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Cosep y Gobierno monopolizan la reforma tributaria

Impuestos: demandan debate nacional

José Adán Aguerri, en nombre de la cúpula empresarial, defiende las exoneraciones y justifica que dueños de yates y helicópteros no paguen ISC en aras de “la competitividad”

Octavio Enríquez | 24/6/2014
@cabistan

La negociación de una reforma a la ley tributaria entre el Cosep y el gobierno a espaldas del parlamento, está siendo cuestionada por especialistas fiscales que piden un debate nacional sobre la inequidad que promueve el actual sistema fiscal en Nicaragua.

Primero fue el experto en finanzas públicas y tributación Julio Francisco Báez que llamó a la propuesta del Ejecutivo de Daniel Ortega, negociada con la cúpula empresarial desde junio del año pasado, una ley con “dedicatoria al gran capital”. Ahora el economista Sergio Santamaría advirtió que las exoneraciones son un beneficio fiscal para los grupos y un costo para la sociedad.

A principios de la semana pasada el ministro de Hacienda, Iván Acosta, asistió a un encuentro con representantes del Banco Mundial en que se negó a ofrecer declaraciones a los periodistas. Fue imposible preguntarle sobre la lista y los montos de los beneficiados con las exoneraciones, una obligación consignada en la ley de Concertación Tributaria (LCT), objeto ahora de la reforma en conversaciones secretas.

“Es una escogencia de ganadores y perdedores (las exoneraciones). Los que tienen influencia, los que tienen capacidad de cabildeo con el Gobierno son los que logran los beneficios fiscales que para la sociedad es un costo fiscal. Esto rompe el principio de lo que se llama equidad horizontal”, explicó el economista Sergio Santamaría, director ejecutivo del Centro de Investigación y Asesoría Económica (Cinase).

Santamaría considera apresurado que se impulse un proceso de reforma cuando no se tiene claro la evaluación de la LCT, vigente desde enero de 2013. El especialista abogó en general por un sistema tributario menos regresivo. “El peso de los impuestos directos, de la renta, de las personas y empresas, deben tener un peso porcentual en el tributo mayor del 50% y nosotros todavía estamos en el rango del 31 y 32%, en términos estratégicos me parece que las reformas de tipo fiscal deberían de apuntalar a un sistema progresivo y no regresivo”, dijo.

Demandan un debate amplio

Pero además Santamaría defendió que la propuesta sea discutida con toda la sociedad, porque toda la población tributa desde la compra de refresco en una pulpería, un impuesto que es mayor si se paga el Impuesto de Valor Agregado (IVA), lo que ocurre cuando la bebida es servida en un restaurante.

Para Santamaría, el problema del país es que no está claro cuál es el objetivo de la reforma tributaria y tampoco de la política fiscal de la actual administración, y lo que hay actualmente—una situación que viene del pasado—son buscadores de renta.

“Hemos vivido del subsidio, del incentivo, de la exoneración, y de la evasión también. De tal manera que el costo fiscal para este país significa casi el 11% del PIB entre exoneraciones y evasiones. Eso es insostenible, es un sacrificio fiscal”, adujo Santamaría que propuso que el objetivo es que todos paguen impuestos sin escoger ganadores y perdedores, dando información a la ciudadanía para que los agentes económicos puedan tomar decisiones, lo que incluye no sólo a los empresarios como cree la mayoría, sino a los consumidores en general.

La defensa del corporativismo

El presidente de la cúpula empresarial, representada en el Cosep, José Adán Aguerri, defendió el modelo de consenso “corporativista” con el Ejecutivo que ha permitido que aprueben 81 leyes desde 2009 y que fue elevado por Ortega a principios de año a nivel constitucional.

“¿Vos conocés de algún sector, incluyendo los partidos políticos, que haya analizado esos 81 proyectos artículo por artículo y que haya levantado la mano y haya llevado a la Asamblea Nacional a presentar su posición? Nosotros sí”, se ufanó Aguerri en el programa Esta Noche, transmitido en Canal 12.

