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Obispos exigen 'respetar los derechos humanos" y fin abusos de autoridad

Policía y Ejército desatan cacería

Exprocurador Novoa: estamos en un estado de excepción de facto, lo que explica las detenciones ilegales y la “aplicación extensiva” de las normas penales a manos de las autoridades

Octavio Enríquez | 3/8/2014
@cabistan

La Policía Nacional y el Ejército desataron en el norte del país una cacería de opositores al gobierno del comandante Daniel Ortega tras el inicio de las investigaciones para esclarecer los hechos de la masacre del 19 de julio, cuando dos caravanas sandinistas fueron atacadas a balazos, resultando 5 personas muertas y más de 19 heridas. Los afectados por estas redadas han evidenciado el uso excesivo de la fuerza y organismos que defienden los derechos humanos han denunciado cinco personas desaparecidas, sin que las autoridades den cuenta por su paradero.  

Los familiares del agricultor liberal, Zacarías Cano Angulo, se plantaron el  miércoles pasado en la sede de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, para saber sobre su familiar luego que encapuchados lo sacaran arrastrado de su casa, ubicada en el sector de Sábana Grande, en El Carrizo, municipio de San Ramón, Matagalpa.

Aura Lilliam Reynosa García, esposa de Cano, aseguró que su conyugue fue detenido por sujetos que se identificaron como soldados del Ejército. “Me amenazaron a mí. A él no le dijeron nada. Solo le dijeron que se pusiera manos arriba. Lo zumbaron, lo golpearon y lo enchacharon. Ya enchachado lo arrastraron por una alambrada. Fueron cuatro pintos, le pedí que me entregaran  la orden, pero me dijeron que eran mandados por la Policía”, dijo su esposa, que calificó la captura como un secuestro.

Según la denunciante, mientras capturaban a su marido, en el monte se encontraba otra persona que usaba capucha. Tal como ha ocurrido en otros sitios del departamento de Matagalpa, los aparatos de investigación se hacen acompañar de personas con pasamontañas que señalan a quienes habrán de capturar.

El arresto de este agricultor ocurrió un día después de que el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés, admitió que colaboraban con la Policía para la captura de los autores, que describió como delincuentes, con lo que asumía la posición oficial de que se trataba de un caso delincuencia común, desvinculada de motivos políticos.

Confidencial llamó en reiteradas ocasiones al vocero del Ejército, el coronel Manuel Guevara Rocha, para consultarle sobre estas denuncias, pero no respondió su celular al cierre de la edición.

La madre del desaparecido denunció que a su hijo “en el camino lo estaban golpeando. No es delincuente. Es odio que le tienen porque es liberal independiente, ha trabajado en las mesas electorales”.

Angulo denunció que su yerno Rosendo Huerta González fue capturado también el lunes a las 11:30 de la noche, por oficiales antimotines de la Policía Nacional.

Ciudad Darío bajo asedio

La persecución policial también se adentró en Ciudad Darío, pero con un poco menos de éxito. La profesora Maritza Ruiz Espino, profesora jubilada, denunció que su casa fue confundida con la de uno de los sospechosos, quien es vecino suyo. Ambas propiedades están separadas por una tapia.

Ruiz Espino denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que su vivienda en el barrio Laborío fue allanada a las 3:45 de la mañana buscando a un vecino suyo, Wilfredo Balmaceda, ex concejal del Partido Liberal Constitucionalista y simpatizante actual del PLI.

Ana Lissette Treminio, nuera de la profesora, sostuvo que las autoridades se metieron sin aviso, sin importarles que hubiera niños. “Éramos tres personas y cuando entran con armas y violencia ellos preguntaron por Wilfredo Balmaceda y nosotros le dijimos que no lo conocíamos”, recordó Treminio. Según la mujer, finalmente los oficiales se enteraron que no era la casa de quien buscaban, dijeron: “discúlpennos nos equivocamos señora”.

CPDH denuncia cinco desaparecidos

La CPDH denunció la desaparición de cinco personas que fueron detenidas desde el pasado sábado por las autoridades. Según los organismos defensores de los derechos humanos, un total de 19 personas están siendo investigadas por los hechos, 14 de ellas detenidas en las celdas de la Policía, incluyendo a los tres simpatizantes del FSLN acusados por la Fiscalía de ‘conspirar’ en los hechos.

Aparte del productor Zacarías Cano Angulo, los otros desaparecidos son Eusebio Huerta Murillo, capturado por policías el domingo a las 8:05 de la noche en El Carrizo, San Ramón; Wilfredo Balmaceda, cuya casa fue allanada el sábado, pero no pudo ser detenido; José Meza Raudez, capturado en San Isidro; Rosendo Huerta González,  quien fue detenido el lunes a las 12:00 de la noche en El Carrizo por oficiales de policía; y Eddy Antonio Gutiérrez, cuya casa fue allanada con violencia el sábado 26 a las 2:00.

