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Encapuchados señalaron a opositores, que fueron trasladados a la DAJ como sospechosos

Capturan a siete en Ciudad Darío

Cenidh demanda información sobre nuevos detenidos y denuncia detención ilegal de tres sandinistas; advierten sobre graves fallas de los organismos de inteligencia el 19 de julio

Octavio Enríquez y Dánae Vílchez | 23/7/2014
@cabistan

Siete miembros de una familia opositora, originaria de Ciudad Darío en Matagalpa, fueron arrestados este martes para ser investigados por la Policía Nacional como sospechosos de los ataques con armas de fuego a dos caravanas sandinistas que provocaron el pasado 19 de julio cinco muertos.

Con total hermetismo y sin referirse al móvil del crimen, las autoridades tampoco dijeron nada sobre la captura este martes de Alexander González Treminio y su familia, quienes fueron trasladados a las seis de la tarde a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

González Treminio fue elegido concejal por Ciudad Darío en los comicios de 2012 corriendo por el Partido Liberal Independiente, pero no aceptó  su cargo tras las denuncias de fraude en contra del partido de Gobierno en un ambiente electoral que se estremeció con la muerte de dos opositores que fueron asesinados durante protestas en las calles.

Además de González Treminio, fueron capturados Sebastián González padre e hijo, Giovanny, Luis Enrique y Carlos. En nombre de la familia detenida, Donald Suárez Trujillo narró vía telefónica a Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que esta familia tiene una barbería y que minutos antes de las detenciones “dos personas llegaron a cortarse el pelo y después mandaron las camionetas.  Estaba toda la familia reunida”. 

Suárez denunció que las capturas ocurrieron sin orden judicial. Los capturados fueron señalados por hombres encapuchados, en lo que consideró una “persecución política”. Entre  los arrestados destacó el caso de Ezequiel González, de 17 años, quien vive en el departamento de Jinotega, y llegó a visitar a su abuelo quien se  encuentra enfermo y en sillas de ruedas desde hace tiempo.

Se trata del segundo menor que es detenido en la investigación, 48 horas después que habían capturado a otro en la entrada de la comunidad Las Pilas, a quien liberaron tras la denuncia del Cenidh.

“La forma que detuvieron fue como la Guardia Nacional. Agarraron mosquiteros los desbarataron. Sebastián González padre tiene un problema renal crónico, tiraron las medicinas. No hubo acto de provocación, no entendemos, queremos denunciar esto porque así como los capturaron, mañana los pueden dar como desaparecidos”, dijo Suárez.

Incrementan seguridad en la DAJ

Por otro lado, la seguridad en la DAJ se incrementó hasta sumar más de 40 oficiales en la entrada. A las oficinas de investigación se hizo presente la primera comisionada Aminta Granera, jefa nacional de la Policía, seguida de su vocero, el comisionado Fernando Borge según fuentes extraoficiales.

Borge estuvo ilocalizable en su celular hasta el cierre de la edición. A las 9:30 de la noche, los familiares de los Torres, los tres primeros arrestados la noche del 19 de julio –todos militantes del FSLN-- , continuaban preguntando por sus parientes. Sin embargo, cuando se acercaban a los portones, los oficiales se excusaban diciendo que ellos no estaban asignados a esta delegación y se apartaban.

“No les permitieron que le pasaran comida a sus familiares”, dijo Gonzalo Carrión que denunció que no se ha respeto la legalidad en la investigación policial recordando que los primeros detenidos debieron ser liberados porque se venció el plazo de 48 horas para que fueran acusados antes los tribunales.

La familia de los primeros detenidos dijo que sus familiares son militantes del partido de gobierno y que habían venido a la plaza a celebrar el aniversario 35 de la caída de la dictadura de Somoza.

Carrión dijo que el hermetismo policial no contribuye al caso y recordó que las dudas sobre la investigación quedaron planteadas desde un primer momento al plantearse que los investigados eran de “la misma familia partidaria del FSLN”.

Hermetismo policial

Más de 72 horas después se mantiene la incertidumbre sobre los atentados criminales contra las caravanas sandinistas que regresaban a sus comunidades en Estelí y Matagalpa este 19 de julio.

“Lo lamentable de un hecho tan atroz es que estamos careciendo de información, las familias afectadas tienen derecho a la verdad. Reiteramos la necesidad de una profunda investigación”, dijo en el programa Esta Noche, el director jurídico del CENIDH, Gonzalo Carrión.

“Es una injusticia la que están haciendo deteniendo a su mismo pueblo” dijo Gregorio Torres Molinares, padre de dos de los arrestados provenientes de la comunidad Las Pilas, en Matagalpa.

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“No se puede perseguir ni matar a alguien por su elección política, que fue lo que paso ahorita y lo que ha pasado anteriormente” dijo Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIDH. Por otro lado, Carrión también indicó que se debió tener un plan de seguridad por las festividades para prevenir este tipo de actos. “Las autoridades nos deben una explicación porque toda la seguridad del país se paralizó debido al acto, si se sospechaba de algún acto criminal ¿Adónde estuvieron las medidas preventivas?”,  formuló.

Para la Comisión permanente de Derechos Humanos, que ha sido la única entidad que ha logrado entrar a la DAJ en el Chipote, la retención de los detenidos el pasado domingo es ilegal, pues ya transcurrieron  48 horas sin que se les acuse oficialmente. “Según el código procesal penal, ellos deberían de estar o ante el juez o en libertad, pero hasta donde tenemos conocimiento ninguna de esas dos situaciones se han dado”, dijo Pablo Cuevas, de la CPDH.

Por otro lado, la CPDH denunció que comunidades aledañas de donde sucedieron los hechos, como San Isidro y Las Calabazas, se encuentran militarizadas. “Hay 30 efectivos de las unidades elite de la policía patrullando la ciudad. También refieren los ciudadanos que hay un toque de queda y que la madrugada del domingo fueron detenidos 3 ciudadanos, pero después fueron puestos en libertad”, manifestó Cuevas.

Violencia en la cultura politica

Para la directora del Centro para la prevención de la violencia (CEPREV), Mónica Zalaquett, una de las preocupaciones fundamentales es la cultura violenta predominante en la sociedad nicaragüense. “Aquí no hay espacios para el diálogo y si no llegamos a aceptar el diálogo como una manera de resolver problemas vamos a seguir recurriendo a la violencia”, expresó.

Otra de las incógnitas, radica en el móvil de los ataques, pues aún se desconoce, quienes son los hechores y cuáles fueron sus razones. “Lo primero que me vino a la mente con los hechos del 19 fueron las emboscadas de los años 80, las personas que vivieron ese tiempo nunca pensarían que es un caso delincuencial sino un problema de violencia política”, señaló Zalaquett.

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