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Un negociado de US$18 millones anuales por 15 años

¿Quién está detrás de los escáneres?

Diputados y juristas cuestionan otra leonina concesión. Dueños en la sombra: representados en Managua por el Consortium Taboada

Octavio Enríquez e Iván Olivares | 12/7/2013
@cabistan

La falta de transparencia marca el paso en la concesión que el Ejecutivo de Daniel Ortega entregó a una compañía extranjera para realizar las inspecciones de mercadería usando escáneres en siete puestos fronterizos del país, un negocio de 18 millones de dólares anuales, advirtió el diputado opositor Enrique Sáenz.

Después de los cuestionamientos de sectores empresariales, que se quejan del tributo  para el pago del servicio (0.26 %  ad valorem de las mercancías), el asesor económico de Ortega, Bayardo Arce, prometió el jueves pasado una reforma a la ley que fue aprobada con prisa por los diputados sandinistas mientras el país discutía sobre el gran canal interoceánico.

“Si las cosas no salen bien hay que cambiarlas. Rectificar es de humanos y superar errores es de sabios”, dijo Arce consultado por periodistas. Al momento de la aprobación parlamentaria el trece de junio, en los medios oficialistas solo se mencionó que, junto a la ley del canal, se aprobó otra relacionada “con el servicio de inspección no intrusiva”.

Al confirmar la disposición oficial de rectificación, los abogados del Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), apresuraron la redacción de la propuesta de reforma, que será entregada al Ejecutivo este lunes 15 de julio. Aunque hay varios elementos a modificar, los empresarios esperan que se modifique el cobro de la tasa del 0.26%, y que se sustituya por un monto fijo.

Con la anunciada decisión de reformar el criticado texto legal, el Ejecutivo se propone desarmar la amenaza de los empresarios del COSEP de recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia y aún ante la Organización Mundial de Comercio, suponiendo que se satisfacen todas las objeciones de los hombres de negocios.

Ortega decidió suerte desde antes

Igual que con la concesión canalera, los legisladores oficialistas permitieron dos días de consulta para su posterior aprobación, cuando ya el director general de servicios aduaneros, Eddy Medrano,  había incluso firmado el contrato desde el 31 de mayo.

“Para construir un pozo de agua se sigue un proceso que dura un año. Se publica en los medios el inicio del trámite y la decisión final. En el caso de los escáner se trataba de un negocio de más de 500 millones de dólares y no se hizo licitación, ni siquiera una cotización para comparar condiciones”, reclamó Sáenz.

Para el diputado, sus colegas aprobaron la ley como si fuera trámite de urgencia, lo que evidencia que se trata de “un tremendo negocio al amparo del poder. Sólo un ingenuo, o alguien que no quiera ver, pueden creer lo contrario”, insistió. 

El diputado pronostica que los bolsillos de los beneficiarios de la concesión ¨serán engordados por los exportadores, que además perderán competitividad. La carga también recaerá en las espaldas de los consumidores, porque deberán pagar precios más algo por los productos importados¨, añadió.

La propuesta original era entregar la concesión durante los próximos 30 años  a la compañía Smith Detection Inc, identificada como una empresa líder en tecnología que cotiza en la Bolsa de Londres, y representada por Alvimer Internacional S.A inscrita en la República de Panamá.

Finalmente, ante la presión de la opinión pública, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) decidió la entrega de la licencia a un período de 15 años, con lo que la proyección de ingresos se reduce de 500 a 270 millones de dólares. 

¨Con seguridad alguien tuvo que decir que sacaran un poco la mano porque la estaban metiendo mucho”, agregó el diputado Sáenz, miembro de la comisión de justicia de la Asamblea Nacional.

Dueños en la sombra, advierte jurista

El doctor Alejandro Aguilar Altamirano, decano de la facultad de derecho de la Universidad Americana (UAM), dice que el dueño o los dueños del negocio están en la sombra.

“La concesionaria del servicio es una compañía nicaragüense creada el 6 de mayo de este año (25 días antes de la firma del acuerdo), denominada Alvimer Internacional y Compañía limitada, de la que a su vez son dueñas dos compañías creadas en Panamá: Alvimer Internacional Sociedad Anónima con un 95% del supuesto aporte; el Inversiones Millan International Corporation S.A., dueña del restante 5%”, explicó Aguilar.

Según el especialista, aparecen identificados algunos miembros de la junta directiva de la compañía constituida en Nicaragua: un chileno radicado en Honduras cuyo nombre es Patricio Alejandro Hernández Araya, el secretario José Javier Armijo, abogado de la Florida, y el vigilante es Leonardo Ernesto Hidalgo Figueroa, de oficio contador público.

