo corrieron de Ucrania, lo corrieron Angola, donde ha ido no ha hecho nada, no ejecuta. Los nicaragüenses  todavía esperamos que  haga lo del celular, por qué se lo dan y a cambio de qué”.

¿Quiénes son los socios actuales?

La sociedad anónima del canal en Nicaragua se llamaba originalmente Empresa Desarrolladora de Canales Interoceánicos, sin embargo su nombre y parte de su objeto social fueron modificados en un juzgado de Tipitapa, un municipio al norte de Managua.

A cargo del juez civil  Felipe Jaime, quien no accedió a informar sobre estas modificaciones aduciendo que sólo con la venia de la parte podría hacerlo, los accionistas cambiaron el nombre el 28 de enero de 2013 a Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras (EDGI).

En la sentencia, Jaime ocultó el acuerdo de accionistas de EDGI, que autorizó las modificaciones al pacto social, y sostuvo que los documentos para autorizar la modificación los tuvo a su vista y rolan en el expediente.

La reforma precisa que la empresa tendrá como objeto social dedicarse “a la planeación, elaboración,  y construcción de proyectos de infraestructura, horizontales y verticales en la República de Nicaragua o cualquier otro país, y la ejecución de obras y servicios que estén vinculados a su actividad principal”.

En  la escritura de Constitución original a la empresa nacional se le dio también participación en un canal seco. Ese planteamiento cambió. Ahora el proyecto se define por seis subproyectos: el canal, dos puertos,  zona de libre comercio, centro de vacaciones,  un aeropuerto internacional y varias carreteras según la información oficial de HKND Group, disponible en su hoja electrónica.

Notas relacionadas

Más en: La promesa del Gran Canal

Más en: Nación

Otros artículos del mismo autor