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Investigadores 'testigos' se destapan en caso de masacre

'Policía lee como quiere' en juicio del 19 de julio

Capturas ilegales, raro hallazgo de armas y múltiples contradicciones. Dramatización es tomada como válida por juez

Octavio Enríquez | 5/10/2014
@cabistan

En un momento de la audiencia, que duró casi diez horas interminables este sábado, los acusados de la masacre del 19 de julio sonrieron unos segundos. Fue un flashazo bajo el ojo atento de sus custodias, pero era sin duda un aparente gesto de triunfo después de  dos meses de encierro.

El público enmudeció cuando los policías rindieron testimonio ante el tribunal noveno penal de Managua. La mayoría fueron detectives de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) enviados para hacer la investigación tras las dos emboscadas en que perecieron cinco personas y 24 resultaron heridas la noche en que el país recordaba los 35 años del derrocamiento de Somoza.

Sumidos en contradicciones y distantes de la precisión exigida en su profesión, los oficiales relataron desde la dramatización en que los supuestos autores colaboraron para graficar su participación en el crimen, hasta la extraña captura de los tirapiedras en una noche con una luna que “iluminaba tan claro como el sol” en palabras de aquel oficial.

Tanta claridad que permitió al investigador, según él, divisar a unos veinte metros de distancia a los cuatro campesinos bajo un árbol después que se habían quedado ahí, viniendo de Managua donde participaron en las celebraciones del 19 de julio presididas por el Comandante Daniel Ortega.

“Los miramos sospechosos, los esposamos y los trasladamos a Ciudad Darío”, narró el oficial. La sorpresa vino minutos después.

La técnica canina, que había permitido encontrar a los culpables, se realizó hasta las siete de la mañana del día siguiente y no el mismo día de la tragedia.  Los perros siguieron la ruta desde el alambrado de una finca cercana hasta el sitio y “coincidió” felizmente para los investigadores con el lugar donde estaban los sospechosos, a quienes el Estado acusó de lanzar piedras para que los buses atacados aminoraran la velocidad.

“El can llegó a marcar adonde el compañero Jirón había detenido a los sospechosos”, explicó el oficial, provocando la desconfianza de los abogados defensores, entre ellos Carlos Baltodano.

Abogado de uno de los tirapiedras, Baltodano preguntó al oficial si había estudiado “psicología” para entender el comportamiento. La Fiscal María del Socorro Oviedo se exaltó, ante el breve momento de humor tomada por sorpresa por el defensor, y gritó ¡objeción señoría! El juez Edgar Altamirano le dio lugar.

 “Mis clientes nunca fueron acusados de disparar, no entiendo cómo los canes fueron a dar hasta el lugar donde estaban ellos, si los acusaron de lanzar piedras”, cuestionó el abogado terminada la audiencia.

Un largo encuentro en que se han presentado 36 testigos de un total de 79 y que seguirá este domingo, a partir de la nueve de la mañana, bajo estrictas normas de seguridad en la sede de los tribunales de Managua.

El hallazgo de las armas

Cuando ya parecía que no había lugar para las sorpresas, habló entonces el investigador que encontró escondidas las armas en la finca San Mateo, vecina al sitio donde ocurrió el ataque en el kilómetro 76 de la carretera panamericana. Su nombre es Sergio Sandoval.

El oficial Sandoval dijo que llegaron a rastrear la zona cercana donde ocurrió el crimen, para buscar las armas, once días después porque había llovido. El terreno estaba lodoso según él.

“Se encontraba lloviznando, el terreno estaba accidentado”, explicó sobre una zona del país que se caracteriza por la sequía.

Minutos después, en una abierta contradicción Sandoval dijo que había hallado las armas en un saco seco cubierto de basura y exaltado negó que hubiese prestado la máquina para detectar metales, con la que encontraron las armas, al dueño de la finca tal como éste dijo al juez un día antes.

El investigador careció de precisión. Ni siquiera pudo decir la hora en que efectuó su trabajo, porque “como usted puede ver, doctor, no ando reloj”. Aportó sin embargo nuevos detalles que alimentan más dudas sobre el caso.

Las armas no tuvieran número de serie, de acuerdo con su testimonio, lo que rápidamente despertó la malicia de los defensores que advirtieron en aquella historia la posibilidad de que las armas hubiesen sido colocadas ahí.

La captura violenta que la Policía niega

La sombra de las detenciones ilegales se expandió en la sala cuando el abogado del acusado Zacarías Cano, el doctor Félix Ocampo, tuvo delante de sí al oficial Luis Centeno.

Centeno negó que hubiese sido el Ejército quien capturó a Cano en su casa y dijo que la Policía hizo el trabajo.

Fue un relato completamente distinto al que contaron los familiares del acusado cuando viajaron a Managua a finales de julio preguntando por su pariente a las puertas del Chipote, la sede de la DAJ.  