El diputado opositor Agustín Jarquín, antiguo aliado del gobierno, relató que el director general de servicios aduaneros, Eddy Medrano, nunca pudo responderles con claridad quién está detrás del negocio.

“Dijo que era la única empresa que los producía en esas calidades, solamente eso. Lo cierto es que si uno analiza, vos te metés a Google, y te das cuenta que en diversos países, se han adquirido servicios y equipos similares y se hacen por concurso, no de esta manera. Estamos hablando claramente de un negociado, ¿de quién? ¡No sé!”, sostuvo Jarquín.

Frente a la comisión de infraestructura, adonde se radicó la iniciativa, Medrano repitió el argumento de que Aduanas no tenía recursos para la inversión que se necesitaba para implementar este sistema de revisión.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Nicaragua necesita invertir para modernizar su sistema de inspección 20 millones de dólares, lo que significaría incurrir en deuda pública, “desviar recursos de los programas sociales” para conseguir los recursos.

Tanto Sáenz como Altamirano no encuentran congruencia en lo planteado por la DGA. Para el legislador, se trata de una patraña porque tanto la deuda pública como quién pagará el negocio de los escáneres será el mismo: los contribuyentes.

El doctor Aguilar lo dice de esta manera: “no creo que exista ninguna razón significativa para que no sea el propio Estado quien busque financiamiento internacional concesional para comprar los equipos y brindar directamente el servicio a sus exportadores e importadores a un precio razonable. En todo caso, si el Estado no podía, o no quería hacerse cargo del servicio, lo que debió haber hecho es convocar a una licitación internacional y concesionarlo de forma transparente al mejor oferente”.

El Consortium Taboada y Asociados

El otro actor clave en esta operación es el bufete legal Taboada y Asociados, que encabeza el Doctor José Evenor Taboada, presidente de Consortium Centroamérica Abogados

De acuerdo con el contrato con la DGA,  la dirección adonde recibe notificaciones la empresa en Nicaragua es la misma donde está el despacho jurídico Consortium: Del Hospital Militar una cuadra al lago. Los abogados que actúan en la escritura de la empresa beneficiada con la DGA son: Carlos Noel Castrillo Martínez y Meyling Zulema Sampson Espino, ambos miembros del Consortium que preside el Dr. Taboada.

Ambos son los representantes locales de Alvimer Internacional y Compañía Limitada, la sociedad anónima creada en Nicaragua el seis de mayo.

Confidencial llamó a los abogados para consultarlos. Sampson Espino dijo que no estaba autorizada para ofrecer declaraciones, mientras informaron que Taboada se encontraba fuera del país.

El bufete Taboada y Asociados es el mismo que representa en Managua al empresario chino Wang Jing, beneficiario de una concesión canalera por 50 años prorrogables, que según el COSEP y diversos juristas nacionales, tiene roces con al menos catorce artículos de la Constitución Política.

Taboada es también presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) un centro de análisis que aboga por la institucionalidad democrática del país. Hace dos semanas reconoció la existencia de un conflicto de interés entre su rol como presidente de Funides y su representación legal del consorcio canalero chino, pero lo dio por resuelto alegando que se retiró de una deliberación cuando el centro de pensamiento abordó el caso de la concesión canalera.

“No se comprende cómo puede representarse a los intereses de los concesionarios del canal, y a la vez representar a una institución como Funides, que se supone expresa al sector privado. En las condiciones planteadas, ¿qué credibilidad puede tener Funides? En nuestro país, buena parte de la solución comienza por rescatar el sentido del pudor. El Dr. José Evenor Taboada haría una importante contribución a ese rescate del pudor y de la credibilidad renunciando a la presidencia de Funides”, agregó el legislador Sáenz.

La representación que ejerce el Consortium Taboada de la empresa beneficiada por el contrato con la DGA, plantea nuevas interrogantes para quienes critican la falta de transparencia de la llamada ¨ley del escáner¨.  

 “No conozco los límites de los servicios que las firmas nacionales han dado en este caso, pero creo que una de las consideraciones que toda firma legal debe valorar, es el riesgo moral de poseer dentro de su cartera de clientes, a empresas que puedan estar participando en procesos corruptos o cuya transparencia sea cuestionada por la sociedad, porque tarde o temprano lo que no está bien, se conocerá. Yo esperaría que todas las firmas legales del país, se comporten en correspondencia con los más altos valores de la profesión”, comentó el decano de la UAM Alejandro Aguilar.

