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Policía presenta a supuestos autores de disparos, pero no responde las causas del ataque

¿Cuál fue el móvil de la masacre?

Investigación policial deja muchos cabos sueltos: No explican relación de nuevos acusados con primeros detenidos y aparece peligroso nexo con Los Zetas. Juristas aseguran que se violó el proceso legal y experto en seguridad advierte: PN admite que Los Zetas operan libremente

Octavio Enríquez | 11/8/2014
@cabistan

La presentación de los supuestos autores de la masacre del 19 de julio fue insuficiente para aclarar las dudas surgidas a partir de la investigación oficial. Veinte días después se ignora  por qué los asesinos dispararon contra las caravanas sandinistas que retornaban a sus comunidades en el norte de Nicaragua, después de participar en el acto oficial en Managua del 35 aniversario de la revolución sandinista.

La primera comisionada Aminta Granera, jefa Nacional de la Policía, eludió en seis ocasiones responder la pregunta sobre el móvil y dejó una inquietante duda sobre los vínculos de uno de los acusados con el poderoso cartel mexicano de Los Zetas.

Después de días de absoluto hermetismo, la Policía Nacional convocó a los medios de comunicación el jueves para presentar los resultados de una investigación que en 17 días ha sido sometida a críticas tras la detención violenta de sospechosos, que fueron trasladados desde el norte del país a las celdas policiales en Managua, bajo las  quejas de familiares que denunciaban la desaparición al no recibir explicaciones sobre su paradero.

El misterio de los desaparecidos acabó. Siete de ellos fueron presentados el jueves por Granera como responsables directos de la masacre, enviándolos al juez en algunos casos tras 13 días de detención, pese a que la Constitución obliga un plazo de 48 horas para que sean acusados ante los tribunales.

El analista en temas de seguridad, Roberto Orozco, sostuvo que la opinión pública no cree los resultados de la investigación, debido a un proceso ilegítimo. “Hay un esfuerzo enorme y apresurado por demostrar primero que resolvieron el caso y segundo que son criminales comunes, cuando la simple lógica te determina que no es común. Las contradicciones surgen porque no estamos frente a un proceso de investigación legítimo que vaya a dar con la captura de los responsables, lo cual me preocupa, porque si estas personas son víctimas de un teatro, y no son los verdaderos responsables, la lógica me indica que podríamos esperar otro hecho como el del 19 de julio”, opinó Orozco.

Los atentados provocaron la muerte de cinco personas, dejaron 24 heridos en el norte de Nicaragua, cuatro de ellos en el sector de El Carmen, en el kilómetro 76 de la Carretera Panamericana, adonde el ataque ocurrió entre las 9:30 y 10:00 de la noche, y otro fallecido en Wabule, en la carretera de San Ramón-El Jobo, y que sucedió entre las 11:30 y la medianoche.

“Con esta Policía y con este Ejército no hay, ni ha habido, ni habrán muertos ni desaparecidos como en tiempos de la dictadura”, refutó Granera, que circunscribió las actuaciones de sus agentes en el marco de la legalidad.

Violaciones al proceso legal

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante los años ochenta, Roberto Argüello Hurtado, consideró que tiene serias dudas sobre el respeto al debido proceso en este caso.

“Hay ciertas fallas en la justicia criolla que le digo yo, porque no se aplica muy bien la ley. De la Corte Suprema hacia abajo. Esto ocurre por apego al poder, por el miedo a quedar mal con el poder supongo yo”, dijo Argüello Hurtado.

El abogado, de 84 años, sostuvo que el derecho de defensa de los acusados debe estar garantizado desde un inicio. Nadie puede ser capturado sin orden judicial, una vez detenido debe ser presentado ante los tribunales y si quiere negarse a declarar también está en su derecho.

“Esas son las garantías del debido proceso, sino se cumplen esas disposiciones, incurren en responsabilidad el funcionario que las cometa. Yo tengo mis dudas si se cumplió el debido proceso en este caso. No he leído el proceso. Si ellos pasaron 48 horas sin ponerlos a la orden del juez han violado la ley y hay que castigar a los funcionarios que violaron eso. Eso tiene que ser alegado por sus defensores en el juicio. Ahora la Policía tiene facultades de investigar y presentar sus investigaciones al Poder Judicial, que es lo que están haciendo, pero si no cumplieron el debido proceso ahí hay delito”, sostuvo Argüello Hurtado.

