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Prófugo en masacre del 19 de julio

Policía: hay interés particular en "Yalí"

No comentan sobre su trayectoria como ex oficial del Ejército, pero insisten que mantienen las investigaciones para capturar a Pablo Martínez Ruiz. Mientras, PN se vanagloria de que la estación policial de Tipitapa es la mejor de Centroamérica

Octavio Enríquez | 20/8/2014
@cabistan

La trayectoria militar de Pablo Martínez Ruiz, señalado como uno de los principales conspiradores en la masacre del 19 de julio, y quien se había mostrado inconforme con la corrupción del actual gobierno en conversaciones con sus antiguos compañeros de armas, no mereció este martes un comentario de la jefatura de la Policía Nacional.

El comisionado general Javier Maynard, subdirector de la PN, asistió a un evento oficial en Tipitapa, municipio de Managua. De acuerdo con los ex retirados del Ejército, “Yalí” es hijo de Pablo Martínez Víquez, un destacado sindicalista en la lucha contra Somoza que llegó del Frente Obrero a la Central Sandinista de los Trabajadores (CST). Esas mismas fuentes sostuvieron que este ex oficial del Ejército, al que las autoridades califican de delincuente común, participó en las tropas especiales y se retiró con el rango de capitán.

Maynard aceptó que la captura de Ruiz tiene “un interés particular” para las investigaciones que desarrollan, pero se rehusó a hablar sobre el caso en general.  “Está en manos de las autoridades competentes, tanto en el Ministerio Público como el Poder Judicial, a ellos les corresponde responder todo lo que se deriva sobre la investigación como tal. Hemos dicho que la investigación no está cerrada”, insistió Maynard.

Destacan trabajo de Tipitapa

Las autoridades informaron además que la delegación de Tipitapa es la mejor de la región centroamericana según una evaluación del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia (Ciprevi) que ha colocado como parámetros “el cumplimiento de  los servicios policiales en orientación a la comunidad, condiciones físicas, tratamiento igualitario al público, transparencia, rendición de cuentas y condiciones de retención”.

Según la Policía, se evaluaron estaciones en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Maynard destacó el trabajo del distrito Cinco de Managua y de la delegación de Masaya. Luego la institución en una nota en su sitio electrónico explicó que fueron evaluadas en el país  por un equipo de hasta 60 personas las comisarías de Masatepe, Villa El Carmen, San Rafael del Sur, Ticuantepe, Ciudad Sandino, El Crucero, y los distritos del Uno al Siete de Managua.

“No lo decimos nosotros lo está diciendo gente que trabaja a nivel internacional, gente que trabaja pues en algunos organismos que tienen que ver con los organismos de prevención de violencia, en organismos como la Universidad de Chile, que también se sumó a este esfuerzo, y que efectivamente el resultado está ahí”, dijo Maynard.

La jefa de la Policía de Tipitapa, la comisionada Janina Robleto, destacó la reducción de la cantidad de denuncias en el 13% en su localidad, así como de los casos de violación que se contaron en 27 menos en comparación con el año pasado.

¿Y quiénes confirieron el galardón?

A los asistentes al evento les resultó extraño sin embargo que no hubiese asistido ningún representante de la organización para entregar el reconocimiento. El acto se hizo entre policías acompañados del alcalde sandinista de Tipitapa.

Confidencial solicitó información adicional a la jefatura de prensa de la PN, pero no se recibió ninguna respuesta al respecto. Maynard reivindicó el trabajo comunitario de la Policía y destacó el esfuerzo de los líderes religiosos de la comunidad y los gabinetes de familia en las localidades, los órganos de control partidario del Ejecutivo.

Según el subdirector, las denuncias en el país han disminuido a nivel nacional el 9% en comparación con  el año pasado, el número de homicidios fue 5% menos y los robos con intimidación el  21% menos con lo que Maynard repitió que Nicaragua “es y seguirá siendo el país más seguro de la región”.

“El éxito de esta Policía ha estado dirigido a ofrecer resultados. Desde hace  años hemos venido en una tendencia clara a la reducción del delito. Primeramente nos centramos en la reducción del crecimiento del delito y después nos planteamos reducir el delito. En los últimos años la tendencia ha sido a la baja. Este año no es la excepción: el nueve por ciento hasta la fecha ha bajado de las denuncias que hemos tenido. De igual manera hemos crecido en la eficiencia de la Policía Nacional hasta casi el 88% de todos los casos que conoce (la institución). ¡Eso es eficiencia!”, se vanaglorió Maynard.

Opiniones divididas en la población

En el parque del municipio de Tipitapa, la valoración sobre el trabajo policial divide opiniones.  Humberto Martínez se declara en contra y sostiene que la historia de su hijo, a quien casi mata una pandilla para robarle, demuestra la falta de eficiencia policial. “No creo, porque la otra vez le habían robado a mi chavalo, puse la denuncia y ¡nada! ¡No resuelven nada! A mi muchacho le quebraron la quijada”, se queja este hombre.

Otra mujer, que trabaja en uno de los quioscos en el parque, sostiene que no hay vigilancia policial y que eso afecta directamente la seguridad de todos sus coterráneos. “Ni cuándo estaba la estación ahí—señala la vieja delegación— evitaban los robos. Nunca hubo una policía a salvar a quiénes le estaban robando”.

Roberto Alonso, otro de los moradores, considera que la respuesta de la Policía es rápida y describe a esta institución como del lado del pueblo. Una opinión positiva de la institución tiene Maritza Ríos que describe a la Policía patrullando.

Sin embargo, Juana  Romero se queja de que esté encarcelada una amiga suya a quien mataron a su marido. “Nosotros las mujeres no nos apoyan. A ella la tienen presa, le mataron al marido, el que mató el marido anda libre”, dijo.

Además de estos cuestionamientos, desde 2007 se ha denunciado la creciente politización de la institución identificada del lado del partido de gobierno. En los casos de la masacre del 19 de julio, se ha denunciado violaciones a derechos humanos en el caso de los acusados por las dos emboscadas que dejaron cinco muertos y 24 heridos en el departamento de Matagalpa.

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