En días pasados, el experto tributario Julio Francisco Báez lamentó que Nicaragua hubiera renunciado a su soberanía tributaria con la aprobación de esta ley en la que se plantea que la empresa cobrará el tributo, del que dará un diez por ciento a la DGA.

“Un tributo lo captan, lo manejan, lo distribuyen financieramente fuera de la caja única del Estado que es un principio básico presupuestario. No puede nadie estar agarrando de los impuestos. Entonces este tributo que se llama tasa, lo administran en un fideicomiso (artículo 8 de la ley) y eso es grave”, cuestionó Báez.  

Smiths Detection

Al cierre de nuestra edición, en su hoja electrónica la empresa Smiths Detection, beneficiada con la concesión en Nicaragua, aún no menciona el reciente trato con la Dirección General de Aduanas.

La empresa que cotiza en la Bolsa de Londres se presenta como  “líder mundial en la aplicación práctica de tecnologías avanzadas, Smiths Group ofrece productos y servicios para los mercados de detección de peligros y contrabando, dispositivos médicos, energía, comunicación y componentes de ingeniería en todo el mundo”, dice la presentación.

 

Abogados Consortium representan a Alvimer

Alvimer  Internacional S.A. es una empresa constituida en Panamá el 16 de febrero del 2006, y anotada 4 días después en el Registro Público de ese país. Aunque no se identifica quiénes son los dueños de la sociedad anónima, en el sitio web del organismo sí puede leerse que sólo tres personas ocupan los cinco puestos de la Junta Directiva de la empresa.

Esas tres personas son Vicente Saldaña Rodríguez, como presidente y tesorero; Ramón Jurado Borrero, que es vicepresidente y sub secretario, mientras Celestino Aráuz ocupa la secretaría. En el Registro panameño, Saldaña Rodríguez aparece como director de 206 empresas, mientras que Jurado Borrero encabeza alrededor de 1,200 sociedades.

Al fundar Alvimer en el 2006, no se nombró un representante legal. Siete años después, al momento de constituir la junta directiva y de nombrar a los representantes de Alvimer Internacional y Compañía Limitada, (que es como se denomina su filial en Managua), la empresa panameña -que asegura ser dueña del 95% del aporte total de Alvimer de Nicaragua- aparece representada por el abogado Carlos Noel Castrillo Ramírez.

Castrillo Ramírez trabaja para el bufet legal Consortium Centro América Abogados, y sirvió como notario al momento de crear en Nicaragua la sociedad mercantil Alvimer Internacional y Compañía Limitada, hecho ocurrido a las 8 de la mañana del 6 de mayo del 2013, misma que inscribiría 15 días después en el Registro Público de Managua.

El 5% restante pertenece a otra sociedad panameña: Inversiones Millán International Corporation S.A., y aunque no aparece en el Registro Público de la nación canalera, la empresa sí se hizo presente en el acto constitutivo de la filial nica. Su representante fue la abogada Meyling Zulema Sampson Espino, que también trabaja para Consortium.

La Asamblea General de Socios se realizó a las 4 de la tarde del 29 de mayo del 2013, con Castrillo Ramírez como presidente y secretario de la misma, más la presencia de la abogada Sampson Espino. Según el acta, “luego de ampliamente discutido el tema, por unanimidad de votos”, acordaron otorgar poderes de representación a dos ciudadanos extranjeros: el abogado estadounidense José Javier Armijo, que radica en Miami, y el administrador de empresas Patricio Alejandro Hernández Araya, chileno, residente en Tegucigalpa.

Otra abogada de Consortium

Ambos fueron autorizados para que “individual o indistintamente, puedan firmar con el Estado de la República de Nicaragua”, el contrato para instalar los escáneres en las fronteras del país, “así como los documentos que se encuentren relacionados, en los términos que estimen más convenientes a los intereses de la compañía”.

Al final, los abogados Castrillo Martínez y Sampson Espino deciden elegir una nueva junta directiva “para el periodo que iniciará en esta fecha”, sin señalar límite de tiempo, la que estará presidida por el chileno Hernández Araya, con el abogado José Javier Armijo como su secretario, y el contador público Leonardo Ernesto Hidalgo Figueroa, de nacionalidad hondureña, como vigilante.

Castrillo Martínez fue autorizado para realizar las gestiones que fueran necesarias ante la DGI para inscribir a la compañía y obtener los documentos que sean necesarios para que pueda operar en el territorio nacional, mientras que su colega Meyling Zulema, fue designada para otorgar un Poder General de Administración a nombre del  abogado Armijo y del administrador Hernández, y “protocolizar la certificación de la presente acta”.