Entonces los Cano denunciaron que su pariente fue secuestrado por encapuchados que lo sacaron de la casa con lujo de violencia sin importarles el clamor de los niños. Centeno dijo que detuvo a Cano en plena vía pública y negó la violencia atribuida.  El oficial describió un trato digno, pero aceptó que el acusado era objeto de investigación desde antes de la masacre.

Sus palabras abrieron una caja de pandora. “Era un revoltoso, que había estado metido en protestas electorales”, espetó, generando  sorpresa y estupor entre los presentes.

--Quiero saber por qué mi cliente estaba encartado—preguntó el abogado Ocampo cuando tuvo la oportunidad.

-- En la Policía nadie está encartado, lo que hay son personas de interés policial—intentó aclarar.

“Me parece que existe un señalamiento, una lista, él no ha cometido delitos y lo tienen fotografiado. Me dijo que eran unos revoltosos que habían apedreado caravanas”, recordó Ocampo.

Sin embargo, quien pudo aclarar las dudas sobre el pasado de Cano, tampoco lo hizo. Ocampo preguntó por los antecedentes de su defendido a la jefa de la zona de San Ramón, la subcomisionada Melania Patricia Obregón, pero no pudo responder.

Cano y Rosendo Huerta, a quienes Obregón dijo conocer, son procesados porque participaron supuestamente en el atentado en el sector de Wabule, cercano a San Ramón, una emboscada realizada horas después de la sucedida en el kilómetro 76.

“El día que desfilen mis testigos, se van a dar cuenta que ellos van a señalar a una persona de los órganos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), del sector El Carrizo (San Ramón) que después de haberlos denunciado con la Policía como presuntos autores desapareció del lugar. Ellos están pagando justos por  pecadores, yo siempre he pensado que este juicio es político. No lo fuera si hubieran agarrado a los culpables, cualquiera que fuera la justificación, ya fuera porque ha habido fraudes en este país, ya sea porque miramos a un sandinismo aplastante, pero sucede que van contra la militancia, contra todos los que somos liberales”, declaró Ocampo.

La dramatización

Más datos sobre la actuación policial arrojó después el perito que acompañó a los acusados a hacer la dramatización de su participación en los hechos.

El oficial repitió más de seis veces que los acusados habían colaborado con su “espontánea voluntad”, para la elaboración de los vídeos que el ocho de agosto pasado fueron presentados por la jefa nacional de la Policía, Aminta Granera, cuando dio por resuelto el caso.

En respaldo del oficial, la Fiscal Oviedo dijo que no vio signos de tortura. “Los mismos acusados graficaron los hechos en que participaron”, justificó.

Para el juez Altamirano la dramatización era un experimento de investigación realizado por el policía y admitió que la causa siguiera. Una audiencia en que las contradicciones de otros oficiales, entrevistados por el juez, eran evidentes. Hubo uno que aseguró que no había escrito por “un error humano” en su informe que el decomiso de una camioneta a la hermana de Wilfredo Balmaceda, el presunto encargado de la logística del crimen, había ocurrido en plena vía pública.

Los familiares denunciaron en su momento que en realidad los oficiales llegaron a la casa de la familia intentando capturar a Balmaceda y se llevaron el vehículo hasta la finca familiar donde también preguntaron por el acusado. Todas estas declaraciones públicas, planteadas en organismos de derechos humanos, simplemente no existieron para el oficial.

Más contradicciones

Otro de los policías entrevistados aseguró que en su calidad de perito había grabado el vídeo de Canal 6 donde Juan José Torrez, uno de los hermanos acusados de tirar piedras, originario de la comunidad Las Pilas, había aceptado que tuvo una reunión en Tipitapa con tres individuos. Uno conocido como “Pichingo”, otro como “Lucio” y “El Alacrán”.

El investigador dijo que había tocado el play para  grabar la entrevista que dio Torres, que él mismo había editado el material que ponía a disposición del juez. En su oficina estaban dos policías más, contó.

Lo que ni la fiscal ni el policía dijeron es que estas tres personas con las que se reunió Torres son militantes sandinistas, uno incluso secretario político del FSLN en las Pilas. Que el día del supuesto encuentro hay hasta un taxista que asegura que en realidad llevó al acusado a traer un bono gubernamental.

 

Costoso gasto administrativo

El juez Edgar Altamirano cuestionó la impuntualidad del doctor Manuel Urbina Lara, quien es uno de los abogados defensores de los acusados y que asistió el sábado a la audiencia una hora después de lo previsto.

Altamirano le hizo notar que para que funcione el aire acondicionado en el auditorio, donde están realizando el proceso, se necesita encender un sistema cuyo costo es de 25 mil córdobas por hora. Eso significa que la audiencia de ayer significó la inversión de 250 mil córdobas a lo largo del día.

 

 

 

 

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