Aguerri rechazó las revelaciones sobre la discusión privada con la delegación del gobierno, en torno a la reforma tributaria,  en la que es el principal operador del empresariado y  que sostiene con el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, y delegados del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Nicaragua. Aguerri dijo que espera que la nueva reforma se introduzca en la Asamblea durante agosto

El Cosep explicó que su actuación en el proceso de negociación se debe a la debilidad de la oposición y al interés de su gremio de evitar que se tomen decisiones en contra de sus intereses.

El representante gremial negó que se graven con impuestos municipales al sector productivo, tal como sostiene una matriz de discusión del Ejecutivo y Cosep sobre la LCT de mayo pasado al que tuvo acceso Confidencial. Pero admitió el interés del empresariado de que se exonere de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los yates y helicópteros, una iniciativa que venden como una exoneración para desarrollar el turismo que cuenta con su propia ley de incentivos, la más generosa en su ramo en América Latina a juicio de expertos tributarios como Báez.

“Nosotros manejamos sectores como ganadores y otros que no son ganadores. Cuando vos ves a Nicaragua compitiendo en el mundo el azúcar, que es un sector que ha sido beneficiado; cuando vos ves a Nicaragua a nivel de los cinco países del mundo en maní; cuando ves a Nicaragua compitiendo en tabaco, a nivel de los primeros lugares del mundo en calidad y en cuanto al volumen de exportaciones, ahí es donde realizás, que el proceso está teniendo resultado. Que el impacto de lo que estás planteando (el monto de las exoneraciones) le corresponde al gobierno, nosotros como sector privado demostramos que las exportaciones están creciendo, que los empleos están creciendo, y que Nicaragua está compitiendo y está trayendo tecnología”, intentó convencer Aguerri.

Por otro lado y, sin ponderar las críticas a la falta de discusión sobre la reforma, el presidente de la comisión de Economía, Producción y Presupuesto, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, anunció que su bancada respaldará el proyecto que sea radicado en primera secretaría si es fruto del consenso con el Cosep.

Las declaraciones de Gutiérrez cierran las puertas a cualquier consulta amplia durante el proceso de formación de la ley, una posición que alimenta las críticas al régimen de Ortega, señalado de establecer un modelo corporativista en su relación con el empresariado.

La reforma tributaria que se está discutiendo plantea la implementación de un paquete fiscal en torno al financiero, la industria y comercio (cigarrillos, licores y automóviles) que mantiene y amplía las exoneraciones fiscales en algunos casos.

 

La negociación gobierno-Cosep

Los documentos internos de la negociación a los que tuvo acceso Confidencial, y que Cosep , señalan que se grava a los sectores productivos con tributos municipales. Se restablecen exoneraciones que habían sido derogadas al sector turismo y se da un cambio esencial en el mecanismo de la cuota fija, agregándole retenciones que la desnaturalizan.

Aguerri descartó que los productores vayan a ser gravados por impuestos municipales y dijo que las pequeñas y medianas empresas deben presentar sus propuestas sobre el tema de la cuota fija.

El proyecto también contempla cambios en el régimen sobre la industria fiscal y el azúcar. 

Se crea también un trato de desigual con quienes le prestan servicios profesionales porque plantea una diferencia en la retención entre quienes brindan un servicio de este tipo al Estado y quienes lo hacen a cualquier empresa.

“Si usted trabaja para el Estado ofreciendo servicios profesionales solo se le retendrá el  10%, si usted mismo brinda esos mismos servicios a otra empresa que no es del Estado se le retiene el mismo diez por ciento pero a cuenta, usted a final de período va pagar IR.  Se viola el principio de igualdad ante la ley”, dijo Báez la semana pasada explicando algunos de los principales cambios propuestos en la negociación secreta.

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