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Gobierno y Cosep al margen de la Asamblea Nacional

Negocian en secreto reforma tributaria

Propuesta exonera de ISC a yates y helicópteros, aumenta de exoneraciones fiscales, impone tributos municipales a sector productivo. Presidente del BCN dice que darán a conocer cambios "en su momento"

Octavio Enríquez e Ismael López | 16/6/2014
@cabistan

Desde junio del año pasado los principales grupos económicos del país, representados en el Cosep,  negocian en privado con el asesor económico presidencial, Bayardo Arce y delegados del Banco Central y el Ministerio de Hacienda una reforma a la ley de Concertación Tributaria, aprobada por el Legislativo en diciembre de 2012.

El cambio que se negocia al margen de la Asamblea Nacional y sin haber sido sometido a alguna consulta con los contribuyentes u otros sectores económicos y sociales, apunta a la implementación de un paquete fiscal en torno al financiero, la industria y comercio (cigarrillos, licores y automóviles), que mantiene y amplía en algunos casos las exoneraciones fiscales, pero que grava a los sectores productivos con impuestos municipales.

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, admitió la semana pasada las conversaciones privadas que se desarrollan con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) al salir de una reunión en el Parlamento en que destacó la buena andanza macroeconómica del país y explicó que el gasto tributario nacional (exoneraciones) representa el 6 % del Producto Interno Bruto, es decir un aproximado de 650 millones de dólares.

Reyes, uno de los principales miembros del gabinete económico de Ortega,  se pronunció por realizar ajustes a la Ley de Concertación Tributaria en aras de su modernización, pero no explicó sus alcances ni los puntos de la discusión actual, lo que prometió que se conocerá en su momento.  

La ley que entró en vigencia en 2013 y ahora pretenden reformar establece en el artículo 286 la obligación del Ministerio de Hacienda de la publicación de las exenciones y exoneraciones con un mínimo de información que señale el beneficiario,  bienes, monto exonerado y base legal para el otorgamiento, sin embargo, hasta ahora el gobierno no cumple con lo establecido y tampoco ofrece un balance de los resultados sobre las recaudaciones a partir de la implementación de la ley de concertación.

Al margen de la falta de transparencia gubernamental, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, tampoco reveló el contenido de lo que están negociando y aseguró que no pueden referirse a estos temas mientras se encuentren conversando. “Al final del día no se trata de plantear lo que yo quiero, sino de plantear de manera seria sin crear expectativas”, adujo.

“No sé si ya va a  dar tiempo de que este proceso permita llevar esta reforma antes del receso parlamentario, existe en esto todavía temas que se están discutiendo y no han permitido que tengamos una conclusión al proceso de negociación, así que en ese sentido lo único que podemos señalar es que seguimos en esta discusión”, agregó Aguerri, portavoz del sector empresarial en las negociaciones económicas con el Ejecutivo.

Mesa política para decidir


Aguerri reconoció en septiembre del año pasado que en consenso con el Ejecutivo aprobaron 68 leyes en el período 2009-2014. La nueva reforma estaría ahora en manos de un pequeño grupo de confianza, una mesa técnica que sumada a otra de carácter político daría el visto bueno para la concertación punto por punto.

Confidencial accedió a una matriz de trabajo de las negociaciones fechada el 23 de mayo donde puede leerse que hay algunos puntos que forman partes de acuerdos políticos.

El Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios  (INIET) elaboró un análisis de los principales cambios propuestos, mientras su director, el experto fiscal Julio Francisco Báez, explicó que se trata de un proyecto en lo general que tiene “dedicatoria al gran capital de Nicaragua”.

“No existe un sólo beneficio para la población, no existe un tratamiento para el sistema que rige el IR (Impuesto sobre la renta) de los asalariados. Esos son los grandes puntos y las grandes debilidades”, dijo Báez.

Los principales cambios

Según la matriz, entre los puntos principales se grava a los sectores productivos con tributos municipales, se restablecen exoneraciones que habían sido derogadas al sector turismo y se da un cambio esencial en la cuota fija, se exoneran del Impuesto Selectivo de Consumo a los yates y helicópteros, que actualmente pagan el 30%, y se crea un trato de desigual con quienes le prestan servicios profesionales porque plantea una diferencia en la retención entre quienes brindan un servicio de este tipo al Estado y quienes lo hacen a cualquier empresa.

