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Militares maltratan y encapuchan a campesinos

Ejército desata represión

En Darío, aparatos de investigación se confundieron con la casa de sospechoso y atacaron a una familia indefensa. “Disculpémonos señora”, dijeron después de agresión. Ejército calla sobre abusos

Octavio Enríquez | 30/7/2014
@cabistan

Al agricultor liberal Zacarías Cano Angulo lo esposaron el sábado pasado a las siete de la mañana, lo arrastraron por una alambrada y se lo llevaron encapuchado de su casa, según sus familiares que denunciaron este martes su desaparición en Managua.

Cano Angulo es uno de los investigados por los dos atentados que el 19 de julio pasado causaron la muerte de cinco personas en el departamento de Matagalpa, cuatro en el sector de Puertas Viejas en el kilómetro 76 de la carretera panamericana, y otro en Wabule en la carretera de San Ramón- El Jobo.

Según su esposa, Aura Lilliam Reynosa García, Cano fue detenido por sujetos que se identificaron como soldados del Ejército, una captura que ocurre  una semana después de la masacre. Período en que han aumentado los cuestionamientos a la investigación oficial y las denuncias de violaciones a los derechos humanos contra las autoridades.

Reynosa García dijo que a su marido lo arrestaron en su casa en el sector de Sábana Grande, en El Carrizo, municipio de San Ramón, Matagalpa.

“Me amenazaron a mí. A él no le dijeron nada. Solo le dijeron que se pusiera manos arriba. Lo zumbaron, lo golpearon y lo enchacharon. Ya enchachado lo arrastraron por una alambrada. Fueron cuatro pintos, le pedí que me entregaran  la orden, pero me dijeron que eran mandados por la Policía”, dijo su esposa que calificó la captura como un secuestro.

Otro encapuchado señalaba desde lejos

Según la denunciante, mientras capturaban a su marido, padre de sus ocho hijos, en el monte se encontraba otra persona que usaba capucha. Tal como ha ocurrido en otros sitios del departamento de Matagalpa, los aparatos de investigación se hacen acompañar de personas con pasamontañas que señalan a quienes habrán de capturar.

Tomasa Angulo, la madre del detenido, acompañó a su nuera en las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde pidieron explicaciones. No tuvieron éxito. La madre lamentó que la respuesta fuera el silencio.

El arresto ocurre un día después que el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés, admitió que colaboraban con la Policía para la captura de los autores que describió como delincuentes con lo que asumía la posición oficial de que se trataba de un caso delincuencia común, desvinculada de motivos políticos.

Confidencial llamó en reiteradas ocasiones al vocero del Ejército, el coronel Manuel Guevara Rocha, para consultarle sobre estas denuncias pero no respondió su celular al cierre de la edición.

Denuncian otro secuestro en San Ramón

La madre del desaparecido denunció que a su hijo “en el camino lo estaban golpeando. No es delincuente. Es odio que le tienen porque es liberal independiente, ha trabajado en las mesas electorales”.

Angulo denunció que su yerno Rosendo Huerta González fue capturado también, pero el lunes a las 11:30 de la noche, por oficiales antimotines de la Policía Nacional.

A las puertas de la DAJ, los denunciantes fueron acompañados por activistas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que dijeron que se trataba de otra tragedia la que estaban viviendo los familiares de los acusados, lo que se describía por la falta de “sensibilidad de las autoridades policiales”, añadió Juan Carlos Arce, delegado del centro en Matagalpa.

Allanan casa equivocada

El otro gran fiasco de la jornada de investigación de las autoridades ocurrió también el sábado pasado en Ciudad Darío. La profesora Maritza Ruiz Espino, profesora jubilada, denunció que su casa fue confundida con la de uno de los sospechosos, quien es vecino suyo. Ambas propiedades están separadas por una tapia.

Ruiz Espino denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que su vivienda en el barrio Laborío fue allanada a las 3:45 de la mañana buscando a un vecino suyo, Wilfredo Balmaceda, ex concejal del Partido Liberal Constitucionalista y simpatizante actual del PLI.