Cuestionan acusación


El ex procurador General de la República, Alberto Novoa, dijo que la acusación presentada por el Ministerio Público, contra tres campesinos sandinistas originarios de  la comarca Las Pilas, en Matagalpa, por el caso de la masacre del 19 de julio tiene muchas  deficiencias y es imprecisa en sus planteamientos.

“Desde el punto de vista procesal está acusación tiene deficiencias, tiene muchas deficiencias, que si hubiese sido aplicada correctamente por el juez debió no ser admitida, porque es imprecisa”, sostuvo Novoa.

A las puertas de una nueva audiencia judicial este cuatro de agosto en Matagalpa, Novoa sostuvo que Nicaragua vive un estado de excepción, sin que haya sido decretado oficialmente, lo que explica las detenciones ilegales  y la “aplicación extensiva” de las normas penales a manos de las autoridades.

“En el penal, extendieron los tipos penales: conspiración, provocación, asesinato, crimen organizado, todo en concurso real,  ¿qué cosa es el concurso real? Concurso real no es más que la voluntad o finalidad de una persona de realizar un delito, luego otro delito, y otro delito así, a manera de concurso real. Yo entro a una casa, hiero a alguien, violó alguien y después robo. Esto no, esto no se dio en este caso, ¿por qué razón? Porque la secuencia narrada en la acusación  establece que hubo una  serie de actos que tenían por finalidad, eso sí, la finalidad era la muerte o lesiones de las personas. Eso no se puede diferenciar por qué razón, por las circunstancias del hecho”, advirtió Novoa.

 “Yo creo más bien que este es un acto de terrorismo, que no está establecido en la propia acusación, pero es un acto de terrorismo”, explicó.

¿Quién suministro el armamento?

El capitán retirado del Ejército de Nicaragua, Sergio Martínez, dijo que hay muchas preguntas  que la Policía Nacional no ha respondido sobre los datos recopilados en la escena del crimen y que podrían contribuir a investigar la procedencia del armamento.

Según la acusación, la Fiscalía cuenta con doce casquillos de fusil AK, un cartucho de éste tipo de arma, 21 casquillos de escopeta. Martínez dice que a partir de los datos recopilados los investigadores ya deberían haber podido determinar el número de tiradores que participaron en el acto terrorista y la procedencia de las municiones, un dato rastreable en el Registro Nacional de Armas.

“La información con la que cuenta la Policía ahorita la ha estado limitando, dosificando, dándole a conocer de una forma discrecional como para ir a conveniencia fabricando los escenarios que nos puedan llevar a la ciudadanía a tener información sobre el hecho. Se  demanda un actuar profesional de la Policía, una investigación exhaustiva y eminentemente técnica”, dijo Martínez.

 

Obispos exigen "respetar los derechos humanos

  • La Conferencia Episcopal hace un llamado a las autoridades “a actuar en todo momento respetando los derechos humanos y sin utilizar ningún tipo de presión, intimidación, tortura y violencia”

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua expresaron el pasado jueves, a través de un comunicado oficial, su preocupación por la “situación de persecución, detenciones injustas, desaparición inexplicables de personas, terror y muerte” desatadas en el norte de Nicaragua.

Los prelados exigieron a las autoridades de la Policía Nacional y el Ejército el respeto de los derechos humanos en sus averiguaciones, para evitar en el país un clima de “pánico e inseguridad”.

La alta jerarquía católica pide a las autoridades que “no confundamos la justa pena que el culpable tiene que pagar por el delito cometido, con el odio y la venganza. Estaríamos generando así una escalada violenta mucho mayor y más dolorosa aún, sin lograr restablecer la justicia y la convivencia pacífica en la sociedad”.

La CEN expone su posición en el documento de seis puntos, firmado por el cardenal Leopoldo Brenes, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez y el resto de miembros de la Conferencia. Los obispos son claros al exigir a la Policía y el Ejército el respeto a los derechos humanos en las investigaciones que realizan para hallar los culpables de la masacre del 19 de julio.

“Pedimos a las autoridades de la Policía Nacional y del Ejército que las investigaciones y la detención de personas que se lleven a cabo sean siempre legítimas y necesarias y se realicen en modo justo, conforme a lo establecido en el amplio marco de la Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía, promulgado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que establece «tratar a todos los sospechosos como si fueran inocentes, con educación, respeto y profesionalidad»”, establece el documento.

 

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