“Si usted trabaja para el Estado ofreciendo servicios profesionales solo se le retendrá el  10%, si usted mismo brinda esos mismos servicios a otra empresa que no es del Estado se le retiene el mismo diez por ciento pero a cuenta, usted a final de período va pagar IR.  Se viola el principio de igualdad ante la ley”, dijo el especialista.

“Los pequeños negocios van a pagar la cuota fija y lo que les retengan de IR, que antes era prohibido, queda como pago, se ha desnaturalizado”, añadió Báez sobre otro de los puntos polémicos de la reforma.

Junto a las exoneraciones y privilegios, se eliminan en el caso del IVA la autotraslación que es el mecanismo mediante el cual el receptor de un servicio se retiene este impuesto  porque no lo puede hacer quien lo brinda por estar en el sector informal. Báez demandó una corriente de opinión que  se base en lo técnico en aras a un diálogo nacional donde el tema principal sea el pulmón financiero de la nación.

Al margen del Legislativo

Contrario a la norma de la mayoría de los países democráticos en que los impuestos se negocian y se deciden en el parlamento, la Asamblea Nacional está siendo marginada por el binomio Cosep-Gobierno. Diputados opositores de la comisión económica del Parlamento advirtieron que  las negociaciones se están dando a espaldas de este poder del Estado. El vicepresidente de la comisión de Producción, Economía y Presupuesto, el diputado Carlos Langrand, cuestionó que no se hayan incorporado a estas negociaciones expertos tributarios ni de la sociedad civil.

“Hay sectores que no se siente representados por algún sector que el gobierno busca, eso no puede ser llamado consenso. Hay que debatir, debe ser consultado. Está afectando al que tributa y tributamos todos”, dijo Langrand, del Partido Liberal Independiente (PLI).

El legislador Enrique Sáenz, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), dijo por su parte que si esta ley de concertación de tributaria se presentó “con unos objetivos de generar empleo, de generar actividad económica y siendo tan sensible el tema de los ingresos públicos es elemental que informen”.

Sáenz coincidió en que esta propuesta es una demostración de la fortaleza y profundidad de la alianza de Ortega con los sectores más acaudalados del país, lo que se explica en la disminución de los impuestos al capital e elimine impuestos a artículos suntuarios que solo son de consumo de ricos.

Una reforma tributaria integral es una de las promesas incumplidas por el Ejecutivo desde 2007. El legislador sostuvo que la inversión privada ha disminuido, lo que demuestra que la liberación del pago de impuestos en general promovida por Ortega no ha significado una mayor participación del sector privado en este sentido. “Me sorprende que lo que se esté negociando es una mayor  reducción de los impuestos al capital. Para mí no tiene ninguna explicación, ¿Por qué se pretende liberar más recursos?”, añadió Sáenz.

El legislador del MRS se explica la cercanía de Ortega con el gran capital en que el mandatario sandinista y su entorno representan al grupo económico más poderoso del país, el que han constituido con los fondos de la cooperación venezolana. “El capital no tiene ideologías, el capital busca cómo reproducirse.  Eso explica la comunidad de intereses con los otros capitales del país. Ortega tiene una política económica igual que los gobiernos anteriores porque ah ora le interesa preservar su capital, que haya estabilidad de la moneda, le interesa estabilidad económica”.

 

El itinerario de la reforma tributaria

2007- 2009: El comandante  Daniel Ortega que había prometido una reforma tributaria guarda  silencio sobre el tema.

2009: En octubre de este año finalmente  el Ejecutivo propone una ley de concertación tributaria. Los especialistas  creen que este documento de 319 artículos pondrá el cascabel al gato, pero finalmente el presidente dijo públicamente que los técnicos se excedieron.

2010: El Presidente propone lo que el mismo bautizó como “la reformita” como si nunca hubiese existido el proyecto inicial. Los grandes temas fiscales del país quedan pendientes como el caso de las exoneraciones.

2012: Se aprueba la ley de Concertación tributaria, de la que se desconoce cuáles han sido los resultados concretos de su aplicación.

2013-2014: Desde junio, se trabaja con el Cosep en secreto una reforma y el reglamento tributario. En el último caso, Ortega había publicado un decreto ejecutivo el 13 de febrero, con tantos errores, que luego él mismo lo derogó el 21 de febrero.

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