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Acusan a tres campesinos sandinistas de Las Pilas de conspirar en masacre del 19

¿Quiénes fueron los asesinos?

Fiscalía dice que es “delincuencia común”, pero no explica el móvil de ataques amados en los el que no había planes de robo, ni quiénes son los atacantes. Juez de audiencia es hombre de confianza del FSLN

Octavio Enríquez | 25/7/2014
@cabistan

El caso judicial de la masacre del 19 de julio continuó sin responder en su primer día la pregunta de quiénes fueron los que dispararon los fusiles de asalto AK y escopetas que acabaron con la vida de cinco personas durante dos ataques nocturnos contra caravanas que retornaban al norte de Nicaragua provenientes de los actos oficiales en ocasión del 35 aniversario de la revolución sandinista, que fueron realizados en Managua.

El Ministerio Público leyó ayer la acusación que introdujo el miércoles a las 8:48 de la noche en los juzgados de Matagalpa contra tres campesinos sandinistas originarios de Las Pilas, Ciudad Darío, a quienes un judicial ordenó prisión preventiva después de admitir la acusación y convocar para la primera audiencia a las diez de la mañana del cuatro de agosto.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó en Managua, al conocer la resolución judicial, como “chivos expiatorios” a los acusados, mientras lamentó que el ataque quede en la impunidad.

La Fiscal General Ana Julia Guido explicó a los medios oficialistas en Managua, pese a las críticas por la falta de transparencia en la investigación, que los campesinos participaron como colaboradores.

Fueron presentados finalmente a las tres de la tarde  ante el juez en Matagalpa después de un traslado ruidoso, con estrictas medidas de seguridad, resguardados por oficiales que escondían sus rostros en pasamontañas y portaban armas de guerra.

La Acusación

La Fiscal Auxiliar de Matagalpa, Yessenia Dolmus Hernández, explicó que Erick Salgado, Juan y Gregorio Torres, a quienes sus padres identificaron como militantes sandinistas que fueron a la plaza a celebrar la caída de la dictadura, habían lanzado piedras a las caravanas con el fin de distraerlos mientras “sujetos desconocidos” disparaban los fusiles a las 9:40 minutos de la noche.

Los delitos que cometieron supuestamente fueron conspiración y proposición en la comisión de crimen organizado en concurso real con asesinato y lesiones gravísimas, según la acusación.

El ataque ocurrió en el kilómetro 76 de la carretera panamericana, en el sector de Puertas Viejas, adonde este jueves se mantenían decenas de patrullas y policías. Dolmus narró que los campesinos fueron capturados, en la entrada cercana a Terrabona, después que un equipo de la Dirección de Auxilio Judicial llegó hasta el punto de la tragedia.

La fiscal dijo que con la ayuda de perros identificaron desde donde había sido realizados los disparos y la ruta de escape de los cómplices, la que “coincidió con el punto exacto” donde a las 11:30 de la noche, casi dos horas después de los ataques, fueron capturados los campesinos.

El Estado de Nicaragua acusó a Juan José Torres, de 39 años, y su hermano Gregorio de participar en la planificación del asesinato, junto a desconocidos el día 16 y 17 de julio. Para lograrlo sostuvieron una reunión primero en la comarca Las Pilas y luego en Tipitapa. Al mayor de los hermanos lo señalaron de contratar a los otros dos—a cambio de 500 córdobas cada uno—para lanzar piedras a los buses. Al bajar la velocidad, luego vendrían los disparos que habrían sido realizados por un grupo desconocido.

Acusado cambió versión ante medios

En un inicio de la audiencia, Torres negó los hechos. Aseguró en cambio que había ido a celebrar como los otros militantes sandinistas en Managua, tal como dijeron sus padres en Managua, que lloraban amargamente al verlo tras más de 96 horas de detención sin explicaciones.

Sin embargo, en un giro inesperado después de concluida la audiencia y con la colaboración de la Policía, que en otras ocasiones no permite hablar a los reos, abrió la boca. Torres admitió que había participado en Tipitapa en una reunión de diez minutos con tres desconocidos, a quienes identificó como “Pichinga, Lucio y Alacrán” y con quien dijo se reunió para “hacer una tragedia, tirar piedras a los buses”.

El abogado defensor, Carlos Baltodano, dijo que había algo extraño en su cliente, quien no quiso seguir sus consejos de guardar silencio, y tampoco según sus palabras lo reconoció cuando le extendió la mano para saludarlo. “Hablaba con la lengua arrastrada”, aseguró. Una impresión que tuvo también el primo de los Torres, Pablo, que también dijo que no fue reconocido por sus familiares. Probablemente, según él, andaba bajo los efectos de una sustancia.

Baltodano tildó de novelesca, más parecida a un reporte de prensa  según sus palabras, la acusación presentada por la Fiscalía. Pidió la libertad de sus clientes al acusar al Estado de violar el término legal de 48 horas establecidos en la Constitución para que los investigados sean acusados ante los tribunales.

El juez suplente Wilford Bustamente Rocha, que asumió la judicatura, recomendó a Baltodano que siguiera la vía penal si consideraba que los derechos de sus clientes habían sido vulnerados.

Un juez confiable para el FSLN

Suplente del juzgado único de distrito penal de audiencia de la Circunscripción Norte, fuentes del poder judicial en Matagalpa reconocen a Bustamante como un cuadro de confianza del partido de gobierno en la localidad. 

Durante los años ochenta, Bustamente fue funcionario de la Procuraduría de Justicia, miembro de los Tribunales Populares Antisomocistas, y ha sido asesor del secretario político del FSLN en la zona, el alcalde Sadrach Zeledón, además de coordinador departamental de los profesionales de ese partido.

Pero además  fue el acusador particular en representación del alcalde sandinista de Ciudad Darío, Ángel Cardoza, en los juicios promovidos por el Estado contra los opositores de ese municipio tras un choque entre liberales y sandinistas el ocho de enero de 2012 en el marco de las denuncias del fraude electoral.

Dejan detenidos a tres de los González

En la conferencia de prensa ofrecida a los medios oficialistas, previo a la acusación en Matagalpa, la fiscal general Guido informó que la Policía liberó a cuatro de los siete detenidos originalmente en Ciudad Darío, todos miembros de una familia opositora.

La familia González denunció por su parte que han sido víctimas de persecución desde las denuncias de fraude en 2012 en los organismos de derechos humanos. Aún está no claro si los investigadores de la Policía tienen ya un vínculo entre los disparos a estos buses, en que han acusado a estos campesinos, y los otros ocurridos la misma noche en la carretera San Ramón-El Jobo. La Fiscal Dolmus acabada la audiencia salió rauda y no habló con los periodistas.

El Ministerio Público especificó en su acusación que cuatro personas murieron por los incidentes ocurridos en el kilómetro 76 de la carretera panamericana y reflejó que 22 personas más resultaron víctimas del atentado sobre cuyo móvil la fiscal Guido atribuyó a delincuencia común.

 

¿Balmaceda cambiará su versión?

El abogado defensor Carlos Baltodano dijo a los medios de comunicación que el transportista Walter Balmaceda sigue detenido en las oficinas de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua.

Balmaceda era quien conducía el bus y podía ratificar que los campesinos, presentados este jueves ante el juez, asistieron a la celebración del 19 de julio.  No se sabe si cambiará su versión, tomando en cuenta que es un ex fiscal del Partido Liberal Independiente, contra quien el poder judicial había dictado orden de captura por  los delitos de motín, asociación para delinquir, conspiración, daños y lesiones graves y leves tras la trifulca ocurridos el ocho de enero de 2012.

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