“¿Por qué ese allanamiento a esa propiedad privada? Donde uno está dormido, en mi caso yo no estaba dormida porque esa es mi hora de levantarme. ¿Por qué entran así con fuerza, violencia, no andan vehículos militares, son vehículos como una ambulancia, un carro Yaris, particulares? A mi esposo y a mí nos tenían separados”, dijo la profesora.

Ana Lissette Treminio, nuera de la profesora, sostuvo que las autoridades se metieron sin aviso, sin importarles que hubiera niños. “Éramos tres personas y cuando entran con armas y violencia ellos preguntaron por Wilfredo Balmaceda y nosotros le dijimos que no lo conocíamos, mi hijo de cuatro años vio toda la violencia que hacían y mi hijo les decía que aquí no hay nadie”, recordó Treminio.

Según Treminio, finalmente los oficiales se enteraron que no era la casa de quien buscaban, dijeron: “discúlpennos nos equivocamos señora”.

Objetivo era ex concejal

En la casa de la profesora buscaban a Balmaceda, un pariente lejano de Walter, el dueño del bus en que se trasladaron los tres militantes del partido de gobierno que fueron acusados del crimen en Matagalpa, a quien supuestamente vinculan a la investigación.

“Nosotros no tenemos comunicación con Wilfredo desde el viernes en la mañana. En la finca cuando llegaron a buscarlo, entraron con perros a mi casa, mi muchachito tiene tres años y llora cuando me pregunta ¿mi papá? Yo le digo está perdido, porque no sé dónde está. Él me dice que mamá anda trabajando”, dice llorando Sonia Quintana, esposa del ex concejal.

Según Quintana, los investigadores anduvieron registrando hasta las letrinas, rebatieron todo en su casa a las cuatro de la mañana y la de su suegra, de donde se llevaron una camioneta blanca doble cabina Nissan Frontier año 2005, placa 074006 propiedad de su cuñada.

Luego a las siete fueron a la finca de su familia. “Mi cuñado narra que llegaron como que querían asaltar un lugar, comenzaron a hacer interrogantes”, dijo la mujer que sostuvo que la única explicación para los allanamientos es que lo buscaban “porque se había perdido un ganado”.

Expondrán caso en la CIDH

El director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, anunció que denunciarán estas violaciones a la ley de parte de la Policía en una audiencia que tendrán en agosto con la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la que se realizará en México.

“Lo que estamos viendo es una persecución, allanamientos ilegales a diferentes ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con este proceso. En denuncias anteriores hemos averiguado, ante capturas que se han realizado, y la Policía no da respuesta. Hay un silencio sepulcral que nos preocupa. Ya pasamos la dictadura de Somoza, ya pasamos la dictadura de los ochenta y aquí tenemos denuncias de miles de desaparecidos. No queremos que esto sea un inicio de que las personas lleguen a capturarlas y no exista respuesta de las autoridades. Es un abuso, una represión de esta Policía a la ciudadanía. Vamos  a denunciarlo en las instancias internacionales para evidenciar que esta Policía perdió su profesionalismo, ese compromiso con la ciudadanía”, dijo Carmona.

 

Sin derecho a visita

Por otro lado, el cuarto acusado como colaborador de la masacre el 19 de julio, Walter Balmaceda, se encuentra sin derecho a visitas, informaron sus familiares al pie de la DAJ este martes.

“Nosotros venimos a las seis de la mañana, me piden los datos, pasó el primer grupo, sale, le voy a decir a la verdad me dijo el oficial a las 11 de la mañana. Walter Balmaceda no tiene derecho a visita, es una orden que viene de adentro. Yo le pregunté: ¿cuál es el miedo que uno lo vea? ¿Es que lo tienen bien torturado?”, preguntó Deyanira Balmaceda, hermana del acusado.

Walter Balmaceda era el único testigo que corroboraba hasta ahora que los primeros acusados, tres campesinos originarios de las Pilas, habían ido a Managua el 19 de julio y habían celebrado el 35 aniversario de la revolución sandinista.

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