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Experto advierte sobre estudios ambientales del ‘Gran Canal'

"Debe haber transparencia"

El Gobierno está obligado a realizar consultas públicas sobre el proyecto canalero

Octavio Enríquez | 14/10/2013
@cabistan

Un biólogo con 21 años de experiencia en la elaboración de estudios de impacto ambiental dijo que el gobierno de Daniel Ortega está obligado en el proyecto del canal interoceánico a realizar una consulta pública convocada por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).

“El estudio de impacto ambiental habrá que hacerlo bien transparente y con involucramiento de los gobiernos locales que serán afectados y los grupos sociales tendrán que ser partícipes de este proceso”, sugirió Mauricio Lacayo, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Managua y de la Universidad Nacional de Ingeniería y ex técnico de la Dirección de Calidad Ambiental del Marena (1994-2001).

Las evaluaciones ambientales están regidas por el decreto 76-2006. Lacayo dijo que la convocatoria a consulta pública se hace una vez que el proponente ha entregado el estudio de impacto ambiental al Marena, y se conoce cuál es el sitio donde se desarrollará el proyecto.

El proceso para determinar si la obra es factible puede durar un año o más, mientras la evaluación ambiental puede durar entre 18 y 24 meses más con una marcada dificultad en el Caribe, adonde se tendría que hacer un esfuerzo para recopilar información.

Su declaración proporciona luz sobre el caso del canal, marcado en la última semana por la opacidad de la autoridad delegada por Ortega, Manuel Coronel Kautz, que oculta los contratos y los términos de referencia con las consultoras estadounidenses para estudios de factibilidad, argumentando que su revelación corresponde al concesionario. Aunque la concesión en general ha sido cuestionada desde junio pasado como un acto de entrega de la soberanía a un empresario extranjero.

 “Los proyectos de categoría uno y dos, los sometidos a evaluaciones de impacto ambiental,  que son los proyectos de mayor significancia ambiental, pasan a un proceso de consulta pública que se ha venido elaborando bajo un esquema de dos modalidades”, explicó Lacayo.

De acuerdo con el especialista, o el documento técnico se pone en la Alcaldía que corresponde al proyecto, adonde la población asiste y expresa su opinión, o  se hace una audiencia en que el proponente desarrolla una exposición pública, previa convocatoria en los periódicos.

La exigencia de la banca internacional

Lo más preocupada por las consultas es la banca internacional, porque anteriormente se han quemado con leche financiando proyectos que no son viables y hoy están erizos, además de la resonancia que supone llevar a cabo una idea como el canal, agregó.

“Del artículo 20 al 28 de la ley 800,  del gran canal, que te habla sobre evaluaciones ambientales es clara la obligatoriedad que tiene el consorcio en hacer el estudio de impacto ambiental en el marco de la reglamentación nacional e internacional, es de esperar que se va aplicar el decreto 76-2006”, insistió el experto, que ha considerado atípico y con altos costos ambientales la promesa de Ortega.

El 14 de junio pasado, el Estado entregó la concesión al empresario chino Wang Jing, un desconocido de 41 años que se hará cargo de una obra estimada en 40 mil millones de dólares, que incluye un aeropuerto, una zona de libre comercio, oleoducto y dos puertos de aguas profundas.

Los momentos de la consulta

“En el marco del desarrollo del sistema nuestro. En América, hay tres momentos en que se hacen las consultas de impacto ambiental, se hace al inicio del proyecto como Canadá; otros a mitad del camino como es el caso nuestro, estamos un poco más arriba entre la mitad y el final; y otros al final. Una vez que se entrega el estudio de impacto ambiental de parte del dueño del proyecto, este es revisado por los técnicos del Ministerio y se somete a un proceso de consulta. El EIA es más amplio que la investigación de prefactibilidad que se hace en este momento. (…) De ahí se van a derivar una serie de costos ambientales que hay que meter en la factibilidad del proyecto. Me parece que van a ser monstruosos dada la envergadura para mitigar los daños ambientales”, explicó.

El docente dijo que el proyecto es un combo que incluye dragados, aeropuertos, una complejidad que rebasa la capacidad del Estado y que rebasaría también si fuese el caso de Guatemala o Costa Rica.

Esa complejidad deberá provocar que las autoridades realicen un cambio en ciertos aspectos técnicos como el cobro que hace Marena para administrar un proceso  de evaluación ambiental, actualmente de 400 dólares. “Te imaginás 400 dólares para un proyecto de estos, ¡es locura! Tiene que ser administrado bajo un esquema especial el estudio de impacto ambiental. Con 400 dólares no te da ni siquiera para hacer la inspección en el sitio”, añadió.

Cuestionamientos a Coronel Kautz

La opacidad con que el gobierno de Ortega ha manejado el tema del canal ha provocado los cuestionamientos de varios sectores. En el programa Esta Noche, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, Ruth Selma Herrera, ex directora de la empresa de acueductos y alcantarillados y vinculada a temas ambientales desde hace años, cuestionó la irresponsabilidad y secretismo con que ha manejado el tema Coronel Kautz.

“A él (Coronel Kautz) le están entregando hasta las asuntos ambientales del país, los problemas que se puedan dar en los territorios indígenas del Caribe, etc... Esa es la actitud evasiva de no querer tocar el tema”, dijo Herrera.

Coronel Kautz dijo a Confidencial en una entrevista que  los daños ambientales serian mínimos, del 0.5%, y que no conocía ambientalistas serios que cuestionaran la obra. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia comenzó a tramitar los recursos contra la concesión entregada por Ortega a Wang, una de la más cuestionada en la historia judicial nicaragüense según los especialistas.

Comentarios

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Cristopher Baldizon

Señores y señoras por favor,,,ahora muchos están preocupados por el ambiente pero sin embargo cuando el lago de Nicaragua se estaba contaminando por las zonas ganaderas adyacentes nadie dijo nada y cuando se estaba talando parte del las reservas bosawas e indio maíz nadie dijo nada o cuando el lago de mangua olía a caca nadie decía nada,,muchos tachan a ese tipo de VENDE PATRIA pero vasta con ver un poco más atrás y recordar que se vendió INAA,ENITEL y para agregar ENEL entonces quien es el VENDE PATRIA???.

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Fulvio Tijerino Perez

Si estuviesemos con un gobierno democratico y legitimista con toda seguridad que que el proceso de evaluacion seria un hecho, Pero estamos bajo una dictadura que es inconstitucional y desde ya esta escrito que las leyes ambientales y de proteccion quedan suspendidas prevasleciendo la ley cnalera.actual.

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