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Los principales cambios planteados por el FSLN

Constitución: traje a la medida

La reforma a la Carta Magna modifica más de 39 artículos

Octavio Enríquez | 2/11/2013
@cabistan

 

El Ejecutivo considera que Nicaragua vive un “constitucionalismo en evolución” y por lo tanto buscan institucionalizar el modelo del gobierno “cristiano, socialista y solidario”.  Se decreta una decmocradia directa, participativa y representativa. El FSLN plantea  una colaboración “armónica” entre los poderes del Estado.

Entre los mecanismos de democracia directa se establece el referéndum, el plebiscito, los presupuestos participativos, las iniciativas populares, y los siguientes órganos partidarios: los consejos territoriales, los consejos sectoriales y los consejos de Familia.

 

Se ordena crear un Consejo Nacional de Planificación Económica y Social—que ya existía y el FSLN anuló—, pero se plantea que lo integren organizaciones empresariales, laborales, cooperativas y otros que determine Ortega.

El Presidente tendrá la facultad de dictar decretos ejecutivos con “fuerza de ley” en materia administrativa, con lo que se le da potestad de legislar.

Se modifica el artículo 147 de la Constitución, suprimiéndose los dos candados para la reelección presidencial: el impedimento para el tercer período y la prohibición de la reelección consecutiva.

Se elimina el párrafo que fijó el techo para que un candidato pudiera ser elegido con un mínimo del 35%, con lo que se allana el camino a la reelección indefinida.

Citando a Carlos Pellas,  los proyectistas plantean que se establezca un modelo de  alianza del gobierno con el sector empresarial. El gobierno también dice que los trabajadores y demás sectores productivos tienen el derecho de participar en la elaboración y ejecución de los planes económicos.

Los militares ocuparán cargos en instituciones del Estado “cuando el interés supremo de la nación requiera su colaboración”, con excepción de cargos de elección popular. Se considerará al oficial en “comisión de servicio”.

Desde el punto de vista político, y contrario a la democracia participativa que dicen  promocionar desde el FSLN,  los partidos se vuelven dueños de los curules. “Los funcionarios electos mediante sufragio universal por listas cerradas propuestas por partidos políticos, que se cambien de opción electoral en ejercicio de su cargo, contraviniendo el mandato del pueblo elector expresado en las urnas, perderá su condición de electo”.

Se prorroga un año el período de los alcaldes y miembros de los consejos regionales. El objetivo es extender a cinco años el período de ambas autoridades, actualmente establecido en cuatro. Pero además  justifican la voluntad de separar los comicios que se hubiesen realizado de modo simultáneo en 2016. La medida  podría aumentar el gasto.

Se modifican los límites geográficos del país en apego a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, radicada en La Haya, tras el fallo en el diferendo con Colombia.

Se faculta al Estado a celebrar contratos u otorgar concesiones para llevar a cabo obras para una mejoría económica del país. Señalan textualmente el caso del canal interoceánico, cuya ley para ser reformada debe contar con el voto del 60% del total de diputados.

Se establece  constitucionalmente la práctica de elegir para cargos de elección popular el 50 por ciento de candidatos hombres y  el 50% de mujeres.

Se establece con rango de carta magna la aún inexistente Ley de Justicia Constitucional que busca cómo organizar en un solo texto “todos los mecanismo de control de la Constitución”. Se sustituye así a la ley de amparo.

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Fuente: Texto de la reforma publicado en sitio web de Asamblea Nacional/Comentarios Carlos Tünnermann

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