Según la versión de la Policía, los atentados fueron planificados en el barrio Buenos Aires, de Ciudad Darío, en veinte días (20 de junio-10 de julio). Los detalles posteriores, como el reconocimiento del terreno, se hicieron en los días previos a la celebración sandinista hasta que el mismo 19 los asesinos descansaron en las zonas aledañas, fueron a buscar agua en una finca cercana y durmieron esperando que la noche cayera.

¿Y los primeros acusados?

Granera no se refirió a la relación que tienen los nuevos acusados con los primeros, un transportista de Ciudad Darío (Walter Balmaceda) y tres de sus trabajadores (Juan José, Gregorio Torres y Erick Salgado), a quienes la Fiscalía acusó de conspirar para la realización del asesinato. El primero supuestamente garantizó el traslado hasta la zona de los otros que lanzarían piedras contra las caravanas.

A principios de la semana pasada, cuando la fiscal Yessenia Dolmus se presentó ante el juez de Matagalpa para enlistar las pruebas con las que demostrarían la culpabilidad de los primeros, mencionó como uno de sus testigos principales a un detective que, basado en el relato de un campesino anónimo, narraría cómo el transportista había urdido la masacre en una reunión que sostuvo en la comarca Las Pilas, de donde los hermanos Torres son originarios.

Granera en su conferencia dijo que no podía referirse a un caso que ya está judicializado, pero dejó varias interrogantes en el aire sobre este aspecto particular. Una de ellas por ejemplo es si acaso el testimonio de este anónimo—que los defensores acusan de ser un fantasma— dará para relacionarlos con los nuevos implicados, pues el detective sostuvo a la fiscal que los campesinos y el transportista se reunieron con “cuatro sujetos desconocidos”.

Policía dice que hubo “confesión”

Acompañada del director de Inteligencia, el de Auxilio Judicial y el de Investigaciones a nivel nacional, la primera comisionada Granera presentó a ocho de los nueve autores directos en las emboscadas en una conferencia de prensa  transmitida por el oficialista Canal Seis. Los televidentes pudieron ver cómo los nuevos acusados fueron presentados vistiendo camisetas grises, jeans y zapatos nuevos.

Pero la novedad fue ver en vídeo a los nuevos acusados tranquilos, confesando la autoría de la masacre. Granera los mostró participando en una dramatización de los hechos, suficiente para que la familia los acuse ahora de montaje. Los cuestionamientos sobre el móvil del crimen incomodaron a la jefa de la Policía.

“¿Qué ganan las personas que en los Estados Unidos cogen un AK y  van a matar a miles de estudiantes en una escuela? ¿Esto es motivación política, porque no les roban? Creo que no necesariamente tiene que haber un robo de por medio para afirmar que es un hecho criminal, se trata de criminales con antecedentes y los estamos tratando como criminales poniéndolos a la orden del poder judicial”, dijo Granera.

¿Por qué no capturaron antes al Zeta?

Pero el dato que más inquietó a los presentes fue el del miembro de Los Zeta. La Policía señaló a José Ricardo Cortez Dávila, alias La Cobra, El Gavilán y Coral, de participar en las reuniones de planificación de la matanza y trasladar a dos de los tiradores para ocultarlos a la casa de otro de los detenidos. En su expediente, añadieron que tiene participación en el tráfico internacional de automóviles, pero nadie explicó por qué no lo habían capturado antes.

“Les puedo hablar de su vínculos con Los Zetas. Que no es ahorita que lo descubrimos, ¡es cierto!, ustedes pueden recordar hace algunos años como capturamos precisamente en Sébaco (Matagalpa) a unas personas que habían ido a ser entrenadas por Los Zetas y al regresar a Nicaragua fueron capturadas por la Policía Nacional. El Cobra ha tratado el tráfico de migrantes, ha tenido vínculos con los Zetas,  y tiene una larga lista de actividades criminales”, aceptó Granera.