La abogada cumplió con su parte, acudiendo ante la notaria público Mireyinés Téllez Ortega, que es otra abogada de Consortium.

El chileno Hernández Araya fue mencionado por los medios de comunicación nicaragüenses en septiembre del 2006, cuando la junta directiva de la Lotería Nacional decidió suspender temporalmente, el concurso para otorgar una concesión de operación exclusiva, de 15 años de duración, a Lotería Electrónica de Nicaragua S.A. de la que chileno poseía el 99% de las acciones.

Hernández Araya y Leonardo Ernesto Hidalgo Figueroa (el vigilante de la junta directiva de Alvimer de Nicaragua), aparecen como directores de Servik Internacional S.A., inscrita en el Registro panameño el 5 de junio del 2006. Más allá de esa mención, la empresa no ha dejado huellas en Internet.

El que sí ha dejado huellas es el vigilante Hidalgo Figueroa, que aparece como socio de la empresa Dromeinter, constituida el 5 de noviembre de 1987. La prensa hondureña incluye su nombre en reportajes que relatan cómo el ministerio de salud de ese país compraba medicinas vencidas o de baja calidad a un grupo de laboratorios farmacéuticos.

Comentarios

8
Alvaro Mutis

Estos nuevos piñateros, no le estan dando espacio a don Bayardo en los grandes negocios, ya decia por que don bayardo esta en contra, al parecer el no va en la jugada y lo estan limitando al arroz y otros bisnes, y parece que el Sr. Taboada y Asociados, Nuevo Piñatero sin venrguenza alguna, la esta sacando del estadio. Su bufet deberia de llamarce, Taboada, Asociados y Cabrera. Sin verguenza y sin moral alguna, esa es la burguesia criolla de este paisito.

7
el tapudo

A la chocho, cuanta mentira, cuanta falsedad; no se cansan de decir mentira, de lanzar veneno en este medio. Escriben como si nosotros no supiésemos lo que esta ocurriendo en el país. Lo que queda demostrado con tanta verborrea de mentiras es la gran capacidad de este medio de comunicación para odiar, para sembrar cizañas en la gente.

6
Alfonsito

Adivina ,adivinador....quien podra estar detras de este bisne ?
Quien hace y deshace en Nicaragua con una orden ?
Cajita blanca de premio al que acierte !!

5
El Nica Libre

Tal parece que los orteguistas estan sacandole el jugo al pueblo, a sabiendas de que en cualquier momento debreran entregar la gallinita de los huevos de oro! Me parece que estamos viendo otra piñata, esta vez de manera descarada.
Nicaragua esta siendo gobernada por "aves de rapiña"

4
Jaime J

Por la manera como se aprueban estos negocios, es logico pensar que detras esta El capitalista salvaje de Ortega-Murrillo y sus compinches.

3
Carlos Bolaños

el consortium o bufete Tablada y Asociados es un nido de viboras. He comentado varias veces en este medio digital que ellos fueron lo.s actores intelectuales de la quiebra de los Bancos. Ellos estaban amarrados con peritos evaluadores quienes sobrevaloraban las propiedades. Estaban ligados con abogados y registradores que hacian aparecer propieades falsas a nombre de un dueño; o bien sobredimensionaban la extension de las fincas. Todo lo que huela a este Consortium o bufete hay que hurgarlo con lupa.

2
jordy molina

es hora de actualisar nic por que los escaner no es nada nuebo y bien seguro si se estan quejando el cosep es por que no tendran control por el momento de desfraudar al pais ya que primero tienen que actualisarse

1
Pedro Arauz

Sin embargo es interesante ver los verdaderos motivos ya que estos son los que llevan la auto destruccion del Orteguismo que tanto se espera en el mundo Occidental.
Todo es parte de las patadas de ahogado con la muerte de Chavez y corte de los petrodolares. Sumado a esto el hecho de que siempre en estas dictadures de hampones el hampon mayor en este caso Ortega les tiene que permitir a sus secuaces participar de la huaca robada y es asi como en esta huaca de los escaners podran encontrar a figuras que le han permitido a Ortega existir.
Ya comienzan a disputarse el campo con los empresarios privados y la verdad es que van mas rapido al fin quy el ultimo Somoza que comenzo estas actitudes despues del terremoto.
En terminos de la caida de Ortega esta Nicaragua como en el 1977 del ultimo Somoza. No pasa mas del 2016 o 2017, ellos mismos se encargan de su propio fin.

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