Para Roberto Orozco resulta inexplicable que El Cobra cayó hasta ahora. “Me preocupa mucho ese reconocimiento. Es una admisión de hecho que los Zetas están en Nicaragua y en segundo lugar de que operan libremente, porque la Policía conoce de sus actividades, pero no los captura. Estás admitiendo que fue capturado por otro delito y no por las cosas de la que ya tenían conocimiento”, dijo el analista.

Granera ratificó que en el atentado no hubo motivaciones políticas. Además de los ocho capturados, mostraron dos escopetas y un fusil AK que fueron utilizados para realizar los disparos en el sector del Carmen. Pero faltó el otro fusil AK para el  sector de Wabule. En este último sitio los investigadores encontraron 15 casquillos.

 

El perfil de quiénes dispararon

Las filminas de la Policía sobre los nuevos acusados apuntan a una mezcla rara de políticos opositores, miembros del crimen organizado, sumado a los campesinos sandinistas de Las Pilas.

1. Leonel Antonio Poveda conocido como “Nahúm”, con antecedentes por homicidio en Costa Rica. Participó en reuniones de planificación, reconoció la vía donde se harían las emboscadas, definió lugar de ataque, dio una escopeta y estableció ruta de escape.

2. José Ricardo Cortez Dávila alias “Cobra, Gavilán  y Coral” dedicado al robo internacional de vehículos, vinculado a los zetas, tráfico de personas, participó en reuniones de planificación y trabajó en el ocultamiento de Nahúm y Yalí.

3. Eddy Antonio Gutiérrez “El Tigre”. En la casa en Ciudad Darío se planifica el crimen, reconoce terreno y dispara escopeta calibre 12 en el sector del Carmen.

4. Jairo Alberto Obando “Tutún”.  Participa en reunión de planificación y dispara escopeta calibre 12 en el sector del Carmen.

5. José Olivar Meza Ráudez. Facilitó fuga de Yalí y Nahúm y le informó de captura de La Cobra.

6. Wilfredo Balmaceda Castrillo.  Ex concejal del PLI. Participó en reuniones de planificación, facilitó camioneta para planificación, y movilizó a La Cobra,  Rosendo Huerta (El Conejo) a la casa de Gutiérrez donde se planifica supuestamente los atentados.

7. Rosendo Antonio Huerta. El Conejo. Dirige, planifica y dispara fusil AK en el sector de San Ramón.

8. Zacarías Cano Angulo. Zanate. Participa en planificación de actividades y apoya la emboscada en el sector de San Ramón. No especifican cómo.

9. Pablo Manuel Martínez Ruiz.  Yalí.  Participa en planificación de actividades delictivas, dispara con AK en el sector de El Carmen. Prófugo.

 

Familiares señalan montaje

Sonia Quintana, esposa del ex concejal Wilfredo Balmaceda, no miraba a su esposo desde el 25 de julio. Había venido a Managua a pedir explicaciones a las autoridades y denunciar su caso en los organismos de derechos humanos y no tuvo respuesta. Sin embargo, el jueves pasado la Policía lo presentó como uno de los implicados y lo acusó  incluso de participar en el traslado de los autores materiales.

“Para nosotros Wilfredo sigue siendo inocente. Es un montaje. Nadie que lo conoce a él va decir que es capaz de organizar que maten a personas. No es un comportamiento normal de él, se ve estresado. Dice la Aminta que esto no es político, pero están queriendo que  todos los opositores bajen la cabeza. Nosotros estamos empezando a tragarnos la noticia”, dijo  vía telefónica Quintana.

La esposa del ex concejal dice que no sabe si chantajearon a su esposo, si lo amenazaron diciendo que le pasaría algo a su hijo, por lo que en este momento “yo temo por la vida de mi hijo, no confío en las autoridades”.

Aura Reynosa García, esposa de Zacarías Cano Angulo, a quien el Ejército sacó encapuchado de su casa el 26 de julio y lo acusan de colaborar en la emboscada en el sector de Wabule, coincidió con otros familiares consultados en que se trata de un montaje para perjudicar a su familiar.

Reynosa dijo que vio a su marido demacrado en la conferencia de prensa y que ella podía atestiguar que el 19 de julio, cuando ocurrió la tragedia, ella y el acusado trabajaron todo el día. “No es justo que ahora lo quieran acusar, teníamos 13 días que nadie nos daba respuestas”.

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